EJEMPLOS DE USO DE LA PASIVA

PARA MANTENER LA COHESIÓN TEXTUAL

Tema <> Rema

© Justo Fernández López


Busca en los textos siguientes todos los casos de empleo de la pasiva para poder mantener la cohesión textual temática.


Ejemplos en español

 

[1]  La mayoría republicana en el Senado fuerza que Monica Lewinsky sea citada a testificar. El resultado de la votación de ayer muestra que no habrá votos suficientes para destituir a Clinton. No existe en el Senado de Estados Unidos una mayoría suficiente para destituir a Bill Clinton. Ésa es la gran conclusión de las dos votaciones que ayer se desarrollaron en la colina del Capitolio. Pero, en contra del deseo de la población y de sus propios intereses políticos, los republicanos impusieron su mayoría en la Cámara alta para proseguir el juicio del presidente y llamar a declarar a los tres testigos propuestos por la acusación: Monica Lewinsky, Vernon Jordan y Sidney Blumenthal. „El presidente no será destituido“, sentenció Tom Daschle, líder de la minoría demócrata tras las dos votaciones.

[2]   Un socialista vuelve a ocupar el palacio de La Moneda 27 años después de que Salvador Allende fuese derrocado y muerto por un golpe militar. Ricardo Lagos ganó ayer la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile por más de 180.000 votos de ventaja sobre su contrincante de la derecha, Joaquín Lavín. Lagos ha obtenido una mayoría más amplia de lo esperado y desde el 11 de marzo gobernará los próximos seis años.

[3]   El ministro del Interior se plantea presentarse a lehendakari [baskischer Landeshauptmann]. El político del PP afirma que no tiene derecho a refugiarse en la comodidad cuando sus compañeros y amigos del PP en Euskadi están siendo asesinados por ETA.

 


Una costosa comodidad

 

EL PAÍS – Sábado 15 enero 2000 - Nº 1352

 

JOAQUÍN LEGUINA

La anunciada decisión del ministro del Interior británico, liberando a Pinochet por motivos humanitarios, basándose en un informe médico confidencial, resulta tan cómoda, tanto, que acabará por traer malas consecuencias para todos a quienes ahora ha suministrado momentánea tranquilidad.

Jack Straw ha dicho en los Comunes que el dictador no está en condiciones ni siquiera de entender los cargos judiciales que se formulan contra él, tampoco de asistir al juicio. En cuanto el sátrapa llegue a Chile y se levante, como Drácula, de la silla de ruedas, el ministro tendrá que volver al Parlamento a explicar esa resurrección. Por otro lado, el primer ministro, Blair, dijo en su día que las decisiones que habría de tomar el Gobierno británico en este asunto no serían políticas, pero han acabado por serlo.

Y, tratándose de un acto ministerial, no podía ocurrir de otra manera. Que las presiones de los Gobiernos de Chile y España han impulsado la decisión escapista tomada por el británico es una evidencia. Al fin y al cabo, la „salida“ médico-humanitaria fue propuesta por el Gobierno de Chile y es ésa la vía de escape que, al final, ha escogido Straw. „Salida“ que ha sido criticada dentro de su propio partido, el laborista, y, paradójicamente, también por la oposición.

Cuando, el 26 de marzo de 1999, la señora Thatcher visitó a Pinochet en su humilde residencia de Surrey (dos millones y medio de pesetas de alquiler mensual) y dijo encontrarse allí, junto al dictador, „muy a gusto y feliz“, los laboristas no dudaron en calificar a los torys como „el partido de Pinochet“. Y, dado que las palabras las carga el diablo, los conservadores no van a perder ahora la ocasión de recordárselo.

El Gobierno de Chile, desde el 16 de octubre de 1998 -día de la detención de Pinochet en Londres-, tomó la bandera de la soberanía nacional. „Si Pinochet ha de ser juzgado, lo será en Chile“, ha sido la consigna de la Concertación (democristianos y socialistas). Nadie podrá negar al presidente Frei, y a Insulza o a Valdés (ministros de Exteriores y socialistas) sus esfuerzos para conseguir que Pinochet volviera a Chile. Entretanto, Lavín, el candidato de la derecha chilena a la presidencia de la República, con gran soltura de cuerpo y sobrado cinismo, ha estado asegurando durante la campaña electoral que Pinochet era el pasado y él (Lavín) sólo se ocupa del futuro.

