LA Transición de la dictadura a la DEMOCRÁTICA

 

«El Rey recibió todos los poderes del caudillo y tuvo el acierto, y la honradez, de devolvérselos a la soberanía popular, pese a que no eran pocos quienes, en su entorno, le recomendaban que no lo hiciera.» [Juan Luis Cebrián]

«Con la Transición los españoles no olvidaron voluntariamente su historia, sino que, por recordarla, decidieron no repetirla.» [Santos Juliá]

Transición democrática (1975-1982) - Resumen
1973	Separación de los cargos de Jefe del Estado y Presidente del Gobierno. Sin abandonar la jefatura efectiva del Estado, Franco nombra presidente del Gobierno al almirante Luis Carrero Blanco. Carrero Blanco muere víctima de un atentado de la banda terrorista vasca ETA en diciembre de 1973.
1974	Programa del nuevo presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro: Exclusión del comunismo. Afirmación de la unidad nacional. Reconocimiento de la forma monárquica del Estado español.
1975	Últimas penas de muerte dictadas por Franco: Las últimas ejecuciones en España fueron las de dos miembros de ETA y tres del FRAP, fusilados el 27 de septiembre de 1975, en medio de fuertes protestas internacionales contra la dictadura franquista. El 20 de noviembre de 1975, muerte de Francisco Franco. El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I es proclamado rey de España por las Cortes, ante el escepticismo, cuando no la crítica generalizada, de la oposición al franquismo que veía en él a un mero continuador del régimen, sin que por ello fuera plenamente aceptado por los partidarios del mismo. Comienza la transición democrática en España. Arias Navarro preside el primer gobierno de la Monarquía: No rompe con las estructuras franquistas. Oposición reunida en la denominada Platajunta (fusión de Plataforma de Convergencia Democrática y de la Junta Democrática. Las movilizaciones populares y la actividad de la oposición provocan la dimisión de Arias Navarro.
1976	En junio de 1976: destitución de Arias Navarro como presidente del Gobierno. El 5 de julio de 1976, nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno: Negociaciones con las fuerzas de la oposición; promulgación de una amnistía parcial. El 15 de diciembre de 1976, referéndum para la Ley de la Reforma Política, que había sido aprobada previamente en las Cortes en un acto de “harakiri” de los diputados franquistas. Constitución del Congreso: 350 diputados y 207 senadores. Diciembre de 1976: abolición del Tribunal de Orden Público.
1977	Conflictitivad laboral y social. Terrorismo de ETA (independentismo vasco) y de los GRAPO (grupo antifascista). Febrero de 1977: legalización de los partidos políticos. Abril de 1977: legalización del Partido Comunista de España (PCE). Supresión del Movimiento Nacional franquista. Presión de los nacionalismos periféricos. Crisis económica derivada de la energética de 1973. Mayo de 1977: legalización de los sindicatos. 15 de junio de 1977: primeras elecciones democráticas desde 1936. Convocatoria de Cortes Constituyentes y Nueva Ley Electoral. Unión de Centro Democrático (UCD) gana por mayoría relativa. 4 de julio de 1977: Adolfo Suárez forma nuevo gobierno. Creación del Estado de las Autonomías. Septiembre de 1977: restauración de la Generalitat de Catalunya. Octubre de 1977: Pactos de la Moncloa para solucionar la dramática situación económica y social del país (acuerdos Gobierno, partidos políticos y sindicatos para solucionar la crisis socioeconómica). Elaboración de una Constitución que formalice la renovada situación democrática. Restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la URSS y México.
1978	31 de agosto de 1978, el Congreso aprueba el texto de la Constitución democrática. 6 de diciembre de 1978: Referéndum de la Constitución. Aprobada la primera Constitución redactada en España por consenso. La Constitución fue ratificada por los españoles, en un referéndum que rindió unos resultados excelentes: 87,9 por 100 de los españoles confiaron en una Norma constitucional que les abrió un futuro de convivencia nuevo y sólido. La aprobación se produjo en todos los territorios, incluido el País Vasco, donde la fuerza nacionalista no había hecho campaña de apoyo a la Constitución. Atentados de los GRAPO y de ETA.
1979	1 de marzo de 1979: nuevas elecciones legislativas. 3 de abril de 1979, elecciones municipales.
1979- 1981	Tercer gobierno de Adolfo Suárez tras ganar las elecciones legislativas de 1979. Aprobación en referéndum de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco. Elecciones autonómicas y descalabro del partido del Gobierno. 29 de enero de 1981: Dimite Adolfo Suárez.
1981- 1982	El 23 de febrero de 1981 (23-F), tiene lugar el intento de golpe de Estado durante la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como sucesor de Suárez en la jefatura del Gobierno. Mayo de 1982: Conversaciones para la adhesión de España a la OTAN y a la CEE. El 28 de octubre de 1982, tienen lugar las elecciones legislativas anticipadas en las que ganará el PSOE de Felipe González.

 La transición a la democracia (1975-1982)

El rey Juan Carlos I

La Transición comenzó con la proclamación de Juan Carlos I como jefe del Estado. No existe acuerdo para establecer su final: primeras elecciones democráticas de 1977, aprobación de la nueva Constitución democrática de 1978, la llegada de los socialistas al poder en 1982, momento del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea en 1986.

Cuando muere Franco el 20 de noviembre de 1975, los frentes políticos ya se habían perfilado. Estaba el “búnker”, grupo inmovilista y partidario de la continuación del régimen franquista, es un grupo resistente a cualquier cambio político; por otro lado, estaban los “aperturistas” que apostaban por hacer reformas que adaptaran el régimen a los nuevos tiempos y al perfil de las naciones europeas; luego estaba la oposición frontal al régimen que no veía posible una adaptación del régimen a los tiempos nuevos, por lo que defendía la ruptura democráticas, eran los “rupturistas” (todos los partidos de izquierda).

La labor de los gobiernos de la transición fue la de materializar sin violencias la promesa del rey Juan Carlos I de ser “rey de todos los españoles”. Se trataba de reconciliar idearios políticos y consensuar intereses partidarios. Entre la ruptura con el régimen anterior con la consiguiente revolución y el inmovilismo, la vía elegida fue la reforma, máxime al constatar la tupida red de intereses ligados al pasado régimen.

El 22 de julio de 1969 las Cortes había proclamado al príncipe de Asturias, Juan Carlos de Borbón, sucesor de Franco a título de rey de acuerdo con los postulados de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de julio de 1947. El 22 de noviembre de 1975, dos días después del fallecimiento de Franco, fue proclamado rey de España por las Cortes. La oposición al franquismo veía en el rey un mero continuador del régimen. Pero desde el inicio de su reinado, y ya incluso en su discurso del 22 de noviembre de 1975 ante las Cortes, el Rey Juan Carlos manifestó abiertamente su posición favorable a la instauración de la democracia en España como medio de superar la división entre los españoles creada por la Guerra Civil y sus consecuencias, declarando querer ser “rey de todos los españoles”.

En el discurso de proclamación el rey habló de “decidida voluntad colectiva”, “consenso de conciencia nacional”, de “las peculiaridades regionales, como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España”, de que “una sociedad libre y moderna requiere la participacion de todos en los foros de decisión”. El rey manifestó abiertamente su posición favorable a la instauración de la democracia en España como medio de superar la división entre los españoles creada por la Guerra Civil y sus consecuencias.

Primer Gobierno de la monarquía (diciembre 1975 – julio 1976)

En enero de 1974, Arias Navarro había sido nombrado presidente del último equipo ministerial del régimen franquista. Muerto Franco el 20 de noviembre de 1975, y proclamado rey por las Cortes 48 horas después Juan Carlos I, el soberano confirmó en su cargo a Arias Navarro, quien pasó a encabezar el primer gobierno de la transición democrática. Formaron parte de este primer Gobierno algunos políticos con talante reformador, como Manuel Fraga Iribarne, vicepresidente y ministro de Gobernación, que se mostró duro con la represión de la oposición (“la calle es mía”). Fraga se mostró favorable a una apertura del régimen, pero excluyendo a los comunistas. De Asuntos Exteriores se encargó José María Areilza, monárquico vinculado a la persona del pretendiente al trono español Juan de Borbón y Battenberg, conde de Barcelona. Antonio Garrigues Díaz-Cañabate fue ministro de Justicia. Areilza y Garrigues estaban vinculados a sectores liberales europeos y estadounidenses.

