El Frente Popular (1936-1937)

La formación de la coalición de la izquierda liderada por Manuel Azaña – el frente popular

El año de inicio del «Bienio Negro» coincide con el triunfo electoral de Hitler en Alemania. A la URSS le preocupa la tolerancia que muestran las «democracias» occidentales ante el fascismo. Estas naciones occidentales miran con recelo pero con expectativa el avance del fascismo. Ante esta situación, hacia 1935 el Komintern decide promover la alianza de los obreros con la burguesía liberal, democrática o republicana en los «Frentes Populares», dejando a un lado provisionalmente las metas revolucionarias para no meter miedo a los burgueses antifascistas.

«El Partido Comunista era muy débil en España en 1936. Tenía sólo algunos millares de militantes. Sin comparación con los anarquistas o los socialistas. Y a los dirigentes soviéticos les daba igual lo que pasara en España. Lo que les importaba era acercarse a las burguesías francesa e inglesa para protegerse de la Alemania nazi. Lo que les interesaba sobre todo era no espantarlas. Eso explica que la Unión Soviética esperara varias semanas después de que se produjera el golpe antes de decidirse a hacer algo. Y Moscú no quería ninguna revolución en Europa, y mucho menos que fuera anarquista.» [Rémi Skoutelsky]

Trotsky difiere de la línea de la Internacional y sostiene que en esas alianzas la burguesía termina siempre imponiendo su programa. Por eso, la solución es un «frente único de trabajadores» que agrupe a los obreros y campesinos, a los anarquistas, socialistas y comunistas. La alternativa no es «fascismo o democracia», sino «fascismo o revolución socialista». Este frente único no consigue movilizar a las mayorías y se impone la línea de la Internacional. El avance represivo y reaccionario del «Bienio Negro» promueve la unidad en las filas de izquierda. En enero del 1936 los representantes de Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, UGT, JS, PCE, POUM y Partido Sindicalista firman el Pacto del Frente Popular en el que acuerdan un programa mínimo de reivindicaciones. El contenido general del acuerdo consiste en la ampliación y profundización de los derechos y garantías establecidos por la Constitución de 1931.

En España, la formación de un Frente Popular tuvo lugar tras el Bienio Negro o Bienio Restaurador (1933-1935) que se inicia con el triunfo electoral de la derecha en las elecciones de noviembre de 1933. La izquierda temía que se produjera un proceso de supresión de la democracia como había ocurrido en Austria, Alemania o Italia. La sublevación de octubre de 1934 había sido reprimida duramente, las cárceles estaban llenas de presos políticos y la demanda de amnistía era muy amplia.

La propuesta de la vuelta a la alianza republicano-socialista del primer bienio surgió en 1935 durante el segundo bienio por iniciativa del líder de los republicanos de izquierda Manuel Azaña, que se había convertido tras su injusta detención por los sucesos de la Revolución de octubre de 1934 en un “mártir político” y en un símbolo para la izquierda. Tras producirse la entrada en el gobierno en mayo de 1935 de más ministros de la CEDA (con su líder José María Gil Robles al frente) Azaña recorrió el país dando tres mítines multitudinarios con el fin de conseguir una “inteligencia republicana” que devolviera al régimen sus valores democráticos.

En abril de 1935, Azaña había alcanzado un pacto de "Conjunción Republicana" entre su propio partido, la Izquierda Republicana (fusión de Acción Republicana con el Partido Radical-Socialista), la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, que se había escindido en 1934 del Partido Republicano Radical de Lerroux, y el Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román.

La perspectiva de la celebración de elecciones y la propia ley electoral, de carácter mayoritario, aconsejaba las coaliciones. Los partidos republicanos consideraban necesario aliarse con el Partido Socialista (PSOE) y no podían desconocer la fuerza del Partido Comunista de España (PCE), que en 1936 no era el de 1931 y representaba una fuerza política a la que no era posible ignorar.

A mediados de noviembre de 1935 Azaña ofreció al PSOE la formación de una coalición electoral en base al acuerdo de conjunción de las fuerzas de la izquierda republicana. Mientras que el sector socialista moderado liderado por Indalecio Prieto defendía el acuerdo, el sector más a la izquierda, liderado por Francisco Largo Caballero, solo estaba dispuesto a una coalición si se reforzaba el elemento obrero de la coalición con la inclusión del Partido Comunista de España (PCE), lo que motivó la salida de la "Conjunción Republicana". El PCE, que hasta entonces había considerado a los socialistas como enemigos de la revolución social, había cambiado su postura tras el VII Congreso de la III Internacional de Moscú en el verano de 1935, en el que Stalin había lanzado la consigna de los "frentes antifascistas". La izquierda revolucionaria no puede quedar al margen, los caballeristas aceptan a regañadientes el liderazgo republicano; la CNT se desdice de su antielectoralismo, y el POUM se ve obligado a sumarse a pesar de las críticas.

«Para remachar el carácter obrero de la coalición los dirigentes de la UGT forzaron la entrada en el pacto de otros partidos obreros tradicionalmente hostiles a las alianzas interclasistas, como, sobre todo, los comunistas, que desde 1935 habían dado un giro espectacular a su política y defendían la coalición con los republicanos bajo el nombre de Frente Popular. Los comunistas llegaban a 1936 profundamente divididos entre quienes obedecían a la Tercera Internacional —el PCE— y quienes, por juzgarla traidora a sus orígenes, la situaban entre sus principales adversarios, o sea, el POUM. El lado obrero de la coalición se completó con la firma del pacto por las Juventudes Socialistas —muy reacias en un primer momento a la coalición con los republicanos— y por un pequeño Partido Sindicalista creado por Ángel Pestaña tras su escisión de la CNT.

A principios de 1936, una CNT de nuevo resurgida contemplaba el retorno de los escindidos y apaciguaba sus querellas internas. Su limitada participación en los hechos de octubre de 1934 le había salvado del bochorno pero no de la mala conciencia, así que en la coyuntura presente, y tras algunas habilidades semánticas, prefirió recomendar a sus militantes que fueran a las urnas con objeto de poner en la calle a los represaliados de aquel octubre.» [Juliá 1996]

El 15 de enero de 1936 se firmó el pacto de coalición electoral entre los republicanos de izquierda y los socialistas. El nombre de Frente Popular se adopta a última hora, y aparece como una plataforma contra la derecha, por la libertad de los presos, y también como una posibilidad de victoria electoral. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) firmó también en nombre del Partido Comunista de España (PCE) y demás organizaciones obreras como el Partido Obrero Unificado Marxista (POUM) o el Partido Sindicalista.

En Cataluña se formó la coalición Front d'Esquerres de Catalunya, a la cual apoyaba el Frente Popular allí, y en la cual se integraron los nacionalistas republicanos catalanes como ERC. El 2 de junio de 1935 en el Monumental Cinema de Madrid en la calle Atocha se funda la coalición.4 En Valencia, la coalición equivalente ideológicamente al Frente Popular, también se llamó Front d'Esquerres, con una composición similar al del Frente Popular del resto de España. Los anarcosindicalistas de la CNT, aunque no formaba parte del Frente, no se mostraron beligerantes con él, obteniendo muchos votos anarquistas (los cuales, tradicionalmente, no votaban). No obstante, muchos anarquistas que luego combatirían por el bando republicano, en las elecciones pidieron la abstención.

Coalición del Frente Popular	Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Partido Comunista de España (PCE) Izquierda Republicana (IR) Unión Republicana (UR) Partido Sindicalista Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) Partido Republicano Democrático Federal (PRDF) Eusko Abertzale Ekintza - Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) Partido Galeguista (PG) Esquerra Valenciana (EV)
Con el apoyo de	Sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT) Sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) Federación Anarquista Ibérica (FAI), brazo armado del sindicato anarquista CNT Izquierda Radical Socialista Front d'Esquerres, en Cataluña

El Frente Popular no formó grupo parlamentario sino que se articuló en diversas minorías parlamentarias correspondientes a cada uno de sus integrantes, ni formó gobierno como tal, ya que este estuvo compuesto, hasta bien entrada la Guerra Civil, únicamente por partidos republicanos, bajo la presidencia de Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga y José Giral. Con la constitución del primer gobierno de Largo Caballero, y hasta el final de la Guerra, los gobiernos de la República estuvieron integrados por representantes de los principales partidos del Frente Popular y del Front d'Esquerres, así como, en diversos periodos, de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

La última gran coalición de fuerzas políticas de partidos republicanos y sindicales fue en 1930 con la firma del Pacto de San Sebastián ante la convocatoria de elecciones municipales para abril de 1931.

El pacto del Frente Popular no tiene un carácter revolucionario. Los cargos de Gobierno serán ocupados exclusivamente por republicanos «puros». Manuel Azaña asumirá la jefatura del Gobierno. Se rechazan las propuestas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de nacionalizar la tierra y la banca y de implantar el control obrero sobre la industria. La de cisión de amnistiar a los 30000 presos políticos y restituir sus empleos con indemnización a los cesanteados por razones políticas anima a los más revolucionarios a unirse al Frente Popular.

Republicanos de izquierda, socialistas y comunistas («oficiales» y «no oficiales»), promueven la participación masiva en la contienda electoral. Incluso los anarquistas, al margen del Frente Popular, se abstienen de lanzar su tradicional consigna de «¡No votad!»

Los monárquicos le piden a Gil Robles que dé un golpe de Estado, a lo que el líder de la CEDA se niega. Franco, como jefe del Estado Mayor, solicita que se declare el estado de Guerra. Valladares no acepta y entrega la presidencia del Gobierno a Manuel Azaña, y entre las primeras decisiones está el cese de Franco como jefe del Estado Mayor y su traslado como comandante general a las Canarias. Su traslado no fue el único, Mola pasa de Melilla a Pamplona. Gran error, como se comprobará más tarde.

Manuel Azaña, responsable de la política del bienio reformador anterior, había terminado su mandato bastante desacreditado, pero cuando la revolución de Asturias en 1934 fue detenido y convirtió su autodefensa en una denuncia de los atropellos del «Bienio Negro», lo que le devolvió la confianza popular. Los partidos de izquierdas y los republicanos no contaban con ningún otro candidato capaz de aglutinar a las diversas tendencias que configuraban el Frente Popular.

Pronto se abre el debate entre los partidos antifascistas sobre la línea de actuación. El ala del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderada por Indalecio Prieto, coincide con la del Partido Comunista de España (PCE): redoblar las acciones de masas significaría un revolucionarismo ineficaz, sería darle una excusa al fascismo para emprender un ataque frontal contra la República. La Federación Anarquista Ibérica (FAI), el brazo armado del sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), se niega a emprender la defensa del Estado republicano. Para el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), al que se suma Largo Caballero, líder del ala más izquierdista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), si para la burguesía la revolución ha terminado con el triunfo electoral, para el proletariado este triunfo no es más que el comienzo de la verdadera revolución social.

Tradicionalmente se han presentado las elecciones que tuvieron lugar el 16 de febrero como la manifestación de la ordenación política española en dos bloques irreconciliables, como preámbulo electoral de la Guerra Civil. Pero a comienzos de 1936 se contemplaba la cita electoral como un nuevo enfrentamiento legítimo para redefinir la orientación de la República. El arco parlamentario no quedó definido en dos bloques enemigos. El bloque de derechas no llegó ni siquiera a consolidarse, el centro estaba sustancialmente dividido y solo entre la izquierda y centro-izquierda se fraguó una coalición electoral, el Frente Popular.

La gran novedad de las elecciones de febrero de 1936 fue la constitución de la mayor coalición electoral de todo el período republicano: el Frente Popular, que supo reunir todas las candidaturas y presentar un programa único. De ganar las elecciones, el régimen debía volver a la dinámica reformista del primer bienio; promulgar una amnistía total; desarrollar la Constitución hasta sus últimos extremos; restaurar el estatuto catalán y conceder el estatuto de autonomía al resto de las regiones que lo solicitaran; relanzar la reforma agraria; establecer un plan contra el desempleo y el desarrollo económico y potenciar la enseñanza estatal a nivel nacional.

Programa del Frente Popular (Enero de 1936)

Ante el triunfo de la alianza de los partidos de derechas aglutinados en la Confederación Española de las Derechas Autónomas (CEDA) en 1933, la izquierda elaboró un programa político que exigía la amnistía total para los insurrectos de 1934 y la continuación de las reformas sociales del Bienio Reformador o Republicano-Socialista (1931-1933).

El programa diseñado por el Frente Popular no era extremista, tenía carácter socialdemócrata reformista:

«Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria.»

Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen:

	I. Amplia amnistía, reposición de funcionarios, readmisión de obreros despedidos y reparación a las víctimas de la represión.
	II. Restablecimiento  del Imperio  de  la  Constitución:  Revisión  y  reforma  de  las  leyes  de  Orden  público, Tribunal  de  Garantías,  reglamento  de  la  Cámara,  Municipal  y  Provincial,  reorganización  del  cuerpo  de Vigilancia y del Régimen de Prisiones.
	III. El régimen agrario: No se acepta por los republicanos la nacionalización de la tierra. Derogación de las leyes de Arrendamientos y de devolución y pagos de  las fincas de la nobleza.
	IV. El régimen industrial: la protección del Estado. Especial protección a la pequeña industria y pequeño comercio.
	V. El régimen de obras públicas: los republicanos no aceptan el subsidio de paro. Ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de las obras.
	VI.  El régimen  de  Hacienda y Banca:  Es rechazada por los republicanos la nacionalización de la Banca. Dirección del Banco de España y de la Banca privada. Distribución de las cargas públicas.
	VII. Legislación social: Se rechaza el control obrero. Creación del delito de envilecimiento del salario. Se restablece la legislación social en todos sus principios. Política de reconstrucción económica.
	VIII. La  enseñanza, atributo indeclinable del Estado: vigilancia de la enseñanza privada. Creación de la enseñanza media y profesional.
	IX. Legislación autonómica: su reposición y desarrollo.
	X. Política internacional: adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones.

Estos puntos constituirían un acuerdo de mínimos para una coalición electoral, aunque no constituían de por sí un plan detallado para un gobierno de coalición.

Los puntos fundamentales del Frente Popular eran más avanzados en el terreno social que los defendidos por la izquierda republicana de Azaña y Martínez Barrio. Pero evitaban tocar el “tema religioso”, ya que la obsesión anticlerical de los republicanos les había desprestigiado ante la clase media y las había hecho perder tantas energías que mejor se empleaban en las mejores sociales.

El programa incluía la continuidad de la legislación reformista del primer bienio y la reanudación de los procesos de autonomía de las "regiones". El gobierno estaría formado exclusivamente por republicanos de izquierda y lo socialistas le darían su apoyo desde el parlamento para cumplir el programa pactado. Así pues, la alianza de 1936 era circunstancial, limitada a las elecciones, y por tanto bien diferente a la de 1931.

FRENTE DE LA CONTRARREVOLUCIÓN

«Por el lado de la derecha el panorama era simplemente caótico. Buena parte del caos había que atribuirlo al pasmo, primero, y a la no disimulada rabia, después, que le entró a Gil Robles cuando en la crisis de diciembre de 1935 Alcalá Zamora no le encargó la presidencia del Consejo, a la que el líder del partido católico aspiraba no exactamente para gobernar –no habría contado con mayoría- sino para disolver las Cortes y presidir las inmediatas elecciones. [...] No pensó nunca que Alcalá Zamora le cerraría el paso e intentaría una maniobra en el mejor estilo de la vieja política: lanzar desde la presidencia de la República su propio partido y dar a Portela Valladares, con el Gobierno, el decreto de disolución. No se lo quería creer Gil Robles, y en su rabia llegó a animar al general Fanjul para que sondeara los ánimos de otros generales —entre ellos Franco— por si creían oportuno declarar, contra el presidente, la ley marcial. Fanjul estaba ya lanzado a la operación e incluso pretendió proceder por su cuenta, pero la frialdad de Franco lo contuvo: no estaban aún las condiciones maduras, razonaría luego el militar, convertido ya en generalísimo.

No era la CEDA una formación estrictamente fascista, ya que rebosaba catolicismo e incluso clericalismo para serlo, pero en su simbología y en su lenguaje, así como en los uniformes y en los lenguajes de sus juventudes, hacía todo lo posible por parecerlo.

Gil Robles tuvo en sus manos la posibilidad de optar por la formación de una coalición republicana de centro derecha que abarcase desde los partidos de Portela, Alcalá Zamora, Maura, Melquiades Álvarez y los nacionalistas vasco y catalán de derecha, hasta la propia CEDA, o por la constitución de un frente con los partidos antirrepublicanos —monárquicos y fascistas—. Pero una opción de ese tipo habría exigido de la CEDA una decisión que sistemáticamente venía posponiendo desde su formación: terminar con la ambigüedad respecto al régimen republicano y declarar expresamente sus intenciones finales.» [Juliá 1996]

Fue así como Gil Robles no creó un frente de derechas unido, sino una coalición formada por tantos bloques como circunscripciones. Nadie tenía autoridad sobre aquella confusión. En caso de una victoria, no estaba claro qué clase de gobierno se formaría. Todos grupos de derechas habían dejado claro que no existía entre ellos ningún acuerdo de gobierno. Los candidatos presentados por la CEDA no daban para una mayoría parlamentaria.

elecciones municipales de abril de 1931

En las elecciones municipales de abril de 1931, el elector tenía que votar por Monarquía o República. En las elecciones del 16 de febrero de 1936, la batalla se planteaba entre derechas e izquierdas, entre dos grandes coaliciones electorales. La izquierda se había unido en un Frente Popular, mientras que las derechas, al no encontrar un nombre que identificara su dispar composición y sus contradictorios proyectos, se decidieron finalmente por el de Frente de la Contrarrevolución.

«La voz frente entraña profundas connotaciones bélicas e indica gran resolución en la toma de decisiones. Nada de extraño, pues, que testigos e historiadores hayan convertido las elecciones de 1936, por la presencia de dos frentes, en prólogo de una guerra. Según una versión muy extendida, y a pesar de que sólo pudieran contarse en aquel día de febrero leves incidencias, la sociedad española, también dividida en dos, iba camino de precipitarse de forma ineluctable por el despeñadero de la lucha fratricida. Sin embargo, frente significa también fachada; y mucho de eso hubo en aquellas dos coaliciones políticas que cubrieron edificios enteros con carteles —cuyas grandes palabras ocultaban elementos dispares y aun contradictorios—, sólo circunstancialmente coligadas por una simple necesidad electoral.» [Juliá 1996]

Se abrían dos grandes frentes, pero ningún partido podría obtener mayoría absoluta. El vencedor debería gobernar con el apoyo de otros partidos, un apoyo inseguro, pues en el seno de cada coalición había escisiones y diferencias importantes. Los socialistas aspiraban al poder con la esperanza de que sus aliados, los republicanos, se fueran debilitando. Los monárquicos confiaban en el fracaso de los católicos de la CEDA, el partido más fuerte del Frente Contrarrevolucionario.

EL FRENTE POPULAR GANA LAS ELECCIONES de 16 de febrero de 1936

El presidente Alcalá-Zamora convocó nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936. Los partidos de izquierda se agruparon para formar un bloque común: el Frente Popular, en el que participaban, desde Unión Republicana (UR), hasta los nacionalistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Comunista de España (PCE) y esta vez el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), con muchos presos en la cárcel, esta vez no hizo campaña a favor de la abstención, pues buscaba la amnistía para sus presos.

La victoria fue para el Frente Popular, que basó su triunfo en las ciudades y las provincias del sur y la periferia. Mientras, la derecha triunfó en el norte y el interior del país. El programa del FP era volver a la política de la República de izquierda y reformar al máximo la legislación social y la enseñanza. 

Las derechas se presentaban divididas: la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) con Gil-Robles, que había perdido muchos afiliados, el Partido Radical (PR) de Lerroux y el Bloque Nacional (BN) de Calvo Sotelo. Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera en 1933, que se fusionó con las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), se presentaba como independiente. Enemigos del liberalismo y del marxismo, despreciaban la apelación al sufragio democrático y querían implantar una justicia social sin lucha de clases, integrando a los trabajadores en “sindicatos verticales”. Para las organizaciones obreras el falangismo estaba formado simplemente por un “grupo de señoritos” y las derechas recelaban de un partido que se denominaba revolucionario (en sus símbolos lucían los colores anarco-sindicalistas) y que presentaba características afines al fascismo italiano de Mussolini.

El Frente Popular no se presentó en Cataluña, en donde una coalición equivalente llamada Front d'Esquerres, nucleada en torno a Esquerra Republicana de Catalunya, tomó su lugar. En Valencia también tomó el nombre de Front d'Esquerres. El Frente Popular no formó grupo parlamentario sino que se articuló en diversas minorías parlamentarias correspondientes a cada uno de sus integrantes, ni formó gobierno como tal, ya que este estuvo compuesto, hasta bien entrada la Guerra Civil, únicamente por partidos republicanos, bajo la presidencia, sucesivamente, de Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga y José Giral. Con la constitución del primer gobierno de Largo Caballero, y hasta el final de la Guerra, los gobiernos de la República estuvieron integrados por representantes de los principales partidos del Frente Popular y del Front d'Esquerres, así como, en diversos periodos, de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

«El acuerdo electoral que triunfa en las urnas en febrero de 1936 es consecuencia sobre todo de una situación nacional caracterizada por una ofensiva reaccionaria especialmente represiva, liderada por una derecha que se mira en el espejo de Alemania y Austria en el sentido de buscar ante todo cortar la cabeza al movimiento obrero, en un principio a la manera de Thiers (el verdugo republicano de la Comuna), luego a la manera de Hitler y Dollfuss. Gil Robles se postula como el Dollfus español y asiste al congreso nazi de Nüremberg. Los pistoleros de la Falange imponen la violencia en la calle para demostrar que existe un desorden, y para acelerar un golpe militar en la línea de Mussolini, que les paga. La victoria electoral de las izquierdas es para el gran dinero la señal de que la única salida son las amas.» [Pepe Gutiérrez-Álvarez: “Debate sobre el Frente Popular”, en El País – 15.02.2011]

Los resultados de las elecciones presentados el día 20 de febrero, fueron:

	Censo de 13.553.710 electores
	Votantes: 9.864.783 (72,9 % de participación) Frente Popular: 4.654.116 (47,1 % de participación) Frente Nacional Contrarrevolucionario: 4.503.505 (45,6 % de participación) Centro: 400.901 (5,3 % de participación)

La campaña se da en un clima de alta conflictividad social con numerosas acciones directas: tomas de tierras, huelgas, choques callejeros, etcétera. A diferencia de 1933, en febrero de 1936 vota casi el 90 % de los inscriptos. El Frente Popular triunfa: obtiene 53 escaños más que los partidos de derechas. Los resultados electorales muestran la división de la sociedad española en dos grandes bandos. Mientras una parte cuenta con el poder de la mayoría del pueblo, la otra se apoyará cada vez más en el ejército y en las organizaciones armadas.

Aunque el porcentaje de votos sobre el total fue muy similar (34,3 % para la izquierda y 33,2 % para la derecha), el sistema electoral primaba las grandes coaliciones y, aunque porcentualmente los votos emitidos estuvieron muy igualados, la traducción en escaños de los resultados electorales arrojaron una amplia mayoría parlamentaria para los partidos del Frente Popular, la reducción de la CEDA a oposición poco operativa, el definitivo hundimiento de los radicales y la supervivencia de algunos partidos de centro y regionalistas. A pesar de la virulencia de la campaña electoral, la constitución de las Cortes y el traspaso de poderes se realizó en el marco de la legalidad constitucional. Una vez celebradas las elecciones, con la mayor participación social de toda la República, poco hacía presagiar los dramáticos acontecimientos que se avecinaban.

LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ALCALÁ ZAMORA – AZAÑA NUEVO PRESIDENTE

Tras el triunfo del Frente Popular, Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República. La intención era que Indalecio Prieto, hombre fuerte del ala más moderada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ocupara la presidencia del Gobierno. Pero el PSOE, dividido en diversas tendencias, se negó, lo que llevó a la formación de un gobierno presidido por Casares Quiroga y formado exclusivamente por republicanos de izquierda, sin la participación del PSOE. Así, el nuevo gobierno nacía debilitado.

Manuel Azaña, como presidente de la República, se esforzó en frenar el enfrentamiento social. Casares Quiroga asumió la presidencia del Gobierno y tuvo que luchar por la izquierda con la presión del sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y su brazo armado, la Federación Anarquista Ibérica (FAI) con sus constantes huelgas. Por la derecha el Gobierno vivía con el constante temor a un golpe de Estado.