Los efectos del caso Pinochet sobre los resultados electorales en la primera vuelta de las presidenciales, en la que saltó la sorpresa y prácticamente igualaron Lagos y Lavín, constituyen una pura especulación, pero no parece que la actitud „firme y nacional“ por parte de la Concertación en el asunto Pinochet le haya aportado muchos votos a Lagos, quizá sea más cierto lo contrario. Queriendo evitar el debate sobre Pinochet, se ha diluido una diferencia sustancial entre los dos candidatos, dando ocasión a que Lavín, un oportunista de tomo y lomo, se sacudiera las pulgas pinochetistas y se lanzara por la vía del populismo, como quien lava, ignorando un pasado que, además, según él, no le concierne.

Ahora, ante el anuncio de Straw, ambos, Lagos y Lavín, han coincidido: „Es un asunto de los tribunales“, han dicho a coro.  Lavín, por su parte, metido en el desmarque y el descaro, ha llegado a decir que Pinochet „es un chileno como cualquier otro y, si tiene cuentas pendientes con la justicia, debe afrontarlas“. Si al final Pinochet vuelve de su largo viaje, entonces se podrá comprobar si el general es un chileno como los otros o sigue siendo algo más. En todo caso, la Fundación Pinochet, ante tal desplante, anunció que „Lavín va a pagar su traición en las urnas“, pero no dijo cómo.

Santa Teresa escribió que el piadoso se arrepiente de sus plegarias cuando son atendidas y, si Ricardo Lagos alcanza la Presidencia (¡y ojalá sea así!), probablemente tendrá ocasión de arrepentirse de sus ruegos a favor de la vuelta del ausente.  Lo han anunciado los militares reunidos en cónclave: „La institución espera que esta situación se tome con prudencia“, eso han dicho ahora los milicos, sin alzar la voz para que no resuene en Londres, pero en cuanto Augusto retorne vencedor, toda Roma se va a enterar de lo que vale un peine. Porque el verdadero problema radica en que la Constitución chilena es, en parte, una Carta otorgada por la dictadura en la cual, en contra de los principios democráticos, la institución militar constituye un poder del Estado. Una situación jurídica que la derecha chilena se ha negado reiteradamente a modificar, usando para la obstrucción antidemocrática de su minoría de bloqueo, obtenida mediante un sistema electoral pintoresco.  Una derecha que no se ha recatado en considerar legítimo el golpe de Estado, el de 1973 y, de paso, cualquier otro que pudiera urdirse en el futuro. Y esta actitud cavernaria sí que constituye un desastre nacional.

En todo este maldito embrollo, también el Gobierno español, aparentando mirar para otro lado, queriendo quitarse el muerto de encima, se ha dejado pelos y piel en la gatera.  Primero fue el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que, en una nota entregada a la Junta de Fiscales, escribió que las juntas militares de Argentina y Chile „no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido con el fin de subsanar las insuficiencias del Estado democrático para mantener la paz pública“. Luego, para acabar de arreglarlo, Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, pretendió justificar a los golpistas en Argentina al señalar que el Ejército intervino por orden de la presidenta, María Estela de Perón, olvidando que ésta fue desalojada de la Casa Rosada por los militares. Poco después habló Manuel Fraga para defender a estos fiscales, justificando los golpes de Estado con el argumento de que, tanto en Chile como en Argentina, se vivía una guerra civil larvada, iniciada, claro está, por los „izquierdistas“. Poco después, Álvarez Cascos dijo que Fungairiño era atacado „por los que en el plano judicial buscan eludir sus responsabilidades“. Y, por fin, ese fino estilista que es el ministro de Exteriores, Abel Matutes, se metió en un enredo, e intentando quedar bien con todos, a todos defraudó. El Gobierno chileno, sintiéndose burlado, puso el grito no tanto en el cielo, sino en otras partes más dolorosas para los intereses empresariales españoles en Chile, los únicos que, al parecer, preocupan al Gobierno español. Todo un éxito de la diplomacia matutina.