A principios de diciembre de 1975, semanas después de la proclamación de Juan Carlos como jefe del Estado, se agotaba el mandato de presidente de las Cortes. De la terna presentada al rey por el Consejo del Reino, Juan Carlos eligió a Torcuato Fernández-Miranda Hevia, político franquista, pero muy leal al rey del que había sido tutor y maestro den Derecho Político. Con el nuevo presidente de las Cortes, el rey se aseguraba un fiel aliado en las Cortes y en el Consejo del Reino, que sería decisivo a la hora de hacer cambios en el gobierno de la nación. Muchos esperaban que el rey eligiera a Fernández Miranda como presidente del Gobierno, pero Juan Carlos pensaba en otro joven político, Adolfo Suárez, y creía que su antiguo profesor le era de más utilidad como presidente de las Cortes.

El Gobierno emprende algunas reformas para dar cabida a los partidos políticos, excluyendo a los nacionalistas y comunistas. Había que modificar algunas leyes del Código Penal y elaborar nuevas leyes de Derecho de reunión y de Asociaciones Políticas. En la aprobación de estas leyes tuvo un papel destacado el Ministro del Movimiento, el joven político Adolfo Suárez, que fue elegido miembro del Consejo Nacional. Pero el Gobierno fracasó al querer reformar algunas Leyes Fundamentales necesarias para implementar las anteriores.

Ante el parálisis en la reforma, el rey mantuvo contactos con destacados dirigentes de la oposición democrática, lo que le llevó a enfrentarse con el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, de quien le separaban profundas divergencias políticas y personales. El rey solicita a Arias Navarro su dimisión, que este presentó. Para el nombramiento del sucesor de Arias Navarro en la presidencia del Gobierno, el rey logra que el fiel Fernández Miranda, presidente de las Cortes, incluya en la terna elaborada por el Consejo del Reino el nombre del candidato real: Adolfo Suárez, ministro del Movimiento Nacional y un desconocido para la mayoría de la gente. Con la sustitución de Arias Navarro por el joven Adolfo Suárez abre el verdadero proceso de transición a la democracia.

Gobiernos de Adolfo Suárez y UCD (1976-1982)

En julio de 1976, el rey Juan Carlos nombró a Adolfo Suárez presidente del Gobierno español en sustitución de Carlos Arias Navarro. Pragmático, ambicioso, audaz, valiente, hábil, dialogante y mucho mejor como táctico que como estratega, en menos de un año procedió con habilidad y astucia al desmontaje de lo que el dictador Francisco Franco creyó haber dejado “atado y bien atado”.

Antes de morir Franco, Juan Carlos y su extutor, Fernández Miranda, ya estudiaban la posibilidad de reformar el régimen desde la legalidad una vez asumiera el príncipe la jefatura del Estado. Entre el inmovilismo y el rupturismo, Torcuato Fernández Miranda, profesor de Derecho Político de Juan Carlos I y presidente en funciones del gobierno (1973-1974) tras el asesinato de Carrero Blanco y antes de ser nombrado Arias Navarro, era partidario de reformar las Leyes Fundamentales del Movimiento mediante sus propias disposiciones para llegar así a la democracia evitando vacíos legales. En palabras del propio Fernández Miranda, se trataba de ir "de la ley a la ley a través de la ley". La legislación franquista establecía que los Principios del Movimiento Nacional era inalterables por su propia naturaleza. Había que crear un nuevo orden constitucional democrático por medio de una ley surgida de un orden constitucional antidemocrático, que no había sido votado por el pueblo. El sistema autoritario de Franco carecía de un órgano democrático como es el Tribunal Constitucional al que se puede recurir para dirimir la constitucionalidad de una ley, lo que facilitó la entrada en vigor de la Ley para la Reforma Política (4 de enero de 1977).

La actividad de Fernández Miranda como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino resultó fundamental en la transición a la democracia al lograr que el Consejo del Reino introdujera en la terna elevada al rey la candidatura de Adolfo Suárez para presidente del gobierno en sustitución

La Ley para la Reforma Política tenía categoría de Ley Fundamental y establecía unas Cortes bicamerales formadas por un Congreso de los Diputados y un Senado (algo así como una cámara baja y una cámara alta). Los diputados serían elegidos por sufragio libre, universal y secreto.

El Art. 5.º de la Ley para la Reforma Política decía:

«El Rey podrá someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum, cuyos resultados impondrán a todos los órganos del Estado. Si el objeto de la consulta se refiriera a materia de competencia de las Cortes y éstas no tomaran la decisión correspondiente de acuerdo con el resultado del referéndum, quedarán disueltas, procediéndose a la convocatoria nuevas elecciones. [...] Disposición final: La presente Ley tendrá rango de Ley Fundamental.»

La intención de los promotores de esta ley era iniciar un tránsito a la democracia sin salirse formalmente de los cauces de la legalidad franquista. Los futuros gobiernos serán fruto de la «libre voluntad de la mayoría de los españoles».

En noviembre de 1976 las Cortes, todavía constituidas según la legislación franquista, se autodisolvían y aprobaban la Ley para la Reforma Política, que posibilitaría la derogación de la legislación franquista. El 15 de diciembre, la ley fue sometida a referéndum y obtuvo más del 94 % de los votos.

El 4 de enero de 1977, la Ley para la reforma Política era promulgada por el rey Juan Carlos.

Autodisueltas las viejas Cortes y encauzada por el monarca la nueva situación, comenzó su andadura la transición política, un largo y complejo periodo en el que se combinaron planificación y suerte, estrategia y casualidad. El objetivo era desde el respeto a la legalidad, romper la legitimidad anterior y sacar adelante el complicado reajuste político.

El Gobierno empieza a hacer cambios políticos: elimina el Tribunal de Orden Público franquista, concede su primera amnistía, legaliza la bandera Ikurriña vasca, autoriza la Diada catalana, aprueba la Ley de Asociaciones Políticas, autoriza el derecho a la huelga, la libertad de expresión y sincidal y desmantela todas las estructuras del Movimiento Nacional franquista.

En la Transición hubo que improvisar a partir de la nada los partidos de la derecha gobernante, y casi de la nada a los de izquierda, con la sola excepción del Partido Comunista que contaba con una cierta presencia en Madrid y Barcelona, pero también casi inexistente en la España rural y provinciana. Para garantizar la mayoría absoluta al partido gubernamental se recurrió a una ley electoral muy injusta con los partidos de ámbito nacional que quedasen en tercer y sucesivos lugares; de hecho se implantó un bipartidismo que en algunos aspectos recuerda al que operó en la Segunda Restauración.

Adolfo Suárez pensaba todavía en que el sistema electoral más adecuado era el mayoritario y se resistía a aceptar el sistema proporcional. En el debate de la Ley para la Reforma Política en las Cortes orgánicas, la derecha defendió el sistema mayoritario para la elección del Congreso, porque favorecería "la constitución de grandes fuerzas políticas, de lo contrario, cualquier rencilla se puede convertir en un partido". Por otro lado, el sistema proporcional causaría la unión de partidos de ideologías a veces contrapuestas. Pero la oposición consideraba como condición fundamental para entrar en la legalidad que el sistema electoral fuese proporcional. El pleno de las Cortes, a instancias del Gobierno, se pronunció a favor del sistema proporcional. En la Ley para la Reforma Politica de enero de 1977, se especifica: Legislativo bicameral, Parlamento de 350 diputados y 207 senadores, sistema de elección proporcional para los diputados con elementos correctores de la pluralidad, sistema mayoritario para el Senado, circunscripción: la provincia. El 23 de enero, el BOE publicó el Real Decreto-Ley 20/1977 de 18 de marzo sobre normas electorales, que reguló la celebración de las elecciones del 15 de junio siguiente: Mínimo de dos diputados por provincia, mínimo de 3 % de los votos válidos para participar en el reparto de escaños, fórmula D'Hondt para la asignación de escaños.

Puesto que los sondeos preelectorales concedían a la futura Unión de Centro Democrático un 36-37% de los votos, se buscó hacer una ley en la que la mayoría absoluta pudiese conseguirse con alrededor del 36-37%. Y con un mecanismo que en parte favorecía a las zonas rurales, donde en las proyecciones preelectorales UCD era predominante frente a las zonas industriales, en las que era mayor la incidencia del voto favorable al Partido Socialista. Las elecciones de 1979 y de 1982 se desarrollaron con ese real-decreto preconstitucional. La primera mayoría absoluta obtenida con esa norma electoral fue para el PSOE (1982), y fueron esas Cortes con 202 diputados socialistas las que elaboraron por fin la Ley Orgánica de Régimen Electoral General del 19 de junio de 1985, que prácticamente lo único que hizo fue elevar el decreto a ley orgánica.