Pronto surgió la violencia entre los dos extremos: pistoleros falangistas por la derecha y pistoleros anarquistas por la extrema izquierda, con asesinatos de líderes y militantes de ambos bandos. El fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, fue encarcelado por posesión ilícita de armas. En el Parlamento no había posibilidad de colaboración entre la izquierda y la derecha. El líder del Bloque Nacional, Calvo Sotelo, era un encarnizado crítico de la política del Gobierno. Grupos de extrema derecha matan al teniente Castillo, un simpatizante socialista. La izquierda toma la revancha y asesina a Calvo Sotelo el 12 de julio de 1936. El asesinato del líder del Bloque Nacional fue el detonante para el golpe militar que se estaba fraguando desde hacía meses. El 17 de julio de 1936 se proclamó en Marruecos el estado de guerra y al día siguiente se inicia el levantamiento militar contra la República liderado desde África por el general Francisco Franco.

La primera reunión de las nuevas Cortes tuvo lugar el 15 de marzo, aunque hubo que esperar al 15 de abril en que se finalizó la discusión de las actas parlamentarias. Resuelto este problema, el 3 de abril la izquierda presento una iniciativa para destituir al Presidente de la República, acusándolo de haber incumplido el artículo 81 de la Constitución que decía:

«El presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato cuando lo estime necesario... En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la destitución del presidente.»

«Nadie quería que Alcalá Zamora siguiera en la presidencia de la República. La CEDA, con Gil Robles a la cabeza, porque creía que les había robado la posibilidad de ocupar todo el poder en diciembre de 1935. La izquierda, y Azaña en particular, no le perdonaba que le hubiera retirado la confianza en septiembre de 1933, lo que significó la caída del Gobierno de Azaña y la ruptura de la coalición entre socialistas y republicanos que había gobernado los dos años anteriores» [Julián Casanova]

Alcalá Zamora siempre había sido por sus orígenes y su trayectoria un sospechoso para la izquierda, pero lo más grave fue que fue elegido para sucederle como presidente de la República Manuel Azaña que acababa de formar gobierno. Así el único político capaz de gobernar en ese momento era enviado a un puesto sin poder ejecutivo real, y al frente del Gobierno se ponía a Casares Quiroga, un regionalista gallego de poco peso político.

El 7 de abril, por 238 votos contra 5 (la derecha se abstuvo, tras haber apoyado la medida), Niceto Alcalá Zamora fue destituido por el parlamento. El presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, asumió interinamente la presidencia. El 26 de abril, se celebraron las elecciones de compromisarios y Manuel Azaña, el candidato de la izquierda, obtuvo 358 mandatos, y 63 la oposición. Así el 10 de mayo de 1936 era investido nuevo presidente Manuel Azaña. Sin embargo, el proyecto de Azaña de nombrar al socialista Indalecio Prieto como su sustituto al frente del gobierno no cuajó por la oposición del ala izquierda del Partido Socialistas Obrero Español (PSOE), liderada por Largo Caballero. El sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT) se ratificó en el acuerdo de seguir fuera del gabinete, y el 13 de mayo ocupó la presidencia del gobierno uno de los colaboradores más fieles de Azaña, Santiago Casares Quiroga.

La designación de Azaña como presidente de la República tras la destitución de Alcalá Zamora, fue un error, pues Manuel Azaña era uno de los pocos gobernantes que podían haber evitado el fatal desenlace que tuvo el Frente Popular, la Guerra Civil. Le correspondió la jefatura del Gobierno a Casares Quiroga, persona manifiestamente por debajo de las circunstancias a las que debió hacer frente. Presidió un Gobierno débil, incapaz de frenar una situación de antagonismo creciente. Lo peor de la ejecutoria del Gobierno no fue lo que hizo sino lo que no supo evitar.

La amnistía y el restablecimiento del gobierno de la Generalidad de Cataluña

La primera medida que tomó el nuevo gobierno del Frente Popular fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934, aprobada por la Diputación Permanente de las Cortes el viernes 21 de febrero. Algo que era exigido en las manifestaciones que siguieron al triunfo electoral, y que ya había conducido a la apertura de varias cárceles, de las que salieron no sólo los presos "políticos" sino también los “sociales” (condenados por delitos comunes). Esto fue lo primero que dio la voz de alarma entre los grupos conservadores, ya que el gobierno daba cobertura legal a la presión popular, aunque figurara en su programa electoral. La amnistía puso en libertad a unos 30.000 presos "políticos y sociales".

Tras la salida de los miembros del gobierno de la Generalidad de Cataluña de la cárcel, beneficiados por la amnistía, un Decreto de 1 de marzo reanudaba las funciones del Parlament y reponía en su puesto a Lluís Companys como Presidente de la Generalidad de Cataluña y a sus Consejeros. Era la principal reivindicación del Front d'Esquerres, la versión del Frente Popular en Cataluña, que había obtenido el 59 % de los votos, gracias en parte a que el sindicato anarquista Confederación Nacional de Trabajo (CNT) no hizo propaganda por la abstención, pues esperaba del nuevo gobierno una amnistía para los presos anarquistas. Respondía, además, a la nueva sensibilidad de los partidos republicanos y de izquierda respecto a la cuestión regional, que se tradujo en la aparición de propuestas de autonomía para otras regiones.

De acuerdo con el gobierno central, el Consell Executiu de la Generalidad de Cataluña empezó a aplicar la polémica Ley de Contratos de Cultivo. El tono reivindicativo de los partidos políticos nacionalistas catalanes fue aumentando hasta rebasar en algunos casos los límites del Estatuto. Manuel Carrasco Formiguera de la Unió Democràtica de Catalunya dijo que «Cataluña ha de luchar hasta conseguir constituirse políticamente, como nación que es, en Estado independiente que con toda libertad pueda hacer las alianzas y confederaciones que crea convenientes», mientras que Joan Comorera de la Unió Socialista de Catalunya, que poco después se integraría en el nuevo Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), dijo que «debemos luchar por la República Socialista Catalana federada con la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas y hermana de la URSS».

LOS Estatutos de autonomía

El proyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia se entregó en las Cortes el día 15 de julio de 1936, junto al Anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Aragón, y fue trasladado al Congreso de Diputados para que fuera admitido a trámite.

En Castilla la Vieja y en la Región de León, durante la Segunda República, sobre todo en 1936, hubo una gran actividad regionalista favorable a una región de once provincias (Ávila, Burgos, León, Logroño, Palencia, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora), incluso se llegaron a elaborar unas bases de estatuto de autonomía que se publicaron en El Norte de Castilla. Al final, la guerra civil acabó con las aspiraciones de la autonomía para las dos regiones.

Queda fijada para el último domingo de septiembre de 1936 una Asamblea nacional destinada a debatir y modificar el anteproyecto y aprobar el proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía. El día 1 de octubre de 1936, las Cortes aprueban por aclamación el Estatuto del País Vasco.

El 1 de febrero de 1938 las Cortes admiten a trámite el Estatuto de Autonomía de Galicia, que no es rechazado ni aprobado.

En Asturias se redactó un estatuto de autonomía por el catedrático de derecho avilesino Sabino Álvarez Gendín, que no llegó a ser tramitado.

Un Proyecto de Estatuto de Autonomía para Cantabria fue presentado el 5 de junio de 1936 en el Ayuntamiento de Santander, y con fecha de 8 de junio en la Diputación.

ocupaciones de fincas y reanudación de la reforma agraria

La “cuestión agraria” fue otro gran problema que el nuevo gobierno tuvo que abordar con urgencia a causa de la intensa movilización campesina que se estaba produciendo con el apoyo decidido de las autoridades locales repuestas y que amenazaba con provocar graves conflictos en el campo.

Pocos días después de las elecciones, convocados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), sindicato socialista del ámbito agrario-ganadero, unos ochenta mil campesinos andaluces, manchegos y extremeños comenzaron a ocupar las fincas de las que habían sido desalojados en el invierno de 1934-35 durante el gobierno radical-cedista.

Este hecho consumado obligó al Ministerio de Agricultura a tomar medidas para volver a poner en vigor la legislación del primer bienio reformador. La ocupación de fincas provocó a elementos de la derecha que dispararon contra manifestantes en Escalona (Toledo). La Guardia Civil mató a cuatro manifestantes campesinos. El juez de instrucción había ordenado la detención solo de los “izquierdistas”.

El 26 de marzo la FNTT organizó el 26 de marzo un movimiento de ocupación de fincas en la provincia de Badajoz en el que participaron unos 60.000 jornaleros que invadieron y comenzaron a roturar unas dos mil propiedades.

Un Decreto de 28 de febrero, anuló los procesos de desahucio de colonos y aparceros; otro Decreto, del 3 de marzo, devolvió a los yunteros extremeños el arrendamiento de las tierras que habían ocupado en virtud del Decreto de Intensificación de Cultivos de 1932, que fue restablecido el día 14; un Decreto de 20 de marzo, dio vía libre para expropiar temporalmente con indemnización fincas declaradas de "utilidad social", incluso fuera de la zona de latifundio, gracias, paradójicamente, a la “ley Velayos” del año anterior aprobada por la mayoría radical-cedista que había abolido en la práctica la Ley de Reforma Agraria de 1932. Así solo en el mes de marzo se habían asentado más de 70.000 campesinos, en su mayoría yunteros extremeños sobre unas 230.000 hectáreas.

El 19 de abril, el ministro de Agricultura presentaba varios proyectos de ley: uno sobre "Revisión de desahucios de fincas rústicas" que restituía en el derecho de explotación de la tierra a arrendatarios y aparceros desahuciados en virtud de la Ley de marzo de 1935; y otro que derogaba la Ley de Reforma de la Reforma Agraria de agosto de 1935, que se convirtió en ley el 11 de junio, por lo que volvía estar en vigor plenamente la Ley de Reforma Agraria de 1932. Un tercer proyecto de ley, que no llegó a aprobarse por el estallido de la guerra civil, pretendía rescatar las tierras comunales, rectificando parte de la obra desamortizadora del siglo XIX. Gracias a estas leyes y decretos entre marzo y julio de 1936 se asentaron unos 115.000 campesinos, más que en los tres años anteriores, sobre medio millón de hectáreas.

La reacción de los propietarios ante la reanudación de la reforma agraria y el alza oficial de los salarios llevó a muchos a paralizar las labores agrícolas antes de plegarse a las exigencias de contratación de los sindicatos campesinos. Así continuó la alta conflictividad en el campo, no solo debida a la actitud de los propietarios, sino también a la radicalización de las organizaciones campesinas, saldándose todo ello con incidentes violentos. Entre el 1 de mayo y el 8 de julio se contabilizaron 192 huelgas agrarias.

Las sangrientas represiones contra esas manifestaciones campesinas fueron raras, si se compara con lo abundantes que habían sido durante el primer bienio reformista, y la matanza de Yeste del 29 de mayo no produjo ninguna movilización social, ningún clamor contra esa institución y ni siquiera revitalizó el culto a los mártires tan frecuentes en anteriores ocasiones.

conflictividad social en las ciudades

La movilización obrera y la resistencia patronal a nuevas concesiones produjeron el movimiento de huelgas más generalizado de los habidos en toda la República. Hubo tantas huelgas de mediados de febrero a mediados de julio de 1936 como en todo 1933, lo que no quiere decir que imperara el “desorden civil” pues muchas de ellas acabaron con acuerdos gracias al restablecimiento de los jurados mixtos. Estas huelgas eran declaradas muchas veces por comités conjuntos de los dos grandes sindicatos obreros: el anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y el socialista Unión General de Trabajadores (UGT). En las declaraciones de estas huelgas se habla de revolución, aunque ninguno de los dos grandes sindicatos preparaba una insurrección social, tras los fracasos sufridos en años anteriores (1932, 1933 y 1934).

Pero el sindicato anarquista CNT mostraba su hostilidad al gobierno “burgués” del Frente Popular. El brazo armado de la CNT, la Federación Anarquista Ibérica (FAI), seguía propugnando su objetivo político: la acción insurreccional y violenta hasta la conquista de la riqueza social. 