Se puede imaginar un final optimista para esta larga y triste historia. Sería aquel en el cual Pinochet regresa a Chile, es encausado y durante el proceso no sólo se aclaran los asesinatos; también, quienes saben cuándo y cómo desaparecieron los cadáveres lo confiesan. De ser así, se estaría en la vía de la reconciliación nacional, pero quien esto escribe, quizá menos crédulo, tiene la sensación de que estamos contemplando un enjuague más que una solución política. Porque la clave no es Pinochet, ni la soberanía de Chile, ni los apuros, reales o imaginarios, de los empresarios españoles ni las relaciones diplomáticas, sino que el verdadero problema son las víctimas. O, mejor dicho, la exigencia de justicia que las víctimas reclaman. ¿Esa justicia puede impartirse hoy en Chile? Conviene recordar que una norma pinochetista amnistió los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Miles de personas fueron asesinadas y en muchos casos las familias de los muertos fueron privadas hasta del duelo, pues los cadáveres siguen sin aparecer.

Para que las víctimas lleguen a perdonar a sus verdugos, éstos han de realizar el ejercicio previo de pedir perdón a sus víctimas; es decir, han de admitir que aquéllas murieron, fueron torturadas, enviadas a la cárcel, al exilio, a la fosa común... sin causa legítima alguna. Y esto es lo que ni Pinochet, ni los sicarios a sus órdenes, ni sus jaleadores de la derecha chilena están dispuestos a realizar. En estas condiciones es inimaginable alcanzar la deseada reconciliación. Por eso, en aras de la justicia y la reconciliación, muchos pensamos que todo iría mejor si Straw, oídas las alegaciones, volviera a dejar que las cosas siguieran su curso judicial. Claro está que para que Straw atienda las alegaciones, el Gobierno español ha de tramitarlas, y eso está por ve

Joaquín Leguina es diputado socialista.

 


Ejército chileno y ‘caso Pinochet’

 

EL PAÍS – 15 enero 2000 - Nº 1352

  Ejército chileno y ‘caso Pinochet’

PRUDENCIO GARCÍA

 

Los 15 últimos meses no serán fácilmente olvidados en Chile.  Pero, sobre todo, no serán olvidados jamás por una institución: sus Fuerzas Armadas.

Sin perjuicio de la serie de impactos recibidos por otros sectores de la misma sociedad, los densos acontecimientos acumulados entre octubre de 1998 y enero de 2000 han supuesto para aquel Ejército una serie de sorpresas, de inesperados descubrimientos, de evidencias insoslayables, que han venido a perturbar una serie de supuestas certezas que los militares chilenos habían venido conservando, sin verse obligados durante décadas a ninguna revisión sustancial. El caso Pinochet, con todos sus explosivos ingredientes, les ha forzado, en diverso grado y por diversas vías, a enfrentarse a esa necesaria revisión.

He aquí algunos de los hechos que las Fuerzas Armadas chilenas se han visto obligadas a encajar, digerir y -aunque esto inevitablemente les lleve más tiempo- a asimilar y sedimentar en su conciencia institucional:

Su ídolo, su tótem, su ejemplo paradigmático, su figura carismática por excelencia, ha recibido, a los ojos del mundo, un considerable varapalo moral. No vuelve a su tierra como triunfador. Vuelve derrotado por una serie de decisiones judiciales adversas. Se le denegó la pretendida inmunidad, pese a todas las concesiones de un enfoque garantista a ultranza de sus derechos como imputado. Se otorgó a España su extradición, pese a la fuerte limitación cronológica que impuso la sentencia de los Law Lords en cuanto al número de delitos imputables. Finalmente, se libra del último y principal pronunciamiento de la justicia -una dura, rigurosa, razonada y largamente pormenorizada sentencia condenatoria- por la única vía posible: la vía extrajudicial del deficiente estado físico. Es decir, la más humillante escapatoria posible para quien siempre despreció la integridad física de sus semejantes, y ahora se beneficia -de forma vergonzante- de su propio estado físico como última y única tabla de salvación.