Partitocracia: Se prima a los partidos más arraigados en las circunscripciones, se dificulta la entrada de terceros o cuartos partidos en provincias con menos de seis escaños, se concede a formaciones de ámbito regional un papel capital cuando uno de los dos grandes partidos no consigue la mayoría absoluta. Hoy en día, ningún partido grande propone en sus programas la reforma de la Loreg; sólo la piden los perjudicados por ella, como Izquierda Unida y UPyD. 

«Lo dijo muy claro José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno de la monarquía, cuando señaló que la comisión encargada de redactar las bases de la Ley Electoral “tenía un gran temor a que los trabajadores se desmandaran y dominaran la representatividad de las Cámaras. El sufragio igualitario les preocupaba y querían poner limitaciones a la igualdad numérica con trucos de toda especie; todo estaba preparado para que la derecha no perdiera poder”. El gran temor de las derechas era que la clase trabajadora, supuestamente liderada por el Partido Comunista, tuviera una elevada representación en el nuevo Parlamento. Tales sesgos no fueron corregidos en la ley de 1987, y ello como consecuencia de que el aparato del PSOE se beneficiaba del bipartidismo de la Ley Electoral, que le favoreció como aparato, permitiéndole más escaños aún cuando el bipartidismo resultante debilitara a todas las izquierdas, obstaculizando con ello el desarrollo de su propio programa electoral. Aquella ley “supuso el descalabro del Partido Comunista”, pues supuso un enorme obstáculo para que su fuerza electoral quedara plasmada en el Parlamento. El sistema electoral español es de los menos proporcionales existentes en los países democráticos y, como consecuencia, existe un desfase muy marcado entre el voto popular y la distribución de escaños en España.» [Vicenç Navarro: “¿Nos representan las Cortes?”, en público.es – 04.08.2011]

La legalización del Partido Comunista de España (PCE) el 9 abril de 1977 era lo que faltaba para dar credibilidad a la transición democrática.  Adolfo Suárez, convocó el 8 de septiembre de 1976 una reunión con los Consejos Superiores de los tres ejércitos. Un cónclave insólito y nunca más repetido. Suárez quería exponerles las líneas maestras de la reforma política que tenía en mente. No en vano, el Ejército, la Iglesia y la oligarquía habían sido los pilares en los que se había apoyado la dictadura de Franco a lo largo de tres decenios. Suárez habló durante tres horas sin hacer en ningún momento referencia al PCE, entonces fuera de la ley. Al terminar su exposición, mientras los asistentes tomaban un vino español, uno de los generales le preguntó por la espinosa cuestión de la legalización del partido comunista. El presidente comentó que el partido liderado por Santiago Carrillo no sería legalizado, aunque lo hizo sin aclarar que no lo sería mientras tuviera los estatutos que tenía ese momento. La ambigüedad logró su propósito. Los altos mandos salieron encantados. Hasta tal punto que Mateo Prada Canillas, capitán general de Burgos, proclamó a voz en grito: “¡Presidente, viva la madre que te parió!”.

El 27 de febrero de 1977 se produjo una reunión secreta entre el jefe de Gobierno y el secretario general del PCE, Santiago Carrillo. Al término de la misma, este aceptó la monarquía, la bandera bicolor y una declaración solemne a favor de la unidad nacional. Con eso, quedaban aparentemente solventados los escollos más escarpados ante el futuro reconocimiento legal del partido. Eso allanaba la vía para la normalización democrática.

El Sábado Santo, 9 de abril de 1977, Suárez legalizó el Partido Comunista de España (PCE). Media España estaba de vacaciones y la otra media en las tradicionales procesiones. Ese día se convirtió en el Sábado Santo rojo. Culminó así una de las operaciones más delicadas de la Transición. Los comunistas dejaron de ser clandestinos y Adolfo Suárez desató las iras de parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas. “El supuesto engaño de Suárez era algo que estaba muy instalado entre los militares y fue el pretexto de algunas cosas que sucedieron después. Durante muchos años se vendió esa historia del engaño para justificar posturas ultras de algunos militares”, dice el hoy general retirado Javier Calderón, ex jefe del Cesid (el servicio de espionaje anterior al actual CNI).

Se sigue creyendo hoy que la elección de esa fecha peculiar fue una jugada maestra del presidente Suárez con la intención de sorprender a los militares franquistas más recalcitrantes. “A mí eso me hace gracia. No fue una cosa milimétricamente calculada. Sucedió así por pura casualidad. Fue una coincidencia”, afirma el entonces ministro de la Gobernación. La decisión de legalizar a los comunistas fue un proceso cuidadosamente cocinado durante meses.

Los sectores inmovilistas del búnker fueron aceptando ciertas reformas, pero la legalización de los comunistas era para ellos el límite de las reformas. El PCE había sido durante el franquismo prácticamente la única oposición al régimen, de modo que no podía haber reconciliación entre las “dos Españas” sin el PCE. Santiago Carrillo, secretario general del PCE en el exilio, entró clandestinamente en España, dio una rueda de prensa, fue detenido y luego puesto en libertad. Tras una entrevista secreta entre Suárez y Carrillo, el PCE acepta la bandera española y deja la republicana, acepta la monarquía como forma de Estado; según Carrillo, el debate no es monarquía o república, sino dictadura o democracia. El PCE se había ido desprendiendo de la ortodoxia soviética y se había mostrado más afín a las tendencias aperturistas de la izquierda occidental; este proceso culminó en 1973, con la adhesión del partido al denominado eurocomunismo, que significaba la aproximación al socialismo democrático. La aceptación de la monarquía y las normas del juego democrático por parte del PCE, así como la renuncia del PSOE a sus tesis republicanas, facilitaron el advenimiento de la democracia tras la elaboración de la Constitución de 1978.

Los atentaDos que hicieron temblar la Transición

El 11 de diciembre 1976, un comando de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) hizo “prisionero” a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. El secuestro produjo una reacción sorda, pero dura, del mundo político, lo cual puso otra vez más al jefe del Ejecutivo contra las cuerdas. España vivía al borde del infarto, reinaba un ambiente de crispación.

El 23 de enero de 1977, mientras Oriol seguía en poder de los GRAPO, un pistolero ultraderechista asesinó a sangre fría al estudiante Arturo Ruiz, de 19 años, cuando participaba en una manifestación proamnistía en la céntrica Gran Vía madrileña.

El teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, era secuestrado. Los GRAPO, que mantenían en su poder a Oriol, se hacían con un segundo rehén. Este secuestro tensó mucho la cuerda.

La noche del 24 de enero de 1977 – Matanza de la calle Atocha: Un comando ultraderechista irrumpió en un despacho de abogados en derecho laboral de Comisiones Obreras (CC OO) y militantes del Partido Comunista de España (PCE), situado en el número 55 de la calle de Atocha y abrió fuego a discreción contra los allí presentes, matando a cinco personas y dejando cuatro heridos.

Fue una semana absolutamente negra. “Que la policía quería localizar a Oriol y Villaescusa estaba fuera de toda duda, pero que quisiera detener a los asesinos de los abogados laboralistas no estaba tan claro”, admite el entonces ministro de Gobernación, Martín Villa. “La captura de los asesinos de Atocha hizo que los grupos ultraderechistas se vinieran abajo”, sostiene Martín Villa. Pese a todos esos seísmos, la democracia triunfó. La moderación tanto del Gobierno como de la oposición lograron evitar que estos acontecimientos abortaran el proceso de transición democrática.

El 9 abril de 1977, en plena pausa de la Semana Santa, Suárez legaliza el Partido Comunista de España (PCE), enfrentándose a la resistencia de muchos grupos políticos. Aparecen los primeros síntomas de malestar en el ejército con motivo de la legalización del PCE. El Sábado Santo, dimitió el almirante Pita da Veiga, ministro de Marina, pero no obtiene apoyos por los demás grupos militares. El Consejo Superior del Ejército emitió una nota en la que manifestaba su disconformidad con dicha legalización, aunque la acatase.

elecciones legislativas democráticas (15 de junio de 1977)

El 15 de junio de 1977, se celebran las primeras elecciones generales legislativas con garantías democráticas, cuarenta y un años después de las últimas elecciones generales en España celebradas durante la Segunda República. La victoria fue para el partido de Adolfo Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD), que logró el 34,6 % de los votos, y 166 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados). Participación: 78,83% - Abstención: 21,17% - Votos nulos: 265.797 - Votos válidos: 18.324.333 (de ellos, en blanco 46.248, 0,25%).

A estas elecciones concurrieron también el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que logró 118 diputados, el Partido Comunista de España (PCE) consiguió 19 diputados; el partido de derechas Alianza Popular, de Fraga y los franquistas reformistas, 18; el PSP de Tierno Galván, 6. De las fuerzas nacionalistas, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) logra 8 diputados; el Pacte Democratic de Catalunya, que después sería CiU, 11 diputados; Euskadiko Ezkerra, 1; Esquerra Republicana de Catalunya, 1. El PSOE pasaba a convertirse en el primer partido de la oposición con la ayuda del Partido Socialista Alemán (SPD) de Willy Brandt.

De estas elecciones salió el Parlamento Constituyente. A la derecha figura Alianza Popular (AP), partido formado por antiguas figuras del franquismo encabezadas por el que fuera ministro de Información y Turismo en la dictadura de Franco, Manuel Fraga Iribarne y otro exministros del Franco que apenas obtuvieron el 8 % de los votos. La extrema derecha, representada por Fuerza Nueva, quedó englobada en “otros”. También a la derecha quedan los partidos nacionalistas de la periferia: el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que solo se presentaba en el País Vasco y Navarra, y la coalición formada por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), dirigida por Jordi Pujol, y Unión Democrática de Cataluña (UDC), que solo se presentaba en las provincias catalanas. El PNV y la UDE formaban parte de la Internacional Democrática Cristiana. Aunque obtuvieron un escaso número de votos, consiguieron un número considerable de escaños al concentrar sus votos en esas circunscripciones.

El centro estaba ocupado por el partido de Adolfo Suárez, Unión de Centro Democrático (UCD), que casi obtiene la mayoría absoluta en número de escaños, a pesar de obtener poco más del 34 % de los votos. La UCE aglutinaba un conglomerado de fuerzas algo heterogéneas: desde la socialdemocracia a la democracia cristiana.

A la izquierda, con un número de votos ligeramente inferior al de la Unión de Centro Democrático (UCD), quedó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Felipe González. El Partido Comunista de España (PCE), con más de millón y medio de votos, obtiene solamente 20 diputados. El Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván obtuvo solamente seis diputados.

Ninguna fuerza obtiene la mayoría absoluta y el parlamento queda formado por un pluralismo de partidos que obliga al que gobierne a hacer pactos. La UCD, como partido mayoritario, es la encargada de formar gobierno, pero se verá obligada a buscar el consenso con otras fuerzas en temas de Estado.

La divergencia entre los porcentajes de votos obtenidos y el número de diputados correspondiente se debió al sistema electoral empleado, que fue el sistema basado en la Ley D’Hondt que atribuye mayor representación a las mayorías, de manera que los partidos minoritarios necesitan más votos que los mayoritarios para obtener un diputado y los votos que no alcanzan a otorgar un escaño en una provincia se pierden. Es un sistema que favoreció y sigue favoreciendo el bipartidismo. Los partidos nacionalistas que tenían mayorías en sus respectivas nacionalidades históricas colaborarán a establecer pactos con el partido mayoritario para conseguir mayorías estables en el Parlamento central. En años posteriores, el panorama electoral cambiará al crearse un fuerte partido a la derecha en torno a Alianza Popular (AP), que se convertirá más tarde en Partido Popular (PP) y formará el principal partido de derechas, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al integrar a fuerzas socialistas como el Partido Socialista Popular (PSP) y a Eskadiko Ezquerra (EE), formará el partido mayoritario de izquierda.

la Economía

La crisis petrolífera mundial de 1973 fue terrible para España, que importaba el 66 % de la energía. Los últimos Gobiernos de Franco nada hicieron para solucionar el problema, confiados en una absurda entelequia, la pretendida “tradicional amistad entre España y los países árabes”. Para fraternidades estaba la OPEP: el barril de petróleo pasó en 12 meses de 1,63 a 14 dólares.

El paro alcanzó en 1977 el 5,7 %, y subió hasta el 7,6 al año siguiente. Se superó por primera vez en la historia el listón del millón de parados. La deuda exterior acumulaba 14.000 millones de dólares entre 1973 y 1977. Hoy, 2014, la deuda exterior es de 1,67 billones de euros, el 163 % del PIB. La inflación pasó del 20 % en 1976 al 44 % a mediados de 1977.

«No existía una Hacienda que de verdad recaudara impuestos. Los capitales se iban y nadie cumplía con unas obligaciones fiscales. Así que aquel primer Gobierno salido de las urnas no tuvo más remedio que encarar de frente la catástrofe económica. Suárez sitúa al profesor universitario Enrique Fuentes Quintana en la vicepresidencia económica. Suárez era más proclive a buscar un crédito a bajo interés como solución a la crisis, para poner en marcha la única salida para salvar al país del desastre: el consenso. Lo que implicaba poner de acuerdo a todos los partidos políticos. Pero había que vencer grandes obstáculos: el Ejército se negaba a los cambios y amenazaba con golpes de Estado, la Iglesia remolona con la modernización de la sociedad, una violencia terrible con centenares de muertos y algunos partidos todavía dominados por los sectores más extremistas. A pesar de todo ello, se logró el acuerdo, y los Pactos de la Moncloa se firmaron en el Palacio de la Moncloa en octubre de 1977. Poco después, Fraga se descuelga del acuerdo. Si los partidos de la oposición habían firmado aquellos pactos era porque se aprobaba, al tiempo, una serie de medidas para implantar las libertades que entonces aún faltaban —reforma económica, sí, pero también política—. El líder de AP todavía no aceptaba la democracia como tal.

Los Pactos de la Moncloa eran todo un plan económico de muy largo alcance: reforma fiscal, control de gasto público, política de urbanismo, suelo y vivienda, reforma de la seguridad social y del sistema financiero, política energética. Los sindicatos aceptaron medidas muy duras de congelación o reducción salarial. Fuentes Quintana trató de repartir las cargas, pero poco le duró el impulso regeneracionista a la derecha que había aceptado los Pactos, que enseguida vio que el cumplimiento real de aquellos Pactos ponía en peligro sus privilegios. Salta del Gobierno Fuentes Quintana apenas cuatro meses después, y el ala más derechista de UCD vuelve a hacerse con los mandos.

Contaba Fuentes Quintana en 2002, que gracias a los Pactos de la Moncloa la inflación española pasó del 40 % de mediados del año 77 hasta el 2 % en 1998, lo que permitió a este país formar parte del euro desde el primer día.» [José María Izquierdo: “Los Pactos de la Moncloa y la fugacidad de Fuentes Quintana”, en El País, 31.08.2014]

El 31 de octubre de 1978, las Cortes aprobaban definitivamente la nueva Constitución, con abstención del Partido Nacionalista Vasco (PNV). El 6 de diciembre de 1978, la ciudadanía española refrendó en un referéndum el texto constitucional, vigente aún en la actualidad. La Constitución de 1978 era una de las más liberales y avanzadas de Europa. El 6 de diciembre se convirtió en día de la Fiesta Nacional.

La Constitución de 1978

En un ambiente de riesgo continuo para la democracia provocado por el terrorismo y los atentados de ultraderecha, y la amenaza de un golpe de Estado, los partidos políticos se unen para elaborar una Constitución democrática para formar un nuevo Estado. Era la primera vez que en la historia de España la redacción de una Constitución no fue fruto de la imposición unilateral de un partido en el poder, sino resultado de un acuerdo y consenso entre las fuerzas políticas más importantes. El grupo encargado de redactar el texto constitucional estaba formado por tres diputados centristas, uno socialista, uno comunista, uno nacionalista y otro de derechas. Así los padres de la Constitución formaban una comisión cuyos colores políticos iban del franquismo de Fraga Iribarne y la izquierda comunista de Solé Tura. Gracias a la comprensión y al grado de generosidad aportado por todos los grupos políticos, el texto quedó listo en noviembre de 1977. El 31 de octubre de 1978, la Constitución fue votada por la mayoría de los diputados y senadores. El 6 de diciembre de 1978 se aprobó mediante referéndum, con casi el 88 % de votos a favor y solo un 8 % en contra. El 27 de diciembre de 1978, el rey Juan Carlos juraba la Constitución en una sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado. España será a partir de ese momento una monarquía parlamentaria con un sistema plenamente democrático.