A primeros de mayo la sindical anarquista CNT celebró su Congreso Confederal en Zaragoza en el que reafirmó su objetivo de alcanzar el "comunismo libertario" y ofreció a la sindical socialista UGT una alianza revolucionaria con objeto de destruir completamente el régimen político y social vigente. La sindical socialista UGT rechazó la oferta pues aceptarla hubiera llevado a la ruptura del Frente Popular. Pero en el mismo Congreso se reconocieron públicamente los errores de la táctica insurreccional y se optó por centrar las reivindicaciones en cuestiones concretas como los salarios y las condiciones de trabajo, aplazando la “revolución social”.

divisiones internas en los grandes partidos de iquierda y derecha

Ninguno de los dos grandes grupos políticos consiguieron mantener un liderazgo único. Tras las elecciones de febrero de 1936, ni el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y ni la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) consiguieron articular una política única y clara. Pronto se pusieron de manifiesto las diferencias internas entre las diferentes alas de los partidos:

En la CEDA, el ala moderada de Manuel Giménez Fernández y Luis Lucía contra el ala radical de José María Gil Robles. En el PSOE, el ala moderada y centrista de Indalecio Prieto contra el ala radical izquierdista de Francisco Largo Caballero. Presionados por la derecha subversiva fascistoide y por el sindicalismo revolucionario anarquista, tanto la CEDA como el PSOE mostraron una cierta indecisión en cuanto al grado de compromiso que estaban dispuestos a asumir en la defensa de las instituciones republicanas. Las alas más radicales de estas formaciones no daban prioridad a la defensa de la República como forma de Estado, sino a sus reivindicaciones revolucionarias, por un lado, o contrarrevolucionarias por otro.

Las alas moderadas, tanto de la CEDA como del PSOE no lograron que sus respectivos partidos apoyaran decididamente a la República y a la democracia, el primero, y al gobierno, el segundo. El Gobierno se vio con pocos apoyos por parte de sus aliados naturales, mientras que los monárquicos y católicos lo hostigaban por la derecha y por la izquierda un sector del PSOE, cuyo objetivo era sustituir al Gobierno republicano por un gobierno exclusivamente socialista. Tenemos así un Gobierno republicano débil o debilitado por la presión a que estaba sometido por ambos extremos.

Una excepción por la izquierda la constituye el Partido Comunista de España (PCE), que, según la derecha, era el representante del bolchevismo. El PCE apoyo firmemente al Gobierno republicano, procurando mostrar moderación en cuanto a la reforma agraria y presionando a los sindicatos de izquierda (CNT y UGT) para que contuvieran la escalada de huelgas en la primavera de 1936.

Azaña tuvo que dejar la presidencia del Gobierno y asumir la presidencia de la República como sucesor de Alcalá Zamora. Esto acentuó en el PSOE las diferencias entre los socialistas moderados de Indalecio Prieto y los izquierdistas radicales de Largo Caballero.

Largo Caballero se opuso radicalmente a la entrada de los socialistas en el gobierno del Frente Popular y a que fuera el socialista Indalecio Prieto presidente del Gobierno como sucesor de Azaña. Largo Caballero quería seguir manteniendo su buena relación con las organizaciones obreras, esperando el fracaso de la República burguesa que daría paso a la toma del poder por parte de la clase obrera. En el sindicato socialista UGT, los partidarios de la línea de Largo Caballero eran mayoría, mientras que la ejecutiva del partido socialista (PSOE) estaba en manos de Indalecio Prieto. De todos modos, en el grupo socialista en el Parlamento el control lo tenía Largo Caballero, que también dominaba la Federación Madrileña del partido socialista.

Largo Caballero tenía también el apoyo incondicional de las Juventudes Socialistas de España (JSE), que veían en Largo Caballero el “Lenin español”. Las JSE habían tenido un avance espectacular a partir de la proclamación de la Segunda República, llegando a 12.000 militantes en 1932 y 21.000 en 1934. Fueron especialmente activas en los sucesos de 1934. Tras la sangrienta represión de la revolución de 1934, las JSE se fueron radicalizando y acercando a posiciones comunistas. En 1935 la Internacional Juvenil Comunista apoyó la idea de la unificación de las organizaciones obreras juveniles en todo el mundo (socialistas y comunistas). En mayo de 1936 se firma el pacto de unificación entre la Federación de Juventudes Socialistas y la Unión de Juventudes Comunistas. Con la llegada de la victoria del Frente Popular, se crean las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), bajo la dirección del joven socialista Santiago Carrillo, que seguirán las indicaciones del PCE. El 10 de marzo de 1939, ante la victoria de los nacionales, se inicia en Madrid la recuperación de las JSE y los jóvenes socialistas, grupo minoritario dentro de las JSU, rompen el pacto con los comunistas.

En la CEDA el sector liderado por José María Gil Robles comenzó su política de obstrucción a las instituciones republicanas, por el apoyo a la vía defendida por la derecha monárquica del Bloque Nacional (BN) de José Calvo Sotelo que propugnaba la ruptura violenta del orden constitucional mediante un golpe de estado militar en cuya preparación ya estaban colaborando. Por otro lado, los monárquicos carlistas aceleraron la formación de sus milicias requetés con vistas al alzamiento militar con cuyos dirigentes mantenían contactos. Con Calvo Sotelo y Gil Robles a la cabeza los diputados de la derecha antirrepublicana convirtieron el Congreso de los Diputados en un “campo de batalla” con discursos provocadores y duros enfrentamientos dialécticos con la izquierda. Estos ataques desprestigiaron la estabilidad de la República ante la opinión pública, pues proyectaban una imagen de “desgobierno” que alimentó la “estrategia de la tensión” que se estaba produciendo en la calle.

violencia política y "estrategia de la tensión”

El partido Falange Española (FE), de ideología fascista y nacionalsindicalista, fue fundado el 29 de octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera, primogénito del fallecido dictador Miguel Primo de Rivera. El 15 de febrero de 1934 FE se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), fundadas por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos. El nuevo partido se denominó Falange Española de las JONS (FE de las JONS).

Falange Española, que a principios de 1936 era una fuerza política marginal con solo 45.000 votos obtenidos en las elecciones de febrero de 1936, comenzó a ver incrementado su número de afiliados, jóvenes de derechas dispuestos a la acción violenta. Falange Española pasó de unos 6.000 militantes a más de veinte mil en pocas semanas.

Combinando la agitación callejera (frecuentemente violenta) de sus jóvenes militantes con la propaganda política, la Falange fue adquiriendo notoriedad en la vida pública española. Aunque en las elecciones de 1936, en las que no obtuvo ni un solo escaño, demostraron su escaso apoyo entre la opinión pública. Por entonces, la Falange ya había diseñado su objetivo político: uso de la fuerza y el abandono de la lucha política legal, contra el ascenso del poder de la izquierda y de los nacionalismos regionales, que entendía como amenazas contra sus valores esenciales. La derrota electoral de 1936 confirmó esa tendencia y lanzó a los falangistas al pistolerismo y a la conspiración contra la República.

La Falange nace ya como una fuerza antiparlamentaria que contempla la violencia como método para alcanzar sus fines. El primer atentado falangista contra un miembro del nuevo gobierno fue el perpetrado el 12 de marzo de 1936 contra el diputado socialista moderado, fue vicepresidente de las Cortes salidas de las elecciones de febrero de 1936 y “padre” de la Constitución de 1931 Luis Jiménez de Asúa, que resultó ileso, pero murió su escolta. El entierro al día siguiente del policía se convirtió en una manifestación de repulsa contra la violencia fascista y se produjeron graves incidentes, con incendios de dos iglesias y de las oficinas del diario derechista La Nación, órgano del Bloque Nacional de José Calvo Sotelo. Los autores materiales del atentado contra Jiménez de Asúa y su escolta lograron huir a Francia.

El gobierno de izquierdas declaró ilegal a la Falange como responsable de desórdenes públicos, y el 14 de marzo de 1936 encarceló a su jefe, José Antonio Primo de Rivera. Cinco meses más tarde tuvo lugar el golpe de Estado militar encabezado por Mola y Franco, con el que dio comienzo la Guerra Civil (1936-39). El gobierno republicano, consciente de la connivencia de la Falange con los golpistas, trasladó a José Antonio de Madrid a una cárcel más segura en Alicante, donde fue condenado a muerte por un tribunal popular y fusilado.

Desde la clandestinidad, la Falange siguió perpetrando atentados y participando en reyertas con jóvenes socialistas y comunistas. La casa de Largo Caballero fue tiroteada, y fueron asesinados el capitán de Ingenieros Carlos Faraudo, adscrito a la Guardia de Asalto e instructor de las milicias socialistas, y el 13 de abril de 1936 el magistrado de la Audiencia Manuel Pedregal, que había condenado a algunos de los falangistas implicados en el atentado contra Jiménez de Asúa.

El 14 de abril de 1936 se conmemoraba el Quinto Aniversario de la República con un desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid, presidido en la tribuna por el presidente de la República Diego Martínez Barrio y por el presidente del Gobierno Manuel Azaña. Alguien hizo explotar un artefacto al que siguieron varios disparo que causaron la muerte de un alférez de la Guardia Civil. Derechistas e izquierdistas se acusaron mutuamente del atentado. El entierro del alférez al día siguiente se convirtió en una manifestación antirrepublicana a la que asistieron los diputados Gil Robles y Calvo Sotelo, oficiales del ejército y falangistas armados. Desde diversos lugares se produjeron disparos contra la comitiva que fueron respondidos, produciéndose un saldo de seis muertos y de tres heridos.

Entre abril y julio de 1936 los atentados y las reyertas protagonizadas por falangistas causaron más de cincuenta víctimas entre las organizaciones de izquierda obrera. Unos cuarenta miembros de Falange murieron en esos actos o en atentados de represalia de las organizaciones de izquierda. Un centenar de iglesias y conventos fueron asaltados e incendiados, aunque entre las víctimas de la violencia política de febrero a julio no hubo ningún miembro del clero.

Un total de 189 incidentes y 262 muertos, de ellos 112 causados por la intervención de las fuerzas de orden público, fue el saldo de la cruenta violencia política entre febrero y julio de 1936. De las 262 víctimas, 148 eran militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar.

La “estrategia de la tensión” llevada a cabo por los pistoleros falangistas fue respondida por las organizaciones de izquierda. Crecen las organizaciones juveniles paramilitares de la derecha (milicias falangistas, requetés carlistas), de la izquierda (milicias de las juventudes socialistas, comunistas y anarquistas) y los nacionalistas vascos y catalanes (milicias de Esquerra Republicana de Cataluña y milicias del PNV).

Toda esta violencia provocó la percepción entre la opinión pública de que el Gobierno del Frente Popular no era capaz de garantizar el orden público. Esta sensación fue una justificación para el golpe militar que se estaba fraguando contra la República. La prensa católica y de extrema derecha incitaba a la rebelión contra el desorden del que era responsable el “Gobierno tiránico del Frente Popular”, “enemigo de Dios y de la Iglesia”. La confrontación entre clericalismo y anticlericalismo volvió al primer plano.

El gobierno de Casares Quiroga (mayo–julio 1936)

Santiago Casares Quiroga (1884-1950), político y abogado de ideología republicana y galleguista, era el líder de la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) y había participado en el Pacto de San Sebastián (1930) ideado para proclamar la República. Se unió con Manuel Azaña para fundar Izquierda Republicana (1935). Con el triunfo del Frente Popular, en febrero de 1936, fue de nuevo ministro de Obras Públicas en el gobierno de Azaña. Tras el acceso de Azaña a la presidencia de la República, Casares Quiroga fue nombrado Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra (mayo de 1936), cargo que desempeñó hasta julio.

El nuevo gobierno Casares Quiroga, integrado exclusivamente por republicanos de izquierda incluida Esquerra Republicana de Cataluña, continuó con la política reformista que ya había iniciado el gobierno Azaña que consistía fundamentalmente en volver a poner en vigor los decretos que habían sido derogados o modificados durante el segundo bienio ("bienio negro") y a los que se añadieron algunos otros.

En cuanto a la “cuestión religiosa” continuaba pendiente la sustitución de la enseñanza confesional, conforme establecía la Ley de Congregaciones, y el gobierno aprobó un Decreto estableciendo patronatos provinciales que estudiaran la rápida sustitución de los docentes religiosos por personal interino laico, y a finales del mes de mayo se decretó el cierre provisional de los colegios de la Iglesia. Asimismo fue restablecida la coeducación en las aulas y se habilitó un presupuesto extraordinario para dotar 5.300 nuevas plazas de maestros estatales.

Como presidente, organizó el referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Galicia (el tercero propuesto durante la República tras los de Cataluña y el País Vasco), el cual fue aprobado el 28 de junio de 1936.

Seguía siendo Presidente del Consejo de Ministros cuando se produjo la sublevación militar del 17 de julio de 1936, que desembocaría en la Guerra Civil. Incapaz de darle la importancia que merecía ni de hacer frente a la sublevación, dimitió y fue sustituido por Martínez Barrio, al frente de un gobierno que no llegó a tomar posesión, y por José Giral definitivamente.