Las causas penales contra el general Pinochet, a raíz de su detención, se han ido acumulando en los juzgados chilenos de los magistrados Guzmán y Muñoz, hasta superar en estos momentos el medio centenar. Aquel carácter intocable que los militares atribuían a su máximo líder se ha ido desmoronando en mayor o menor grado, no ya a través de las acciones judiciales extranjeras, sino también de las desarrolladas dentro de su propio país. Aquella sociedad civil atemorizada, paralizada ante la posibilidad de cualquier acción contraria al Ejército, y como tal, incapaz de sustanciar denuncias contra su máximo jefe -pese a contar con tan amplio repertorio delictivo susceptible de ser denunciado, juzgado y sentenciado-, en otras palabras, aquel atávico temor reverencial ha dado paso a esta situación en la cual un creciente número de víctimas de la dictadura se sienten capaces de ejercer el derecho democrático de recabar justicia ante los tribunales de su propia sociedad civil contra el máximo responsable de los crímenes y torturas perpetrados en los 17 años de dictadura y represión militar.

Esta liberación del temor, esta toma de conciencia civil, afecta de lleno a la actitud de la sociedad hacia aquel Ejército y no sólo hacia la persona de Pinochet. “Hoy son más de 200 los oficiales del Ejército que han pasado por los tribunales”, precisa el ministro chileno de Exteriores. Salvo el conocido caso excepcional de los generales Contreras y Espinosa, encarcelados desde años atrás por el asesinato del ex ministro Orlando Letelier y su acompañante norteamericana en Washington, importa señalar, una vez más, que esa cifra superior a dos centenares de militares comparecientes ante la justicia se ha producido precisamente en los últimos meses.  Es decir, después, y como consecuencia directa de la detención de Pinochet en Londres. Algunos de ellos, de muy alta graduación -incluido más de un general-, se encuentran ya procesados por sus excesos en materia de derechos humanos.  He aquí, pues, otro factor sociológico, modificativo de las relaciones Ejército-sociedad en Chile: los militares -incluida su máxima figura- empiezan a ser vistos, cada vez más, como sujetos susceptibles de comparecer ante los tribunales de justicia para rendir cuentas de su actuación

Estos hechos, inevitablemente, afectan a los conceptos centrales de la moral militar de cualquier Ejército, y el chileno no es una excepción. Como primer efecto, la obediencia debida resulta golpeada en su propia base jurídica y moral. El hecho de que el artículo 18 de la Constitución chilena prohíbe la tortura, y que, sin embargo, se dieron miles de órdenes de torturar y se cumplieron, demuestra irrefutablemente hasta qué punto aquel Ejército está sometido al concepto de obediencia debida en su peor acepción, incluida la ejecución de las órdenes de contenido más criminal. (Y ello, con independencia de los matices -de nulo valor fáctico- establecidos por los artículos 334 y 335 de su Código de Justicia Militar).

Pues bien: el hecho de que un importante y creciente número de oficiales chilenos se vean ahora acusados de los excesos cometidos obedeciendo órdenes superiores les demuestra que ya no les sirve la mal llamada obediencia debida, que la impunidad no la tienen garantizada -como anteriormente la tuvieron- y que el cumplimiento de ciertas órdenes no les libera de verse acusados seriamente ante la justicia civil. La conclusión para el futuro es obvia: las órdenes sólo pueden darse y cumplirse dentro de la legalidad, y nunca fuera de la ley. He aquí otro factor que los militares chilenos empiezan a descubrir por vía fáctica, como consecuencia directa -y no la menos importante- derivada del caso Pinochet.

El caso que nos ocupa ha sido, de hecho, una gran ventana por la cual las Fuerzas Armadas de Chile se han visto forzadas a asomarse al exterior, empezando así a tomar conocimiento -otra cosa será lo que tarden en su digestión y asimilación- de algunos hechos de importancia fundamental.  El hecho contundente de que aquellas acciones que ellos habían considerado como habituales dentro de la llamada “lucha antisubversiva” hayan sido calificadas por la fiscalía británica como “los delitos más graves que jamás conoció un tribunal inglés”, y el hecho de que tales acciones hayan sido consideradas por la justicia de países como España, Suiza, Francia y Bélgica suficientemente criminales como para exigir los correspondientes procesos de extradición, constituyen datos fácticos que no pueden por menos de impactar, en mayor o menor grado, en la conciencia de unos militares que ven su moral militar rotundamente rechazada por la comunidad internacional. Cuyos tratados y convenios internacionales -firmados también por Chile- exigen para los Ejércitos de las sociedades democráticas unos parámetros de conducta, de moral militar y de relaciones civiles-militares enormemente alejados de los que ellos aplicaron brutalmente dentro de su propia sociedad.