La Constitución fue fruto del consenso entre las fuerzas políticas. Todos los paridos cedieron en algunos puntos fundamentales: la izquierda renunciaba al modelo republicano de Estado, la derecha admitía el pleno juego democrático y la existencia de las comunidades autónomas (CC AA), los nacionalistas catalanes aceptaban el término “nación española” a cambio de que se reconociera el de “nacionalidad” para Cataluña y las otras comunidades históricas. Pero el Partido Nacionalista Vasco (PNV) no aceptó la Constitución y propuso la abstención en el referéndum, pero, tras el triunfo de la consulta popular, acató la Constitución públicamente como hecho democrático. El voto negativo vino de la izquierda abertzale, grupo nacionalista vasco radical.

La Constitución de 1978 se divide en tres partes. La parte dogmática establece los principios básicos, los derechos fundamentales, los principios de política social y económica y las garantías de los derechos y mecanismos de su suspensión, la Corona y sus funciones, las Cortes Generales, el Gobierno y su relación con las Cortes. La parte orgánica desarrolla las funciones y los mecanismos de los poderes fundamentales (legislativo, ejecutivo y judicial), junto a las cuestiones fiscales, organización territorial del Estado y Tribunal Constitucional. La última parte se refiere a la reforma constitucional, es decir, los medios por los que se pueden introducir reformas en la Constitución.

La Constitución de 1978, aun cuando se fundamenta en y proclama desde su primer título la indisoluble unidad de la nación, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.

Capítulo III del título VIII – De las Comunidades Autónomas

Art. 143. 1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos. 2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por algunas de las Corporaciones locales interesadas. 3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años. Art. 144. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: a. Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. b. Autorizar o acordar en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. c. Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143. Art. 145. 1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.

El texto constitucional resulta largo, prolijo y, al mismo tiempo, insuficientemente preciso en algunos aspectos. En él es visible la influencia del constitucionalismo español anterior y también del europeo posterior a 1945.

La Constitución define España como “Estado social y democrático de derecho” constituido en régimen de “Monarquía parlamentaria”. A pesar de que la izquierda tenía una viva tradición republicana, los partidos izquierdistas reconocieron en la fórmula monárquica la mejor solución para el nuevo Estado tras una larga dictadura. La monarquía era un principio de legitimidad ampliamente aceptado y con arraigo popular. Pero tras una larga experiencia de regímenes constitucionales que habían dado al rey el derecho a intervenir activamente en la gestión política, la Constitución de 1978 limita drásticamente las facultades de la Corona y garantiza a las Cortes el ejercicio del poder sin intromisiones reales. La Constitución del 78 atribuye al Rey un papel inferior al que puedan tener los soberanos de otras monarquías europeas. El rey es símbolo de la unidad del Estado, moderador y garante de las instituciones democráticas, jefe de las Fuerzas Armadas. El papel del Ejército es velar por la “unidad de España” y el “orden constitucional”. Sólo hubo tres motivos fundamentales de discordia: la abolición de la pena de muerte, el aborto y las cuestiones educativas. La cuestión de la confesionalidad o no del Estado, que en tantas otras constituciones españolas había sido el caballo de batalla, tuvo esta ocasión una práctica unanimidad, ya que las fuerzas políticas consideraban como situación óptima un Estado aconfesional en el que se reconociera la realidad objetiva de la influencia de la Iglesia católica, con la que se establecen relaciones de cooperación. El Congreso de los Diputados es elegido por un sistema proporcional atenuado mientras que el Senado lo es por sistema mayoritario. El gobierno sólo puede ser derribado mediante un voto de censura constructivo. El modelo económico es “una economía social de mercado” en la que el papel principal recaería en la iniciativa privada, teniendo el Estado un papel regulador.

El título octavo, relativo a la organización territorial del Estado, es el más polémico. Abrió un amplio debate en torno a los términos “nacionalidad” y “nación”. La indefinición y confusión de este título es debida a la dificultad para lograr incorporar al texto constitucional reivindicaciones distintas, como eran las de Cataluña, el País Vasco y los regionalismos sin tradición nacionalista. Así el texto constitucional utiliza el término “nacionalidad” para establecer dos tipos de reivindicación de la propia identidad. Los sistemas de acceso a la autonomía son también variados, aunque con el transcurso del tiempo se ha ido produciendo una creciente homologación entre las autonomías: “café para todos”.

El sistema de libertades está protegido mediante tres procedimientos: el Tribunal Constitucional, la autonomía del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo. En definitiva, la Constitución, a pesar de su extensión y de sus imprecisiones, conserva sobre todas las anteriores la ventaja que le da el haber sido elaborada mediante ese procedimiento de consenso.

Desmontaje de las estructuras vigentes del franquismo

El Gobierno termina de desmontar las estructuras vigentes del franquismo y comienza la reforma de la estructura territorial con la restauración de la Generalitat de Catalunya y el nombramiento como presidente de Josep Tarradellas, hasta ahora presidente en el exilio. Poco después es establece el régimen preautonómico para el País Vasco y se abre la puerta para otras regiones que soliciten un estatuto de autonomía.

Aumentan los atentados terroristas de ETA (Euskadi Ta Askatasuna), orgnización terrorista independentista vasca (su nombre significa 'Euskadi y Libertad'), FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre), así como los de extrema derecha. La actitud del ejército, el malestar de los oficiales y el “ruido de sables” amenazaban interrumpir el proceso de consolidación de la naciente democracia.

La UCD no se consolidaba, dentro de la izquierda había aún muchas posiciones extremas y en la derecha abundaban los nostálgicos violentos.  Algunos jefes militares mostraron su descontento.

En noviembre de 1978 tuvo lugar la desarticulación de la Operación Galaxia, una intentona golpista por la cual su principal responsable, Antonio Tejero, fue condenado a siete meses de prisión. Esta operación, que más tarde se pretendería hacer pasar como una simple «charla de café», toma su nombre del lugar en el que los oficiales que tomaron parte en él se reunieron, la cafetería Galaxia, en la ciudad de Madrid el 11 de noviembre de 1978.

nacionalismos periféricos y estatutos de autonomía

La Constitución de 1978, en su artículo 2, establece la “indisoluble unidad de la Nación española”, pero, a continuación, “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. Este punto fue objeto de grandes debates en el seno de la comisión que redactó la Constitución. Reconoce aspectos como la lengua y los símbolos de las comunidades autónomas que se establezcan. Los principios que regirán la autonomía no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales de unas comunidades sobre otras.

En 1979, el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, acordó con el Consejo General Vasco y con la Generalitat de Cataluña los pasos a seguir para redactar y aprobar los Estatutos de Autonomía de ambas nacionalidades históricas, que fueron aprobados en referéndum en octubre de 1979. El Estatuto de Autonomía de la tercera comunidad histórica, Galicia, fue aprobado en referéndum a finales de 1980. El proceso autonómico generó fuertes tensiones en la escena política. La extrema derecha agitaba el fantasma de la fragmentación de España e instigaba al ejército a intervenir para frenar el proceso autonómico. Por otra parte, en las demás regiones crece el sentimiento de agravio ante los privilegios que se les concede a las tres comunidades históricas: País Vasco, Cataluña y Galicia. En 1979 se crea el Ministerio de Administración Territorial para gestionar el traspaso de competencias a las comunidades autónomas.

En marzo de 1979, aprobada la Constitución democrática, se convocan nuevas elecciones generales con un resultado similar al de las anteriores con ligeras variaciones, entre ellas el hundimiento del partido de derechas Alianza Popular (AP) y la irrupción de nuevos grupos nacionalistas: los radicales vascos Herri Batasuna (HB) con 3 diputados, el Partido Socialista Andaluz (PSA) con 5 diputados, la Unión del Pueblo Canario (UPN) con 1 diputado y la formación de extrema derecha Unión Nacional (UN) de Blas Piñar con 1 diputado.

