VORLAGE

Dictadura del general Primo de Rivera

RESUMEN BREVE

Factores que provocaron la dictadura militar: La alta burguesía, gran parte de las clases medias y el Ejército empezaron a contemplar un gobierno de un “canciller de hierro” como una solución a la crisis del país. Descontento del ejército tras el desastre de Annual y interés por evitar las consecuencias del expediente Picasso y la depuración de responsabilidades de importantes generales, entre ellos el general Berenguer. Auge de los nacionalismos periféricos y ascenso de republicanos y del movimiento obrero. El triunfo del fascismo en Italia tras la Marcha sobre Roma en 1922 y el ascenso al poder de Mussolini. Objetivos de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): Restablecer el orden social: suspensión de las garantías constitucionales, disolución de las Cortes, prohibición de los partidos políticos y de los sindicatos. El dictador logra dar estabilidad política al gobierno. Termina la guerra de Marruecos. Prosperidad económica como reflejo de la recuperación europea de entreguerras. Realización de numerosas obras públicas, como la red nacional de carreteras. Aumento de la producción de energía eléctrica. Creación de CAMPSA y de la Compañía Telefónica. Desarrollo industrial, pero estancamiento de la agricultura. El desarrollo industrial provoca el crecimiento de las asociaciones obreras: Se declara ilegal el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT). El sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT) alcanza gran fuerza. Nacen los sindicatos católicos: Confederación Nacional de Sindicatos Católicos y la Confederación Nacional Católica Agraria. El 3 de diciembre de 1925 se crea un Directorio civil que sustituye al gobierno militar. Intento de mantener la dictadura al margen de la monarquía constitucional. Se forman varios grupos de oposición de la dictadura: Intelectuales: Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos, García Valdecasas, etc. El general Primo de Rivera cometió el error de no contar con los intelectuales. Esto produjo una sorda efervescencia interna que dio cada vez más fuerza al partido republicano. Estudiantes organizados en la Federación Universitaria Española (FUE). Movimientos militares de protesta: Sanjurjada en 1926, apoyada por políticos liberales como Romanones y Lerroux o intelectuales como Gregorio Marañón. En 1929 se celebraron la Exposición Universal en Barcelona y la Iberoamericana en Sevilla. El 29 de enero de 1930 Alfonso XIII aparta a Miguel Primo de Rivera del gobierno y nombra presidente del consejo de ministros al general Dámaso Berenguer con la intención de retornar al régimen constitucional. Este nuevo periodo se conoció enseguida como «la Dictablanda», por contraste con la dictadura anterior. Los movimientos de oposición fuerzan al general Primo de Rivera a presentar su dimisión el 28 de enero de 1930. Tras la caída del dictador, aumentaron las manifestaciones antimonárquicas, que acusan al rey de haber auspiciado la dictadura de Primo de Rivera y de tener responsabilidades en el Desastre de Annual. Los partidos republicanos se unen frente a la monarquía con la firma del Pacto de San Sebastián, promovido por la Alianza Republicana el 17 de agosto de 1930. Se acordó poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República Española. En octubre de 1930 se sumaron al Pacto, en Madrid, las dos organizaciones socialistas, el PSOE y la UGT. En febrero de 1931 el almirante Juan Bautista Aznar fue designado presidente del consejo por Alfonso XIII. Su gobierno convocó elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Al conocerse en las elecciones mencionadas la victoria en las ciudades de las candidaturas republicanas, el 14 de abril se proclamó la Segunda República. Alfonso XIII abandonó el país ese mismo día, con el fin de evitar una guerra civil. La dictadura del general Primo de Rivera acabó con el paro mediante una política eficaz de inversiones públicas, pero no supo ganarse el apoyo de la mayoría campesina ni el de los intelectuales, que rechazaban el militarismo. Cuando la crisis económica mundial impidió mantener el alto nivel de ocupación alcanzado, el régimen se hundió. Pese a la resolución de algunos conflictos pendientes, Primo de Rivera fue incapaz de solucionar algunos de los temas básicos, como por ejemplo el problema catalán o la inevitable reforma constitucional. En su caída arrastrará a la monarquía, llevando al país a las puertas de la República.

La coyuntura internacional a principio de los años veinte era muy desfavorable a las democracias, que habían quedado desacreditadas por no haber sido capaces de evitar la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Ante los retos que planteaban los conflictos y las revueltas sociales tras la grave situación de la posguerra, las democracias habían demostrado gran debilidad a la hora de garantizar el orden. En 1917 triunfa la revolución en Rusia y la “revolución bolchevique” hizo saltar las alarmas ante el temor de que la revolución social se extendiera a los demás países. Como reacción, se desarrollan gobiernos autoritarios cuyo programa político es reprimir los movimientos sociales e integrarlos en un nacionalismo con tintes sociales: el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania.

Otros factores internos que contribuyeron a justificar el golpe militar de Primo de Rivera fueron la descomposición del sistema político de la Restauración, su incapacidad para reformarse, las acusaciones de corrupción política (caciquismo electoral), las agitaciones sociales (huelgas, actividades anarquistas, agitaciones campesinas, “pistolerismo” tanto anarquista como patronal). El cansancio general era palpable. Toda la prensa, tanto de derechas como de izquierdas, reclama una mano fuerte y enérgica que ponga fin a todos estos males.

El ejército comienza a reclamar protagonismo en la vida política del país después de la huelga general de 1917. Tras el desastre de Annual en Marrueco en 1921, el ejército se siente humillado y siente la necesidad de vengar su honor herido reclamando la instauración de un poder fuerte.

Cuando muchos creían que los pronunciamientos militares eran cosa del siglo XIX, el general Miguel Primo de Rivera da un golpe militar y se presenta al país declarando que va a restablecer en breve plazo el orden y que luego abandonará la escena política. A estas palabras siguió un sexenio de férreo control gubernamental, en el que se consumó el hundimiento definitivo de los viejos partidos dinásticos de la Restauración y fracasaron estrepitosamente los conatos reformistas de impronta monárquica.

La singular figura del capitán general de Cataluña resultó controvertida y la mayoría de sus biógrafos rechazan la imagen regeneracionista de ‘cirujano de hierro’ y salvador de España. Su escasa formación intelectual y demagogia popular quedaron patentes en su célebre ‘Manifiesto’ del 12 de septiembre de 1923. La anuencia regia al golpe, otorgó vía libre al primer gobierno exclusivamente militar de la historia de España. Su objetivo era recuperar el orden público y acabar con la guerra de Marruecos. El precio a pagar: disolución de las Cortes, suspensión de la Constitución, persecución de comunistas y anarquistas, rechazo de la lucha de clases y del regionalismo.

La dictadura de primo de Rivera (1923-1930) fue el intento de salvar el orden social de la Restauración sin atenerse al sistema político instaurado por Cánovas. La oligarquía había construido desde 1876 un régimen que les garantizaba el poder mediante la aplicación de un sistema caciquil y el turnismo o alternancia de los dos partidos dinásticos. Pero el sistema de la Restauración se fue debilitando por la decadencia de los partidos dinásticos, el caciquismo, el falso sistema electoral, la injerencia del monarca en los asuntos políticos, y por la fuerza que va cobrando la oposición al sistema que ejercen las fuerzas que quedaron al margen del juego político. El desastre de Annual (1921) en Marruecos desprestigió al ejército, comprometió al rey, poniendo en peligro la monarquía. El recrudecimiento de las luchas sociales, con el pistolerismo patronal en Cataluña frente a los movimientos anarquistas y la presión obrera, junto con los nacionalismos periféricos, fueron el terreno abonado para que se clamara por un “jefe” que pusiera orden. En 1923, el Capitán general de Cataluña, el general Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado e instaura la dictadura que durará de 1923 a 1930.

Causas del golpe de Estado de Primo de Rivera (1923)

Desde 1917, el régimen de la Restauración estaba sumido en una profunda crisis. En los años siguientes fue muy difícil formar gobiernos estables en el Parlamento. El sistema de la Restauración estaba tan desprestigiado que no se produjo ninguna reacción en contra, por parte de la población, del golpe de Estado. Solo la anarcosindicalistas Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fundada en 1910, y el Partido Comunista de España (PCE), fundado en 1921, se opusieron, mientras que otros grupos de izquierda como al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su sindicato la Unión General de Trabajadores (UGT) mantuvieron una actitud colaboracionista.

A pesar de la formación de gobiernos de concentración, las crisis se sucedían. A esto hay que sumar el aumento de la conflictividad social con huelgas generales de jornaleros, escisión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1921, que dio lugar al nacimiento del Partido Comunista de España (PCE). Ante las revueltas sociales, los empresarios responden con la creación de bandas de pistoleros al servicio de los patronos (pistolerismo patronal), al que sigue la reacción armada de los anarcosindicalistas.

Una serie de actos terroristas sonados, como los asesinatos del presidente del gobierno Eduardo Dato (marzo de 1921) por tres pistoleros anarcosindicalistas catalanes o del cardenal y arzobispo de Zaragoza Juan Soldevila y Romero (1923), acentuaron el deterioro social en medio de una situación económica cambiante, provocada desde 1918 por el final de la Primera Guerra Mundial y de la bonanza económica que resultó de la neutralidad española en la misma. Entre tanto, el gobierno presidido por el liberal Manuel García Prieto desde diciembre de 1922 no conseguía controlar la situación, inmerso en el estado crítico de todo el sistema político de la Restauración.

En 1921 se produjo el desastre de Annual en Marruecos tras el que se exigía la depuración de responsabilidades a los mandos del ejército, e incluso al mismo rey. El expediente Picasso, abierto para depurar responsabilidades por el desastre de Annual de 1921, así como el pendiente rescate de los prisioneros en manos del jefe rifeño Abd-el-Krim, creó un clima de gran malestar dentro del Ejército.

«El afán español por hacerse con una franja en el norte de Marruecos, entre otras muchas razones de orden estratégico, por ejemplo, no dejarse cercar por Francia, la decisiva parece que fuera dar una salida a un ejército macrocefálico que, al no haber reconocido la derrota ni obrado en consecuencia, mostraba tanta susceptibilidad como incompetencia. El desastre del 98 en cierto modo culmina en el de Annual (julio de 1921). Para evitar que se pidiesen responsabilidades que alcanzaban probablemente a la Corona, en 1923 el ejército puso fin al orden constitucional, produciendo el efecto contrario al buscado, al contribuir de manera decisiva a la proclamación de la República.» [Ignacio Sotelo: “Los mejores treinta años”. En: El País, 05.03.06]

No todos los autores coinciden en la valoración de la sublevación militar de 1923, pero nadie discute la gravedad de la situación política y los problemas que atenazaban al régimen de la Restauración en aquel momento.

¿Qué reformas reales estaba dispuesto a llevar a cabo el Gobierno de Concentración Liberal? En agosto de 1921 se constituye el Gobierno Nacional de Antonio Maura para afrontar los problemas de Marruecos. A comienzos de 1922 presentó su dimisión y le sucede el gabinete de Sánchez Guerra, del grupo de los “idóneos”. Maura temía que el Desastre del Annual le pasara factura al Partido Conservador que estaba entonces en el poder. El nuevo presidente José Sánchez Guerra envió a las Cortes el expediente o informe Picasso, que informaba sobre las responsabilidades militares del desastre del Annual y había llevado al procesamiento de varios oficiales y del Alto Comisario de España en Marruecos, general Dámaso Berenguer.

Las acaloradas discusiones sobre el espinoso tema de las responsabilidades del desastre llevaron a la dimisión de Sánchez Guerra y a la vuelta de los liberales al Gobierno el 7 de diciembre de 1922. Se formó un gabinete de Concentración Liberal bajo la presidencia de Manual García Prieto, marqués de Alhucemas, que agrupaba a todas las facciones que integraban el Partido Liberal. A esta agrupación de “izquierda dinástica” o “izquierda liberal” se sumó el Partido Reformista de Melquíades Álvarez.

Este gobierno de Concentración Liberal, que caería diez meses más tarde con el golpe de Estado de Primo de Rivera, se comprometió a llevar a cabo una serie de reformas políticas: depurar responsabilidades del desastre de Annual, cayera quien cayese; revisar el artículo 11 de la Constitución, que garantizaba la confesionalidad católica del Estado, poniendo el poder civil sobre el eclesiástico; modificación del régimen de sufragio que elimine el caciquismo; reformas sociales con una reforma agraria; plan de sanidad, de educación, de reducción del déficit presupuestario, con una reforma fiscal con un impuesto progresivo según la renta. El nuevo Gobierno pretendía volver a asumir la competencia en asuntos que hasta entonces habían sido gestionados por los militares: la política a seguir con Marruecos, con el nacionalismo periférico y el terrorismo, así como con las huelgas y las revueltas obreras. La exigencia de responsabilidades políticas por el Desastre del Annual por parte del Gobierno de Concentración Liberal daba la sensación de ser un acto de venganza contra el Partido Conservador, lo que desestabilizó el bipartidismo sobre el que reposaba la estabilidad política y el sostén de la Corona.

«Si de verdad creemos en la sinceridad de los proyectos reformadores del Gobierno de Concentración Liberal, y en que estaba dispuesto a desarrollarlos y ponerlos en práctica, la única conclusión posible es que, ciertamente, la sublevación militar estranguló a un recién nacido, eliminó la posibilidad de una transición pacífica desde un régimen pseudo-representativo, caciquil y liberal-oligárquico, hacia un sistema político auténticamente democrático. Si, por el contrario, consideramos que esos proyectos reformadores nunca tuvieron una virtualidad práctica, si entendemos que el gobierno García Prieto jamás pensó seriamente en poder aplicarlos y ponerlos en marcha, tendremos que concluir que el régimen de la Restauración cayó víctima de su propia descomposición, de unos problemas a los que no pudo, o no supo, hacer frente. Podríamos interrogarnos sobre qué habría ocurrido con esos proyectos de no mediar la intervención de los militares. Prácticamente todos los autores no han tenido por menos que llegar prácticamente a la misma conclusión: el Gobierno de Concentración Liberal no ofrecía a la altura de septiembre de 1923 una esperanza real de renovación. Quizás fue Javier Tusell quien mejor sintetizó esta opinión: “el mayor defecto de la Concentración Liberal fue posiblemente el haber vivido en una especie de campana neumática que le aislaba de la opinión pública y evitaba que se diera cuenta de hasta qué punto estaba bordeando el golpe de estado.

