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Los militares y la política en los siglos XIX-XX

(comp.) Justo Fernández López

España - Historia e instituciones

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LOS MILITARES Y LA POLÍTICA EN LOS SIGLOS XIX-XX

Un poder militar al margen de los dictados del poder civil, un poder civil que no asuma las órdenes del poder civil es incompatible con un Gobierno democrático. Una realidad de la que la historia de España ha dado muchos ejemplos.

El Ejército en el siglo XIX

El siglo XIX es el siglo en que los generales irrumpen en el gobierno y en la política. Hasta entonces, ningún militar hubiera osado saltarse el marco de sus competencias para ocupar el gobierno. Incluso la sublevación del comandante Rafael Riego en 1820 no tiene por objeto tomar las riendas del gobierno, solo exigía un cambio de un gobierno absolutista a un gobierno constitucional, pero manteniendo al timón al monarca.

Con las guerras carlistas, el panorama cambia. La debilidad del trono necesita el apoyo de los militares para sostenerse. La prensa comienza a llamarle salvadores de la patria y sostén de la monarquía, se les empieza a conceder títulos, lo que alimenta en la mayoría de ellos la ambición del poder político. Creen que dirigir un país es como mandar una división. Si el rey no les pide ayuda para gobernar, se lanzarán a la rebelión, que ellos llaman “pronunciamiento”, ya que “rebelión” no es compatible con la disciplina militar.

El siglo XIX escenificará el llamado “baile de los generales”. Espartero es el primer general que ocupa el puesto de regente. Más tarde lo hará el general Serrano. Espartero, con sus plenos poderes, levanta celos de sus compañeros. Fusila a uno de ellos, Diego de León, pero es derribado por una coalición de los otros. Se subleva Zurbano contra Narváez, vence este último. Contra Narváez se levanta O’Donnell. Vuelve a entrar en escena Espartero, pero le sustituye O’Donnell alternando con Narváez. Se levantan Prim, Serrano y Topete. La reina Isabel tiene que abdicar, quedando Serrano como regente y Prim de primer ministro. Prim es víctima de un atentado. Se va el rey Amadeo de Saboya y viene la Primera República. Se levanta el general Pavía y acaba con la República. Vuelve a escena el general Serrano como presidente del poder ejecutivo. Se pronuncia el general Martínez Campos en Sagunto y se reinstaura la monarquía en la persona de Alfonso XII.

Al margen de su actividad política, los militares siguen ejerciendo su oficio y combatiendo: tres guerras carlistas, una guerra en Marruecos en 1859, la intervención en Italia para liberar al Papa, la lucha en Perú y Chile (1862-1866), la ayuda de Prim a la aventura de Macilimiano de Austria (1869), la expedición a Cochinchina (1863) y el final de Cavite y Santiago de Chile.

La ideología de estos generales es varia: Espartero es liberal progresista, Narváez es liberal moderado, O’Donnell es centrista, siguen Serrano, Prim, Quesada, Dulce, Diego de León. Naváez es el más derechista, pero compartía muchos sentimientos liberales de sus compañeros. Casi todos se declaran liberales por haber conseguidos sus triunfos en la lucha contra el carlismo absolutista que quería volver a establecer el Antiguo Régimen. Los militares carlistas vencidos podían pasar al ejército nacional conservando sus grados. Pero en el siglo XX, cuando se vuelva a plantear la lucha entre tradición y revolución, los herederos de los liberales de antaño combatirán en las filas del general Franco.

Entre 1814 y 1870 el ejército se constituye en el más importante protagonista de la vida política española. De los militares españoles en el siglo XIX se decía que era muy fácil sacarlos de los cuarteles, pero muy difícil hacerlos volver a ellos. Entre 1814 y 1874, son numerosos los momentos en que los que se produce en España un pronunciamiento militar: una crisis política que cuenta con la decisiva participación del Ejército, o un sector de él, que inicia la rebelión contra el gobierno y se autoproclama portavoz de una voluntad nacional que cree peligrar la libertad.