En abril de 1979, se celebran elecciones municipales adelantadas para evitar el efecto de la previsible victoria de la izquierda. Pero el pacto PSOE y PCE consigue las alcaldías de la mayor parte de las grandes ciudades.  El PSOE abandonó oficialmente el marxismo y se acercó así al centro izquierda, desde posiciones políticas claramente socialdemócratas. El PSOE, tras las elecciones de 1979, pasó por un proceso de agitación interna grave, pero su resultado fue la consolidación personal de González como líder y la configuración del partido como una fuerza reformista y radical al mismo tiempo, que daba la sensación de ser la única capaz de pasar la página de una inacabable transición. A ello contribuyó de una manera muy acusada la crisis del PCE, enfrentado a tensiones de liderazgo semejantes en su gravedad a las de UCD, acompañadas, además, por la polémica ideológica acerca del eurocomunismo y diferencias generacionales entre sus dirigentes.

Se completa la legislación constitucional con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la del Consejo General del Poder Judicial. Se inician las negociaciones para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE).

El 18 de diciembre de 1979, se aprobaron sin problemas los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco (conocido como Estatuto de Guernica), a los que siguieron Cataluña (18 de diciembre de 1979), Andalucía (28 de febrero de 1980), Galicia (21 de diciembre de 1980), Asturias (diciembre de 1981), Canarias (10 de agosto de 1982), Valencia y La Rioja (1982), Castilla y León, Islas Baleares, Madrid y Extremadura (1983). Andalucía fue la única Comunidad Autónoma que convocó referéndum para aprobar el Estatuto.

El 28 de febrero de 1980, se celebra el Referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía. El Gobierno de Suárez apoya la abstención con la intención de permitir el proceso autonómico solo en las regiones consideradas “históricas” (País Vasco, Cataluña y Galicia), por haber conseguido estatuto de autonomía política durante la Segunda República Española. A la abstención también se sumó Alianza Popular. El claro apoyo de la población al referéndum supuso una clara derrota para el Gobierno de UCD. El intento del Gobierno de Suárez de encauzar la organización territorial del Estado fue desafortunado. En febrero de 1980, al plantear el acceso de Andalucía a la autonomía con un techo de competencias inferior al de las regiones de régimen autonómico con antecedentes históricos (Cataluña, País Vasco y Galicia), Andalucía lo sintió como un agravio. El referéndum que se planteó concluyó con un desastre para el Gobierno, que debió cambiar su política autonómica pero que no pudo evitar que, desde ese momento, el PSOE adquiriera una clara superioridad en esta región.

Génesis del actual esquema territorial de España, según Alfonso Guerra:

«Cuando se recupera la democracia en 1977, la posición del PSOE fue clara: recuperemos la legalidad de aquellos Estatutos [catalán y vasco, que estuvieron vigentes desde 1932 y 1936, respectivamente]. Eso no fue posible porque el Gobierno de entonces, no exento de razón, argumentó que la recuperación de la legalidad republicana no sería aceptada por el Ejército. No se pudo hacer, y entonces llegó la fórmula del café para todos, aceptada por todo el mundo, incluyendo el nacionalismo vasco y catalán. Ellos siempre argumentaron que no se opondrían a que los demás tuvieran todo lo que quisieran.»

El 14 de marzo de 1980 se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, que crea un gran malestar en algunos sectores derechistas de la Unión de Centro Democrático (UCD) que estaba en el Gobierno.

En marzo de 1980, se celebran las primeras elecciones autonómicas en Cataluña (23 de marzo) y el País Vasco (20 de marzo), que concluyen con el triunfo de Carlos Garaikoetxea del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el País Vasco y de Jordi Pujol de Convergència i Unió (CiU) en Cataluña. UCE pierde y no llega ni a ser el primer partido de la oposición.

En mayo de 1980, los socialistas (PSOE), principal partido de la oposición, presentaron una moción de censura contra el presidente Adolfo Suárez, moción que no prosperó. El candidato a reemplazar a Suárez era Felipe González. Resultado: 166 votos en contra y 152 a favor.

El año 1980 fue un año desastroso para el Gobierno. 1989 y 1980 son los años del más exacerbado terrorismo: 118 y 124 víctimas).

La UCD se estaba disolviendo y, aunque en septiembre Suárez superó la moción de censura promovida por el PSOE en el Parlamento, salta la crisis del partido en el Gobierno. UCD aglutinaba sectores muy heterogéneos e incompatibles en aquel momento histórico. Muchos de sus miembros se pasaron más tarde al PSOE y otros a AP. La economía estaba en crisis con una inflación que superaba el 20% y un paro que había aumentado el 500% desde 1975. Después de una etapa de consenso para redactar la Constitución de 1978, había que llevarla a la práctica mediante leyes modernizadoras, a lo que los sectores más conservadores se opusieron.

«El espíritu de consenso y de concordia existió hasta las elecciones del 79. Allí, una vez aprobada la Constitución, se rompió. Ante la situación económica y la grave crisis institucional y ética, los pactos de los partidos, dejando de lado los sectarismos, y de las fuerzas sociales, ayudarían a salir del atolladero. A la muerte de Adolfo Suárez ha habido un verdadero clamor en la opinión pública exigiendo volver a aquella forma, menos partidista, de hacer política. Todo ello, sin excesivas mitificaciones de una época, que también tuvo sus más y sus menos.» [Abel Hernández, amigo de Adolfo Suárez y autor del libro Secretos de la Transición]

Aparecieron discrepancias de carácter ideológico en el seno de UCD. En octubre de 1980 fue elegido como presidente del grupo parlamentario centrista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, un candidato al que se oponía Suárez y que era partidario de una definición más precisa del partido en sentido derechista. Algunos grupos críticos llegaron a solicitar que se nombrara un gobierno de gestión, incluso presidido por un militar. Esta situación contribuyó a facilitar indirectamente los propósitos golpistas que tenían algunos militares. Ni Adolfo Suárez ni los dirigentes centristas fueron conscientes de la crisis que se avecinaba: ambos fallaron a la hora de consolidar un partido político y articular sus divergencias internas. Pero el mal de UCD no radicaba en Adolfo Suárez, sino en los restantes dirigentes centristas. 

Diversos factores condujeron a un debilitamiento del gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD) a lo largo de 1980: los malos resultados de las elecciones autonómicas; las disensiones en el seno del partido entre los partidarios de restringir las trasferencias autonómicas y los defensores de la generalización del proceso iniciado en Cataluña y el País Vasco a todo el Estado, bajo la fórmula de “café para todos”. El 28 de febrero la UCE sufre un serio revés al quedar bloqueado el referéndum de autonomía para Andalucía. El Gobierno quedó desautorizado. Por la disensiones internas del partido, los gobiernos de UCD fueron incapaces de resolver problemas como la democratización de la Administración, el Ejército, la policía o los medio de comunicación del Estado. El proyecto del Gobierno de legalizar el divorcio provocó la oposición del sector democristiano contra el socialdemócrata.

A comienzos de 1981 circulaban rumores sobre presiones militares para sacar a Adolfo Suárez del Gobierno, al que la derecha acusaba de debilidad frente a las tendencias separatistas de las comunidades autónomas y ante los actos terroristas. El año anterior, ETA había asesinado a 96 personas, en su mayor parte miembros de las fuerzas de orden público.

El 29 de enero de 1981, debido a las tensiones en el seno de UCD y del Gobierno y a factores que hoy se desconocen, Adolfo Suárez presenta al rey su dimisión como presidente del Gobierno. Dimite asimismo como presidente de UCD. La dimisión de Suárez nunca fue aclarada, parece que se veía sin el respaldo del rey y de muchos miembros de su partido. Cuatro elementos generaron una tensión permanente, que el gobierno de UCD no logró contener: los problemas derivados de la crisis económica, las dificultades para articular una nueva organización territorial del Estado, las acciones terroristas protagonizadas por ETA y la resistencia de ciertos sectores del ejército a aceptar un sistema democrático.

El 30 de enero de 1981, el Comité Ejecutivo de UCD propone a Leopoldo Calvo Sotelo, que había sido ministro en todos los gobiernos de Suárez, como candidato a la Presidencia del Gobierno. El 10 de febrero de 1981, el rey propone a Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la Presidencia del Gobierno. El 20 de febrero de 1981, Leopoldo Calvo Sotelo no obtiene en la primera votación la mayoría necesaria, 176 votos, para ser investido Presidente del Gobierno.