Así pues, no parece muy arriesgado afirmar que la intervención de los militares en la política nacional, un tema que era discutido abiertamente incluso en los periódicos de la época, constituía una amenaza tangible y que a casi nadie cogió de sorpresa. El ejército tan solo necesitaba un factor de unión y un dirigente lo suficientemente ambiguo como para que fuera aceptado por todos. Lo primero lo tuvo en la oposición radical a la clase política, y lo segundo en Primo de Rivera. Enfrente de este no hubo, llegado el momento decisivo, ninguna fuerza capaz de contraponérsele, sino tan solo un rey cuya actitud, en aquel mes de septiembre de 1921, dio lugar en su momento y también posteriormente a una intensa y –en ocasiones– apasionada polémica historiográfica.» [Álvarez Rey 2006: 24 ss.]

LA GESTACIÓN DEL golpe militar DE 1923

Sobre el papel de jugado por Alfonso XIII en la gestación del golpe militar de Primo de Rivera en el verano de 1923, que llevaría a la instalación de una dictadura, hay opiniones para todos los gustos. Desde los que sostienen que el rey estaba perfectamente informado de lo que iba a ocurrir, y que incluso podría haber instigado la conspiración militar, hasta los que eximen al rey de toda responsabilidad por falta de pruebas de que el monarca tuviera conocimiento previo de lo que estaban tramando los militares. Lo cierto es que el ruido de sables ya se estaba dejando oír en las calles, como refleja la prensa de la época: el viejo general Weyler ya se había pronunciado a favor de una intervención militar; el periódico El Debate abogaba en enero de 1923 por una dictadura civil. La amenaza de una intervención militar flotaba en el aire; los únicos que no la percibían eran los componentes del Gobierno de Concentración Liberal. Era opinión generalizada que la degeneración de la política justificaba todos los medios para ponerle remedio, aunque fueran anticonstitucionales. Flotaba en el aire el clamor por el “cirujano de hierro”.

La dictadura parecía la única solución posible para un país que estaba cansado de sufrir desbarajustes políticos y crímenes. En 1921 había habido en Barcelona 18 atentados contra patronos, 12 contra jefes o encargados de fábricas, 56 contra policías y 142 contra obreros de ambos bandos. En 1923, primer año de la dictadura, hubo 53 muertos, 102 heridos en 22 tiroteos callejeros y 11 atentados con bombas.

«La percepción del pueblo como masa por los escritores de fin de siglo determinó una nueva conciencia de sí mismos como elite separada, como una categoría social aparte dotada de una función propia. [...] De un lado, pues, los intelectuales hablando de regeneración; del otro, ese pueblo-masa que ni escucha ni responde, sordo y mudo como era. Frente a esta masa por definición ignorante “alguno t8iene que ser el educador, y ese educador tiene que estar alto, para imponer una enseñanza que quizá la misma masa rehusara. [...]

La conciencia de intelectual emerge, pues, como contrapunto de una visión dividida en una mayoría amorfa, ignorante, pasiva, ineducada, grosera, fácilmente manipulable por los políticos, y una minoría selecta, dotada de inteligencia y sensibilidad, desdeñosa de la política. Naturalmente, una de las consecuencias inmediatas de esta visión de la sociedad es el juicio expeditivo, sumario, sobre los políticos profesionales. [...] Si la masa es número y si el número decide la formación de los gobiernos, entonces los gobiernos estarán afectados del mismo daño que la masa. Los autores de fin de siglo vuelven a la idea de la democracia como dañada en su raíz por el hecho de basarse en el sufragio universal: “si la masa es soberana, si las multitudes han de elegir a sus representantes y delegados ¿cuál habrá de ser la táctica de los que aspiran a la representación parlamentaria?”, se pregunta Azorín en 1910, para responderse: “lógicamente el halago de todo lo que en las multitudes representa instintos y pasiones”. En tales condiciones, los políticos y gobernantes serán “servidores vendidos a la multitud”. Es la revuelta contra la masa y contra la democracia de masa, y el correlativo suspiro por “el hombre”, el “buen tirano”, el “tutor”, el “héroe” o, más directamente, el dictador que arregle todo esto, lo que alimenta esta actitud de desprecio a la política; no el sistema específico que tienen ante los ojos.» [Juliá Díaz, Santos: “Protesta, liga y partido: tres maneras de ser intelectual”. En: Carnero Abar, Teresa (ed.): El reinado de Alfonso XIII. Madrid: Marcial Pons, 1997, p. 166-167]

«Tres periódicos de Madrid clamaron ayer en sus editoriales por la pronta instauración de la dictadura. El Debate titulaba su artículo: “La dictadura... y pronto”; La Acción, decía: “Se necesita un dictador”; La Correspondencia Militar (en este periódico está más justificada la actitud) rotulaba su artículo de fondo: “La dictadura es la salvación”. La Acción procura aclarar su criterio acerca de la dictadura que solicita. Pide “una dictadura que sea fuerte, vigorosa, inexorable, para evitar así, precisamente, la necesidad de la verdadera dictadura, de la feroz, de la implacable, de la cruenta...” [...]

Los pueblos no toleran un dictador, sea este civil o militar. Y dada esta gran verdad, que le experiencia de todos los días confirma, ¿cómo sostener que se debe gobernar contra la voluntad de los pueblos? ¿En nombre de quién? [...]

Queremos intercalar un breve comentario a la conferencia que ayer dio en el Centro del Ejército y de la Armada el general Primo de Rivera. Pidió este privilegios sociales para el Ejército; sostuvo la teoría de que el Ejército debe ser algo así como una casta aparte, y protestó contra la manía inadmisible –a su juicio– de que la población civil pretenda instaurar un régimen igualitario respecto de los institutos armados. Al tratar de este punto, expresó cumplidamente su pensamiento en los conocidos versos que dicen:

“¡Igualdad”, oigo gritar al jorobado Torroba; ¿se quitará la joroba o nos querrá jorobar?

El régimen de dictadura sería, con relación al estado de ánimo de España, lo que las represiones violentas suelen ser respecto de los movimientos obreros. ¿Qué resolvió la represión de Dato y Sánchez Guerra en agosto de 1917? ¿Es que no estamos todos convencidos de que desde entonces, y como efecto de la represión, se han fortalecido y perfeccionado las organizaciones obreras, ha acentuado su radicalismo y perfeccionado las organizaciones obreras, han acentuado su radicalismo los elementos de la extrema izquierda, se han esparcido fuertes ráfagas de odio por toda España y se ha suscitado el deseo de tremenda revancha? Algo semejante habría de ocurrir con la dictadura.» [José Ortega y Gasset: “En 1919, Dictadura es sinónimo de anarquía” (1919), en Obras Completas. Madrid: Revista de Occidente, 1969, t. X, p. 508 ss.]

«Como en Italia, donde Mussolini encontraba su soporte más sólido entre los industriales y los terratenientes, en España fue el horror al desorden y ala anarquía lo que arrojó a la alta burguesía catalana en los brazos de Primo de Rivera; hasta el punto de que puede considerarse ese grupo social como responsable del golpe de Estado, por haber creado una atmósfera de histeria en torno al terror proletario en la región y por manifestar su disposición a apoyar un defensor de la paz y del orden, tal como ellos lo entendían. Parece que algunos de sus principales líderes tuvieron conocimiento previo del pronunciamiento. Y, cuando éste tuvo lugar. Cambó —el líder de la Lliga Regionalista—, no dudó en exclamar que aquél era el único dulce que había podido paladear en un año amargo. Puig i Cadafalc lo corroboró al afirmar que, entre un golpe ilegal y los políticos corrompidos del sistema liberal hasta entonces vigente, la Lliga, prefería el primero. Tampoco el órgano del partido —La Veu de Catalunya— ocultaría su satisfacción por la caída del «antiguo régimen».

Se ha argüido que la crítica hostil exageró el entendimiento entre Primo de Rivera y los industriales de Cataluña. Sin embargo, también se advertiría que sus primeras medidas fueron acordes por completo con los deseos de la Lliga. Así, los anarcosindicalistas fueron reducidos a la clandestinidad; se creó el Somatén (milicia civil considerada como guardián de la «paz burguesa») y fueron designados hombres fuertes como Martínez Anido y Arlegui, ambos ya conocidos como organizadores de bandas de pistoleros antianarquistas durante el período anterior, y encargados ahora del mantenimiento del orden público.

Ya en el primer momento, Primo de Rivera prometió también unos aranceles proteccionistas a los industriales catalanes. Respondía con ello a una de las causas por las que éstos se habían alejado del último Gobierno constitucional, que había amenazado con reducir las tarifas sobre productos importados de Bélgica, Alemania y Estados Unidos. Cuando aquéllos necesitaron aranceles más bajos (por ejemplo, sobre petróleo y algodón en rama importados de América para sus factorías), el dictador no dudó tampoco en colmar sus deseos. La euforia con que las Cámaras de Comercio e Industria de Cataluña dieron la bienvenida al dictador fue ampliamente recompensada con «paz social» y con los aranceles más altos de Europa.» [Shlomo Ben-Ami: “Hacia una comprensión de la dictadura de Primo de Rivera”. En: Revista del Departamento de Derecho Político. Núm. 6 (1980)]

La dictadura recibió apoyos institucionales de parte de la Corona, el Ejército, la Iglesia y la Banca. El ejército, a pesar de estar dividido entre “peninsulares” y “africanistas”, prestó un apoyo global al golpe. Solo en algunos y reducidos sectores militares e intelectuales se mantuvo la oposición al régimen. La Iglesia católica apoyó intensamente el régimen autoritario de Primo de Rivera y dispuso de representantes en altas instancias del mismo. Hacia 1928 importantes sectores vinculados al catolicismo social y político abandonan el partido del régimen, la Unión Patriótica, y comienzan las críticas al régimen dictatorial en cuestiones fundamentalmente laborales. En sus inicios y en su posterior consolidación, el golpe militar recibió fuertes apoyos de los grupos económicos provinciales, tanto industrial como agrario: burguesía agraria de tipo capitalista y nuevos sectores bancario-industriales. La burguesía catalana ofreció un apoyo notable al pronunciamiento, porque temían una ‘revolución desde abajo’.

PAPEL DEL REY EN EL GOLPE DE ESTADO DE PRIMO DE RIVERA 

En el debate historiográfico sobre la posible implicación de Alfonso XIII, unos autores eximen de responsabilidad al monarca, mientras otros consideran que el monarca estuvo implicado en la trama golpista.

Según el historiador Shlomo Ben Ami, «Alfonso XIII había mostrado desde hacía años tendencias absolutistas, un fuerte deseo de gobernar sin el parlamento, una rígida etiqueta cortesana no democrática, y manifestaba una enfermiza admiración por el ejército, en el ascenso de cuyos oficiales él era el principal árbitro.» Tras el desastre de Annual en 1921, con el correspondiente desprestigio del Ejército, el rey fue mostrando cada vez más desafección al sistema parlamentario: «el parlamento no cumple con su deber... Dentro y fuera de la Constitución tendría que imponerse y sacrificarse por el bien de la Patria», manifestaba en mayo de 1921 en Córdoba. «Lo que indujo al rey a coquetear con una solución extraparlamentaria fue la resurrección del parlamentarismo español más bien que su degeneración. El debate público sobre las responsabilidades y la propaganda antialfonsina de los socialistas no podía dejar de convertirse en un engorro insoportable para el monarca», dice Ben Ami.

Alfonso XIII era muy dado a participar activamente en política. Como la discreción no era una de las virtudes del monarca, en varias ocasiones dejó ver su profundo desprecio hacia el sistema político que estaba instaurado. Ante lo que estaba ocurriendo en otros países de Europa, el monarca había llegado a la convicción de que la implantación de un régimen autoritario podía ser la solución a la crisis política que se vivía en esos momentos.

En un polémico discurso en 1921, en el Círculo de la Amistad de Córdoba, Alfonso XIII criticó duramente a los partidos del régimen, y dijo que la única solución era disolver las Cortes y gobernar mediante una Junta de Defensa del Reino.

Tras el triunfo del golpe, el rey continuó haciendo manifestaciones en las se autofelicitaba por la solución tomada: «Yo acepté la dictadura militar porque España y el Ejército lo quisieron para acabar con la anarquía, con el desenfreno parlamentario y la debilidad claudicante de los hombres políticos».

Sobre la participación del rey en los preparativos del golpe de Primo de Rivera, no existen pruebas. Pero algunos historiadores reconocen que el rey coincidía con los conspiradores en el diagnóstico de la situación política del momento. Parece que en algún momento de indiscreción, el rey habló de un posible gobierno militar autoritario, aunque descartando él pudiera liderarlo, porque «en el acto tendría enfrente a todos».

Es significativo que una de las primeras decisiones que tomó el Directorio Militar fue apoderarse de los archivos de la Comisión de responsabilidades del Congreso de Diputados que preparaba el informe Picasso sobre las responsabilidades militares del desastre de Annual (Marruecos) en 1921, informe que, según el diputado socialista Indalecio Prieto, iba a implicar a mismo rey.

El rey tuvo, por lo menos indirectamente, una responsabilidad personal en el deterioro del sistema político de la Restauración tras haberse opuesto, en varias ocasiones, a democratizar el sistema, para lo que se valió del uso abusivo de la prerrogativa regia y el apoyo a los militares en detrimento del poder civil. El rey no cumplió su papel de árbitro y jugó más bien el papel de actor fundamental.