En la tarde del viernes 17 de julio se conocía en Madrid que en el Protectorado de Marruecos se había iniciado una sublevación militar liderada por el general Francisco Franco. El sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y el socialista Unión General de Trabajadores (UGT) reclamaron que se dotara al pueblo de armas para poder defenderse frente a la rebelión militar. La historiografía ha afirmado que Casares Quiroga se negó a entregar las armas a las organizaciones políticas y sindicales leales a la República. Aunque la hija de Casares Quiroga, María Casares, afirma en sus memorias que no fue así.

LA CONSPIRACIÓN MILITAR de julio de 1936

Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, los militares se conjuraron para dar un  “golpe de fuerza” que derribara al gobierno republicano. Los nacionalistas querían una nueva Reconquista de España frente a la ola republicana.

El 8 de marzo había tenido lugar, en casa de un amigo de Gil Robles, una reunión de varios generales, entre ellos estaban Emilio Mola, Luis Orgaz Yoldi, Villegas, Joaquín Fanjul, Francisco Franco, Ángel Rodríguez del Barrio. Los reunidos acordaron organizar un “alzamiento militar que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España”. Una vez restablecido el orden, una Junta Militar desempeñaría las funciones del gobierno. Para presidir esta Junta se pensó en el general Sanjurjo que había intentado ya un golpe militar contra la República y, tras su fracaso, se encontraba en el exilio en Portugal.

Desde finales de abril, fue el general Mola quien, desde Pamplona, tomó la dirección de la trama golpista. Mola comenzó a difundir circulares en las que fue perfilando la compleja trama que llevaría adelante el golpe de Estado. Mola consiguió el apoyo de generales republicanos como Gonzalo Queipo de Llano (jefe de los carabineros) y Miguel Cabanellas (jefe de la V División orgánica).

Al gobierno de Casares Quiroga le llegaron por diversas fuentes noticias de la conspiración militar, pero no actuó con contundencia contra los conspiradores porque tanto él como Manuel Azaña no creían que, después del fracasado golpe de Sanjurjo en 1932, el ejército fuera capaz de llevar a cabo una operación militar tan amplia. Creían, además, tener controlados a los cabecillas de la trama. El general Franco estaba destinado a Canarias. Ya en mayo de 1936, el ayuntamiento de Candelaria, en Tenerife, había solicitado al Gobierno de la República la relevación del comandante militar de la región, general Francisco Franco.

Los conspiradores preveían que en Madrid sería difícil llevar a cabo un golpe militar. Así planearon que una columna al mando de Mola comenzara la ofensiva desde el norte y marchara hacia Madrid. Mientras que el general Francisco Franco se sublevaría en las Islas Canarias, pasaría al protectorado de Marruecos, allí se pondría al frente de las tropas coloniales, cruzaría el estrecho de Gibraltar y, desde el sur y desde el oeste, avanzaría hacia Madrid.

Una vez controlada la capital, se depondría al Presidente de la República y al Gobierno republicano, se disolverían las Cortes, se suspendería la Constitución de 1931, se detendrían y se juzgaría a todos los dirigentes y militantes significados de los partidos y organizaciones de la izquierda así como a los militares que no hubieran querido sumarse a la sublevación y se constituiría un Directorio militar bajo la jefatura del general Sanjurjo, que volaría desde su exilio en Lisboa hasta Madrid. El objetivo era instaurar una dictadura militar al estilo de Primo de Rivera, al frente de la cual se situaría el exiliado general Sanjurjo.

Los militares y las fuerzas políticas que les apoyaban (fascistas, monárquicos alfonsinos, carlistas, católicos de la CEDA) defendían proyectos políticos distintos, pero todos coincidían en que el futuro gobierno no sería democrático ni liberal.

El asesinato de Calvo Sotelo

«El 12 de julio caía acribillado a tiros el teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, que se había ganado el odio de la extrema derecha por su participación en la represión de una manifestación el 16 de abril, cuando disparó a bocajarro contra un joven tradicionalista. La misma noche del asesinato de Castillo, varios guardias de asalto hicieron una redada contra significadas gentes de derechas. En una de ellas, se presentaron en casa de Calvo Sotelo, quien incluso en las Cortes había apostado claramente por una intervención del Ejército para salir de la situación de marasmo. Fue detenido sin miramiento a su inmunidad parlamentaria. Poco después le pegaban dos tiros y dejaban el cadáver en el cementerio. Gil Robles parece que se libró al estar de viaje.

El asesinato de Calvo Sotelo fue la piedra de toque para que el alzamiento militar se produjese. El día 16 se levantaba la guarnición de Melilla y el 18 le seguían varios destacamentos más, mientras el Gobierno intentaba contener la rebelión militar y la revuelta obrera que había ocasionado, la cual se venía preparando desde hacía tiempo y estaba a la espera del fracaso de los republicanos o de la rebelión de los militares. Los sindicatos y los partidos de izquierda exigían a Casares Quiroga que armase a las milicias. Enfermo de tuberculosis y acosado, dimitió la misma noche del día 18. Azaña llamó a Martínez Barrio, presidente de las Cortes, a quien le correspondía la presidencia interina del Gobierno, pero se asustó ante las manifestaciones obreras contra él y se fue a Valencia, dejando la República descabezada. Azaña llamó entonces a José Giral, que estaba dispuesto a armar a los milicianos, y así lo hizo. En realidad, lo que había hecho Giral era legalizar una situación en lugar de luchar contra ella, porque las izquierdas radicales ya se habían armado desde hacía meses. “La legalidad republicana –ha escrito un historiador–, de la que tan devoto era Azaña, había sido sustituida esencialmente por la acción espontánea de la clase obrera.” El propio Azaña tendrá ocasión de comprobarlo inmediatamente cuando desde su presidencial refugio del Palacio Nacional oiga impotente las descargas contra los “paseados”.

Los sindicatos y partidos de izquierdas habían conseguido su objetivo con unas leves presiones sobre las instituciones republicanas. Muchos ciudadanos como Ortega veían alarmados que la responsabilidad de defender la República se otorgaba a las masas y no a las instituciones. Posteriores gobiernos republicanos intentaron corregir la imprudencia cometida y organizar un Ejército fuerte para luchar contra otro bien organizado.

La rebelión militar triunfó en grandes zonas del territorio, pero fracasó en caso todas las grandes ciudades, lo que incrementó la violencia que se venía produciendo desde meses atrás y, finalmente, dio pie a que se iniciase una guerra civil.» [Zamora Bonilla 2002: 406 ss.]

La figura del "jefe de la oposición parlamentaria" no existía en las Cortes de 1936. Y si hubiera existido, ese jefe nunca hubiera sido José Calvo Sotelo, sino José María Gil Robles. Porque en las elecciones de febrero de 1936 el Bloque Nacional de José Calvo Sotelo obtuvo 12 escaños y la CEDA de José María Gil Robles sumó 88. Cuando lo asesinaron en la madrugada del 13 de julio de 1936, José Calvo Sotelo era el líder destacado de la ultraderecha monárquica. Sin embargo, se sigue repitiendo una y otra vez que era el "jefe de la oposición parlamentaria".

El asesinato de Calvo Sotelo aceleró el compromiso con la sublevación de los carlistas y también de la CEDA, y acabó de convencer a los militares que tenían dudas. Además, Mola decidió aprovechar la conmoción que había causado en el país el doble crimen, y el día 14 adelantó la fecha de la sublevación que quedó fijada para los días 17 y 18 de julio de 1936.

Levantamiento contra la República – 18 de julio de 1936

El nuevo gabinete inició rápidamente la acción reformista: Amplia amnistía para todos los represaliados tras octubre de 1934. Restablecimiento del Estatuto catalán. Alejamiento de Madrid de los generales más sospechosos de golpismo. Franco, Mola y Goded fueron destinados a Canarias, Navarra y Baleares, lo que constituiría un grave error, pues en estos destinos tenían las manos libres y escapaban al control de los servicios de seguridad del Estado. En esos destinos lejos de Madrid pudieron preparar mejor el golpe militar del 18 de julio de 1936.

Reanudación de la reforma agraria. Esta medida fue rápidamente desbordada por la acción de los jornaleros que se lanzaron a la ocupación de fincas. Tramitación de nuevos estatutos de autonomía. El Estatuto de Galicia, fue aprobado en plebiscito en junio de 1936, y el del País Vasco estaba prácticamente terminado en julio de 1936.

Las tensiones sociales iban en aumento. La izquierda obrera había optado por la revolución final y la derecha buscaba de forma acabar con el sistema republicano. Desde el mes de abril se sucedieron los enfrentamientos violentos callejeros entre grupos falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas.

El 12 de julio era asesinado por extremistas de derecha un oficial de la Guardia de Asalto, teniente Castillo. La respuesta llegó la siguiente madrugada con el asesinato de José Calvo Sotelo por parte de un grupo de miembros de las fuerzas de seguridad. El enfrentamiento era inevitable.

Mientras la conspiración militar contra el gobierno del Frente Popular avanzaba. Por un lado, había una trama política conformada por los principales líderes de los partidos: Gil Robles, Calvo Sotelo, Jose Antonio Primo de Rivera. Por otro lado, crecía el número de generales implicados: Franco, Goded, Fanjul, Varela. El general Emilio Mola, destinado en  Pamplona, se convirtió en el jefe de la conspiración, el "director" del golpe. Muy pronto se iniciaron los contactos con Mussolini y Hitler.

«Fue un error destinar a Mola a Pamplona, desde donde diseñó la rebelión que debía devolver el país a la ley y el orden, y alejar a Franco de la Península, que aprovechó su retiro en las islas Canarias y su prestigio en las guarniciones del Protectorado de Marruecos para conspirar a sus anchas. La guarnición de Melilla encendía la mecha de la sublevación militar el 17 de julio. Comenzaba el horror incivil de la guerra. Mientras Franco saltaba el océano en avión para dirigir el correoso ejército africano, Mola se levantaba en el norte con el apoyo del brazo armado del carlismo.» [García de Cortázar 2002: 255]

El gobierno de Casares Quiroga, que no había decidido tomar medidas pese a las continuas advertencias de las organizaciones obreras, vio como el 17 de julio de 1936 el ejército de Marruecos iniciaba la rebelión contra el gobierno de la República. El triunfo parcial del golpe desencadenó la Guerra Civil.

La reacción del gobierno a la sublevación militar

Por la noche de ese sábado 18 de julio Casares Quiroga presentó su dimisión al presidente de la República Manuel Azaña, quien encargó a Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y líder de Unión Republicana, que formara un gobierno que consiguiera "detener la rebelión" sin recurrir al apoyo armado de las organizaciones obreras.

Martínez Barrio incluyó en su gabinete a políticos moderados y dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo con los militares sublevados y en la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de julio, habló por teléfono con el general Emilio Mola, quien se negó rotundamente a cualquier tipo de negociación. Así el "gobierno de conciliación" de Martínez Barrio dimitió y Azaña nombró el mismo domingo 19 de julio nuevo presidente del gobierno a un hombre de su partido José Giral, que formó un gobierno únicamente integrado por republicanos de izquierda, aunque con el apoyo explícito de los socialistas.

El gobierno de José Giral tomó la decisión de entregar armas a las organizaciones obreras, algo a lo que también se había negado Martínez Barrio porque, al igual que Casares Quiroga, consideraba que ese hecho traspasaba el umbral de la defensa constitucional y "legal" de la República.

La decisión de armar al pueblo privó al Estado republicano del monopolio del control del orden público y así no pudo impedir que se declarara la revolución social, ya que las organizaciones obreras, ahora armadas, no tenía como objetivo de sus acciones violentas la defensa de la República, sino más bien el triunfo definitivo de la revolución social. Paradójicamente, los militares golpistas comenzaron su campaña contra la República en nombre de una contrarrevolución y, al final, terminaron provocándola.

LA REVOLUCIÓN SOCIAL DE 1936 Y EL GOBIERNO DE JOSÉ GIRAL (JULIO-SEPTIEMBRE 1936)

José Giral Pereira, químico farmacéutico, fue varias veces ministro durante el período de la Segunda República y Presidente del gobierno republicano en el exilio tras la Segunda Guerra Mundial. Al proclamarse la República fue nombrado rector de la Universidad Central de Madrid y consejero de Estado. Ocupó la cartera de Marina (1931-1933) y en 1936 fue encargado por Azaña de presidir el Gobierno, tras el intento de Diego Martínez Barrio de formar gobierno para frenar la sublevación militar del 17 de julio de 1936.