El texto constitucional promulgado en diciembre de 1978, fruto del consenso de la pluralidad de fuerzas políticas, define a España como un Estado de derecho, democrático y social, pero los sectores reacios al cambio se escandalizaron con ‘provocaciones’ como la legalización del Partido Comunista, la reforma autonómica, la conflictividad social, la laicización y la crisis económica.

Intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981

El 23 de febrero de 1981, Intento de golpe de Estado. Durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, alrededor de doscientos números armados de la Guardia Civil, al mando del teniente coronel Antonio Tejero, toman el Congreso reteniendo al Gobierno y a los diputados. Jaime Milans del Bosch, capitán general de la Tercera Región Militar, toma la ciudad de Valencia y decreta el toque de queda. Los Secretarios de Estado y los Subsecretarios asumen la gobernación del país. La verdad es que en toda la transición había existido el peligro del intervencionismo militar, que solo fue evitado merced a la habilidad en el trato por parte de Suárez y al hecho de que el Rey era el sucesor designado en el régimen pasado. Pero los militares más propicios a la conspiración solo fueron apartados de los puestos claves y no perseguidos.

El 24 de febrero de 1981, el rey dirige un mensaje televisivo a los españoles a las 1,14 horas de la madrugada, en el que ordena el mantenimiento del orden institucional votado por el pueblo español. El capitán general de Valencia, Milans del Bosch, tras escuchar el mensaje del rey, ordena la retirada de las tropas de la ciudad. El Gobierno y los miembros del Parlamento son liberados después de diecisiete horas de secuestro.

El búnker, corriente de opinión más intransigente del franquismo, terminó diferenciándose nítidamente del resto profranquista con su aglutinamiento alrededor de la revista Fuerza Nueva (1973) y la dirección de la Falange, manifestando su pujanza con la actuación de los Guerrilleros de Cristo Rey, comandos "incontrolados" que sembraron el temor entre las fuerzas democráticas. Pretendían resucitar la España del 39. Junto a ellos se encontraban los Tradicionalistas y la Confederación Nacional de Excombatientes. Conjuntamente, formaron la coalición electoral Alianza Nacional del 18 de julio (AN), que en las elecciones de junio de 1977, sorprendentemente, no consiguió ni un solo diputado, aunque en las de 1979 situó a su máximo dirigente, Blas Piñar, en el Parlamento. Allí le sorprendió el intento de golpe de Estado de Tejero, culminación del rosario de conspiraciones que estas fuerzas habían estado urdiendo en los últimos años. El fracaso del golpe fue también su epitafio.

El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo

El 25 de febrero de 1981, se procede a la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, que ahora sí obtiene la mayoría absoluta. El 26 de febrero, Calvo Sotelo jura su cargo como presidente del Gobierno. La actuación de Calvo Sotelo fue polémica. Inmediatamente decide la adhesión de España a la OTAN, lo que provoca el rechazo de la izquierda. El PSOE promueve la campaña de «OTAN, de entrada no».

Felipe González firman el 1 de julio de 1981 la Ley Orgánica de Armonización del Proseso Autonómico (LOAPA) ante la oposición frontal de todos los partidos nacionalistas. El pacto pretendía cerrar definitivamente el mapa autonómico, pero solo sirvió para minar la escasa credibilidad que Calvo Sotelo comenzaba a tener entre sus propios partidarios, acuciados por las protestas de los bloques políticos nacionalistas. Buena prueba de la debilidad del pacto fue la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 1983 (ya con el PSOE en el poder), mediante la cual quedaban invalidados 14 de los 38 artículos, amén de considerar a la Ley como no orgánica (por lo tanto, de menor rango que los Estatutos de autonomía) y no armonizadora (incapaz de afectar a las disposiciones de los gobiernos autonómicos).

A lo que hay que añadir la política de acoso y derribo de los socialistas, que utilizan el escándalo del aceite de colza que produjo decenas de muertos y que puso de manifiesto la falta de control por parte de la Administración. El escándalo del llamado Síndrome Tóxico puso en entredicho la credibilidad del gobierno centrista. El aceite de colza, desnaturalizado y vendido para el consumo humano, fue el causante del fallecimiento de más de 600 personas, mientras que el número de damnificados se elevó hasta los 25.000. El juicio a los veinticuatro acusados (vendedores sin escrúpulos todos ellos) se demoró siete años (1987) y la sentencia otros dos (1989), fallo sumarial en el que las penas fueron escasas y la no declaración del Estado como responsable civil subsidiario enervó violentamente los ánimos de familiares y afectados por la injusticia.

El 22 de junio de 1981, el Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de Ley de Divorcio. Adolfo Suárez se enfrentó a la Iglesia Católica al promover la ley del divorcio en España, que provocó divisiones en el seno de su partido, la UCD. La ley del divorcio de 1981 fue una de las más progresistas de Europa. Aprobar la ley del divorcio no fue sencillo por el rechazo descomunal de la jerarquía católica e incluso por la oposición de los democristianos de la UCD.

El 27 de octubre de 1981, el Pleno del Congreso rechaza, con el apoyo de UCD y AP, las propuestas de la oposición de someter a referéndum el ingreso de España en la OTAN.

El 29 de octubre, el Pleno del Congreso aprueba por 186 votos a favor y 146 en contra el proceso de adhesión de España en la OTAN. El 10 de diciembre de 1981, los quince países miembros de la OTAN firman en Bruselas el protocolo de adhesión de España. El PSOE deposita en el Ministerio de la Presidencia 600.000 firmas en petición de un referéndum sobre la adhesión de España a la OTAN. El 30 de mayo de 1982, España firma el protocolo de adhesión a la OTAN, convirtiéndose en el decimosexto país miembro de la organización.

En junio de 1982, las Cortes aprueban la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). El Congreso de los Diputados aprobó una progresista ley de divorcio, sacada adelante por el socialdemócrata Fernández Ordóñez. UCD perdió la tercera parte de sus diputados, dando paso a cuatro formaciones distintas en UCD. El 28 de julio de 1982, Adolfo Suárez abandona UCD y renuncia a su escaño en el Congreso. El 31 de julio, presenta a su nuevo partido, Centro Democrático y Social (CDS).

El 27 de agosto de 1982, se publica el decreto de disolución de las Cortes. Se convocan elecciones generales para el 28 de octubre de 1982. A estas elecciones legislativas, el Partido Socialistas Obrero Español (PSOE) se presentó bajo el lema “Por el cambio”. Y el cambio vino tras una aplastante victoria socialista con diez millones de votos.

Elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982

El 28 de octubre de 1982, se celebran elecciones legislativas. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtiene la mayoría absoluta con 202 escaños. Resto de resultados: Alianza Popular, 107 escaños, Convergència i Unió (CiU), 12 escaños, Unión de Centro Democrático (UCD), 11 escaños, Partido Nacionalista Vasco (PNV), 8 escaños, Partido Comunista de España (PCE), 4 escaños, Centro Democrático y Social (CDS) y Herri Batasuna (HB), 2 escaños cada uno, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Euskadiko Eskerra (EE), 1 escaño cada uno.

Las elecciones de octubre de 1982 se pueden considerar como el momento final de ese proceso histórico que fue la transición española a la democracia. De los diez millones de votos que obtenía el PSOE casi la mitad procedían de la abstención o de votantes de otros partidos. Su victoria fue abrumadora en el medio urbano y el juvenil. Con el 48% del voto y 202 diputados, frente a los 105 de la coalición siguiente, estaba en condiciones de llevar a cabo una labor gubernamental muy estable durante los años siguientes.