Nadie podrá decir, por tanto, que el caso Pinochet haya pasado por el Ejército chileno “sin romperlo ni mancharlo”.  Estos factores, entre otros, han incidido inevitablemente sobre la institución en mayor o menor magnitud. Y éste es un factor no precisamente despreciable, sino abiertamente positivo, en el balance de este caso histórico, sin precedente alguno en el campo del derecho internacional.

Prudencio García es coronel del Ejército

Consultor internacional de la ONU e investigador en Sociología Militar del INACS.

 


Un tercer bloque de hielo de origen desconocido cae en Murcia

EL PAÍS, Madrid

Un bloque de hielo de unos 30 centímetros y forma piramidal, que pesa unos tres kilogramos, fue encontrado ayer en el patio trasero de un bar en La Unión (Murcia). El hielo, que se rompió en varios trozos al recogerlo, fue trasladado a las dependencias de la policía local, para su entrega a la comisión que ha creado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para determinar el origen de los al menos tres bloques de hielo que han caído en territorio español en la última semana. En la comisión participan expertos del CSIC, el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Meteorología (INM), la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto del Frío y el Instituto de Geología de Madrid.

 

El pasado lunes un bloque de 1,7 kilogramos cayó sobre un coche aparcado en Tocina (Sevilla), y el miércoles otro de 400 gramos perforó el techo de un taller en Alcudia (Valencia). El primer estudio del INM indica que no se dan las condiciones meteorológicas para que se hayan formado esas masas de hielo en la atmósfera. Ahora los expertos investigarán si se trata de hielo desprendido de aviones o si puede tener un origen extraterrestre, algo que no parece probable. Un bloque de hielo caído en Galicia en 1996 se relacionó con los servicios de un avión.

 


 El Vaticano y Pinochet: una obscenidad legal y moral

 

EL PAÍS - 25 febrero 1999 - Nº 1028

MARC CARRILLO

 

El lector recordará que, en la década de los ochenta, monseñor Arnulfo Romero, obispo de El Salvador, fue asesinado por grupos paramilitares de ese país mientras oficiaba una misa.  Meses antes, este hombre había intentado obtener una audiencia del actual jefe del Estado vaticano para exponerle la dramática situación socioeconómica de su país. No fue recibido.

Por aquella misma época, el mismo mandatario vaticano censuró en público el compromiso político del religioso católico Ernesto Cardenal y ministro nicaragüense de Cultura del entonces Gobierno sandinista porque, al parecer, dicho compromiso no era nada evangélico e impropio de alguien que debía cuidarse de salvar almas, aunque, eso sí, sus titulares viviesen condenados a la miseria y al analfabetismo. Con la resignación y el paraíso como perspectiva se arreglaba todo. Y aquí paz, y después gloria.

Ahora, el Estado vaticano, con el mismo dirigente a la cabeza, acaba de mediar ante el Gobierno británico en favor de una excrecencia humana como Pinochet. El Vaticano ha invocado razones humanitarias que a su juicio afectan a este individuo; jurídicas, basadas en el respeto a la soberanía de Chile, y políticas, justificadas en la necesidad de no desestabilizar la reconciliación de los chilenos.

Ante la inminencia de una nueva decisión de los Lores en Derecho de la Cámara alta británica, el secretario de Estado vaticano, cardenal Angelo Sodano, ha afirmado en relación al caso del dictador chileno que se declara esperanzado de que el Gobierno Blair acoja la de petición de clemencia, añadiendo que en todo caso „estamos firmemente convencidos de haber cumplido con nuestro deber“. Un deber que –en su opinión– consiste en estar „en primera línea cuando se trata de defender los derechos del hombre en cualquier área“.

El citado Sodano añade, finalmente, que „queremos que el orden internacional, el orden jurídico internacional, sea salvado“. No hay duda, la sensibilidad vaticana sobre los derechos humanos es exquisita y por ello obscenamente selectiva. Pero ésta es una vieja y cínica historia que, cuando conviene, sus apostólicos representantes se encargan de recordar.