Desde los primeros pronunciamientos en los años que siguen al retorno a España del deseado Fernando VII (1814) hasta que el general Martínez Campos, en los últimos días de 1874, se pronuncie en Sagunto a favor de la proclamación de Alfonso XII (Restauración borbónica), la intervención de los altos mandos militares en la política española fue manifiesta, constante y decisiva. Este intervencionismo se diferencia de la posterior intromisión de los generales en la vida pública del siglo XX. En el siglo XIX no se llegó a dar una suplantación total del régimen civil por un directorio militar. Cuando alguno de los miembros de la alta jerarquía del ejército actúa, lo hace como un hombre político de partido. Gobernará con ministros civiles y despertará oposición también entre los propios militares de opinión política contraria. Los pronunciamientos derrocaron tanto a gobiernos presididos por civiles como por militares, a moderados como progresistas, a una Monarquía como a una República.

En España han sido frecuentes los levantamientos militares. Durante el siglo XIX, se produjeron cerca de doscientos pronunciamientos o intentos de golpes de estado, encaminados a cambiar por la fuerza a reyes, presidentes del gobierno, regentes y regímenes políticos; en definitiva, salvar a la Nación, la Patria, el Rey. Algunos acontecimientos conocidos, entre otros, fueron: la Vicalvarada (1854), el Golpe de Pavía (1874), la Revolución Gloriosa (1868) o el Motín de la Granja (1836).

El siglo XIX español está plagado de varios casos de intromisiones reiteradas y violentas del poder militar en el poder civil, intromisiones por parte de generales, coroneles, capitanes, tenientes y hasta sargentos:

1814-1819

Se producen intentonas y pronunciamientos liberales.

1820

Se subleva Rafael del Riego (1785-1823), militar asturiano, miembro de la guardia del rey Carlos IV. Con el grado de capitán, en 1808 durante la guerra de la Independencia, fue hecho prisionero y deportado a Francia, de donde regresó en 1814 y se dedicó a difundir la francmasonería en los cuarteles.

Destinado en 1819 como teniente coronel a un batallón que debía embarcarse hacia a América para combatir los intentos de emancipación de las colonias americanas, efectuó un pronunciamiento del 1 de enero de 1820 en Sevilla y recorrió Andalucía proclamando la Constitución liberal de 1812 (Constitución de Cádiz), lo que posibilitó el inicio del Trienio Liberal. Fue elegido diputado y, en 1822, fue presidente de las Cortes.

En 1823 combatió a las tropas enviadas por la Santa Alianza para restaurar el absolutismo en la persona del Rey (los llamados Cien Mil Hijos de San Luis). Capturado en la localidad de Arquillos (Jaén), fue ejecutado en Madrid el 7 de noviembre del mismo año. El llamado Himno de Riego, creado en su honor, llegó a ser declarado en 1931 himno oficial del Estado español durante la II República.

1836

Se sublevan los sargentos de La Granja. Esta insurrección militar terminó con la carta que concedía el Estatuto Real y posibilitó el establecimiento de una nueva Constitución.

En 1836, la reina regente María Cristina de Borbón destituyó al ministro liberal, Juan Álvarez Mendizábal, que en 1820 había apoyado el levantamiento de Rafael Riego. Mendizábal era un político de ideas liberales y estaba vinculado a la masonería. Fue sustituido por el conservador Francisco Javier de Istúriz, quien, al no contar con los apoyos suficientes en las Cortes, las disolvió, disolución que firmó por decreto María Cristina, inaugurando una práctica frecuente en el constitucionalismo español.

Las Cortes se reunieron en el Real Sitio de La Granja, allí se sublevaron los sargentos de la guardia pidiendo la restitución de la Constitución de 1812. La reina regente se vio obligada a acceder, Istúriz fue destituido y unas nuevas Cortes proclamarían una nueva Constitución en 1837

1840

El general Baldomero Fernández Espartero (1793-1879) se hace con el poder, siendo proclamado regente del reino (1840-1843) ante la minoría de edad de la reina Isabel II. Espartero fue una figura fundamental del liberalismo político español durante la primera mitad del siglo XIX como principal dirigente del Partido Progresista.