El rey sancionó el golpe militar contra la legalidad constitucional, haciéndose así responsable de la dictadura. Muchos autores creen que el Ejército difícilmente hubiese aceptado una rebelión que no hubiera sido sancionada por el monarca como jefe supremo de las fuerzas armadas y personificación de la nación. Algunos autores creen que Alfonso XIII sabía que violaba la Constitución sancionando la dictadura, pero que evitó con ello la división del ejército y una posible guerra civil entonces. El hecho es que el rey violó la Constitución al sancionar la dictadura sin convocar el Parlamento. Esto le iba a costar más tarde el trono.

Son mayoría los historiadores que consideran a Alfonso XIII implicado, en mayor o menor medida, y aducen varios argumentos para probar que la sublevación no hubiera triunfado sin el apoyo del Rey: su ideología favorable a una solución anticonstitucional; el propio rey se propuso como dictador ante Antonio Maura; conocía los preparativos del golpe desde el 4 de septiembre, según declaraciones del propio rey; durante el desarrollo del golpe, el rey bloqueó los intentos del gobierno para parar el golpe y cortó la comunicación con el gobierno durante día y medio, permitiendo a los golpistas ganar tiempo y adeptos.

«El golpe de Primo de Rivera cerró toda posibilidad de encontrar dentro de la monarquía constitucional la solución al problema constituyente que los diferentes movimientos, obrero, republicano, reformista, catalanista, militar, y figuras muy representativas de las elites intelectuales, habían situado en primer plano del debate y de la acción política desde 1917.» [Santos Juliá]

«Desde la esfera de análisis institucional, no parece objetivo hacer recaer sobre la persona de Alfonso XIII la responsabilidad política de que se implantara un régimen de excepción. Pero tampoco cabe negar, confirma Gómez Navarro, la responsabilidad jurídica y constitucional del monarca en el triunfo del golpe, la imposibilidad de que éste triunfara si él no hubiera colaborado y su responsabilidad política absoluta en cuanto a la naturaleza del régimen de excepción que se implantó.

Pero la relativa exculpación de responsabilidades del Rey en los orígenes y en el golpe mismo no oculta el papel de la Corona como institución y de Alfonso XIII en particular en la preparación de condiciones que hicieron posible que se llegara a 1923 en una situación como la que se llegó. Baste recordar, fundamentalmente, los fracasos regeneradores del régimen de la Restauración por democratizarse. El papel de la Corona resultó decisivo como elemento paralizante en la evolución democratizadora del sistema político, en la medida en que bloqueaba la transformación de los partidos políticos. Contribuyó, por el contrario, a que se siguiera la dirección contraria, es más, en su figura canovista de Rey-soldado favoreció las instituciones militares en los enfrentamientos con las civiles, debilitando de esta forma el poder civil. 

Más tarde, en 1926 y 1929, en los conflictos con los artilleros, y en la convocatoria de la Asamblea Nacional en 1927, al firmar los respectivos decretos primorriveristas, se convertía en responsable de la ruptura definitiva con los antiguos políticos contrarios a la Asamblea. Todas estas responsabilidades contribuirían, años más tarde, a la caída de la Monarquía.» [Carmen González Martínez: “La Dictadura de Primo de Rivera: una propuesta de análisis”. En: Anales de Historia Contemporánea, 16 (2000)]

«Si, frente a las apariencias, el golpe de Estado militar del 13 de septiembre de 1923 fue constitucional desde el punto de vista jurídico de la Constitución de 1876, el régimen primorriverista dejó de cumplir con la Constitución de 1876 en noviembre de 1923. La Constitución establecía en su artículo 32 la obligación de la corona de convocar y reunir las Cortes antes de tres meses de haber sido disueltas y el 12 de noviembre los presidentes del Congreso y del Senado, Melquíades Álvarez y Romanones, escribieron una carta que le llevaron  al rey recordándole dicha obligación. El rey envió la carta a Primo y este respondió con un real decreto cesando en sus funciones a los presidentes del Congreso y del Senado y disolviendo las comisiones de gobierno interior de ambas cámaras, dado que estas seguían legalmente operativas.

El rey firmó el decreto y con este hecho rompía formalmente con la Constitución de 1876, a la que había jurado cumplimiento. Las consecuencias de la ruptura constitucional serán graves en un triple sentido. A partir de este momento se calificaría a Alfonso XIII como “el rey perjuro”. El hecho de haber incumplido la Constitución de 1876 dificultaría la posibilidad de volver a implantarla cuando se plantearan posibles salidas constitucionales al régimen de excepción vigente. Y porque algunos políticos dinásticos a partir de fechas tan tempranas como finales de 1923 comenzaron a distanciarse de Alfonso XIII.» [Juliá 2003: 348]

El golpe militar de 1923

En principio la dictadura iba a ser un régimen temporal —el general Primo de Rivera dijo que su propósito era permanecer sólo noventa días tiempo suficiente para regenerar el país—, pero duró seis años y cuatro meses.

El 13 y 14 de septiembre de 1923, ante los acontecimientos de Barcelona, las autoridades civiles y militares en todo el país solo se limitaron a esperar el desarrollo de los acontecimientos y se preocuparon solo de mantener el orden público. En la tarde del 14, se conoció que Alfonso XIII había forzado a su gobierno a dimitir y había encargado al general sublevado que tomara el poder y tomara las riendas del gobierno. Los mandos militares, siguiendo la decisión real, publican en la prensa el Manifiesto del general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, que declaraba el estado de guerra y proclamaba la ley marcial.

AL PAÍS Y AL EJÉRCITO. Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación que liberarla de los profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. La tupida red de la política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real. Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar, aludiendo a los que han sido su único, aunque débil, freno, y llevaron a las leyes y costumbres la poca ética sana, el tenue tinte de moral y equidad que aún tienen; pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto y entre ellos mismos designan la sucesión. Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que, sin, poner remedio a nada, dañan tanto y más a la disciplina que está recia y viril a que nos lanzamos por España y por el Rey. Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. ¡Españoles! ¡Viva España y viva el Rey! No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de prelados, ex gobernadores, agentes de autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes atracos, depreciación de moneda; francachela de millones de gastos reservados, sospechosa política arancelaria por la tendencia, y más porque quien la maneja hace alarde de descocada inmoralidad, rastreras intrigas políticas tomando como pretexto la tragedia de Marruecos, incertidumbres ante este gravísimo problema nacional, indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial; impune propaganda comunista, impiedad e incultura, justicia influida por la política, descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor del problema de las responsabilidades, y… por último, seamos justos, un solo tanto a favor del Gobierno de cuya savia vive hace nueve meses, merced a la inagotable bondad del pueblo español, una débil e incompleta persecución al vicio del juego. No venimos a llorar lástimas y vergüenzas, sino a ponerles pronto y radical remedio, para la que requerimos el concurso de todos los buenos ciudadanos. Para e!!o y en virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un directorio inspector militar con carácter provisional, encargado de mantener el orden público y asegurar el funcionamiento normal de los ministerios y organismos oficiales, requiriendo al país para que en breve plazo nos ofrezca hombres rectos, sabios y laboriosos que puedan constituir Ministerio a nuestra amparo, pero en plena dignidad y facultad, para ofrecerlos al Rey por si se digna aceptarlos. 13 de septiembre de 1923

El Manifiesto de Primo proclamando que su movimiento tenía como objetivos resolver los problemas planteados por el terrorismo, el separatismo, el desorden económico, Marruecos y, en general, la inmoralidad de la clase política fue muy bien recibido por fuerzas sociales muy diversas. Parecía que, por fin, la regeneración había llegado a España, aunque fuese de la mano de un general.

Los sistemas democráticos se tambaleaban también en Europa. El fascismo se implanta en Italia en 1922, se funda en Alemania el NSDAP y los regímenes autoritarios alcanzan a Portugal y Polonia. Primo de Rivera se reunirá con Benito Mussolini, a quien elogiará como «el apóstol de la campaña contra la anarquía y la corrupción política», copiando rasgos del sistema corporativista del fascismo italiano, que pretendió implantar luego en España. La explosión del modelo autoritario, de fuerte sentimiento nacionalista, muy crítico con los sistemas democráticos débiles y acomodados, unido a una rápida extensión en toda Europa de las ideas emergentes de los socialistas con amplio apoyo de las masas populares, influyó en la reacción habida en España.

La «Dictadura con rey»

Para la dictadura del general Primo de Rivera, el historiador Santos Juliá acuñó la expresión «dictadura con rey» o «dictadura militar de real orden», pues la suerte final del golpe militar la decidió el rey Alfonso XIII al no respaldar al gobierno y ceder el poder a Primo de Rivera, lo mismo que había hecho un año antes el rey de Italia Víctor Manuel III que se negó a firmar el decreto que declaraba el estado de emergencia para impedir que la «marcha sobre Roma» de los fascistas triunfara, y que al día siguiente nombró a Mussolini, jefe del gobierno.

A partir de la aceptación del golpe de Estado de Primo de Rivera, el rey ya no actuó como monarca constitucional, sino como jefe del Estado de una nueva fórmula política de «dictadura con rey», que se iba a difundir más tarde por otras monarquías europeas.

Alfonso XIII ya no era un monarca constitucional y cuando los presidentes del Senado, conde de Romanones, y del Congreso de Diputados, Melquiades Álvarez, pasados tres meses del golpe militar, le recordaron al monarca que la Constitución de 1876 le obligaba a convocar elecciones, fueron fulminantemente destituidos mediante un Decreto firmado por Primo de Rivera y refrendado por el Rey. Primo de Rivera lo justificó así: El país no se impresiona ya con películas de esencias liberales y democráticas; quiere orden, trabajo y economía.

El Directorio Militar (1923-1925)

La declaración del estado de guerra condujo a que se restableciera la "paz social". Desapareció casi por completo el pistolerismo y se redujo el número de huelgas, a lo que contribuyó también el crecimiento económico que se vivió en los «felices años veinte».

Característica común a los regímenes militares, es su gran dificultad para legitimarse e institucionalizarse como tales. Los regímenes militares se legitiman en la medida en que son capaces de resolver los problemas que dieron origen al golpe de estado. Se trata de hecho de una legitimación por los resultados de su política. La dictadura del general Primo de Rivera intenta legitimarse aportando soluciones a los problemas fundamentales del país, los que habían provocado la crisis antes del golpe: el problema colonial (guerra de Marruecos) y el del orden público (movimientos sociales).

Primo de Rivera se consideró a sí mismo el «cirujano de hierro» que debía lograr el «descuaje del caciquismo» del que había hablado Joaquín Costa a principios de siglo. Su objetivo fue "regenerar" la vida pública poniendo fin a las redes caciquiles, una vez que la "oligarquía" de los políticos del turno ya había sido desalojada del poder. Pero en la práctica la medida de nombrar los delegados gubernativos fue poco efectiva porque entre ellos también se dieron casos de corrupción e incluso algunos se convirtieron en auténticos caciques, que encontraron refugio en el partido único de la Dictadura, la Unión Patriótica.

El general trató de dotar a su sistema político de un cierto carácter democrático, con la creación de una asamblea orgánica, Asamblea Nacional Consultiva (1926), cuyo objetivo era redactar una nueva constitución que debería legitimar el nuevo régimen político. La Asamblea Nacional Consultiva, constituida bajo el ejemplo de lo hecho por Mussolini en Italia, fue un absoluto fracaso y la constitución nunca llegó a realizarse. Otra de sus intentos de dar un carácter democrático a su dictadura fue la creación de una partido político que reflejara el ideario político de la dictadura. Así se constituyó la Unión Patriótica Española (UPE) como partido único de la dictadura. La Unión Patriótica Española debería aglutinar los grupos políticos más conservadores de la sociedad española, mientras que al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se le encomendaba la tarea de ejercer la alternancia política, a imitación del turnismo de la Restauración. Pero este modelo de alternancia de partidos no se llevó nunca a la práctica.

Entre los iniciales objetivos de la Dictadura figuró la solución al problema del orden público, concebido como defensa armada contra la revolución. La primera acción de Primo de Rivera frente al problema del orden público fue el despliegue de una dura represión frente a las fuerzas políticas y sindicales más ‘peligrosas’ del momento. El general había presentado a la opinión pública española su dictadura como la solución ante ‘el desorden social imperante’. La oposición al obrerismo revolucionario y al comunismo  ocupaba un lugar importante en el manifiesto con el que el general Primo de Rivera justificaba el golpe militar.

La Dictadura de Primo de Rivera se desarrolló en dos etapas: El Directorio Militar (1923-1925), durante el cual el general, con mano dura, trata de combatir los “males” de España (guerra en Marruecos, represión contra el movimiento obrero y el nacionalismo); y el Directorio Civil (1925-1930), que trata de institucionalizar la dictadura. El régimen se encuadra en el contexto internacional del incipiente fascismo europeo, del que toma solo algunos elementos.

El general Primo de Rivera proclamó la dictadura en 1923, tras la consulta al resto de los capitanes generales y con el visto bueno del propio Rey, y estableció un régimen. Sin base ideológica clara, la dictadura del general partía de una gran improvisación doctrinal.

En el manifiesto justificador del golpe, el general se mostraba depositario del “clamoroso requerimiento” del “pueblo sano”, que imponía dicha actitud con el objeto de llevar a cabo la liberación de la patria respecto de los “profesionales de la política”. Al mismo tiempo, se atribuía la personificación de la solución propuesta por el regeneracionismo.

Formó un Directorio Militar compuesto por él mismo como jefe de gobierno y otros nueve miembros del Ejército en calidad de vocales. Los ministerios perdieron su funcionamiento habitual y pasaron a ser ejercidos por funcionarios sin atribuciones gubernamentales. En aras del control social sacrificó el sistema democrático mediante el uso de la censura de prensa, la persecución política o el cierre del Parlamento.