Las personalidades reformistas o meramente posibilistas, con participación directa en los órganos de gobierno franquista, fueron las primeras en iniciar la formación de partidos políticos de cara a la futura contienda electoral. La gran derecha quedó conformada por siete formaciones de ámbito estatal: Reforma Democrática (Fraga Iribarne), Unión del Pueblo Español (Martínez Esteruelas), Unión Nacional Española (Fernández de la Mora), Acción Democrática Española (Silva Muñoz), Acción Regional (López Rodó), Democracia Social (Licinio de la Fuente) y Asociación Nacional para el Estudio de los Problemas Actuales (ANEPA), presidida por Enrique Tomás de Carranza. Por iniciativa del ministro Manuel Fraga Iribarne, se formó la coalición Alianza Popular para aglutinar todas estas fuerzas en octubre de 1976. La reunión de seis exministros del franquismo y prohombres del nuevo período fue bautizada en la prensa como Los siete magníficos. Solicitaban una reforma constitucional a partir de los Principios del régimen anterior, negando el carácter constituyente a las próximas Cortes. El primer resultado electoral convertía AP en la cuarta fuerza política parlamentaria, lo que hizo aconsejable a Fraga la incorporación de AP a nuevas formaciones y contactos con sectores liberales y democratacristianos, lo que posibilitó que, en las elecciones de 1982, la coalición integrada con éstos (Coalición Popular) diera el gran salto adelante, consiguiendo casi cinco millones y medios de votos y más de cien diputados. Durante toda la década siguiente, el partido conservador se consolidó como la segunda gran fuerza política española, pero sin poder arrebatar la mayoría absoluta al PSOE, lo que produjo necesariamente tensiones internas. En enero de 1989, Fraga refunda AP bajo el nombre de Partido Popular (PP) con la intención de constituir una alternativa de gobierno al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el poder desde 1982, y de inmediato el nuevo grupo político se convirtió en la principal fuerza de la derecha española.

El 25 de noviembre de 1982, el Rey inaugura la nueva Legislatura de las Cortes y propone a Felipe González como candidato a la Presidencia del Gobierno.

El 1 de diciembre, el Congreso de los Diputados elige a Felipe González Presidente del Gobierno con la oposición de los grupos Popular y Centrista, por 207 votos a favor, 116 en contra, 2 abstenciones y 5 ausencias.

Termina así el periodo de Transición democrática.

La concordia fue posible, fue el epitafio elegido por Adolfo Suárez para su tumba. Y no puedo decir: esto se hace así porque yo lo he decidido. Vivo convenciendo. La historia admitirá que luché, sobre todo, por lograr esa convivencia; que intenté conciliar los intereses y los principios…, y en caso de duda, me incliné siempre por los principios. [Adolfo Suárez]

«Nadie niega que la transición, al final, fue un proceso que salió bien por la voluntad de todos los que intervinieron, como reconoció Abril Martorell, pero no puede patrimonializarse, como ahora se pretende, por unos sectores que viniendo de la derecha más dura, y algunos de ellos votando en contra de la Constitución de 1978, hacen un esfuerzo para quitarse el lastre que llevan encima a costa de descalificar o minimizar a los que también contribuyeron, impulsaron y lucharon para que todo acabara como ocurrió. Sin ir más lejos, el mismo Aznar no estaba en aquel tiempo por el apoyo al texto constitucional.

Desde luego que Suárez tuvo un papel estelar y así está reconocido por una gran mayoría pero en su cabeza no existía un modelo claro de cómo conducir el final del proceso, se fue aceptando una realidad a medida que iban ocurriendo los acontecimientos y en eso hay que reconocerle su valor de adecuarse a los mismos, pero su concepción de la política era accidentalista, en función de lo que dieran las circunstancias. Y estas fueron encauzándose desde la izquierda, y principalmente por el PSOE, hacia la redacción de una Constitución, y así lo manifestó en las elecciones de 1977, donde proponía que las Cortes fueran Constituyentes, cosa que nunca defendió Suárez.

El mérito de Suárez fue no poner dificultades a lo que se estaba desarrollando, enfrentándose con valor a determinados sectores para que las cosas fueran por el cauce que marcaba la gran mayoría de los españoles: libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y en aquellas manifestaciones estaban todos los demócratas, aunque las cosas no fueron tan fáciles como se han ido contando y también el saldo de muertos de militantes o simpatizantes de la democracia y de la izquierda fue importante entre 1976 y 1980 por diversas causas, como ocurría en algunas manifestaciones públicas. Algo de razón tiene Gregorio Morán cuando interpreta la transición en otras claves: la claudicación de la izquierda ante los antiguos franquistas.» [Javier Paniagua: “La transición, Adolfo Suárez y Felipe González”, en El País – 03.06.2000]

«La Transición no fue un fracaso, pero dejó múltiples deudas pendientes: la principal de ellas fue no llevar a cabo un proceso de descrédito moral sistemático e irreversible del franquismo. El desprestigio del franquismo que vivimos entonces fue, por lo que sabemos ahora, coyuntural, provisional. No diríamos exactamente que fue ilusorio, pero sí que duró apenas 20 años: más o menos el mismo tiempo que tardó la derecha en llegar de nuevo al poder y apresurarse a favorecer las tesis dedicadas a blanquear el franquismo, la dictadura, la guerra y la posguerra.

Aquí nunca hubo nada parecido a la desnazificación de Alemania y seguimos arrastrando ese lastre político. Lo ocurrido con la derecha española vinculada al franquismo no es, en todo caso, un hecho excepcional: el franquismo fue derrotado políticamente en 1977, pero sus secuelas, su legitimidad, su inercia, su crédito moral han seguido vivos en amplias capas de la población, del mismo modo que el racismo esclavista fue derrotado políticamente en la Guerra de Secesión norteamericana, pero sus secuelas, su legitimidad, su inercia, su crédito moral persistieron durante largos decenios, hasta que el movimiento de los años sesenta por los derechos civiles consiguió la proeza política de desacreditar social y moralmente unas tesis que habían sido derrotadas un siglo antes.

La aquiescencia moral ante el franquismo de una gran parte de la sociedad española y de casi toda su élite política de derechas es un hecho políticamente crucial. No se trata de que la mayoría o incluso el grueso de los votantes del PP sean franquistas, que no lo son: se trata de no considerar importante ni por supuesto necesario un descrédito moral sistemático e irreversible del franquismo.» [Antonio Avendaño: “Epístola moral a propósito de la muerte de Fraga”, en Público.es, 18.01.2012]

«Sin la participación del secretario del PCE, Santiago Carrillo, probablemente habría sido imposible la operación encabezada por el Rey y Adolfo Suárez para deshacer el nudo que Franco había dejado “atado y bien atado”, y que se desató gracias a una sucesión de pasos tan audaces como meditados en los que la posición de Carrillo fue decisiva. Ese legado ha permanecido, porque las bases de la democracia fundada entonces han sobrevivido.

Desde su primer compromiso como jovencísimo revolucionario durante la II República hasta la dimisión como secretario general del Partido Comunista de España (PCE) en 1982, la biografía de Carrillo es la de un político a tiempo completo que recorre la revolución fracasada de 1934, la Guerra Civil, un largo exilio o la evolución del PCE desde el estalinismo al eurocomunismo. Dirigió al Partido Comunista en la batalla contra Franco y dio forma a diversos organismos con los que la oposición de la época, forzada a la clandestinidad, intentó organizar y controlar la ruptura con la dictadura. Pero de toda esa sucesión de hechos destaca la firmeza de las líneas mantenidas en los tiempos de exilio y clandestinidad, su apuesta por la “reconciliación nacional” y la ruptura con el franquismo a través del pacto entre la derecha moderada y las fuerzas de oposición al régimen. Carrillo encontró ahí la oportunidad de rendir a España su principal servicio, comprometiéndose en una negociación con Adolfo Suárez, el presidente del Gobierno nombrado por el Rey, y con otras fuerzas políticas, que hizo posible el tránsito pacífico de la dictadura hasta las primeras elecciones democráticas y, a la postre, hacia la Constitución que ha regido la convivencia entre los españoles desde 1978.

En ese tránsito no le importó sacrificar algunas señas de identidad de su partido, reconocer a la Monarquía encarnada por don Juan Carlos —a quien inicialmente había augurado un breve reinado— y moderar las palabras, los actos y los gestos, sin exponer a la frágil democracia a los últimos coletazos de los que trataban de impedir su nacimiento. Uno de ellos fue el conato de rebelión militar que siguió a la valiente decisión de Adolfo Suárez de legalizar al Partido Comunista el Sábado Santo de 1977, antes de las primeras elecciones. Todo ello no le rindió los frutos políticos que esperaba: a la hora de las primeras elecciones, Carrillo y el PCE sufrieron la decepción de comprobar que el pueblo de izquierdas prefería al PSOE encarnado por el joven Felipe González. Más allá de las polémicas sobre sus actividades y responsabilidades durante la Guerra Civil, y de su participación intensa en las luchas intestinas en el PCE y en el seno del movimiento comunista internacional, Carrillo antepuso los intereses del conjunto de los españoles a los de su propio partido en un momento histórico crucial.» [El País - 19 de septiembre de 2012]

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