1843

Se producen una interminable serie de motines.

1854

Asonada de Vicálvaro, la Vicalvarada, sucesos de carácter militar y político ocurridos a finales de junio de 1854, que engloban tanto al pronunciamiento ocurrido el 28 de junio en Vicálvaro (provincia de Madrid), como a la escaramuza bélica que tuvo lugar dos días más tarde y que dio lugar a los acontecimientos revolucionarios que desembocaron en el llamado Bienio Progresista (1854-1856), denominación por el que es conocido el breve periodo de la historia de España transcurrido entre julio de 1854 y julio de 1856, durante el cual el Partido Progresista pretendió reformar el sistema político del reinado de Isabel II, dominado desde 1844 por el Partido Moderado, profundizando en las características propias del régimen liberal.

El Bienio Progresista puso fin a la llamada Década Moderada (1844-1854). Lo que comenzó como una asonada militar conservadora, protagonizada por el general Leopoldo O'Donnell, pronto se convirtió en un movimiento liberal amparado por los progresistas.

1868

En 1868 el almirante Juan Bautista Topete (1821-1885) en su calidad de jefe de la escuadra situada en Cádiz, efectuó el pronunciamiento que dio origen a la revolución de 1868.

1874

En 1874 tiene lugar el golpe de Estado del general Manuel Pavía, que participó en el pronunciamiento de Prim contra Isabel II. En 1874 disolvió las Cortes y entregó el poder al general Serrano, haciendo así posible la restauración borbónica.

1883

Rebeliones republicanas, durante el reinado de Alfonso XII.

El Ejército en el siglo XX

«Cuando se indaga en el pensamiento de Alfonso XIII, se acaban encontrando enormes similitudes entre su pensamiento en los años veinte y lo que hemos denominado “mentalidad política del ejército español” en esos mismo años.

Entre los jefes y oficiales españoles, desde principios del siglo XX pero de forma creciente a partir de la Primera Guerra Mundial, se había extendido un antiparlamentarismo y un rechazo de la política de los políticos bastante similar al de Alfonso XIII y por idénticos motivos a los expresados por este, a los que se sumaban los que afectaban a los intereses corporativos militares.

Junto a la situación de crisis social y política de esos años se consolidó en el ejército español la defensa de valores consubstanciales al profesionalismo militar pero cuyo peso se incrementó ante las crisis: orden, jerarquía, disciplina, autoridad; a lo que se añadía su creciente papel de defensores de los fundamentos del orden social y de la institución moderadora que garantizaba la continuidad del sistema social y político: la monarquía.

También desde principios del siglo XX, pero crecientemente desde 1917, se consolidó en las fuerzas armadas una ideología que defendía su derecho a intervenir en la política del país. El nuevo carácter del intervencionismo militar del siglo XX se basaba en una intervención de orden corporativo, donde las fuerzas armadas se presentaban como defensoras del interés nacional, por encima de los intereses parciales y de la política partidista. Ya no se trataba, como en los pronunciamientos liberales del siglo XIX, de intervenciones partidistas, sino de intervenciones corporativas en defensa del interés nacional, anta la falta de legitimidad de las Cortes y su falta de capacidad de resolver las crisis planteadas. Aparecía así un nuevo intérprete de la voluntad popular que, para respetar el principio constitucional de cosoberanía, buscaba el apoyo de la corona para legitimar su intervencionismo.

Esta concepción estaba sólidamente asentada en buena parte del ejército y desde luego en Miguel Primo de Rivera. [...] La tríada rey-ejército-pueblo, en la que el segundo era el intérprete de la voluntad popular, legitimaba, según esta interpretación, la intervención del ejército y respetaba el principio de cosoberanía siempre que el ejército contara con la aquiescencia regia.» [Juliá 2003: 345 ss.]

El siglo XX siguió la tradición de las rebeliones militares contra el poder civil. El ejército, que durante la Restauración en el siglo XIX se había mantenido, por primera vez, apartado de la política, vuelve a la escena política en el siglo XX. Y vuelve irritado tras la derrota en Cuba y Filipinas en 1898, pero más por el trato que le dedica la prensa de izquierdas a la vuelta de la guerra, que muchos militares sintieron como un insulto. A lo que hay que añadir la irritación militar por los movimientos separatistas en las Vascongadas y en Cataluña a raíz del desastre colonial. Las caricaturas en la prensa catalana, en el órgano del catalanismo Cu-Cut, contra las fuerzas armadas, provoca el 25 de noviembre de 1905 un asalto militar a la redacción de dos diarios.

Los militares reclaman al Gobierno una ley que condene las ofensas a las fuerzas armadas. En 1905 estalló una grave crisis en Cataluña con la victoria de Lliga Regionalista de Cambó y Prat de la Riba en las elecciones locales, lo que alarmó al ejército que veía peligrar la unidad del país. Ante la crítica al ejército, el Gobierno aprobó en 1906 la Ley de Jurisdicciones: las críticas al ejército son consideradas como críticas a la Patria y serán juzgadas por la jurisdicción militar: «Los que de palabra o escrito injurien u ofendan clara o encubiertamente al Ejército o a la Armada serán castigados con la pena de prisión correccional» [art. 3]. La cuantía de la pena la decidirán los tribunales del fuero de Guerra y Marina.

Pero los problemas para las fuerzas armadas se recrudecen con la Guerra de Marruecos. Desde 1909, en que comienzan los primeros enfrentamientos por la agresión a los mineros cerca de Melilla, hasta 1925, en que termina la guerra con el desembarco de Alhucemas, el tema de Marruecos se convierte en la pesadilla de políticos y militares. Fue una guerra difícil de comprender y de explicar a la población.

El ejército se encuentra acosado por la oposición republicana y socialista. El fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pablo Iglesias, critica en El Socialista (23-3-1916) que la guerra de Marruecos no es más que una repetición de lo que España hizo en las colonias de ultramar: «un pretexto para aumentar los escalafones militares». Y en el Congreso, Iglesias se mofa de la propaganda triunfalista que reflejan los partes de guerra, mientras que los soldados en el frente pasan hambre y calamidades.

El envío de reservistas a Marruecos en 1909 provoca la rebelión popular, porque los hijos de los ricos se podían librar de ir al frente pagando una cuota, mientras que los obreros que no se lo podían permitir eran enviados a una guerra que no les afectaba y les privaba de poder sostener a sus familias al tener que abandonar el trabajo. Como criticaba Juan Maragall en la prensa catalana: «Contra el poder que arranca del hogar al padre o al hijo pra llevarle a morir por una causa que puede ser justa y noble dentro de una razón nacional pero que no es popular... es una atrocidad inexplicable; y el pueblo resiste, se rebela.» El ejército se siente ofendido y responde: «El Ejército, sino hiciera en Melilla lo que tiene que hacer... sería un Ejército moralmente aniquilado que pronto tendría que convertirse en sudario de la nación, sepultándose con ella en el abismo del deshonor y del descrédito. Lo que el pueblo y el Ejército ansían; lo que anhelan el rey, el Gobierno, acontecerá. No lo dude nadie» [La Correspondencia Militar, 21.08.1909].

La actuación del ejército en la represión de los disturbios durante la Semana Trágica de Barcelona (1909) terminó de ahondar el abismo entre las fuerzas armadas y la masa popular. Los militares se quejan de que el Gobierno solo los utiliza cuando le conviene. A los militares “peninsulares” (que prestan sus servicios en la Península) les irrita la facilidad con que se conceden los ascensos a los “africanistas” (militares que luchan en la guerra de Marruecos).

En 1916 surgen las Juntas Militares, denominación resumida de las Juntas Militares de Defensa, asambleas militares o movimiento clasista en las que el arma de Infantería, la socialmente menos importante, se une «para defender el derecho y la equidad en los intereses colectivos y los individuales». Los militares expresaban su malestar corporativo en una época de fermento revolucionario generalizado y de aguda crisis del sistema político de la Restauración.

Desde 1898, tras el desastre colonial con la derrota española en la Guerra Hispano-estadounidense, los miembros del Ejército español comenzaron a mostrar su malestar con la actuación política. En 1914 los oficiales de infantería se reunieron en varios comités de defensa ante el desprestigio militar, la pérdida de capacidad adquisitiva y los ascensos de los militares que participaban en la guerra de Marruecos. A finales de 1916, comenzaron a crearse algunas juntas en las guarniciones de Cataluña que pronto se extendieron por el resto del país.

Las Juntas nacieron con el beneplácito de los enemigos de los militares, pues las organizaciones obreras vieron en estas reivindicaciones militares una actitud de rebelión social contra un Estado anacrónico e injusto. Pero los obreros volvieron a desengañarse de los militares cuando, con motivo de la Huelga General Revolucionaria de 1917, el Gobierno sacó las tropas a la calle para acabar con la rebelión. Los partidos obreros volvieron a sentirse amargados y decepcionados, pues habían creído posible una unión entre el pueblo y las fuerzas armadas contra el Gobierno.

Las Juntas encontraron eco entre la oposición, la prensa, algunos intelectuales y el propio rey Alfonso XIII. El gobierno de García Prieto acabó ceder a la presión de las Juntas Militares de Defensa y su sucesor, Eduardo Dato, se vio obligado a aceptar su existencia. Las Juntas perdieron poco a poco su carácter de subversión del régimen. El saneamiento que pretendían en Marruecos no tuvo lugar, la guerra de Marruecos prosiguió hasta el desastre de Annual en 1921. Cuando los militares “africanos”, como el fundador de la Legión, Millán Astray, se declararon contra las Juntas, estas fueron liquidadas sin resistencia alguna y finalmente fueron disueltas por el presidente del gobierno José Sánchez Guerra en noviembre de 1922, cuando ya estaban desprestigiadas.

Las Juntas Militares fueron la primera intervención directa del Ejército en el siglo XX. Llegaron a lograr un cambio total de Gobierno y hasta vetaron y cambiaron ministros. El enfrentamiento entre los “africanistas”, partidarios de los ascensos por méritos de guerra, y los “juntistas”, acusados de burócratas cobardes e insolidarios con los que peleaban en Marruecos, ha sido considerado un presagio de la división entre militares leales a la República y sublevados contra ella, en 1936, al inicio de la Guerra Civil.

En julio de 1921, las tropas españolas sufren una humillante derrota en la localidad de Annual (actualmente perteneciente a Marruecos, cercana a Melilla), ante las cabilas (grupos de tribus) rifeñas marroquíes comandadas por Abd-el-Krim. Tras los acuerdos hispano-franceses de 1912, se había establecido el Protectorado español sobre parte del territorio marroquí. En 1921, el alto comisario español, Dámaso Berenguer, residía en Ceuta, en tanto que, en la parte oriental, la autoridad estaba en manos del general Manuel Fernández Silvestre, comandante general de Melilla y hombre de confianza de Alfonso XIII. El general Silvestre, animado presuntamente por el rey, se embarca en una aventura y lanza un avance temerario hacia el sur, que desembocó en una serie de desastres provocados por las tropas del jefe rifeño Abd-el-Krim, cuyo símbolo sería Annual. Es el conocido como desastre de Annual, que se saldó con numerosas bajas, unos 14.000 hombres, entre ellos el propio Silvestre. La conmoción pública en España fue enorme. El denominado expediente Picasso (informe solicitado por las Cortes y redactado por el general que le da nombre) trató de buscar a los verdaderos culpables de la debacle, lo que abrió nuevas heridas. Apartado del Ejército el general Berenguer, quedó como tarea pendiente el rescate de los prisioneros y el esclarecimiento de las definitivas responsabilidades, lo cual agrió las relaciones entre determinados políticos y la mayoría de los militares.