Cuando tomó las riendas del gobierno, el general Primo de Rivera aseguró que su gobierno sería solo una etapa transitoria. Comenzó suspendiendo la Constitución, los partidos políticos y los sindicatos. Concentró todo el poder en sus manos, asesorado por un consejo de generales. Sustituyó a los gobernadores civiles por militares y gobernó por decreto.

Con la promulgación de una Estatuto Municipal (el 8 de abril de 1924) y la creación de un partido político adicto al régimen dictatorial del general, la Unión Patriótica (1924), Primo de Rivera llevó a cabo la institucionalización de su dictadura.

El Estatuto Municipal de 1924 pretendía «regenerar» la vida municipal para «descuajar el caciquismo», pero el Estatuto no se aplicó porque las prometidas elecciones nunca se celebraron y los concejales y los alcaldes fueron nombrados por los gobernadores civiles, a su vez designados por el Directorio militar, convirtiéndolos así en un apéndice de la Unión Patriótica, el partido único de la Dictadura.

La Unión Patriótica (UP) era un partido político creado como una asociación de ciudadanos, una asociación de «todos los hombres de buena voluntad». Su objetivo: integrar a toda la sociedad y sustituir a los partidos tradicionales a los que consideraba corruptos, para dar soporte al nuevo régimen. Fue un partido personalista ligado al mantenimiento del régimen dictatorial del general y a la personalidad de su líder. Como partido, careció del necesario apoyo social que le permitiera existir una vez desaparecido el régimen de la dictadura.

El rechazo de los ideales del sistema liberal parlamentario de la Constitución de 1876 da cuerpo a un sistema corporativo estructurado verticalmente: parte del núcleo social más elemental que es la familia, luego el municipio, etc., culminando en una cámara única que reglamenta el Estado intervensionista. La Unión Patriótica proclamará su apoliticismo como desprecio al sistema parlamentario, su nacionalismo a ultranza basado en patria, religión y monarquía, y su antirregionalismo. La Unión Patriótica ocupará los puestos en ayuntamientos, diputaciones y gobiernos civiles, variando el perfil sociológico de sus afiliados según provincias.

La burguesía apoyó sin reservas al nuevo régimen. Incluso el sindicato socialista, Unión General de Trabajadores (UGT) le prestó cierta colaboración.

Durante este período, la dictadura de Primo de Rivera llevó a cabo una política de saneamiento económico, atrajo a los inversores, fomentó las obras públicas. Esta política económica se vio favorecida por la expansiva coyuntura económica internacional.

El éxito más notable de Primo de Rivera en cuanto a la política colonial fue el desembarco de Alhucemas en 1925, con el consiguiente control de una amplia zona de Marruecos y la derrota de Abd-el-Krim, que tanta guerra había dado en los años anteriores.

El otro problema que quedaba, después del problema colonial, era el del orden público, del que se encarga Severiano Martínez Anido (1862-1938), que había sido gobernador militar de San Sebastián y de Barcelona y en 1920 fue destinado a la ciudad condal en calidad de gobernador civil. Su actitud durante los años del denominado pistolerismo, que enfrentó en la capital catalana a los obreros anarquistas con los delincuentes contratados por los empresarios, le valió ser destituido en 1922, en plena crisis definitiva del sistema político de la Restauración. Pero el 22 de septiembre de 1923, siete días después de que el general Miguel Primo de Rivera instituyera el Directorio Militar, fue designado funcionario encargado del Ministerio de Gobernación y sustituye a todos los gobernadores civiles por militares y desata la represión contra los elementos más radicales y prohíbe los partidos políticos (la Constitución ya estaba suspendida y las Cortes disueltas). El 3 de diciembre de 1925 Primo de Rivera instauró el Directorio Civil y le nombró a Martínez Anido ministro de Gobernación, así como vicepresidente del gobierno.

El partido Unión Patriótica

A principios de 1924, comenzó a fraguarse la idea de que no era suficiente para «regenerar» el país poner fin a la «oligarquía» y «descuajar el caciquismo», sino que también era necesaria una «política nueva», que se apoyara en «gentes de ideas sanas» y los hombres «de buena fe» que formarían un «partido político, pero apolítico, que ejerce una acción político-administrativa». Una fuerza política, que no definiera los objetivos ni las políticas a aplicar, sino que se hiciera cargo de la administración del Estado llevando a la práctica el lema regeneracionista de «menos política, más administración».

Así es como nació en abril de 1924 la Unión Patriótica, aunque las primeras "uniones patrióticas" habían surgido de manera espontánea por iniciativa de sectores agrarios del catolicismo político. Esta agrupación fue impulsada por Ángel Herrera Oria y miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.

Primo de Rivera definió la Unión Patriótica como «un partido central, monárquico, templado y serenamente democrático» y más adelante lo dotó de un trilema, al modo carlista: «Patria, Religión y Monarquía». Uno de sus ideólogos, el escritor José María Pemán, se preocupó de diferenciarlo del fascismo y afirmó que el Estado que defendía la Unión Patriótica era el "tradicional socialcristiano", y que además renegaba del sufragio universal que consideraba "un gran error".

El partido “apolítico” fue patrocinado por Primo de Rivera, su objetivo era aunar todas las fuerzas simpatizantes con la labor del Directorio Militar. A partir de abril de 1924, esta agrupación se oficializó y pasó a depender de Presidencia del Gobierno como un partido pro-gubernamental. Este partido agrupaba diversos talantes, ideologías políticas y familias que se disputaban el control de la organización, lo que provocó continuas desavenencias y enfrentamientos dentro de la agrupación.

Unión Patriótica aglutinó a sectores de la vieja clase política de la Restauración (conservadores y liberales), mauristas, socialcatólicos, tradicionalistas, tecnócratas y nuevas fuerzas propensas a soluciones autoritarias, que representaban el pensamiento y la mentalidad de buena parte de lo que sería la derecha española. Pero Unión Patriótica careció de una auténtica orientación y línea clara en política, fue siempre vista como un partido gubernamental, con sus prebendas, favoritismo y tráfico de influencias.

El partido no logró erradicar el caciquismo de la Restauración, sobre todo en el campo. La eficacia de la Unión Patriótica en el «descuaje del caciquismo» fue en realidad reducida, porque incorporó en sus filas a muchos antiguos caciques y permitió la creación de nuevos cacicazgos. En muchas localidades la práctica totalidad de los caciques tradicionales se integraron en la Unión Patriótica".

El Directorio Civil (1925-1930)

Pronto las agrupaciones políticas presionan para recuperar el protagonismo político. Las divisiones internas del ejército entre “africanistas”, liberales y juntistas (miembros de las Juntas de Defensa) dan paso al Directorio Civil en 1925, en la que la dictadura cuenta con la colaboración de políticos mauristas como Calvo-Sotelo o socialistas como Largo Caballero, que desarrollan una política de obras públicas que aprovechó la excelente coyuntura internacional.

Tras los éxitos militares en Marruecos, Primo de Rivera, en lugar de retirarse, como había dejado entrever al comienzo de la dictadura, perpetuó su jefatura gubernamental a través de un segundo gobierno, instituido bajo la denominación de Directorio Civil, el 3 de diciembre de 1925. Desde entonces, pretendió institucionalizar la dictadura y crear un régimen nuevo dotado de sus propios organismos ajenos al sistema parlamentario.

Alentado por sus éxitos económicos y tras haber puesto fin a la guerra de Marruecos, el general se propone consolidar su régimen dictatorial a imitación del fascismo italiano. Además de la Unión Patriótica (1924), se crearon corporaciones o asociaciones verticales de patronos y obreros de un mismo ramo, con el objetivo de sustituir a los sindicatos libres. En 1927 creó la Asamblea Nacional corporativa para aglutinar todas estas corporaciones.

En esta etapa de la dictadura, comienzan a colaborar con el régimen en diversos ministerios representantes de la burguesía, entre ellos José Calvo Sotelo (en la cartera de Hacienda hasta el 21 de enero de 1930), que dieron impulso a las obras públicas, colaboraron en el saneamiento de la Hacienda y crearon monopolios estatales en servicios públicos (CAMPSA, Telefónica, etc.).

En junio de 1927 se puso fin a la guerra de Marruecos. Pero fue en el campo de la Hacienda y de las obras públicas donde el régimen dictatorial consiguió ganar sus mejores bazas. Calvo Sotelo logró aliviar la deuda pública y monopolizó un sector productivo clave como era el petróleo. En obras públicas, al calor de la situación económica, se ampliaron y mejoraron carreteras, puertos y regadíos.

Apoyado por parte del Ejército y por elementos de extrema derecha, el general intentó construir un régimen que sustituyera al caduco parlamentarismo que había dado comienzo con el reinado de Alfonso XII, a finales de 1874. Desde su gobierno dictatorial quiso reemplazar definitivamente el sistema político propio de la Restauración. Pretendió dotar a su régimen de tres pilares básicos: un partido político (Unión Patriótica), unas Cortes sin capacidad decisoria (Asamblea Nacional Consultiva) y un borrador constitucional de signo ultraconservador que no pasó del proyecto redactado en 1929.

En 1929 la dictadura inicia trabajos para redactar una nueva Constitución y con ella consolidar legalmente el régimen dictatorial. Pero a pesar de todos estos intentos, la dictadura no llegó a institucionalizarse.

Tras el “crash” o desplome de la Bolsa de Nueva York, en 1929, los problemas económicos se extendieron con gran rapidez por el mundo. La crisis económica que provocó la Gran Depresión acabó con el auge económico y con “los felices años veinte”. La etapa de expansión económica tocó a su fin con la caída del comercio exterior, la inflación y el paro. El descontento social, con la vuelta de los movimientos huelguísticos, vino a acrecentar la oposición a la dictadura.

Exposición Universal de Barcelona – Iberoamericana de Sevilla

En 1929 tuvo lugar la celebración de la Exposición Universal de Barcelona y de la Iberoamericana de Sevilla, eventos con los que Primo de Rivera quiso mostrar al mundo le eficacia de su régimen dictatorial.

 A esto hay que añadir las hazañas aéreas de los pilotos españoles en los años veinte: el vuelo del Plus Ultra en 1926. Pero a nivel de público, ambas exposiciones no tuvieron los previstos millones de visitantes y a partir de este año comenzaron para Primo de Rivera los problemas políticos y económicos que acabarían con su régimen.

LA ECONOMÍA Durante la dictadura de primo de rivera

El general Primo de Rivera pensaba que una rápida labor de saneamiento y represión sería suficiente para desterrar de España la corrupción política, acallar las voces de los intelectuales, cuyas críticas consideraba nefastas para el país, y frenar la oleada da atentados sangrientos en Cataluña. Su mano de hierro, el exilio de los políticos monárquicos y la inactividad del movimiento obrero, extenuado por años de represión y combate, aseguraron una época de tranquilidad, que culmina con la pacificación del protectorado de Marruecos.

«En 1925, Primo de Rivera había resuelto las cuestiones de emergencia que habían justificado la entrada en liza de la Dictadura y la economía vivía una época de abundancia bíblica, favorecida por el control social y la férrea disciplina impuesta en las relaciones de trabajo, que convertía a los empresarios en los mejores valedores del régimen. Por fin, los patronos catalanes alcanzaban lo que habían intentado desde 1898: la paz burguesa reinaba en los hogares y en las fábricas.

Los espumosos años veinte, compañeros de la prosperidad de Europa, vieron la construcción de cinco mil kilómetros de carreteras y nueve mil caminos vecinales, que trajeron aire fresco a los sectores de la siderurgia y el cemento. La electrificación rural y la creación de confederaciones hidrográficas cambiaron el paisaje español, abierto ya al tráfico rodado y al popular coche de línea, mientras las regiones españolas estrechaban vínculos y reducían diferencias.» [García de Cortázar 2002: 246]

Todos los autores coinciden en afirmar que lo más defendible de la dictadura de Primo de Rivera fueron sus logros en el terreno económico, y que lo menos defendible concierne a la vida intelectual, política y cultural de la nación, y a la relación de la dictadura con los intelectuales.

Una vez superados los problemas generados por la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la prosperidad se extendió por Europa a partir de 1923-1924. Esta prosperidad contribuyó al desarrollo económico de España impulsado por los directos colaboradores de Primo de Rivera: José Calvo Sotelo y el conde de Guadalhorce. Este auge económico, estos felices años de prosperidad, quedarían interrumpidos en 1929 con el inicio de la Gran Depresión mundial, lo que llevaría a la pérdida de apoyos del general Primo de Rivera y, finalmente, a su dimisión.

Al calor del auge económico internacional de los “felices años veinte”, Primo de Rivera puso en marcha una política económica expansiva, proteccionista, dirigista e intervensionista. Realzó gran número de obras públicas y mejoras infraestructurales que dieron realce al régimen del general. Primo de Rivera llevó a cabo varios proyectos, diseñados y no realizados antes durante el régimen de la Restauración: mejoras de los puertos, construcción de escuelas primarias, mejoras de higiene y sanidad, nueva red de carreteras, líneas ferroviarias y vías de comunicación, obras de pavimentación, cementerios, traída de aguas, ensanches urbanos, construcción de edificios de servicio público.

La oposición a la dictadura de primo de rivera

A partir de la creación de la Asamblea Consultiva se asistió a un despertar de la oposición al régimen desde las posturas más diversas. Representantes de la vieja política, republicanos, socialistas cada vez más alejados del Dictador, los medios intelectuales y los estudiantes, incluso el ejército fueron acercando sus posturas con un objetivo final común: la caída de la Dictadura.

La política seguida por el dictador con las dos grandes organizaciones obreras (socialista y anarquista) fue muy distinta. Primo de Rivera intentó atraerse a los socialistas, provocando una división en su seno entre los partidarios de la colaboración con la Dictadura, encabezados por Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero y Manuel Llaneza, y los contrarios, liderados por Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. Ganó la postura de los primeros y los socialistas se integraron en el Consejo de Trabajo como consecuencia de la absorción por este nuevo organismo del Instituto de Reformas Sociales, e incluso Largo Caballero formó parte del Consejo de Estado, lo que provocó la dimisión de Prieto de la ejecutiva del PSOE. En cambio, la política de la Dictadura respecto de la CNT fue la represión, por lo que la organización anarquista pasó a la clandestinidad.

Algunos grupos políticos de oposición a la dictadura intentaron salvarse bajo el manto de una aparente colaboración con la dictadura. Los anarquistas o anarcosindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fundada el primero de noviembre de 1910 en Barcelona, eran duramente perseguidos por el régimen y obligados a operar en la clandestinidad. En 1927 se funda la Federación Anarquista Ibérica (FAI), como continuación de dos organizaciones anarquistas, la portuguesa, União Anarquista Portuguesa y la española Federación Nacional de Grupos Anarquistas de España, teniendo de esta forma un ámbito de actuación ibérico. La organización de la FAI estuvo basada en pequeños grupos de afinidad de activistas autónomos. La FAI permaneció como una organización secreta y clandestina. El Partido Comunista de España (PCE), marxista, se fundó el 14 de noviembre de 1921 a raíz de una escisión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), formado por personas disconformes con la socialdemocracia y cuya intención inicial era sumarse a la III Internacional convocada por Lenin. Los comunistas y los regionalistas no fueron gran problema para la dictadura de Primo de Rivera y que tenían poca representación popular en 1923.

Pero entre 1924 y 1925, comienzan los primeros enfrentamientos de Primo de Rivera con los intelectuales al hacerse patente que la dictadura había venido para quedarse y no era una solución provisional de transición democrática. En septiembre de 1925, el ejército y la Armada españolas desembarcan en Alhucemas en una operación que propiciaría el fin de la Guerra del Rif. Al frente de la operación, como comandante en jefe, estuvo el Director Militar, general Primo de Rivera, con el general José Sanjurjo como jefe ejecutivo y con la colaboración del coronel Francisco Franco al mando de la Legión, y cuya actuación le valdría el ascenso a general de brigada. Estos triunfos consolidaban el régimen de Primo de Rivera, que, en diciembre de 1925, convertía el Directorio Militar en Directorio Civil < anunciaba la convocatoria de un plebiscito y de una Asamblea Nacional Consultiva en 1926. Todo esto eran signos inequívocos de que la dictadura pretendía institucionalizar el régimen nacido del golpe militar de 1923.

Fue entonces cuando comenzó a movilizarse la oposición en diferentes frentes:

	El frente de los intelectuales con figuras de la talla del ensayista y escritor Miguel de Unamuno, del político Manuel Azaña Díaz, del novelista Vicente Blasco Ibáñez, del filósofo José Ortega y Gasset, del socialista humanista Fernando de los Ríos, etc.
	El frente catalanista con sus reivindicaciones autonomistas y su defensa de la lengua catalana, rechazadas por el Gobierno como intento separatista de Cataluña del resto del Estado.
	El frente republicano aglutinado en la plataforma Alianza Republicana, que reunía a diversos partidos de ideología antidinástica contrarios a la monarquía y defensores del modelo republicano de Estado. Esta plataforma impulsó la firma del Pacto de San Sebastián, del cual surgiría el comité revolucionario que tras la Proclamación de la Segunda República Española se convertiría en Gobierno Provisional de la Segunda República Española.
	El frente militar surgido del enfrentamiento del general Primo de Rivera con los cuerpos de Artillería e Ingenieros a los que intentó imponerles un sistema de ascensos por recompensas o méritos de guerra.
	La oposición de antiguos políticos desplazados del poder desde el inicio de la dictadura: Sánchez Guerra, Santiago Alba, el conde de Romanones.
	La protesta estudiantil, organizada por la Federación Universitaria Escolar (FUE), contra el reconocimiento oficial de centros universitarios regentados por la Iglesia. Los estudiantes manifestaban claramente sus simpatías republicanas.
	La oposición del sindicato anarquista, Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y su ala violenta, la Federación Anarquista Ibérica (FAI).
	El distanciamiento de los socialistas, que a partir de 1929 abandonan su política de colaboración en proyectos de reforma constitucional.
	El crecimiento de la masonría, impulsado por las restricciones de la dictadura a los derechos de expresión, reunión y asociación, que llevó a muchos políticos a refugiarse en las logias masónicas.
	El rechazo de Alfonso XIII al anteproyecto Constitución de la Monarquía Española (1929) elaborado por la Asamblea Nacional Consultiva.

La inexistencia de unos sindicatos del régimen obligó a la Dictadura a pactar con el sindicato socialista más poderoso, la Unión General de Trabajadores (UGT). Primo de Rivera y su ministro de Trabajo intentaron forzar la transformación del sindicato socialista para convertirlo en un sindicato de gestión y conciliación, alejado de la lucha de clases y de la llamada autodefensa obrera.

A través de su política social, el régimen dictatorial buscaba su propia legitimidad ante los sectores sociales y principalmente ante amplios sectores del proletariado industrial, al tiempo que perseguía su legitimación internacional, utilizando para ello como instrumento el apoyo de la OIT. La dictadura reprimió el anarcosindicalismo de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y el Partido Comunista de España (PCE), creado en 1921. Pero, para poder mantener cierto contacto con los dirigentes obreros, toleró a los socialistas, siempre reticentes a colaborar con la dictadura: el sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT), así como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Las condiciones de trabajo seguían siendo pésimas y la represión sobre los obreros fue distanciando a la UGT y el PSOE del proyecto del dictador. La economía se mostró incapaz de asumir la crisis mundial de 1929.

En el proceso de acercamiento del sindicalismo socialista español a las fórmulas corporativas dictatoriales contribuyó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Congreso de la Federación Sindical Internacional de Viena (1924), que aconsejaba a los sindicatos socialistas intervenir en política, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores. A este Congreso habían asistido por España Largo Caballero, Fabra Rivas y Saborit.

El sindicato de orientación anarcosindicalista, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), estaba desarticulado por una contundente represión gubernamental. La UGT aprovechó la colaboración con la dictadura para ocupar lugares que tradicionalmente habían estado bajo control de la CNT.

El protagonismo concedido a la UGT no agradó nada a los sindicatos católicos, que poco a poco se fueron distanciando del régimen. La Confederación Patronal, favorable al golpe militar, apoyó inicialmente la política de mejoras sociales y de creación de órganos de conciliación y arbitraje, pero pronto comenzó a criticar la organización corporativa por el amplio predominio que daba a la UGT socialista. En 1927 arreciaron sus críticas y fue ostensible a partir de esas fechas el distanciamiento del régimen dictatorial.

Los políticos de la Restauración fueron denigrados en las notas oficiales del dictador y desprovistos de sus fortalezas políticas locales. Una circular a los gobernadores les ordenó cesar a los funcionarios del Estado que hubieran tenido alguna relación «con políticos del antiguo régimen». La falta de favor oficial condujo a los partidos dinásticos a un proceso de rápida disolución. Los conservadores ortodoxos permanecieron identificados con una decadente Monarquía y con sus nada democráticos procedimientos. El impacto de la Dictadura sobre otros grupos monárquicos no fue en manera alguna más edificante. La mayoría de los afines a Maura aclamaron el nuevo régimen y recibieron cargos en la administración y se incorporaron a la Unión Patriótica del general. Pronto se dio cuenta Antonio Maura de que la política de Primo de Rivera no era la ansiada «revolución desde arriba» que llevaban exigiendo los partidos dinásticos. Esto le llevó a aconsejar a sus seguidores a separarse de las nuevas instituciones, lo que introdujo la confusión y la desbandada en sus huestes. En 1930 Alfonso XIII no podía esperar seriamente de los viejos partidos la salvación de su incierta Corona.

Sin embargo, los primeros apoyos se fueron volviendo en contra. La burguesía catalana también comenzó prestándole su apoyo, pero pronto vio frustrados sus intentos descentralizadores, con una política aún más centralista que, en materia económica, llegó a favorecer los oligopolios. La persecución del catalanismo por parte de la dictadura provocó para una pérdida de terreno en favor de planteamientos separatistas y republicanos para Cataluña. Al comenzar 1930, el noventa por ciento se habían hecho republicanos.

A partir de 1927 comienza a crecer la oposición a la dictadura del general Primo de Rivera. La burguesía catalana comenzó a retirarle su apoyo por la falta de autonomía; los militares “peninsulares” manifiestan su descontento por el trato de favor que la dictadura dispensa a los militares “africanistas” (que habían luchado en la guerra de Marruecos); las universidades y los intelectuales más influyentes comienzan a exigir el retorno a las libertades constitucionales y a denunciar el apoyo que la dictadura da a la Iglesia.

La oposición a la dictadura se acrecentó especialmente a partir de 1928: tanto intelectuales (Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle-Inclán, Fernando de los Ríos o José Ortega y Gasset, por citar a cuatro de los más significativos), como estudiantes, políticos de casi todas las tendencias, sindicalistas y militares, especialmente artilleros, se enfrentaron al régimen dictatorial del general, en algunos casos mediante conspiraciones e incluso sublevaciones, como la Sanjuanada de junio de 1926 o el movimiento revolucionario que, en enero de 1929, encabezó el político conservador José Sánchez Guerra.

Por el lado de la extrema izquierda, los anarquistas se reorganizan creando en 1927 la Federación Anarquista Ibérica (FAI), cuyo objetivo era orientar, influir y controlar a la central anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La CNT recobró sus fuerzas, aunque escindida entre los moderados que dirigía Ángel Pestaña y los más radicales agrupados en la FAI. Las condiciones de trabajo seguían siendo pésimas y la dura represión sobre los obreros fue distanciando a la UGT y el PSOE que, de la mano de Indalecio Prieto, abandonaron el proyecto del dictador. En los años finales de la dictadura, diversos organismos y grupos anarquistas decidieron coordinarse para crear una vanguardia revolucionaria del movimiento anarquista con la que lograr la hegemonía en la CNT.

La dictadura de Primo de Rivera no cayó por la fuerza de sus opositores. Más que ser derrotada, se autodisolvió al carecer del apoyo del rey y de los militares y ante el cansancio e indiferencia ciudadana. Su ideología política claramente de derechas impidió toda colaboración constructiva con los republicanos y los socialistas. Se iba alejando cada vez más de la realidad del país. A esto hay que añadir el rechazo de Alfonso XIII al proyecto constitucional de la Asamblea Nacional Consultiva, lo que privaba a Primo de Rivera de la posibilidad de institucionalizar su dictadura.

Al final, cansado y enfermo, sin el apoyo de sus compañeros de armas, tomó una decisión inusual en un dictador: presentó su dimisión el 28 de enero de 1930, poniendo así fin a la dictadura iniciada en 1923 y dejando en evidencia el fracaso de su política de una difusa alternativa regeneradora.

Primo de Rivera dejaba tras de sí todo un cúmulo de problemas irresueltos, incluida la misma viabilidad del sistema monárquico. El reinado de Alfonso XIII había quedado inevitablemente unido a la dictadura de Primo de Rivera y el final de la dictadura supuso el anuncio del ocaso de la monarquía.

El rey encargó formar gobierno al general Berenguer, con la misión de volver al sistema de la Restauración. El propósito del general Berenguer era volver a la «normalidad constitucional» anterior al golpe militar, y hacer como si entre 1923 y 1930 no hubiera ocurrido nada reseñable. Pero la experiencia de la dictadura había quitado a muchos españoles el miedo al fantasma de la república. A partir de 1930 se fue instalando en parte de la ciudadanía la idea de la república como única alternativa política al caduco sistema de la Restauración.

La crisis económica ya empieza a sentirse, aumentan las huelgas convocadas por los movimientos obreros, hay un pronunciamiento militar de oficiales republicanos en Jaca y Cuatro Vientos, que acaba con la ejecución de los conspiradores.

La complicidad del monarca con la dictadura fortaleció el sentimiento republicano. Lo más decisivo fue la unión de toda la oposición a la monarquía en el Pacto de San Sebastián. El 17 de agosto de 1930 se reúnen en San Sebastián representantes de todos los partidos republicanos, a excepción del Partido Federal Español, y acuerdan en el Pacto de San Sebastián una estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República Española. En octubre de 1930 se sumaron al Pacto, en Madrid, las dos organizaciones socialistas, el PSOE y la UGT. Al pacto se sumaron incluso monárquicos desengañados de Alfonso XIII y que quieren derribar al gobierno del general Berenguer y acabar con la monarquía. El rey nombra un nuevo gobierno de concentración presidido por Sánchez Guerra que dura cuatro días y que, bajo la presión de los conservadores, tiene que dar paso a otro gobierno formado por el almirante Aznar con un solo objetivo: convocar elecciones municipales.

El 12 de abril de 1931 se celebran elecciones municipales en las que los republicanos ganan con mayoría abrumadora en las ciudades. En muchos municipios el entusiasmo popular proclama espontáneamente la Segunda República. Ante esta situación, el rey tiene que tomar el camino del exilio y el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española (1931-1936).

«Desaparecieron casi por completo los atentados político-sociales, las huelgas revolucionarias y los conflictos laborales. Sin embargo, la Dictadura fracasó en su pretensión de liquidar para siempre el sistema de partidos, la lucha de clases y los nacionalismos. No se lo permitieron ni los intelectuales ni los universitarios ni tampoco el movimiento obrero que, a medida que pasaba el tiempo, pensaba que la única salida era la República.» [García de Cortázar 2002: 246]

Los intelectuales ante la dictadura

Los sectores intelectuales y universitarios abandonaron su "benévola expectativa" ante la dictadura, desengañados con su "regeneracionismo" conservador. El conflicto de la Dictadura con los intelectuales tuvo un primer episodio en 1924 cuando Primo de Rivera expedientó a varios catedráticos por haberse solidarizado con Miguel de Unamuno, que había sido destituido de sus cargos en la Universidad de Salamanca y desterrado a Fuerteventura, por las críticas que había hecho al régimen dictatorial. El conflicto se acentuó cuando muchos intelectuales apoyaron las protestas de los estudiantes universitarios, a las que la Dictadura respondió expulsando y desterrando a varios de ellos. Estas movilizaciones estudiantiles fueron protagonizadas por la Federación Universitaria Escolar (FUE), fundada en 1929.

Así Ramón del Valle-Inclán participó en la creación de la Alianza Republicana, Vicente Blasco Ibáñez, desde el exilio, y el blasquismo, desde Valencia, también se oponían, así como Ramón Menéndez Pidal desde su cátedra. En las Universidades el régimen era impopular y la imposibilidad de dar títulos oficiales a Universidades de órdenes religiosas extendieron el descontento a sectores de la Iglesia. Varios periódicos fueron cerrados, así como las universidades de Madrid y Barcelona.

«La situación nacional, en Cataluña particularmente, está resultando insostenible: proliferan los atentados sangrientos y las huelgas, sin que el gobierno acierte a poner orden. El actual sistema constitucional solo da cabida a ejecutivos débiles e ineficaces; los partidos de la oposición republicana y socialista no representan aún una alternativa consistente, el anarquismo se convierte en puro terrorismo, y los nacionalismos se radicalizan. Muchas voces se alzan reclamando un gobierno militar que detenga el proceso de descomposición. Finalmente, el 13 de septiembre de 1923 el general Miguel Primo de Rivera encabeza un golpe de estado que el rey Alfonso XIII ratifica y a raíz del cual se constituye un directorio militar. Primo pretende ser el “cirujano de hierro” que debe actuar sobre el cuerpo enfermo de la patria para redimirla de sus males, el primero de los cuales identifica con la clase política de la Restauración. El nuevo dueño del poder se presenta como un patriota apolítico, dispuesto a aplicar con decisión unas curas drásticas, capaces de regenerar el tejido institucional del país y de dar paso a una nueva era: quiere reformar la administración, acabar con el caciquismo, proteger la economía nacional e incluso introducir nuevos hábitos que signifiquen salud y bienestar para los españoles, como la gimnasia, la bicicleta u otras cosas que se van ocurriendo. Quiere ser el gobernante de un periodo breve pero decisivo. Al principio, se propone realizar las reformas en solo unos meses, después, las cosas se le complican y concibe nuevos planes.

Aun siendo un golpista, Primo de Rivera es un militar de corte liberal y regeneracionista recibido por casi todos con esperanza. No instaura un régimen cruel. Pasea de paisano sin problemas por las calles de Madrid, piropea a las mujeres bellas y entra en los cafés saludando cortésmente a los tertulianos. –¡Qué pezao!–reniega Valle-Inclán cuando le ve entrar en la Granja El Henar.

Primo de Rivera tolera a la oposición política y sindical, y solo se manifiesta irracionalmente agresivo con la cultura y la lengua catalanas, a las que conduce a un régimen de clandestinidad. Recibo apoyo explícito de muchos conservadores tradicionalistas y católicos. Al principio, ni los socialistas ni los republicanos ni la mayoría de los intelectuales se le oponen abiertamente. Ortega querrá influir sobre el dictador desde sus tribunas periodísticas para que lelva a cabo la política que, según su criterio, España necesita. Quien se enfrenta con él desde el primer día es Miguel de Unamuno, que le considera taxativamente como un “tonto entontecido por su propia tontería”. El catedrático de Salamanca se enfurece por el apoyo de Ortega al dictador: trata de “mero camelo” las llamadas minorías orteguianas, se refiere al diario El Sol como “papel higiénico”, y rechaza la influencia que pretende ejercer Ortega afirmando que “aquí necesitamos no un Platón, sino un Tucídides”, no un consejero del tirano sino alguien capaz de denunciar las miserias del momento histórico. Unamuno pagará sus críticas al nuevo gobierno con la destitución de su cátedra, el destierro a Fuerteventura y su exilio en Francia.» [Corominas, Jordi / Vicens, Joan Albert: Xavier Zubiri. La soledad sonora, Madrid: Taurus Ediciones, 2006, p. 163-164]

EL CRECIENTE REpublicanismo

Los republicanos convirtieron el antimonarquismo en una manifestación republicana de poder. La prensa legal republicana lanzaba ataques contra la Monarquía. Muchos políticos de los Partidos Liberal y Reformista ya se habían inclinado hacia el republicanismo al acabar 1923. En 1928-1929 estaba de moda «pasarse» a la república, incluso en zonas leales a la Monarquía. Los políticos reformistas veían que la justicia y el progreso eran imposibles de alcanzar bajo una dictadura de un general y de «un rey perjuro». La opinión republicana era creciente, estimulada por el gobierno arbitrario de Primo de Rivera.

El dictador fracasó por ignorar el papel político de los intelectuales, haciendo mártires a figuras como Miguel de Unamuno, cuyo exilio en 1924 provocó una rebelión estudiantil, que clamaba «abajo el rey» y «viva la República». La fundación de la Federación Universitaria Española (FUE) en enero de 1927 extendió la protesta por todo el país.

El dictador decretó la clausura de todas las Universidades del Estado y tuvo que enfrentarse a una protesta organizada por cuarenta intelectuales prominentes, entre ellos el filólogo Menéndez Pidal y el filósofo José Ortega y Gasset, algunos de los cuales dejaron sus cátedras en señal de protesta. Para los intelectuales la república era ya la única salida de la “vieja política” (Ortega).

El 11 de febrero de 1926, aniversario de la Primera República Española, se fundó Alianza Republicana (AR) como plataforma política que agrupó a diversos partidos y agrupaciones de carácter republicano con reivindicaciones sociales y económicas. La componían cuatro fuerzas políticas que iban desde el republicanismo histórico a los nuevas formaciones republicanas:

	Partido Republicano Radical (PRR) de Alejandro Lerroux, conocido como Partido Radical, fundado en 1908, que se había alejado del anticlericalismo y anticatalanismo de sus orígenes y ahora se presentaba con un carácter moderado. Tras la caída de la Primo de Rivera impulsó la firma del Pacto de San Sebastián, del cual surgiría el comité revolucionario que tras la Proclamación de la Segunda República Española se convertiría en Gobierno Provisional de la Segunda República Española. Si bien durante sus primeros años tuvo un papel discreto, durante la Segunda República se convirtió en uno de los principales partidos políticos españoles, llegando a participar en el gobierno en varias ocasiones.
	Partido Republicano Federal, reconstruido en 1930 como heredero del histórico Partido Republicano Democrático Federal pero carente prácticamente de militancia. Es invitado asistir al Pacto de San Sebastián. En las elecciones a Cortes Constituyentes de 28 de junio de 1931 obtiene 16 diputados.
	Grupo de Acción Republicana —inicialmente denominado Grupo de Acción Política y conocido también simplemente como Acción Republicana—, fundado en 1925 por Manuel Azaña y que incluía a jóvenes profesionales e intelectuales, provenientes en su mayoría del Ateneo de Madrid. Su objetivo era sustituir la monarquía de Alfonso XIII por un régimen republicano, manteniendo un gran pluralismo interno en otras materias. Promovió la creación de la Alianza Republicana para unir a las distintas fuerzas de esta tendencia. Participó en el Pacto de San Sebastián y en la Conjunción Republicano-Socialista, que triunfó en las principales ciudades en las elecciones municipales de abril de 1931, que llevó a la proclamación de la Segunda República. Formó parte del primer Gobierno Provisional presidido por Alcalá-Zamora, en el que su representante, el ministro del Ejército Manuel Azaña, se distinguió por promover diversas reformas. A finales de mayo de 1931 se convirtió en partido político con el nombre de Acción Republicana.
	Partit Republicà Cátala (PRC) , fundado en 1917, de ámbito circunscrito a Cataluña y de carácter republicano y catalanista. Constituía el ala izquierdista del catalanismo político. Tuvo una notable presencia en la política catalana entre 1917 y 1931 cuando, liderado por Lluís Companys, se fusionó con otras organizaciones para fundar Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

La Alianza Republicana representaba una renovación del republicanismo capaz de atraer al proyecto político de la República a unas bases sociales principalmente urbanas, de clases medias y medias bajas, así como a amplios sectores de los trabajadores.

En julio de 1929 Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz empezaron a organizar su Partido Republicano Radical Socialista. Esperando el apoyo de los trabajadores, adoptaron un léxico revolucionario y una manifiesta apertura hacia el «obrerismo». La demanda creciente de la República estaba manifestándose cuando la Dictadura cesó. Y había de alcanzar su punto álgido en el año siguiente.

Socialismo y sindicalismo

La principal contribución de Primo de Rivera a la creación de una alternativa liberal a su régimen fue la relación especial que estableció con los cosialistas: una relación que realzó su poder y fortaleció su organización. El general quería conseguir un equilibrio cristiano y justo entre los ricos y los pobres, para lo que intentó un modus vivendi con el socialismo como partido de izquierda «responsable» que podría contener el avance del anarcosindicalismo violento.

Como elemento reformista, los socialistas se adaptaron fácilmente a la nueva situación y fueron adquiriendo puestos en las instituciones sociales y laborales. Largo Caballero llegó incluso a formar parte del Consejo de Estado. Esta colaboración socialista con la dictadura desató pronto una polémica dentro del movimiento socialista: Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos, Teodomiro Menéndez y sus seguidores se opusieron a la política «colaboracionista» con la dictadura. Pero los defensores de colaborar con el régimen autoritario de Primo de Rivera se impusieron.

Los socialistas consiguieron la parte del león en la representación de los obreros en la Organización Corporativa; porque los sindicatos anarcosindicalistas habían sido disueltos o rechazaban la idea del arbitraje e incluso los sindicatos católicos eran discriminados. Muchos trabajadores se afiliaron al sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT), lo que llevó a la consolidación de este sindicato. La UGT creció de 210.977 afiliados en 1.275 secciones en 1923 a 228.501 afiliados en 1.511 secciones en 1929.

El crecimiento del PSOE, convertido ya en una poderosa organización urbana, fue más alto que el de los sindicatos. El rechazo socialista a participar en la Asamblea Nacional en agosto de 1929 significó un grave revés para Primo de Rivera, que acusó a los socialistas de actuar como «políticos» y no como representantes de los trabajadores.

Las dificultades del régimen, el creciente descontento del Ejército, por la rebelión de Sánchez Guerra y los intelectuales y por el retraimiento de los políticos, llevaron a los socialistas a ir distanciándose de la Dictadura. Sobre todo ahora que la prosperidad económica de la había hecho gala la dictadura empezaba a menguar con la depreciación de la peseta.

Los socialistas rompieron con la dictadura cuando comenzaron a ver la necesidad de convertir el movimiento socialista en una verdadera alternativa política al régimen autoritario militar de Primo de Rivera. Para ello Largo Caballero creó «unión orgánica» entre la UGT y el PSOE, consciente de que pura acción sindical no podía sustituir a la «acción política». Este cambio de orientación de la socialdemocracia frente a la dictadura debilitó la posición de Primo de Rivera. La oposición socialista al dictador aseguraría a los socialistas un papel decisivo en la política después de la dictadura.

EL RÉGIMEN DEL GENERAL Primo de Rivera (1923-1929)

Para Tusell el régimen del general Primo de Rivera fue un intento de regeneración del país frente a los males de lo que Ortega llama “vieja política”. En una primera etapa, el régimen probó varias medidas regeneradoras. Pero en una segunda etapa fracasó en su intento de  institucionalizar la dictadura a través de Unión Patriótica o la Asamblea Nacional Consultiva. La caída de la dictadura tuvo como una de sus causas el fracaso ideológico. Así se daría la paradoja de que el Directorio Militar (1923-1925) fue un intento regeneracionista liberal, mientras que el Directorio Civil, al buscar fórmulas de permanencia e institucionalización de la dictadura, tomó un carácter más autoritario.

Para Ben-Ami, Primo de Rivera no implantó un régimen fascista, ni un régimen autoritario tradicional o puramente militar. Fue una dictadura que combinaba la tradición militar con los planes regeneracionistas de Costa: una “revolución desde arriba”, como pedía Maura, para atajar “la amenaza bolchevique”, un “fascismo institucional” (Unión Patriótica) para conservar el poder, no para conquistarlo.

Pero las causas de la primera dictadura española del siglo XX están en la crisis profunda que experimentó el parlamentarismo en los países europeos de entreguerras.

El gobierno de Primo de Rivera se caracterizó por el restablecimiento de la autoridad, y el desarrollo de un vasto plan de obras públicas que dotó al país de carreteras, ferrocarriles, puertos, embalses. Primo de Rivera acabó con la larga sangría que suponía la guerra de África (1925), pero el general se vio enfrentado a una oposición formada por los viejos partidos políticos, los intelectuales y las grandes compañías extranjeras afectadas por la creación del Monopolio de Petróleos.

Estas circunstancias provocaron la caída del la dictadura de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930. El 12 de abril de 1931, unas elecciones municipales dieron el triunfo a los candidatos republicanos, y el 14 del mismo mes era proclamada la Segunda República.

DESEMBARCO DE ALHUCEMAS (1925) Y FIN DE LA GUERRA DEL RIF

El 8 de septiembre de 1925, el ejército y la Armada españolas llevan a cabo un desembarco de 13.000 soldados españoles en la bahía de Alhucemas, ciudad marroquí a orillas del Mediterráneo, apoyados por un contingente aliado francés. Se le considera el primer desembarco aeronaval de la historia mundial.

La operación tuvo como comandante en jefe al general Miguel Primo de Rivera y como jefe ejecutivo de las fuerzas de desembarco en las playas de la bahía de Alhucemas al general José Sanjurjo. Entre los jefes participantes en la acción se encontraba el entonces coronel Francisco Franco, quien por su actuación al frente de las tropas de la Legión fue ascendido a general de brigada con treinta y tres años.

Esta operación militar marcó el comienzo de la pacificación del protectorado español en Marruecos y fin de la Guerra del Rif, también llamada la segunda Guerra de Marruecos o Guerra de África, enfrentamiento originado en la sublevación de las tribus rifeñas (región montañosa del norte de Marruecos) contra las autoridades coloniales española y francesa, concretada en los Tratados de Tetuán (1860), Madrid (1880) y Algeciras (1906) completado este con el de Fez (1912), que delimitaron los protectorados español y francés.

Con la pacificación del protectorado español de Marruecos, el general Primo de Rivera y su gobierno adquirió gran prestigio. En busca siempre de «la grandeza de España», la propaganda de la Dictadura encontró motivos también en la guerra de Marruecos. La victoria de España en 1925 sobre los rebeldes del Riff fue, según la prensa afín a la dictadura, una demostración de la capacidad de España para repeler cualquier ataque de cualquier poder. Tras este triunfo, el general Primo de Rivera reclamará eufórico un lugar en el Consejo de Seguridad de la Liga de las Naciones, el gran forum de las potencias.

El triunfo en Marruecos favoreció la prepotencia de la casta de militares africanistas que, apoyados fundamentalmente en las fuerzas de choque (la Legión y los Regulares), se lanzarían en 1936 a la conquista de España, siendo entonces la colonia quien se impondría a la metrópoli.

LA SANJUANADA DE 1926 

Golpe de Estado, conocido como Sanjuanada porque estaba previsto para la noche del 24 de junio, noche de San Juan. Fracasó en su intento de poner fin a la Dictadura de Primo de Rivera, instaurada en España mediante otro golpe de Estado en septiembre de 1923.

La política militar de la Dictadura de Primo de Rivera fue caótica y contradictoria. En la cuestión de Marruecos defiende la postura abandonista de los militares junteros y luego la intervencionista, defendida por los militares africanistas. Su política de ascensos en el ejército fue arbitraria. Los junteros defendían como criterio para el ascenso la antigüedad, mientras que los africanistas abogaban por los méritos de guerra conseguidos en África. Primo de Rivera tomó el control de la Junta y decidía los ascensos: recompensando a los fieles adictos al régimen y castigando a los críticos. Esta arbitrariedad motivó el distanciamiento de algunos jefes militares que empezaron a conspirar contra la Dictadura contactando con políticos de los partidos del turno desalojados del poder.

Un primer intento de complot con la dictadura fue en 1925, protagonizado por el coronel de caballería Segundo García García, que no contó con el apoyo de militares de relieve, aunque sí de destacados miembros de la "vieja política" como el conde de Romanones y Melquíades Álvarez. El objetivo era restablecer la Constitución de 1876, la de la Restauración. El complot fue descubierto y calificado de travesura de cadetes. Pero el coronel García siguió conspirando desde su prisión atenuada en el casino militar. Entró en contacto con la recién constituida Alianza Republicana y a la rebelión se unieron políticos como el reformista Melquiades Álvarez y el liberal conde de Romanones. Luego se unieron los generales Francisco Aguilera, Egea y Valeriano Weyler (cesado por el rey por haber mantenido una entrevista con la reina madre, Cristina de Habsburgo, que no veía con buenos ojos la identificación de su hijo Alfonso XIII con la dictadura).

El objetivo del complot era derrocar a Primo de Rivera y establecer un gobierno liberal, restaurando la Constitución de 1876. Pero los generales más jóvenes exigían Cortes Constituyentes para decidir la forma de gobierno, mientras que algunos jóvenes oficiales, como el comandante Ramón Franco (hermano mejor de Francisco Franco) y el capitán Fermín Galán defendían la proclamación directa de la República. Ramón Franco se había convertido en un héroe de su época por la hazaña del vuelo del Plus Ultra. El golpe fracasó porque el plan fue conocido por el rey y Alfonso XIII apostó por Primo de Rivera, que le daba más seguridad, y por aquello de que vale más lo malo conocido...

Primo de Rivera impuso a los implicados cuantiosas multas, proporcionales a sus respectivas fortunas. El 18 de abril de 1927 se celebró el consejo de guerra en el que los generales Weyler y Batet, junto con otras 17 personas, fueron declarados inocentes. Algunos jefes militares fueron condenados a seis meses de cárcel; otros, expulsados del ejército.

REPERCUSIÓN EN ESPAÑA DE LA GRAN DEPRESIÓN DE 1929

La Gran Depresión (1929 - 1935) se inició en octubre de 1929 como crisis económica mundial, a causa del conocido como crac de 1929, el mayor desastre bursátil de la Historia, que se prolongó durante los primeros años de 1930, extendiéndose geográficamente desde Estados Unidos al resto del mundo capitalista. Durante la década de 1920, cuando los negocios prosperaban en Estados Unidos, la agricultura entraba en recesión. En Europa, a causa de la inflación, Alemania no pudo pagar las enormes reparaciones de guerra impuestas tras la I Guerra Mundial. En otros países se agravaron los conflictos sociales. En 1932 la mayor parte de los bancos de Estados Unidos habían tenido que cerrar. La crisis provocó grandes tasas de desempleo y desocupación: catorce millones de personas en Estados Unidos, seis en Alemania y tres en el Reino Unido. En muchos países la Gran Depresión provocó un cambio en las actitudes políticas y en la actuación de los gobiernos a favor de medidas promotoras del estado del bienestar. Pero la Gran Depresión también creó las condiciones para que estallara la Segunda Guerra Mundial.

La Gran Depresión se extendió rápidamente a casi todos los países del mundo. Uno de los factores de propagación de la crisis fue el hundimiento brutal del comercio internacional, que llegó a perder dos terceras partes del valor alcanzado en 1929. Este descalabro del comercio trasladó los efectos de la crisis hasta aquellos países que tenían sus economías abiertas al exterior.

La renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios y los precios cayeron, y el comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. España fue golpeada, aunque con menor intensidad que otras economías europeas, pero intensificó la desaceleración de la actividad económica española y agravó los desequilibrios estructurales, lo que contribuyó a la caída de la dictadura de Primo de Rivera, que arrastraría consigo a la monarquía.

La Gran Depresión no afectó tanto a España como a otros países, porque era un país más atrasado y con una internacionalización inferior. El término Gran Depresión no se aplicó a España, país que ya sufría de hecho un importante atraso estructural en la economía. España se encontraba entre los países no avanzados, por lo que los efectos del desastre bursátil de 1929 tardaron en hacer efecto en España. Los efectos de la Gran Depresión en España fueron más superficiales, debido al carácter agrario y la poca financiación de las empresas. La economía española era fundamentalmente una economía rural.

El menor impacto de la depresión en España fue debido a que se trataba de un país atrasado, cuya agricultura ocupaba más del 40 % de la población activa. Los ciclos anuales del PIB venían marcados por la producción agraria; la mala cosecha de 1930 arrastró al PIB. La crisis industrial y de la construcción empezó al año siguiente. La recesión no afectó a las industrias de consumo, cuya producción aumentó gracias al crecimiento de los salarios reales.

La crisis internacional afectó seriamente a los sectores exportadores e importadores, redujo la inversión extranjera y provocó el retorno de los emigrantes. Esto fue debido a que la protección exterior (aranceles y depreciación de la divisa) existente en 1929 fue insuficiente para evitar el contagio de la crisis internacional. La salida de la crisis española fue rápida porque la excelente cosecha de 1932 elevó el PIB.

El ciclo inversor se había desacelerado ya en 1928. La inestabilidad social, la incertidumbre política y el empeoramiento de las expectativas empresariales habían comenzado con la crisis de la dictadura de Primo de Rivera. Las huelgas generalizadas se iniciaron en 1930, en cuanto desapareció la represión de la dictadura. Luego, las expectativas empresariales se agravaron por la crisis internacional y la transición hacia el régimen republicano. Pero la Segunda República no causó la crisis económica, que ya venía de antes.

«España creció apreciablemente de 1921 a 1935. La comparación con otros países es halagüeña. La economía española creció notablemente durante los primeros 35 años del siglo XX pero lo hizo de manera sesgada. La agricultura, protegida como estaba, cargaba con un peso excesivo. La industria, también protegida, se concentraba en Cataluña y las Provincias Vascongadas. El sector bancario era oligopolístico. Por fin, las inversiones públicas recibieron primero mucho apoyo público financiado con deuda, apoyo que, caído Primo de Rivera, fue retirado bruscamente por insostenible. El sector primario tenía un peso considerable en los años veinte y treinta, con un 45% de la población activa en 1930. La proporción de los efectivos en la minería, la industria y la construcción pasó del 16% al 26,5%. El empleo en los servicios sólo aumentó un 7%. Muy notable es la evolución del sector de la construcción. El impulso recibido por este sector de manos de Calvo Sotelo y Guadalhorce se detuvo al volverse a políticas más ortodoxas en 1929. Sin embargo, las obras públicas reanudaron su marcha ascendente con los primeros Gobiernos republicanos, como debía ser en esa situación. Pero, en general, la ortodoxia más estricta reinó en la política económica de la República. Muy notable es ver cómo se contuvo la inflación.» [Pedro Schwartz]

La dimisión del general primo de rivera

La creciente oposición de la izquierda y la «abstención» de la derecha, que retiró al apoyo a la dictadura, junto con las dificultades económicas del régimen y el fracaso de sus esfuerzos por institucionalizar la dictadura, llevaron a la dimisión del general y a la proclamación de la Segunda República catorce meses después.

Las dificultades económicas en los últimos meses del régimen fueron en aumento: caída en picado de los precios, depreciación de la peseta, y suspensión del inflacionista «presupuesto extraordinario» con el que se habían financiado las obras públicas, creado empleo y prosperidad.

Antes estas dificultades, el dictador apeló al ejército, pero tuvo que constatar que los generales solo le apoyarían mientras disfrutase del favor del monarca. Los militares querían evitar que se les identificase con una dictadura totalmente desacreditada. En realidad, Primo de Rivera nunca había disfrutado un apoyo unánime del ejército. Al poder lo había llevado la atmósfera de fatiga en los círculos civiles, él no era el defensor de los intereses militares.

Al final se quedó solo esperando como última salvación que el rey le sacara del callejón sin salida. Para los generales era un perdedor, un hombre vencido, ya no era un caballo ganador. El monarca, a su vez, ya estaba buscando una salida a la situación: la vuelta a un régimen constitucional. Ahora el general Primo de Rivera era el problema y no la solución. El rey despidió al dictador, pero ya era tarde para la causa monárquica: el consentimiento real de la dictadura la había causado un daño irremediable. Los republicanos que tomaron el poder más tarde calificarían a Alfonso XIII de «rey perjuro».

DE LA MONARQUÍA A LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936)

Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII nombró jefe de Gobierno al general Berenguer. El objetivo del general Berenguer era volver a la «normalidad constitucional» anterior al golpe militar, y pasar por alto el período de la dictadura (1923-1930). Con el gobierno de Berenguer se iniciaba un período conocido humorísticamente como la "Dictablanda", que intentó infructuosamente volver a la situación previa a 1923. Pero la experiencia de la dictadura había dejado huella en muchos sectores ciudadanos y les había vacunado contra el miedo al fantasma de la república. A partir de 1930 se fue instalando en parte de la ciudadanía la idea de la república como única alternativa política al caduco sistema de la Restauración.

Los partidos monárquicos, liberales y conservadores, eran incapaces de articular un sistema de partidos con consenso social suficiente. Solo políticos muy desprestigiados se avinieron a colaborar con Berenguer, que intentó lentamente volver a establecer las libertades constitucionales.  Con ello la oposición conseguía cada vez más apoyo.

En agosto de 1930 republicanos, socialistas y otros grupos de oposición firmaron el Pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a derrocar la monarquía e instaurar un régimen democrático. Un Comité Revolucionario presidido por Niceto Alcalá Zamora, republicano bastante conservador, se encargaría de organizar la oposición.

Alfonso XIII perdió todo su prestigio por el apoyo prestado a la dictadura del general Primo de Rivera y se vio cada vez más aislado. Muchos militares empiezan a ver con buenos ojos la posibilidad de apoyar un gobierno republicano. Los anarquistas, con su potente sindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT) apoyaron la conspiración para traer la Segunda República.

El 15 de diciembre de 1930, su sublevó en Jaca un grupo de militares republicanos, pero la revuelta fue reprimida y sus líderes fueron juzgados y ejecutados. Los miembros del Comité Revolucionario fueron detenidos, lo que acrecentó el descontento antimonárquico.

Durante 1930 comienza la petición generalizada de responsabilidades y el incremento de los conflictos sociales con varias huelgas generales. Las fuerzas políticas se polarizan entre Monarquía y República. La idea republicana era defendida en el Pacto de San Sebastián, que aglutinaba las fuerzas de la oposición a la Monarquía.

El general Berenguer presentó su dimisión el 14 de febrero de 1931. Tomó las riendas del Gobierno el almirante Aznar, que convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931 con el objetivo de ir volviendo poco a poco a la legalidad constitucional. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fueron, así, un plebiscito encubierto. En las grandes ciudades, en las que se pudo votar en libertad sin control de los caciques, el repudio a la Monarquía se manifestó en una victoria aplastante de partidarios de la República. Las candidaturas antidinásticas de republicanos y socialistas se impusieron en 41 de las 50 capitales de provincia.

Dos días después, el rey Alfonso XIII, tras una emotiva pero arrogante despedida de sus súbditos, toma el camino del exilio. En todo el país los manifestantes proclaman con alborozo el advenimiento de la Segunda República en la que depositaban todas sus esperanzas. Pocos españoles estaban dispuestos a perdonar a Alfonso XIII el pecado constitucional.

Asediado por las críticas de los movimientos proletarios, la burguesía progresista y los intelectuales, Alfonso XIII no había sabido detener el desprestigio de la monarquía. Abandonó el país ese mismo día, con el fin de evitar una guerra civil: «Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil.». Alfonso XIII renunciaba a la Jefatura del Estado, pero sin una abdicación formal: «No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa.»  [Manifiesto de Alfonso XIII, 13 de abril de 1931].

En la noche del 14 al 15 el rey partió de Madrid hacia Cartagena y desde allí zarpó para Marsella en un buque de la Armada Española para trasladarse después a París.

El rey al abandonar España pronunció sus más famosas palabras: «Espero que no habré de volver, pues ello solo significaría que el pueblo español no es próspero ni feliz.»

Por una Ley del 26 de noviembre de 1931, las Cortes acusaron de alta traición a Alfonso XIII.

Balance de la dictadura de PRIMO DE RIVERA (1923-1930)

El golpe militar del general Primo de Rivera no es comparable a los típicos pronunciamientos militares del siglo XIX, pues Primo de Rivera no tuvo la hipocresía de pretender justificar la “legalidad” de su sublevación: “el 13 de septiembre fue un acto ilegal, pero necesario”, repetirá multitud de ocasiones. Durante el periodo que va de 1923 a 1930, el general Miguel Primo de Rivera ejerció de forma dictatorial la jefatura del Gobierno.

Desde fines del siglo XIX, la política española se caracterizó por la agudización de la cuestión catalana, de la crisis social y de la guerra de Marruecos, todo ello acrecentado por las divisiones de los partidos dominantes, el Conservador y el Liberal, que se alternaban en el poder. Debido a esta situación y a la próxima publicación de un informe sobre el desastre de Annual (1921), el 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se pronunció en Barcelona, con el beneplácito de amplios sectores de la burguesía catalana. Poco después el rey Alfonso XIII le entregó el poder.

Primo de Rivera suspendió la Constitución y el funcionamiento de las Cámaras del Parlamento y se convirtió personalmente en árbitro de la política. Al principio proclamó su voluntad de provisionalidad, pero pronto se vería que no era esta su intención, pues constituyó un directorio civil en 1925, dictó la abolición de los partidos políticos y fundó un partido único, la Unión Patriótica.

El único problema que resolvió Primo de Rivera fue tan solo la guerra de Marruecos (1927). Su represión contra los anarquistas, los catalanistas y los intelectuales solo llevó a que estos se radicalizaran cada vez más contra el régimen.

A partir de 1927, la situación económica, favorable hasta entonces, comenzó a empeorar hasta llegar a la crisis de 1929. La presión de intelectuales y estudiantes, la hostilidad de la opinión pública y la vertebración de la oposición minaron la posición del general. Al serle negado el apoyo del Ejército, presentó al rey su dimisión en enero de 1930.

A la marcha de Primo de Rivera se abrió un periodo de transición y comenzó lo que se llamó la “dictablanda”, un prólogo a lo que sería luego la Segunda República Española.

«Los políticos conservadores, liberales o centristas no podían, con los medios legales a su alcance, resolver problemas sociales, o la guerra de Marruecos. La prueba de que la llamada a los poderes excepcionales estaba en la imaginación de todos los españoles es la reacción de un periódico liberal, aplaudiendo en una caricatura la limpieza de una charca de la que salían unas ranas y sapos con la figura de Alba, Romanones, Osorio, Sánchez Guerra, los grandes fracasados. Pero, al pie de otro dibujo, advertía Juan Español al militar, que lavaba un trapo con el letrero de “libertades públicas”: “Oye. Cuando lo tengas bien limpio y purificado, ya debes saber que tu obligación es devolvérmelo.

Primo de Rivera no lo hizo. En 1925, resueltos prácticamente todos los cuatro problemas que le habían llevado al mando –anarquismo, separatismo, economía y Marruecos donde, con la colaboración francesa, había llegado la pacificación–, dijo: “Yo podría retirarme ahora cargado de gloria.” Pero lo malo de los que alcanzan un puesto es que jamás creen llegado el momento de soltarlo. La opinión fue levantándose contra él, desde los viejos liberales a los nuevos estudiantes, desde los catalanistas a los republicanos. El rey lo licenció y los monárquicos sufrieron otra merma: los que creían que Alfonso XIII había sido desleal con quien había salvado su corona en momentos trágicos. Así la caída de la Dictadura ocasionará, un año y tres meses después, la caída del rey. La suerte de la imagen monárquica sufre, desde entonces, innumerables altibajos. Atacado violentamente por la izquierda que declara a Alfonso de Borbón destituido de todos sus derechos y honores, apenas cuenta con un grupo minoritario.» [Díaz-Plaja 1973: 561-562]

«En una serie de charlas que luego se publicaron bajo los auspicios del propio dictador, el capellán castrense Manuel Jover se refirió a Primo de Rivera como al «salvador de la patria»: como al «cirujano de hierro» por el que Joaquín Costa suspiraba, que había surgido ahora para curar las enfermedades sociales y políticas de su país. Incluso la mitología clásica fue utilizada para describirlo como un «titánico» Júpiter luchador, como un gigantesco Cíclope de un solo ojo, forjado en los rayos de Zeus, o como un Atlas que, con sus robustos hombros, evitaba impertérrito el derrumbamiento del alto techo de su patria.

Su calibre como jefe militar y como estadista era el de Aníbal, Napoleón y el Cid. La comparación con el último fue particularmente fortalecida porque ambos adquirieron su fama en la guerra contra los moros. De acuerdo con Napoleón —se advirtió—, partía de la opinión de que cualquier ley podía y debía ser violada cuando el destino de la patria se hallaba en peligro. [...]

Tanto los panegiristas como los críticos hostiles reconocieron sus logros concretos: la pacificación del protectorado de Marruecos, el aniquilamiento del separatismo y del terrorismo y un cierto grado de prosperidad económica. Incluso aquel vuelo de los pilotos españoles a Sudamérica no fue sólo atribuido a la revitalización del hispanoamericanismo —slogan habitual en la propaganda nacionalista—, sino también presentado como una victoria científica de la «raza ibérica», que únicamente había sido posible bajo el gobierno regenerador de Primo de Rivera.

El principal desacierto del dictador consistió, sin embargo, en que fracasó en 1929 en la creación de un aparato político para sostener el primorriverismo cuando las perspectivas de la tecnocracia dieron signos de agotamiento y las economías se impusieron.

La Unión Patriótica no había llegado a ser el instrumento regenerador ni una auténtica maquinaria de gobierno. La ausencia de una reacción espontánea por parte de la Unión Patriótica y del Somatén, ante el golpe antigubernamental que, en enero de 1929, encabezó el ex primer ministro Sánchez Guerra, sacudió la confianza del dictador en que la Unión Patriótica fuera su heredera política.» [Shlomo Ben-Ami]

Según Primo de Rivera, uno de los errores de los viejos políticos consistió en permitir que el rey desempeñara una función demasiado importante. Pero el dictador o fracasó al no comprender lo importante que era convertir al rey en una figura simbólica y representativa, al tiempo que él asumía las «excesivas prerrogativas» que la Constitución le garantizaba a aquél. El fantasma bolchevique fue un respaldo adecuado para el golpe de Estado de Primo de Rivera. La burguesía agraria y urbana lo acogieron como la salvación in extremis frente al peligro rojo.

«Primo de Rivera fue un improvisador, un político aficionado que creía fervientemente en su intuición y un soldado ingenuo que sostenía que con sólo el «patriotismo» se podía «reconstruir» y «regenerar» el «decadente» Estado español.» [Shlomo Ben-Ami]

«Aunque amplias capas sociales empezaban a estar cansadas de la Dictadura, si hubiera que poner un calificativo al sentimiento más común de la España de los años veinte, sería el de feliz. “Los felices veinte” fueron verdaderamente alegres. Las tensiones sociales se habían rebajado por la afirmación de la autoridad del Gobierno y por la colaboración del sindicato socialista UGT con la Dictadura, lo que dejaba sólo a los anarquistas como grupo obrero de oposición frontal. En materia política, los opositores de dentro estaban suficientemente controlados y tampoco intentaron con denuedo conseguir un ambiente hostil a la Dictadura. Los viejos partidos históricos estaban desacreditados y los leves intentos de formar un grupo opositor se diluyeron sin apenas ruido y con nulo éxito. Los que se habían exiliado conspiraban tan fácil como ineficazmente en Francia. Lo proyectos de derrocar al Gobierno se cortaron de cuajo. Ni los promovidos desde el exterior, ni los preparados desde el interior por los generales Aguiera y Weyler, apoyados por Romanones, que desembocaron en la Sanjuanada.

La política del Ministerio de Trabajo fue uno de los grandes logros del Directorio civil. La Organización Corporativa Nacional del Trabajo se creó en 1926. La UGT, a pesar de sus discrepancias con el tono político del régimen, aceptó participar en los comités paritarios compuestos por patronos y obreros. El sindicato socialista aprovechó la ilegalización del sindicato anarquista CNT para conseguir imponer su fuerza dentro de la industria. El clima autoritario del régimen y el acuerdo alcanzado con la UGT permitió que el número de huelgas se redujese de forma considerable, contribuyendo aún más a esa sensación de calma y paz social que fue la nota común de la Dictadura. Los socialistas consiguieron importantes ventajas sociales y sindicales de la Dictadura, pero eso también fue minando la confianza de los empresarios en el régimen y de los católicos, cuyos sindicatos habían sido relegados a un segundo plano.

No todo el socialismo era partidario de colaborar con la Dictadura. Fernando de los Ríos, Teodomiro Menéndez e Indalecio Prieto, por ejemplo, mostraron su oposición a la política colaboracionista de Largo Caballero, que llegó a ser consejero de Estado. Julián Besteiro ocupaba una posición intermedia, pues sólo estaba dispuesto a participar en casos muy concretos en la política del régimen.» [Zamora Bonilla 2002: 253-254]

«Las reformas militares propuestas por Primo de Rivera en 1926 habían chocado con la oposición del cuerpo de Artillería. En febrero de 1929, el general aprovechó la participación de este cuerpo en el pronunciamiento de José Sánchez Guerra para disolverlo, con lo que se ganó la enemistad de una parte importante del Ejército y del monarca. Por otro lado, el juicio contra Sánchez Guerra se convirtió en un duro análisis de la obra de la Dictadura. Además, en julio, la Asamblea Nacional quedó totalmente desacreditada al oponerse el general al proyecto constitucional que había preparado, el cual otorgaba amplios poderes al rey y no hacía referencia a la soberanía nacional. Elaborado por José María Pemán, de la Unión Patriótica, y por los conservadores Juan de la Cierva y Gabriel Maura, el texto no respondía a lo que Primo de Rivera entendía que debía ser el nuevo régimen basado en un partido único y en un Estado corporativo y autoritario. El dictador, que en alguna ocasión había dicho que a él no lo borboneaba nadie, no podía aceptar que su régimen estuviese basado en una Constitución que ponía al rey muy por encima del resto de las instituciones. En octubre, el valor de la peseta se desplomó en los mercados internacionales. Uno de los sostenes del régimen había sido la estabilidad económica. Sin ésta, el prestigio de la Dictadura se venía a pique. El político catalán Francesc Cambó, que era además un buen representante de la alta burguesía, venía criticando desde tiempo atrás la política económica de Calvo Sotelo, quien se había empeñado en el sostenimiento de una peseta fuerte sin tener en cuenta la realidad del país, lo que sirvió de base para que los especuladores jugaran al alza con el valor de la peseta y acabó, a la postre, creando una economía ficticia que trajo el hundimiento de la moneda, y la posterior dimisión de Calvo Sotelo.

El rey se mostraba distante del general desde hacía tiempo. Éste quiso renovar su autoridad consultando con los capitanes generales, pero la respuesta no fue la esperada. El 28 de enero de 1930 presentaba su dimisión al rey y se marchaba a París, donde moriría poco después.» [Zamora Bonilla 2002: 303-304]

La crisis económica de 1929 alejó del poder al general Primo de Rivera y su caída reveló la inmensidad de su fracaso: aparte de la pacificación del protectorado de Marruecos y la realización de varias obras públicas, todo quedaba prácticamente por hacer. Los problemas se habían agravado por la tardanza en darles solución y brotaba de nuevo el radicalismo.

EL GOLPE DE ESTADO DE 1923 VISTO DESDE EL FRANQUISMO

«Todavía otro hombre. Todavía otro regalo de Dios a España. El general Primo de Rivera es un gran patriota, valiente, rapidísimo de inteligencia, arrollador de simpatía. Luce en su pecho la laureada, ganada en Marruecos con ocasión de haber rescatado, él solo, un cañón que llevaban los moros. Primo de Rivera se declara “dictador”, o sea, jefe absoluto de España. EL aplauso total con que la nación lo recibe, revela bien claro la debilidad de la caída política liberal y lo artificialmente que estaba puesta sobre la verdad de España. [...]

Primo de Rivera no era un hombre de más instinto que cultura. Pertenecía, por su edad, a la época liberal, aunque por su viva inteligencia y su fervor patriótico, adivinara que había que sustituir todo aquello con algo nuevo. Primo de Rivera era representación gloriosa y exacta de lo que quedaba entonces en España de sano, de intacto: de base para una futura reacción salvadora. De ese fondo de instinto tradicional, de valor humano, que solo esperaba unirse a una idea clara y nueva para producir en admirable hermandad de voluntad e idea, de milicia y pensamiento, el Movimiento Nacional. [...]

Después de ese primer periodo de aciertos y triunfos, la situación empezó a hacerse más difícil para el dictador. Los antiguos políticos intrigaban contra él. La masonería de todo el mundo no cesaba de moverse contra España. Eran inútiles los aciertos materiales que Primo de Rivera tenía continuamente. España prosperaba materialmente como nunca; se hacen grandes obras públicas; sobraba dinero. Pero nade de esto detiene la campaña cada día más intensa contra el dictador: campaña de políticos, de masones, de grupos, a la que, en verdad, permanecía casi totalmente ajeno el pueblo español.» [Pemán 1958: 360 ss.]

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