Iniciada la Guerra Civil en julio de 1936, fue partidario de la entrega de armas a las organizaciones obreras y de la disolución del ejército, pero fue perdiendo autoridad a medida que se alargaba y radicalizaba la contienda. Este gobierno duraría desde el 19 de julio hasta el 4 de septiembre de 1936. Con las fuerzas nacionales de Franco a las puertas de Madrid, Giral tuvo que dimitir y entregar el poder al socialista de Francisco Largo Caballero. Giral siguió políticamente activo como ministro sin cartera en los dos gobiernos de Largo Caballero y de Estado en el de Negrín (1937-1938).

Con la entrega de armas a los partidos y organizaciones obreras, las fuerzas obreras constituyeron milicias armadas para hacer frente a la rebelión militar y, al mismo tiempo, conseguir la revolución social. Estas milicias armadas operaron al margen de las autoridades republicanas: incautaron y colectivizaron explotaciones agrarias y empresas industriales y mercantiles para asegurar la continuidad de la producción y distribución de bienes, y se hicieron cargo del mantenimiento de las principales funciones competencia del Estado. La producción, el abastecimiento de la población, la vigilancia, la represión, las comunicaciones y el transporte, la sanidad, quedaron en manos de comités sindicales, que en no pocas localidades suprimieron la moneda para sustituirla por vales.

Con el reparto de armas, el Gobierno se quedaba sin instrumentos para controlar y garantizar el orden público e imponer la autoridad. Ante el hundimiento de los mecanismos del poder público, surgió en el verano de 1936 un nuevo poder obrero, que era a la vez militar, político, social, económico. Los comités eran autónomos y no acabaron con el Estado republicano, simplemente lo ignoraron y lo condenaron a la inoperancia.

En el País Vasco no hubo revolución social y un partido católico y nacionalista se mantuvo hasta junio de 1937 al frente de un gobierno autónomo con poder sobre poco más que el territorio de Vizcaya. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) había rechazado la coalición con la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y apoyado a la izquierda en la tramitación del Estatuto de Autonomía, que fue aprobado el 1 de octubre de 1936.

En Cataluña se constituyó el Comité Central de Milicias Antifascistas, pero el gobierno de la Generalidad no fue destituido y continuó en su puesto. En Valencia apareció el Comité Ejecutivo Popular. En Málaga y Lérida surgieron sendos Comités de Salud Pública. En Cantabria, Gijón y Jaén, comités provinciales del Frente Popular. En Vizcaya, una Junta de Defensa. En Madrid se constituyó un Comité Nacional del Frente Popular, que organizaba milicias y la vida de la ciudad, pero junto a él seguía existiendo el gobierno de José Giral formado sólo por republicanos de izquierda.

El gobierno de José Giral pidió la venta de armas al gobierno del Frente Popular de Francia que se las negó. Entonces Giral pidió armamento a la Unión Soviética echando mano de las reservas de oro del Banco de España.

En política interior, Giral destituyó a los funcionarios sospechosos de colaboración con la sublevación militar contra la República e intentó acabar con el terror rojo, controlando los tribunales revolucionarios o “checas”, organizadas por los partidos obreros, que llevaban a cabo ejecuciones de fascistas indiscriminadas. Checas eran en la Unión Soviética comités de policía secreta. Durante la guerra civil española, eran instalaciones que usaban los milicianos del bando republicano, partidos y sindicatos de izquierda, para detener, interrogar y juzgar se forma sumarísima y luego ejecutar a sospechosos de simpatizar con el bando de los sublevados contra la República. Giral creó tribunales especiales para juzgar delitos contra la seguridad del Estado, pero estos tribunales no acabaron con las checas, que siguieron asesinando a los acusados de fascistas, haciendo detenciones ilegales (“paseos”) o excarcelaciones de presos que eran llevados al paredón (“sacas”).

El 3 de septiembre de 1936 el ejército de África, que había entrado por el sur, ya había ocupado Extremadura. En el norte caía Irún en manos de los sublevados nacionales. En estas circunstancias, José Giral presentó su dimisión al presidente de la República Manuel Azaña.

EL GOBIERNO DE LARGO CABALLERO (SEPTIEMBRE 1936-MAYO 1937)

Tras la dimisión de Giral, el presidente de la República Manuel Azaña encargó la formación de un "gobierno de coalición" a Francisco Largo Caballero, el líder del sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT), que, junto con el sindicato anarquista Confederación Nacional de Trabajo (CNT), estaba protagonizando la revolución.

Francisco Largo Caballero (1869-1946) era un sindicalista y político marxista, histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Durante el primer bienio republicano fue ministro de Trabajo (1931–1933); y durante la Guerra Civil, presidente del Gobierno (1936–1937).

Largo Caballero además de la presidencia asumió el ministerio de Guerra. Su objetivo político como presidente fue crear una gran alianza antifascista, dando entrada en su gabinete a un gran número de representantes de los partidos y sindicatos que luchaban contra los nacionalistas sublevados contra la República. El 4 de noviembre de 1936, cuando las tropas de Franco ya estaban a las afueras de Madrid, Largo Caballero integró en su gobierno a cuatro ministros del sindicato anarquistas Confederación Nacional del Trabajo (CNT), entre ellos a la primera mujer que desempeñó el cargo de ministra en España, Federica Montseny.

Federica Montseny era hija de dos intelectuales anarquistas catalanes. Al estallar la Guerra Civil en julio de 1936, formó parte del Comité Regional catalán de la CNT, antes de ingresar en la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y ser elegida miembro de su Comité Peninsular. En el gobierno del socialista Francisco Largo Caballero, estuvo al frente de un ministerio de nueva creación, el de Sanidad y Asistencia Social.

Largo Caballero decidió que había que posponer la revolución social y había que dar prioridad a la guerra. Con este objetivo creó un nuevo ejército bajo una dirección unificada, incorporó las milicias a las brigadas mixtas y creó el cuerpo de comisarios. Los dirigentes de los dos sindicatos de izquierda, el socialista UGT y el anarquista CNT, aceptaron aplazar la implantación del comunismo libertario (aspiración de la CNT) o la consecución de la sociedad socialista (objetivo de la UGT) y dar prioridad a la lucha contra los militares sublevados.

La nueva organización del ejército llevada a cabo por Largo Caballero no impidió detener el avance de las fuerzas nacionales de Franco hacia Madrid, que el 6 de noviembre de 1936 ya estaban a punto de entrar en la capital. Ese mismo día, el gobierno republicano abandona Madrid y se traslada a Valencia, dejando la defensa de la ciudad al general republicano Miaja. La salida de Madrid del gobierno de Largo Caballero fue interpretada como una cobarde huida por aquellos madrileños que fueron capaces de rechazar los primeros embates del ejército de Franco y detener así la conquista de Madrid por los nacionales.

Largo Caballero no fue capaz de resolver las tensiones con los gobiernos autónomos de Cataluña y País Vasco. En Cataluña, el gobierno de la Generalitat había incorporado en septiembre a varios consejeros del sindicato anarquista CNT y del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), partido marxista revolucionario opuesto al estalinismo. La Generalitat disolvió así el Comité de Milicias Antifascistas y organizó su propio ejército, excediendo el ámbito de sus competencias.

El 1 de octubre de 1936, las Cortes aprobaban el Estatuto de Autonomía de Euskadi y el nacionalista vasco José Antonio Aguirre fue investido "lehendakari" del gobierno vasco. Aguirre no incluyó a ningún representante del sindicato anarquista CNT. En el País Vasco no había habido revolución social ni apenas violencia anticlerical y las iglesias continuaron abiertas. Aguirre construyó un Estado "cuasi soberano" sobre el territorio vasco que todavía no había sido ocupado por los nacionales, un territorio que se reducía a Vizcaya. Creó una policía vasca, la Ertzaina, un ejército propio y no aceptó el mando del general que envió el gobierno de Madrid para comandar el Ejército del Norte. Ejército vasco actuaba independientemente del Ejército Popular Republicano, bajo el mando del Gobierno Vasco. Sus tropas portaban la Ikurriña en lugar de la bandera republicana, excepto los batallones socialistas, comunistas y anarquistas. Desde la primavera de 1937 se integraron en el Ejército Popular. El Consejo de Aragón estaba dominado por los anarquistas y el gobierno de Largo Caballero no tuvo más remedio que legalizarlo.

Para los anarquistas de la CNT la lucha contra los sublevados nacionales era al mismo tiempo la lucha por la revolución social, mientras que para el gobierno republicano, la victoria contra las fuerzas del general Franco tenía como objetivo la defensa de la República. Para los comunistas, la lucha significaba la victoria sobre el fascismo.

En la primavera de 1937 estaba claro que, tras el retraso de la toma de Madrid por el general Franco y la victoria republicana en Guadalajara, la campaña hasta la victoria final iba a ser larga. Ante la perspectiva de una larga contienda contra los sublevados, estalla la crisis entre las fuerzas políticas que apoyaban a la República. El sindicato anarquista CNT defendía que la lucha por revolución social era compatible con la lucha contra las fuerzas nacionales sublevadas. Los comunistas del Partido Comunista de España (PCE) y del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), federado originalmente con el PCE, entendían que la mejor forma de frenar la sublevación militar era restablecer el Estado republicano para así aglutinar a todas las fuerzas de la izquierda, incluidos los partidos de la pequeña y mediana burguesía, por lo que la revolución social debía esperar y se debía dar prioridad a la guerra contra los “fascistas”. Aunque, según Santos Juliá, la prioridad de la guerra ya estaba decidida el 4 de septiembre con la formación del gobierno de Largo Caballero, al que dos meses después se sumaron los cuatro ministros anarquistas. «La divisora no corría entre guerra y revolución sino entre partidos y sindicatos».

El lunes 3 de marzo de 1937 un destacamento de la Guardia de Asalto y por orden de la Generalitat intentó recuperar en Barcelona un edificio de la compañía Telefónica en poder del sindicato anarquista CNT desde julio de 1936. Grupos anarquistas y el POUM respondieron con las armas frente al bando formado por la Generalitat, los comunistas y los socialistas unificados de Cataluña. El 7 de mayo de 1937 la situación pudo ser controlada por las fuerzas de orden público enviadas por el gobierno de Largo Caballero desde Valencia. El gobierno republicano retiró a la Generalidad las competencias sobre orden público.

El 13 de mayo de 1937 el Partido Comunista de España (PCE), que hacía responsable a Largo Caballero de las continuas derrotas republicanas, exigió al presidente del Gobierno que dejara el ministerio de la Guerra y disolviera el POUM. En este ataque, el PCE fue apoyado por la fracción socialista moderada liderada por Indalecio Prieto, que controlaba la dirección del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Los socialistas, lo mismo que los comunistas, querían eliminar del gobierno a las organizaciones sindicales, la socialista UGT y la anarquista CNT, y reconstruir el Frente Popular.

Largo Caballero se negó a aceptar las condiciones de los comunistas. Al no encontrar los apoyos suficientes para su gobierno, Largo Caballero dimitió el 17 de mayo de 1937. El presidente de la República, Manuel Azaña, que no estaba tampoco de acuerdo con que las dos centrales sindicales estuvieran presentes en el gobierno de la República, nombró como sustituto de Largo Caballero como presidente del Gobierno a un socialista de la fracción moderada liderada por Indalecio Prieto. Fue así como Juan Negrín asumió la presidencia del Gobierno. Al día siguiente Solidaridad Obrera, órgano del sindicato anarquista CNT, declaraba: «Se ha constituido un gobierno contrarrevolucionario».

EL GOBIERNO DE JUAN NEGRÍN (MAYO 1937-MARZO 1939)

Juan Negrín López (1892-1956) era médico fisiólogo, hijo de un próspero hombre de negocios. Su familia era muy conservadora y de creencias católicas muy sinceras. Su hermano fue sacerdote claretiano y su hermana hizo los votos seglares. Su madre terminaría instalándose en Lourdes después de la guerra.

Juan Negrín comenzó su carrera política tras labrarse una carrera de investigador como médico y profesor de fisiología y dirigir una clínica privada en Madrid. En 1906 su padre le envió a estudiar medicina a Alemania. Primero en la Universidad de Kiel (1907) y luego en la de Leipzig (1908), vinculándose a su ya célebre Instituto de Fisiología. El 21 de agosto de 1912, a los veinte años, obtuvo el grado de Doctor. En los dos años siguientes publicó varios trabajos de investigación sobre Fisiología en revistas alemanas. Fue asistente numerario en la universidad y asumió nuevas responsabilidades docentes. No aceptó el puesto de Privatdozent (profesor habilitado que aún no tiene la categoría de funcionario) y prefirió regresar a España. En Alemania cursó también la carrera de Químicas casi entera. Aprendió inglés, alemán y francés, y dominaba el italiano y el ruso y llegó a conocer diez lenguas.

Por los problemas derivados de la guerra europea, regresa a España en octubre de 1915, y con fecha 22 de febrero de 1916, desde Las Palmas de Gran Canaria, solicita a la Junta para la Ampliación de Estudios una beca para continuar sus estudios en varios centros de investigación norteamericanos de Nueva York y Harvard, a la vista de lo cual es promovido por Santiago Ramón y Cajal para que dirigiera un nuevo Laboratorio de Fisiología General en Madrid. En 1922, tras la muerte del profesor José Gómez Ocaña en 1919, opositó a cátedra de Fisiología de la Universidad Central de Madrid, que obtuvo por unanimidad.

Tras unos años muy fecundos de docencia e investigación científica de primera calidad, dejó su carrera para entrar en la política. Ingresó en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el año 1929 de la mano del socialista centrista Indalecio Prieto durante la dictadura de Primo de Rivera. Negrín no sentía gran interés por las teorías marxistas. Nunca mantuvo relaciones con los sindicatos y pertenecía al ala centrista del PSOE liderada por Indalecio Prieto. Profesaba un socialismo moderado y estaba convencido de la necesidad de implantar una educación laica en España para hacer progresar al país.

Tras la Revolución de 1934, fue investigado por su presunta participación en la misma, pero la causa fue sobreseída. De tal modo siguió ejerciendo como vicepresidente del grupo parlamentario socialista, con funciones de presidente, debido al encarcelamiento de Largo Caballero por su participación en el fallido intento golpista.

En la primavera de 1937, el gobierno de Largo Caballero se tambaleaba, ante el descontento de comunistas, socialistas de la fracción de Indalecio Prieto y republicanos de izquierda, debido a la falta de integración del gobierno y la mala gestión del esfuerzo bélico y la ineficacia de Largo Caballero. Sus opositores le acusaban de condescendencia hacia las fuerzas de la izquierda republicana (anarquistas y trotskistas del POUM).

Juan Negrín fue nombrado por el presidente de la República nuevo presidente de Gobierno en sustitución de Largo Caballero. Según Santos Juliá, Manuel Azaña pretendía «un gobierno capaz de defenderse en el interior y de no perder la guerra en el exterior. Con Prieto a cargo de un Ministerio de Defensa unificado, sería posible defenderse; con Negrín en la presidencia, se podían abrigar esperanzas de no perder la guerra en el exterior.»

El nuevo gobierno que formó el socialista Juan Negrín en mayo de 1937 respondió al modelo de las coaliciones de Frente Popular: tres ministros socialistas ocupando las posiciones fundamentales, dos republicanos de izquierda, dos comunistas, uno del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y otro de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

La política del nuevo gobierno tuvo cinco ejes fundamentales, algunos ya iniciados por Largo Caballero: la culminación de la formación del Ejército Popular y el desarrollo de la industria de la guerra; la continuación de la recuperación por el gobierno central de todos los poderes; mantenimiento del orden público y la seguridad jurídica (se redujeron las ejecuciones "extrajudiciales" y las actividades de las "checas", pero el gobierno dejó hacer a los comunistas y a los agentes soviéticos del NKVD); se dieron garantías a la pequeña y mediana propiedad; se intentó cambiar la política de "no-intervención" de Gran Bretaña y Francia por la de mediación en el conflicto, para que presionaran a Alemania e Italia y cesaran en su apoyo a los sublevados, con el objetivo final de alcanzar una "paz negociada", pero no se consiguió nada. El gran derrotado de esta línea política fue el sindicalismo, tanto el de la UGT y como el de la CNT. Por el contrario, los que resultaron más reforzados fueron los comunistas, de ahí la acusación lanzada contra Negrín de ser un "criptocomunista".

Prieto se percató de que la política comunista consistía en apoderarse del aparato estatal y se enfrentó a ellos. Negrín lo haría medio año después, pero hay que tener en cuenta que a Negrín no le quedaba más remedio que contar con el Partido Comunista de España (PCE). No existía otra manera eficaz de organizar la guerra distinta a la practicada por el PCE, pero esa misma política había destruido el espíritu republicano y creado una dictadura. El PCE y sus asesores soviéticos eliminaron a los oficiales desafectos, instalaron el control político con un cuerpo de comisarios y montaron grandes campañas de propaganda.

Las derrotas de la República en la batalla de Teruel y en la ofensiva de Aragón provocaron la crisis de marzo de 1938. Azaña y Prieto consideraron que lo que el ejército republicano nunca podría ganar la guerra y que había que negociar una rendición con apoyo franco-británico. Frente a ellos Negrín y los comunistas eran firmes partidarios de continuar resistiendo.

Negrín recompuso el gobierno el 6 de abril y asumió personalmente el Ministerio de Defensa e incorporó al gabinete a los dos sindicatos, UGT y CNT. Las posiciones del nuevo gobierno con vistas a unas posibles negociaciones de paz quedaron fijadas en su "Declaración de los 13 puntos": asegurar la independencia de España y establecer una República democrática; respeto a la propiedad legítimamente adquirida; necesidad de una reforma agraria y de una legislación social avanzada; amplia amnistía para todos los españoles que quieran cooperar a la inmensa labor de reconstrucción y engrandecimiento de España. Estos puntos concretaban los objetivos por los cuales se continuaba la guerra civil y sobre los cuales pretendía establecerse un principio de acuerdo con los llamados "nacionales", oferta que fue rechazada por Franco, que exigió hasta el final una rendición incondicional. Frustrado el intento de lograr la paz, Negrín reforzó sus poderes e impulsó una nueva y gran ofensiva, que fue un desastre para los republicanos.

Trasladó el Gobierno a Barcelona (octubre de 1937), y en abril de 1938 reorganizó su gobierno, con el apoyo de las organizaciones sindicales CNT (anarquista) y UGT (socialista). Pretendió fortalecer el poder central frente a sindicatos y anarquistas, buscando una alianza con la burguesía y clases medias, tratando de poner coto al movimiento revolucionario y creando una economía de guerra. Llevó a cabo una política de fortalecimiento del ejército y del poder gubernamental, puso la industria bajo control estatal e intentó organizar la retaguardia.

La idea de Negrín era resistir para negociar un armisticio que evitara el "reinado de terror y de venganzas sangrientas" que Negrín sabía que Franco iba a imponer, como efectivamente acabó sucediendo. Además Negrín, el jefe del Estado Mayor y los comunistas creían posible que el ejército republicano aún era capaz de una última ofensiva, que se inició el 24 de julio de 1938, dando comienzo así a la batalla del Ebro, la más larga y decisiva de la guerra civil, que terminó con una nueva derrota del ejército republicano.

El 29 de septiembre de 1938 se firmaba el acuerdo de Múnich entre Gran Bretaña y Francia, por un lado, y Alemania e Italia, por otro, que cerraba toda posibilidad de intervención de las potencias democráticas a favor de la República. De la misma forma que ese acuerdo supuso la entrega de Checoslovaquia a Hitler, también supuso abandonar a la República Española a los aliados de nazis y fascistas. De nada sirvió que Negrín anunciara, una semana antes de que se firmara el acuerdo de Múnich, la retirada unilateral de las Brigadas Internacionales, los combatientes extranjeros que luchaban en la España republicana. El 15 de noviembre de 1938, el día de antes del fin de la batalla del Ebro, las Brigadas Internacionales abandonaban España.

La última operación militar de la guerra fue la campaña de Cataluña, que acabó en un nuevo desastre para la República. El 26 de enero de 1939 las tropas de Franco entraban en Barcelona prácticamente sin lucha. El día 1 de febrero de 1939, Negrín redujo los 13 puntos a las tres garantías que su gobierno presentaba a las potencias democráticas como condiciones de paz: independencia de España, que el pueblo español señalara cuál habría de ser su régimen y su destino y que cesara toda persecución y represalia en nombre de una labor patriótica de reconciliación. Ofreció a los embajadores francés y británico el cese inmediato de las hostilidades si su gobierno obtenía garantías de que no habría represalias, cosa que los embajadores le denegaron.

El día 6 de febrero, las principales autoridades republicanas, encabezadas por el Presidente Azaña, cruzaban la frontera seguidos de un inmenso éxodo de civiles y militares republicanos que marchaban al exilio. El día 9 de febrero hacía lo mismo el presidente del gobierno, Juan Negrín, pero en Toulouse cogió un avión para regresar a Alicante el día 10 de febrero acompañado de algunos ministros con la intención de reactivar la guerra en la zona centro-sur. El único apoyo con el que contaba ya Negrín, además de una parte de su propio partido (el PSOE quedó dividido entre "negrinistas" y "antinegrinistas") eran los comunistas.

En los últimos días de la guerra, formó un inmenso tesoro con bienes incautados para el sostenimiento de los exiliados republicanos que se transportó a México en un yate. A la llegada del yate a Veracruz, Indalecio Prieto se apoderó del barco, iniciando una larga y amarga disputa con Negrín. Negrín afirmó siempre que su intención era utilizar ese dinero para financiar el flete de barcos para el traslado de exiliados republicanos a México. Para ello, organizó el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE). Sin embargo, Indalecio Prieto entendía que era más apropiado destinar ese dinero a la ayuda directa de los refugiados, creando la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE).

Negrín fue un político muy controvertido:  demonizado por unos y ensalzado por otros. Ha sido considerado tanto un fiel servidor de la permanente conspiración comunista a sueldo de Moscú, como el político más leal a la causa republicana por la fe en el triunfo final. El bando franquista lo consideraba un «rojo traidor», en tanto que dentro del campo republicano, una parte de sus correligionarios le echaban en cara la prolongación "inútil" de la guerra y que hubiese "servido" a los planes de la Unión Soviética.

También ha sido definido como clarividente que supo predecir la inexorabilidad de la segunda guerra mundial, con lo que su política "resistir es vencer" hubiera llevado a la victoria republicana si la guerra civil española hubiera durado unos meses más. Terminada la guerra, Juan Negrín era uno de los personajes más odiados. El Partido Socialista Obrero Español, que controlaba Indalecio Prieto, lo expulsó del partido en 1946 bajo la acusación de subordinación al Partido Comunista de España (PCE) y a la Unión Soviética.

La figura de Juan Negrín ha sido reivindicada en los últimos tiempos por algunos historiadores que le consideran uno de los mayores y más preparados estadistas en la España del siglo XX. Muchos autores, afines o no a los socialistas, vieron en Negrín un político entregado e idealista, cuya actuación fue impecable, pero que llegó a la jefatura de gobierno demasiado tarde para cambiar el curso de la guerra. Otros autores tanto anarquistas como de extrema derecha han seguido manteniendo las viejas acusaciones vertidas contra el presidente Juan Negrín.

Para el historiador Ángel Viñas, Juan Negrín fue, con diferencia, el mejor durante la Guerra Civil, pues Azaña fue bastante ineficaz durante la contienda y además como presidente de la República no tenía capacidad ejecutiva. Si el gobierno de Negrín hubiera ganado la Guerra Civil habría sido «el De Gaulle o el Churchill español», «pues Azaña fue bastante ineficaz durante la contienda y además como presidente de la República no tenía capacidad ejecutiva. Azaña fue un buen analista, intelectual y escritor, pero no era un hombre de acción y durante la guerra se hundió como otros, como Prieto, pues la guerra es un matahombres, tanto física como psíquicamente, y Negrín aguantó bastante bien la guerra».

El mito del «Negrín marioneta de los comunistas» fue, según Viñas, una construcción de Indalecio Prieto, «un personaje muy inteligente, que como ministro de Defensa había pedido armas a la URSS». Según el historiador Ángel Viñas «Es falso que la República fuera a evolucionar hacia una dictadura comunista, pues estuvo orientada exclusivamente hacia las democracias occidentales y además Stalin no tenía interés en montar una república parasoviética por no tener el apoyo popular ni del Partido Comunista».

En 2008 Juan Negrín fue rehabilitado. El Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), su partido en España, le readmitió a título póstumo a la militancia junto con otros 35 miembros del partido, expulsados en 1946.

Según Angel Viñas (“Negrín y 35 viejos militantes socialistas”, en El País – 08.07.2008), después de las últimas investigaciones las acusaciones que con mayor frecuencia se han dirigido contra Negrín no se sostienen:

	Negrín no envió por las buenas el oro del Banco de España a Moscú.
	No intrigó ante las autoridades soviéticas para que Manuel Azaña cesara a Francisco Largo Caballero.
	Trató de evitar el rapto y asesinato de Andrés Nin.
	Cesó a Indalecio Prieto por iniciativa propia sin considerar las presiones soviéticas.
	Los dirigentes del PCE dejaron en manos de Negrín la solución de la crisis gubernamental de abril de 1938 y se olvidaron de la campaña previa contra Prieto.
	Pese al cese de Prieto sus relaciones con Negrín nunca se rompieron.
	Sus afanes por prolongar la guerra no tenían nada que ver con los intereses de la Unión Soviética.
	No fue el hombre de Moscú en España.
	No prolongó la guerra inútilmente.
	Nunca ninguneó al Gobierno republicano en el exilio al declarar su voluntad de entregar al Gobierno de Franco la documentación que guardaba relacionada con el "oro de Moscú".

EL GOLPE DE ESTADO DE CASADO Y EL DESPLOME DE LA REPÚBLICA (MARZO DE 1939)

En el territorio aún en poder de la República se desató una última batalla entre los que creían que era inútil seguir combatiendo y los que todavía pensaban que si resistían podrían vencer, que las tensiones en Europa acabarían estallando y Gran Bretaña y Francia acudirían en ayuda de la República española, o que al menos impondrían a Franco una paz sin represalias. Pero el cansancio de la guerra, el hambre y la crisis de subsistencias que asolaba la zona republicana minaron la capacidad de resistencia de la población. El problema para Negrin era cómo terminar la guerra sin combatir de manera distinta a la de una entrega sin condiciones.

El día 24 de febrero Negrín abandonó Madrid tras celebrar un consejo de ministros e instaló su cuartel general en una finca en la localidad alicantina de Petrer. Tres días después, el 27 de febrero, Francia y Gran Bretaña reconocían al gobierno de Franco en Burgos como el gobierno legítimo de España, y el día 28 de febrero, ante este reconocimiento internacional, se hacía oficial la renuncia a la Presidencia de la República de Manuel Azaña y su sustitución provisional por el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio. Después de todos estos hechos la posición de Negrín era insostenible.

Mientas tanto se estaba fraguan una conspiración militar y política contra el gobierno Negrín dirigida por el jefe del Ejército del Centro, el coronel Segismundo Casado, que había entrado en contacto a través de la "quinta columna" con el Cuartel General del Generalísimo Franco para una rendición del ejército republicano "sin represalias" al modo del "abrazo de Vergara" de 1839 que puso fin a la primera guerra carlista (con la conservación de los empleos y cargos militares, incluida). Algo a lo que los emisarios del general Franco nunca se comprometieron. Casado consiguió el apoyo de varios jefes militares, entre los que destacaba el anarquista Cipriano Mera, jefe del IV Cuerpo de Ejército, y de algunos políticos importantes, como el socialista Julián Besteiro, que también había mantenido contacto con los "quintacolumnistas" de Madrid. Todos ellos criticaban la estrategia de resistencia de Negrín y su "dependencia" de la Unión Soviética y del Partido Comunista de España (PCE).

El 5 de marzo el coronel Casado movilizaba sus fuerzas y se apoderaba de los puntos neurálgicos de Madrid y a continuación anunciaba la formación de un Consejo Nacional de Defensa presidido por el general Miaja e integrado por dos republicanos, tres socialistas (entre ellos Julián Besteiro) y dos anarquistas. El Consejo emitió un manifiesto por radio dirigido a la "España antifascista" en el que se deponía al gobierno de Negrín, pero no hablaba para nada de las negociaciones de paz. Las unidades militares controladas por los comunistas opusieron resistencia en Madrid y sus alrededores pero fueron derrotados. El 6 de marzo Negrín y su gobierno abandonaron en avión España para evitar ser apresados por las tropas del coronel Casado y poco después hicieron lo mismo los principales dirigentes comunistas.

Consumado el golpe de Casado, el general Franco se negó a aceptar un nuevo "abrazo de Vergara" y no concedió a Casado "ninguna de las garantías imploradas casi de rodillas por sus emisarios, y contestó a británicos y franceses, deseosos de actuar como intermediarios en la rendición de la República para así contener la influencia alemana e italiana sobre el nuevo régimen, que no los necesitaba, que el espíritu de generosidad de los vencedores constituía la mejor garantía para los vencidos.

Franco sólo aceptaba una "rendición sin condiciones". Las tropas "nacionales" hicieron su entrada en Madrid y rápidamente los sublevados ocuparon prácticamente sin lucha toda la zona centro-sur que había permanecido bajo la autoridad de la República durante toda la guerra.

El 1 de abril de 1939 la radio del bando rebelde ("Radio Nacional de España") difundía el último parte de la guerra civil española. Se daba por concluida la Guerra Civil con la extinción del régimen republicano, que formó un gobierno en el exilio. Muchos republicanos huyeron a Francia. México acogió a la Segunda República en el exilio, que mantuvo un gobierno en el exilio hasta la muerte de Franco en noviembre de 1975. En Junio de 1977, se realizaron en España elecciones democráticas, tras las cuales el gobierno de la Segunda República en el exilio se disolvió.

Manuel Azaña el republicano liberal

«No descubro nada nuevo si recuerdo al lector la equivalencia que primó durante todo el primer bienio de nuestra Segunda República (1931-1933). Consistía en esta indudable afirmación: "La República es Azaña y Azaña es la República". Y es que hay que recordar estas palabras ante el hecho, actualmente repetido setenta y cinco años después, de considerar a dicho régimen como un bloque monolítico en el que buenos y malos se confunden y en el que, por ende, se difuminan y olvidan, no inocentemente, las zonas de luz y las zonas de sombra que durante la difícil vivencia del mismo se dieron.

La Segunda República adviene a España envuelta ya en el inevitable enfrentamiento entre obrerismo y burguesía. Y si ésta había sido el agente motor de los cambios durante los dos siglos anteriores, otra dicotomía estaba llamada ya al enfrentamiento en el primer tercio del siglo XX: la España de la "chaqueta y corbata" frente a la España del "mono y la alpargata". O el conocido grito de "arriba los de la cuchara y abajo los del tenedor". Con este trauma en su seno, nace la II República.

Manuel Azaña se define a sí mismo como un burgués liberal, avanzado. Pero contento con serlo. Lleva chaqueta y corbata, como gran número de los intelectuales, abogados y profesionales liberales que tanto empeño pusieron en traer la República. Había que acabar con la marioneta caciquil de la Restauración, el permanente "borboneo" de Alfonso XIII y la gran farsa denunciada por las plumas y discursos de quienes pregonaban la regeneración de la vida española. Con Ortega, Unamuno, Costa, Marañón o Lucas Mallada a la cabeza. Había una España de charanga y pandereta y había que implicarse en el logro de una República que, equiparada a democracia desde el comienzo, llamaba al esfuerzo y llenaba de ilusión.

Azaña, formado en la cuna intelectual del Ateneo, no falta a la cita. Como otros ilustres burgueses de chaqueta, como Alcalá Zamora o Maura, desilusionados con la Monarquía a la que habían servido. Y durante el primer bienio se acomete la gran obra reformadora de los muchos problemas que la República hereda. No siempre con completo acierto, es verdad. Pero sí siempre moviéndose en los terrenos de un liberalismo avanzado. Nunca en los de la revolución. Ni la reforma agraria, ni la política educativa, ni las soluciones autonómicas tuvieron nada de "revolucionarias". Se hizo lo que se pudo. Y lo protagonizó fundamentalmente el sentido común, la oratoria y el incuestionable sentido de Estado que aportó Manuel Azaña. Supo crear como nadie "su República". Incluso los deslices absurdos en el tema religioso fueron obra de otros: "comecuras" del partido radical-socialista. Por todo ello, la República y Azaña pudieron identificarse.

Al llegar al Gobierno mediante elecciones el segundo bienio, Azaña ya es "el Monstruo" y su figura posiblemente la más odiada. Desde luego, su obra entra en el camino de la mal llamada "rectificación" que protagonizan Lerroux y Gil Robles. La revolución en Asturias es un primer aviso ahora tan manoseado. Y el desplazamiento de la Presidencia de la República de Alcalá Zamora se hace con no muy cuidado argumento jurídico. En 1936, nuevo bandazo. Ya hay claramente dos Frentes: el Popular y el Nacional. Siendo vencedor el primero, la ausencia de Azaña es un hecho evidente.

No es cierto que fuera desplazado a la cómoda y anodina posición de presidente de la República. Sencillamente, no quiso seguir asumiendo la dirección del Gobierno. Ante la insistencia, basada en el supuesto de que era la única persona capaz de unir aquel conglomerado de fuerzas, Azaña contesta tajantemente: o la Presidencia de la República "o dejo la política". Y así fue. Algo todavía lleno de incógnitas.

Y desde su constitucional soledad, comprueba que aquella ya no era "su República". Tampoco la de otros muchos que la habían traído. Y al estallar la guerra, Azaña pide a todos los españoles "paz, piedad y perdón". Insiste en que dejen "sus restos donde caiga: lo que hay que divulgar, si lo merecen son sus ideas". Y se queja de la actitud de no pocos ante la República. La que ya no era la suya. La que él forjó comienza a ser condenada, unos por exceso y otros por defecto. El enfrentamiento dialéctico con el que hemos comenzado toma cuerpo. Y la apelación al "Nuevo Estado" significa cosas muy diferentes en ambos bandos. Azaña, ya en el exilio, lo describe con observaciones magistrales. Y con no poca tristeza.» [Manuel Ramírez, catedrático de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza]

la Demonización del Frente Popular

«La demonización del Frente Popular que en su tiempo fabricaron las plumas del franquismo siguió esta línea argumental: la República resultó un museo de horrores y errores que culminó en la revolución de octubre de 1934, verdadero punto de partida de la Guerra Civil. En consecuencia, la victoria del Frente Popular fue fraudulenta y antidemocrática, poniendo España a los pies de la revolución. 

El auge de los fascismos, con Hitler en primer plano, explica tanto el sentimiento generalizado de inseguridad en la izquierda, como la convergencia de distintas dinámicas antifascistas en la formación de los frentes populares. En España es el peligro encarnado por la CEDA de Gil-Robles, juzgado con razón o sin ella como el Dollfuss español, lo que alienta entre republicanos y socialistas de centro, ya en 1935, la idea de una coalición electoral de izquierda, coincidiendo con la revisión que la amenaza hitleriana fuerza en la estrategia comunista a partir de 1934, para garantizar la defensa de la URSS: es la consigna de frentes populares proclamada en el VII Congreso de la Internacional Comunista (1935).

En España, desde un principio, cada uno dio su propio significado al frente popular: republicanos, socialistas de centro, caballeristas, PCE. De ahí la debilidad orgánica del Frente Popular y la aparición consiguiente de dos niveles de poder. [...] Ahora bien, el golpe militar del 17 de julio no es una respuesta a la violencia imperante, sino la expresión de una voluntad de suprimir la democracia republicana y aniquilar a la izquierda. Preparada en las conciencias de sus protagonistas con anterioridad, la conspiración se desarrolla tras la victoria del Frente Popular. El militarismo reaccionario no había esperado a la insurrección de Octubre: agosto de 1932.

Sobre el incremento de agitación social que siguió a la victoria del Frente Popular, se montó la idea de que éstos obraron para impedir una revolución social. Bien al contrario, fue el golpe militar el que desencadenó esa revolución social. En la primavera del 36 hubo situaciones de doble poder, conflictos, agitación, ocupación de tierras, pero ninguno de los posibles protagonistas de tal revolución estaba dispuesto a ello. Ni un PSOE desgarrado, ni la CNT, ni un PCE prorrepublicano.

En conclusión, el Frente Popular hizo posible la movilización de masas que constituyó el núcleo de la resistencia al pronunciamiento de los generales, a diferencia de Chile 1973, pero al mismo tiempo, su falta de cohesión anunció desde muy pronto las dificultades para articular un esfuerzo de guerra eficaz. La debilidad de las estructuras de base en el Frente Popular, reducido a una coalición en lo alto, impidió la formación de ese clima unitario para vencer a un enemigo, el cual contaba con la decisiva ayuda exterior y era, por su propia naturaleza militar, un bloque disciplinado.» [Marta Bizcarrondo, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, en El País, 16-02-2006]

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