Las causas de la protesta militar se mantienen. Los militares piden depuración, responsabilidades y fin del politiqueo. La polémica acabó por favorecer la llegada de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923. El ejército se vuelve a “pronunciar” como en el siglo XIX. El estilo de Primo de Rivera recuerda al del general O’Donnell y al del general Prim, en el siglo XIX, al prometer «liberar a la Patria de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron en 1898 y amenazaron a España con un próximo fin trágico y deshonroso».

Vuelven los militares como en el siglo XIX, pero esta vez de una manera determinante para los próximos años del siglo XX: los militares se posicionan al lado del ala más conservadora del país. El Ejército se escora hacia la derecha empujado por los ataques de los separatistas periféricos (Cataluña y País Vasco), a lo que hay que añadir las dudas sobre su integridad lanzadas por los partidos de izquierda (socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos). Por otro lado, los militares sentían el apoyo directo del rey y de la burguesía conservadora, que reclamaban y alababan su “servicio a la Patria”.

Lejos quedan los militares liberales y, a menudo, masones del siglo XIX: los Prim, los O’Donnell, los Serrano. Ahora hombres, como Martínez Anido en Barcelona, son el azote de los anarquistas. En enero de 1925, Primo de Rivera se queja de que «se nos tacha con frecuencia de poseer un marcado matiz derechista y clerical. Nos acusan porque rendimos a la Iglesia y a sus representantes las consideraciones que se merecen. Yo declaro que tenemos para las Congregaciones religiosas, sobre todo para las que se dedican a la enseñanza, el mayor respeto y las mayores consideraciones, porque saben inculcar a los niños el sentimiento del honor y del patriotismo».

Como escribió Madariaga, entre 1919 y 1923 el rey no parecía reconocer más que dos partidos: la Iglesia y el ejército. El rey se había hecho más conservador que los conservadores.

Durante la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930) se fortalece la alianza de conservadores y militares que seguirá en los años posteriores. Las pocas voces disidentes procederán siempre de graduaciones inferiores (capitanes, comandantes). El general Queipo de Llano, que era republicano, cuando estalla la Guerra Civil se colocará al lado de los rebeldes contra la República.

Durante la dictadura de Primo de Rivera, el rey ya no tiene más apoyo directo que el de las fuerzas armadas. Cuando dimite Primo de Rivera, le sucede el general Berenguer, y a este el Almirante Aznar, último presidente de gobierno con la monarquía. Esta identificación del Ejército con la dinastía se la harán pagar cara los republicanos cuando llegan al poder en 1931, sobre todo Manuel Azaña, que desde 1921 venía estudiando los problemas del Ejército tras el desastre de Annual y ahora, como primer ministro civil de la Guerra, procederá a una reorganización del Ejército que levantará ampollas.

La República mira al Ejército con cierto recelo. El tono con el que Manuel Azaña llevó a cabo la reforma del Ejército (había 632 generales para solo 100.000 hombres) hirió la sensibilidad de los militares. A partir de la reforma de Azaña, ningún general podría desempeñar el cargo de presidente de la República; quedaron suprimidos los Tribunales de Honor, de gran tradición militar, etc.

Tras el Bienio Reformador (1931-1933) viene el Bienio Restaurador o Radical-cedista, escorado más a la derecha. La principal preocupación del bienio liderado por cedistas y radicales (estos últimos, miembros del Partido Radical) estribó en el desmantelamiento de la obra reformista precedente, considerada en términos sociales y religiosos nefasta para los intereses de España. Las contrarreformas que hizo Gil-Robles, desde el Ministerio de la Guerra, cohesionaron en gran parte el espíritu del Ejército.

El Ejército fue el encargado de reprimir la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias y Cataluña, lo que agudizó la crispación de amplios sectores sociales cada vez más radicalizados. El gobierno envió a la capital de Asturias, Oviedo, al general Eduardo López Ochoa, quien entre los días 10 y 17 de octubre tomó la ofensiva y consiguió la rendición de los revolucionarios asturianos el día 19. El general Francisco Franco había propuesto al ministro de la Guerra, de quien actuaba como asesor, el envío de la Legión y aconsejó que el teniente coronel Juan Yagüe la dirigiese, como así fue, a partir del día 7.

Al llegar la Guerra Civil, la inmensa mayoría de la oficialidad del Ejército se puso de parte de los sublevados contra la República, con las excepciones de profesionales, como Rojo, Miaja, Asensio, Mangada, cuya lucha al lado republicano se debió, en alguna ocasión, a la zona geográfica en la que se encontraban.

Después de la Guerra Civil, el Ejército vuelve a ocupar una en España una situación de privilegio. No tanto material, pues durante largos años los oficiales tuvieron un sueldo relativamente bajo, como moral: por primera vez desde la proclamación de la República se sentían alguien, eran saludados con respeto, mantenían su jurisdicción particular, su profesión tenía prestigio social. Al frente del Ejército, como capitán general, el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, mantenía la unidad y el honor de las fuerzas armadas.

1932

El capitán general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930), dio un golpe de Estado para el que contó con la anuencia del Ejército y la del propio rey Alfonso XIII. Suspendió la vigencia de la Constitución de 1876. La dictadura del general Primo de Rivera se divide en dos etapas: la del Directorio Militar (1923-1925) y la del Directorio Civil (1925-1930), diferenciadas ambas por los dos gobiernos distintos designados por él con el visto bueno del rey Alfonso XIII.

Justificó el golpe por el “clamoroso requerimiento” del “pueblo sano”, que imponía dicha actitud con el objeto de llevar a cabo la liberación de la patria respecto de los “profesionales de la política”. Asimismo, en dicho texto se atribuyó la personificación de la solución propuesta por el regeneracionismo.

1930

Sublevaciones de Jaca y Cuatro Vientos, con el fusilamiento de Galán y García Hernández.

1932

Rebelión del general Sanjurjo, la Sanjurjada.

1936

Levantamiento del general Francisco Franco.

1981

El 23 de febrero de 1981 el Congreso de los Diputados fue asaltado por un grupo de golpistas encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero, cuando se celebraba la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como jefe del gobierno. Fue uno de los episodios más dramáticos de la democracia española, pero reforzó el normal funcionamiento de las instituciones que legitimaban y fundamentaban el régimen constitucional.

1982

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gana las elecciones generales por mayoría absoluta. Los sucesivos resultados electorales le mantuvieron, por espacio de catorce años, al frente del gobierno bajo la presidencia de González.

2001

Es abolido en España el servicio militar obligatorio. Hasta el 31 de diciembre de 2001 fue obligatorio el servicio militar para los varones, o una prestación social sustitutoria para los objetores de conciencia. La Guardia Civil pasa a ser un cuerpo integrado en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Se acepta la participación femenina en el ejército.

España mantiene unas Fuerzas Armadas bien equipadas y profesionalizadas. España pasó a ser miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1982 y reafirmó esa alianza en un referéndum en 1986; una de las disposiciones del referéndum fue la reducción de las bases aéreas y militares estadounidenses ubicadas en España.

«Estados Unidos es, por contra, la excepción a nuestra historia, y también a la de casi todos los Estados europeos. Desde su independencia en 1776, no ha conocido la irrupción por la fuerza de las armas de espadones en su vida política. Por más que, efectivamente, el papel de alguno de sus más sobresalientes militares haya sido grande.

España es así un país de acentuados contrastes. Por una parte, los españoles acuñamos la expresión liberal; pero, por otra, hemos puesto también nombre a los pronunciamientos. En este sentido, deberíamos aprender del Tío Sam. A este no le gustan los espadones.» [Pedro González-Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos]

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