Pero vayamos con eso de la salvación del orden jurídico internacional.

En primer lugar, en favor de Pinochet se alegan razones humanitarias cuando lo que está en trámite en la jurisdicción británica no es una condena firme, sino si procede levantar el privilegio de la inmunidad –en su condición de ex jefe de Estado– que habilite para juzgarlo; pero sin que por esta razón esté ahora ingresado en prisión o corra peligro –que se sepa– su integridad física en la lujosa mansión de las afueras de Londres.

Las razones políticas en pro de eso que denominan la reconciliación entre los chilenos no hacen, en realidad, más que exacerbar la actual incapacidad del sistema político de este país por juzgar a su ex dictador y poner de relieve su condición de democracia tutelada. Y las razones jurídicas en beneficio de la soberanía de Chile significan lisa y llanamente la pura reducción del Derecho Internacional a papel mojado.

Desde una perspectiva jurídica, seguramente el hecho más relevante que presenta este asunto es la positiva incidencia que para el Derecho Internacional Público puede tener que un dictador sea perseguido judicialmente, con todas la garantías procesales de un ordenamiento jurídico concebido para proteger las libertades que Pinochet negó y que el Vaticano ignoró mirando a otro lado ..., como siempre.

Se trata de un ordenamiento jurídico, unas leyes penales y procesales internacionales y también de ámbito estatal (las españolas y las británicas) que se aplican subsidiariamente como consecuencia de la inexistencia de un Tribunal Internacional y de la inacción o la impotencia de otros Estados, como Chile, para perseguir a sujetos como Pinochet y tantos otros que, lejos de representar la soberanía nacional de su país, son la expresión más vil de su delincuencia común.

La inmunidad de jurisdicción que las leyes británicas reconocen a los representantes de un Estado extranjero no puede ser entendida a cualquier precio ni, por tanto, en beneficio de cualquier acto. Por el contrario, de acuerdo con estas normas, el beneficio de la inmunidad se proyecta sobre los actos en el ejercicio de las acciones de gobierno; pero no así sobre el ámbito de los actos realizados a título privado.

De esta forma, tradicionalmente han gozado de la protección que proporciona dicha inmunidad, por ejemplo, los actos de los jefes de Estado en el ejercicio de sus atribuciones de carácter público. La pregunta que cabe hacerse en este contexto es saber si la masiva y selectiva represión realizada a través de la Operación Cóndor puede ser considerada como una actividad de gobierno, como una función propia del Estado. O formulada de otra manera: ¿puede el Derecho Internacional admitir como un ámbito propio de la inmunidad de jurisdicción esta singular forma de entender la acción pública del máximo representante de un Estado?

Y más aún, con la vigente legislación internacional en materia de represión de los crímenes contra la humanidad que han sido imputados a la responsabilidad del militar chileno: ¿puede sostenerse, realmente, que las desapariciones, torturas y asesinatos fueron actos oficiales del Estado?

A mi juicio, la dignidad de los humanos ha de impedir en cualquier caso que la inmunidad de jurisdicción pueda también alcanzar comportamientos tan abominables. En circunstancias como las que ahora nos ocupan, el Estado y quienes circunstancialmente lo rijan no pueden nunca encontrar cobertura a través de institución jurídica de la inmunidad.  Jurídicamente, han de ser actos privados exentos del beneficio de la inmunidad.

La importancia del precedente que el caso Pinochet está generando puede acrecentarse, si los juristas de la Cámara de los Lores no aceptan las tesis de la defensa sobre el ámbito que quepa atribuir a los actos oficiales del Estado.  Ciertamente, en términos de seguridad jurídica, no es tarea fácil fijar el límite sobre la actividad pública de gobierno que ha de disponer de inmunidad, de aquella otra que no ha de gozar de este beneficio.

Pero parece razonable considerar que un buen parámetro para conseguir este objetivo ha de ser el respeto a la legislación internacional sobre protección de los derechos humanos y, específicamente, la referida a los crímenes de guerra y de lesa humanidad. No hay duda, sin embargo, que la singular idea redentora del Derecho Internacional expuesta por el cardenal Sodano va por otros derroteros que insultan a la moral y al derecho.

Marc Carrillo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra.