El REINADO DE ALFONSO XIII

REGENCIA DE MARÍA CRISTINA DE HABSBURGO (1885-1902)

A mediados de 1885 el cólera hizo aparición en España, extendiéndose por toda la Península. El 25 de noviembre de 1885 fallecía en El Pardo Alfonso XII víctima de la tuberculosis. No había heredero, pero la reina esperaba un nacimiento póstumo. Tras el alumbramiento de dos hijas (María de las Mercedes y María Teresa), se hallaba embarazada cuando murió su esposo el 25 de noviembre de 1885, momento en el cual asumió la regencia sin saber si el hijo esperado habría de ser varón. El 17 de mayo de 1886 nace en Madrid el futuro rey Alfonso XIII, que reinó bajo la regencia de su madre hasta el 17 de mayo de 1902, y de manera efectiva a partir de ese día, al cumplir 16 años.

María Cristina ejerció como regente en un periodo político tranquilo gracias al llamado Pacto de El Pardo, acordado durante la convalecencia del moribundo monarca entre Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, jefes respectivamente de los dos partidos dinásticos principales, el Conservador y el Liberal: el compromiso fijó un pacífico “turnismo” (alternancia en el poder) de ambas formaciones. Durante los casi 17 años completos en los que ejerció el cargo de regente, sólo cuatro personas distintas desempeñaron la presidencia del gobierno: Sagasta, en cuatro ocasiones; Cánovas, en dos; Marcelo Azcárraga, en igual número; y Francisco Silvela, que formó un único gabinete en ese periodo.

En 1898, bajo un gabinete encabezado por Sagasta, tuvo lugar la Guerra Hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida del resto de las posesiones coloniales españolas en América y en Asia tras la firma del Tratado de París a finales de ese año.

El 17 de mayo de 1902, su hijo Alfonso XIII, subió al trono al cumplir la mayoría de edad prevista, con lo que se puso fin a la regencia. A partir de entonces, la Reina Madre se dedicó a obras de beneficencia, quedando en un segundo plano en cuestiones políticas. Falleció el 8 de febrero de 1929, en Madrid.

EL REINADO DE ALFONSO XIII (1902-1931)

RESUMEN

Regencia de María Cristina de Habsburgo durante la minoría de edad de Alfonso XIII. La regencia empieza en noviembre de 1885 cuando fallece el rey Alfonso XII, meses antes de que naciera Alfonso XIII, y termina en mayo de 1902 cuando Alfonso XIII cumple los dieciséis años y jura la Constitución de 1876, iniciándose así su reinado personal. Mantenimiento del régimen bipartidista de la Restauración: turnismo o gobierno de los dos partidos dinásticos, es decir, defensores de la monarquía. Sigue el caciquismo con la exclusión de los sectores no integrados en el sistema político: socialistas, reformistas, republicanos, sindicatos socialistas (UGT) y anarquistas (CNT). Pero estos grupos marginados siguieron aspirando a participar en la vida política. Existía un gran movimiento regionalista (vascos, gallegos y catalanes), que deseaban una amplia autonomía para sus regiones y una constitución más flexible. Segundo levantamiento revolucionario en Cuba en 1897. Guerra con Estados Unidos en 1898 y pérdida definitiva de las últimas colonias de ultramar: Cuba y Filipinas. Liquidación del imperio colonial español. Gobierno personal de Alfonso XIII que jura la Constitución de 1876, el 17 de mayo de 1902. El propio rey intervino activamente en el gobierno e introdujo un nuevo factor de inestabilidad. Principales gobernantes: Antonio Maura (conservador) y José Canalejas (liberal). Problemática social causada por la Guerra de Marruecos: guerra en Melilla en 1909, desastre de Annual en 1921, desembarco de Alhucemas y rendición de Abd-el-Krim en 1925. Semana Trágica de Barcelona entre el 26 y el 31 de julio de 1909: huelga general contra el embarque de reservistas a la guerra de Marruecos. Estado de sitio y radicalización de la protesta. Dura represión. Protestas internacionales y caída del gobierno de Maura (conservador). Atraso industrial y descontento obrero. Creación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), sindicato anarquista (anarcosindicalismo) en 1910. Desde 1870 a 1945, Europa ha conocido tres guerras brutales de las que ha estado ausente España. En la primera Guerra Mundial (1914-1918), Alfonso XIII declaró que España se mantendría neutral. Huelga general en 1917. Acción de las Juntas Militares de Defensa. Desarrollo del pistolerismo patronal y terrorismo anarquista entre 1918 y 1923. Reivindicaciones nacionalistas no satisfechas. Asesinato del presidente del Gobierno José Canalejas (liberal) en 1912 a manos del anarquista Manuel Pardiñas Serrano. Gobierno de concentración entre 1917 y 1923. Golpe de Estado del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923. Dictadura de Primo de Rivera desde septiembre de 1923 hasta el 28 de enero de 1930. En 1929 se celebraron la Exposición Universal en Barcelona y la Iberoamericana en Sevilla. El 29 de enero de 1930 Alfonso XIII aparta a Miguel Primo de Rivera del gobierno y nombra presidente del consejo de ministros al general Dámaso Berenguer con la intención de retornar al régimen constitucional. Este nuevo periodo se conoció enseguida como «la Dictablanda», por contraste con la dictadura anterior. Tras la caída del dictador, aumentaron las manifestaciones antimonárquicas, que acusan al rey de haber auspiciado la dictadura de Primo de Rivera y de tener responsabilidades en el Desastre de Annual. Los partidos republicanos se unen frente a la monarquía con la firma del Pacto de San Sebastián, promovido por la Alianza Republicana el 17 de agosto de 1930 a la que asistieron representantes de todos los partidos republicanos, a excepción del Partido Federal Español. Se acordó la estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República Española. En octubre de 1930 se sumaron al Pacto, en Madrid, las dos organizaciones socialistas, el PSOE y la UGT. En febrero de 1931 el almirante Juan Bautista Aznar fue designado presidente del consejo por Alfonso XIII. Su gobierno convocó elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Al conocerse en las elecciones mencionadas la victoria en las ciudades de las candidaturas republicanas, el 14 de abril se proclamó la Segunda República. Alfonso XIII abandonó el país ese mismo día, con el fin de evitar una guerra civil.

En 1901 sube al trono Alfonso XIII. Nacido el 17 de mayo de 1886 en Madrid, hijo póstumo del monarca Alfonso XII, fruto del matrimonio de éste con María Cristina de Habsburgo-Lorena, reinó bajo la regencia de su madre hasta el 17 de mayo de 1902, y de manera efectiva a partir de ese día (cuando, al cumplir 16 años, accedió a la mayoría de edad prevista para el ejercicio de la monarquía).

Alfonso XIII fue rey de España entre 1901 y 1931, año en que se proclama la Segunda República. Parte de su reinado estuvo dirigido por el capitán general Primo de Rivera, jefe del gobierno en tanto que presidente del Directorio Militar y del Directorio Civil, cargos desde los cuales ejerció la dictadura (1923-1930). Reinaría en una España muy diferente de la que había visto la luz en 1876, cuando su padre visitaba los campos de batalla de la última guerra carlista.

Aunque el reinado de Alfonso XIII se inicia como una continuación de la Restauración, pronto asistirá a la caída sucesiva de los pilares del sistema político sobre el que se había montado: el turno pacífico de los dos partidos dinásticos, las Cortes, la Constitución de 1876 y el rey. La crisis política fue la tónica general del periodo de 1902 a 1923, en el que se sucedieron 32 gobiernos.

La inestabilidad política se debía a la personalidad del propio rey, que participó activamente en política y que se rodeaba de los sectores más conservadores. Cuando desaparecen los dos pilares de la Restauración, Cánovas y Sagasta, comienzan las divisiones entre los dos partidos dinásticos que se turnaban en el poder: entre Maura y Dato en el partido conservador, y Canalejas y Romanones en el liberal. El sistema de manipulación electoral basada en el caciquismo encuentra cada vez más dificultades debido al crecimiento de la población urbana, entre la que los partidos van adquiriendo cada vez más importancia.

Dos viejos problemas heredados del siglo XIX, el clerical y el militar, obligan a los partidos del turno a emprender cambios “desde arriba”, pero sin arriesgar democratizar el sistema.

«Los cambios sociales, la reflexión sobre España promovida por los intelectuales a raíz del 98, las agitaciones obreras, el auge del catalanismo... sacudieron los viejos cimientos de la Restauración. Amanecía el siglo XX para los partidos monárquicos con fuertes tensiones internas, crisis crónicas de jefatura, sonoros problemas sociales, el recuerdo del asesinato de Cánovas del Castillo y la muerte de Silvela y Sagasta. Todavía aturdidos por el desastre, los gobiernos fallecen sin duelo y nacen sin alegría porque la política se convierte en la trampa de las grandes palabras. La urgencia, si embargo, de dar autenticidad al sistema llevó a los conservadores de Maura y a los liberales de Canalejas a embarcarse en una imposible revolución desde arriba. Ellos ayudaron a que el sistema de la Restauración sobreviviese algún tiempo más.» [García de Cortázar 2004: 237]

Cerca de treinta años iba a reinar el segundo Borbón de la Restauración, presenciando el turno de partidos y con algunos acontecimientos de importancia, como las guerras de África, o de tipo social, como la Semana Trágica de Barcelona (1909) y los movimientos sociales. La inquietud extremista se había manifestado ya en 1906, cuando la boda del rey con Victoria Eugenia de Battemberg, en que los recién casados fueron objeto de un atentado terrorista en la Calle Mayor de Madrid.

Alfonso XIII fue educado para comportarse como un rey-soldado, en una rígida disciplina católica y una conciencia liberal. El contacto con la realidad política del país le hizo ver el alejamiento entre la España oficial y la España real; de ahí su empeño en conectar directamente con esta última en medio de las ficciones del sistema canovista, dominado por el caciquismo.

Alfonso XIII tuvo que afrontar problemas derivados de la etapa anterior, pero también otros que surgirán con el nuevo siglo: el problema social, el radicalismo de las organizaciones obreras, las guerras de Marruecos, la quiebra del turnismo político, el surgimiento de los nacionalismos catalán y vasco, y otros. Demostró siempre una tendencia a intervenir personalmente en la política, lo cual le era permitido por la propia Constitución de 1876.

Su reinado ocupa todo el primer tercio del siglo XX y es difícil periorizarlo por la inestabilidad política y la gravedad de algunos acontecimientos.   Hasta 1923 hubo una continuación del régimen de la Restauración. De 1923 a 1930, en que cae la monarquía, tiene lugar la dictadura del general Primo de Rivera con el consentimiento real. En 1931 es proclamada la Segunda República y Alfonso XIII tiene que abdicar.

EL DESASTRE COLONIAL Y LA GENERACIÓN DE 1898

La primera gran crisis de la Restauración fue provocada por la pérdida de las últimas colonias de ultramar. En 1895 había empezado una nueva sublevación en Cuba. Pero ahora Estados Unidos interviene como potencia emergente. En 1898 el acorazado norteamericano Main, anclado en la Habana, sufre una explosión. Bajo la presión de la opinión pública americana, que exige responsabilidades, el Congreso estadounidense declara la guerra a España. La derrota española fue absoluta y por el Tratado de París de 1898 España tiene que ceder a los Estados Unidos Puerto Rico y las Filipinas y conceder la independencia a Cuba.

La pérdida de los restos del imperio colonial español, cuando Europa se estaba repartiendo África, produjo en España una conmoción inmensa. Entre políticos e intelectuales, que comenzaron a buscar las causas del aislamiento político y cultural de España, planteando propuestas para la regeneración y modernización del país. Tanto políticos conservadores como Silvela, que hablaba de una “España sin pulso”, y republicanos y socialistas, que habían criticado la política colonial canovista, como intelectuales regeneracionistas como Joaquín Costa, promovieron una revisión de la situación de España, poniendo en cuestión la “España gloriosa” del pasado. España se convirtió en problema. En 1949 Laín Entralgo escribiría su libro España como problema, en polémica con España sin problema de Rafael Calvo Serer, dentro del llamado debate sobre el Ser de España. 

Lo que se pretendía dilucidar era si existía un carácter nacional o Ser de España: cuáles son «las esencias» de «lo español», y sobre todo, por qué es algo problemático en sí mismo o no lo es, frente al aparente mayor consenso nacional de otras naciones «más exitosas» en su definición, como la francesa o la alemana. El debate se prolongó por décadas. «Lo que nos pasó y nos pasa a los españoles es que no sabemos lo que nos pasa», decía José Ortega y Gasset. Desde el desastre colonial de 1898, dirá luego Manuel Azaña, «corre por válida la especie de que ser español es una excusa de impotencia».

El debate se centró en la disyuntiva de europeizar España (Ortega y Gasset: “España es el problema, Europa la solución”) o iberizar Europa (Unamuno: “¡que inventen ellos!). La generación literaria del 98 identificó España con Castilla y lo castellano como la esencia de “lo español”. A la generación de 1898 sucedió la generación de 1814, más europeísta y modernizadora.

El desastre del 98 provocó una crisis de conciencia nacional, unas propuestas de reformas y modernización política exigidas por los regeneracionistas y dio un mayor empuje y protagonismo a los nacionalismos periféricos. Se demostraban las limitaciones del régimen de la Restauración para afrontar los problemas de la modernización y el progreso de España y se señalaban las cuestiones y problemas sociales que marcarían la historia del siglo XX.

«El frívolo optimismo oficial, el fácil patriotismo callejero, dejaron paso a una consternación universal, que en unos fue simple rellano para otra etapa intrascendente y en otros sentimiento de humillación y vergüenza, de jurad voluntad de cambio, ya por los caminos de la exaltación nacionalista, ya por los del internacionalismo revolucionario. Estos dos últimos grupos estaban de acuerdo en que aquello –el gobierno, la sociedad, la vida cursi y boba, el engaño, la rutina y la pereza– no podía seguir sin provocar la extinción de España. Pero ¿qué era España? A esta pregunta se contestó en forma muy varia. España era Castilla, España era África, España era una entelequia. España era la suma de las regiones autónomas de la época de los Reyes Católicos, etc. [...] Sobre qué forma se daría a la futura España que ambicionaban aquellos hombres, hubo divergencia de miras: los periféricos, sobre todo los catalanes, predicaron una solución optimista, constructiva, burguesa e historicista; los castellanos, en cambio, se caracterizaron por su pesimismo, el desgarro de su pasado, su aristocratismo y su abstractismo. Ambos grupos tenían su razón de ser en un nacionalismo ardiente, que deseaba quemar etapas y restaurar la grandeza de España. Si ello no era posible, si España estaba muerta, los catalanes, los vascos, los gallegos habrían de renunciar a conllevar el peso de Castilla. Todo el problema estaba ahí. El impacto de esta inquieta mentalidad en la masa española suscitó, de momento, una recuperación intelectual y literaria de primer orden, que no cedió a lo largo de los decenios sucesivos. Pero las ideas que contenía –ideas explosivas, capaces de hacer saltar al país en pedazos– solo trascendieron a la política hacia 1917, después de una condigna elaboración filosófica e histórica.

La divergencia generacional a que hemos aludido –y que expresamos en el doble grafismo: 1898 para Castilla, 1901 para Cataluña– provocó un disentimiento de criterios entre Castilla y Cataluña respecto a cuál había de ser la organización del Estado Español. [...] Para cohonestar ambas tendencias, los nacionalistas catalanes solicitaban un régimen de autonomía. Su propuesta fue envidriada por anquilosadas concepciones y por el temor de que iba a producirse el cuarteamiento del Estado español surgido del Renacimiento o bien el declive de la misión histórica de Castilla como entidad nacional fundadora del mismo. [...]

El dualismo de la generación del Desastre en Castilla y Cataluña es obvio. Pero así como aquella ha tenido buenos historiadores, esta ha pasado casi desapercibida. [...] Sin embargo, no solo ha existido, sino que lo ha hecho con mayor plenitud que la generación de 1898 en Castilla, reducida a un puñado de eminentes intelectuales y a unos políticos de mayores ambiciones que buena fe. En Castilla el país estuvo ausente de la labor de aquellos hombres en los momentos aurorales. [...] A medida que se progrese en la investigación se observará el peso decisivo que tuvo en la generación catalana el optimismo burgués y en la castellana el pesimismo profesional.» [Vicens Vives 2003: 149-150 y 176-177]

LOS INTELECTUALES DEL 98 Y EL DESARROLLO CULTURAL

En 1913, José Martínez Ruiz, alias Azorín, acuñó el término Generación del 98 para referirse a los escritores que comenzaron a publicar su obra en los primeros años del siglo XX, tras el desastre colonial de 1898. Azorín no se refería solamente a un grupo de literatos, sino más a un conjunto de intelectuales comprometidos con los problemas sociales y culturales de la España de entonces. Era intelectuales con una actitud crítica frente a la España oficial. Con ellos comienza la llamada Edad de Plata de la cultura española (la de Oro tuvo lugar entre el siglo XVI-XVII).

Los escritores del 98 (Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ramiro de Maeztu, Pío Baroja, Azorín, etc.) denunciaban en su obra literaria no solo la mediocridad cultural y la corrupción política reinantes, sino que se ocupaban también de la cuestión social, denunciando la miseria y la explotación del pueblo trabajador. Se enfrentaban a la cultura de la gran burguesía conservadora que se había enriquecido con el sistema caciquil de la Restauración, que excluía a todos los partidos no dinásticos, es decir, no defensores de la monarquía.

A los escritores del 98 siguió la generación de 1914 o novecentista, generación con un punto de vista más positivo que el de sus antecedentes del 98. Son jóvenes con formación universitaria que tuvieron importante presencia en la vida pública española como creadores de opinión: José Ortega y Gasset, que en 1908 clamaba: Hay que formar un partido de la cultura; Gregorio Marañón, internista y ensayista; el historiador Américo Castro; el abogado y escritor Álvaro de Albornoz; el político Manuel Azaña. Todos veían la necesidad de modernizar España y ponerla culturalmente a la altura de Europa. La europeización debía sacar a España del aislamiento. El compromiso de estos intelectuales se manifestó en la vida pública con publicaciones en periódicos y revistas, con la participación en mítines y manifestaciones, con la creación de asociaciones, como la Liga de la Educación Política (1913), la Liga de Derechos del Hombre (1922), o partidos políticos como Acción Republicana (1925). Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, fundadores de la Agrupación al Servicio de la República  en 1931.

La Institución Libre de Enseñanza (ILE), institución de renovación cultural y pedagógica, creada en Madrid en 1876 por un grupo de profesores universitarios de pensamiento liberal y humanista bajo la dirección de Francisco Giner de los Ríos, adquiere en el primer tercio del siglo XX su máximo desarrollo e influencia. La ILE se declaraba laica y neutra, respetuosa con todas las creencias religiosas. El Ministerio de Instrucción Pública, creado en 1900, dio rango oficial a alguno de sus proyectos.

España adolecía de un sistema educativo eficiente. La creación del Ministerio de Instrucción Pública en 1900 asumió el pago de los sueldos de los maestros y el control de la red de escuelas primarias. Los gobiernos integraron en el presupuesto y responsabilidad de este ministerio algunas de las propuestas de la Institución Libre de Enseñanza (ILE).

Frente al programa educativo de la ILE, surgen nuevos proyectos de izquierda cuyo objetivo es crear una escuela popular y proletaria ligada a las aspiraciones revolucionarias. Estos proyectos educativos consideraban el reformismo escolar de la ILE como elitista y pequeño burgués. Ejemplos de estos proyectos son la Escuela Moderna, fundada en 1901 en Barcelona por el pedagogo y libertario catalán Francisco Ferrer Guardia (Francesc Ferrer i Guàrdia). El objetivo esencial de la escuela era «educar a la clase trabajadora de una manera racionalista, secular y no coercitiva». Ferrer Guardia recogió la tradición moderna iniciada por Rousseau en el siglo XVIII —contraria a la autoridad y a la cosmovisión religiosa—, para adaptarla al anarquismo y el librepensamiento que florecía en las ciudades industriales.

Al ser la primera escuela mixta y laica de Barcelona, en un país católico, obtuvo una amplia antipatía entre el clero y los devotos. Ferrer fue condenado a muerte por un consejo de guerra que lo acusó de haber sido uno de los instigadores de los sucesos de la Semana Trágica de Cataluña de julio de 1909. Su condena a muerte y su posterior ejecución levantaron una oleada de protestas por toda Europa y por América, y también en España que acabaron provocando la caída del gobierno de Maura.

Otro proyecto con programa educativo revolucionario y progresista fue el de la Escuela Nueva, funda en 1910 por Núñez de Arenas, quien da de ella la siguiente definición: “Todo programa de reorganización de la instrucción pública en España ha de inspirarse en este principio fundamental: la socialización de la cultura.” Se crean también los ateneos libertarios, instituciones populares ligadas al sindicalismo anarquista que organizaban sus propios cursos dirigidos a los trabajadores.

En la década de los 20 los intelectuales españoles se radicalizaron, tomando partido frente a la dictadura del general Primo de Rivera. Se abrieron a las vanguardias artísticas del momento y a las nuevas corrientes culturales europeas. Son los “nietos” del 98, la general del 27 (1927).

EL CONSERVADOR ANTONIO MAURA Y MONTANER (1853-1925)

El comienzo del reinado de Alfonso XIII coincidió con un cambio generacional decisivo de los partidos dinásticos (el Conservador y el Liberal). Desaparecidos los dos líderes de los partidos dinásticos que eran el sostén de la Restauración, el conservador Antonio Cánovas del Castillo (murió asesinado el 8 de agosto de 1897 por un anarquista italiano) y el liberal Práxedes Mateo Sagasta (fallecido el 5 de enero de 1903), varios políticos se disputaron el liderazgo dentro de cada formación política. Las dos nuevas figuras de estas formaciones fueron el conservador Antonio Maura y el liberal José de Canalejas.

Antonio Maura y Montaner fue jefe del Partido Conservador, ministro y presidente del gobierno en varias ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII. Pertenecía a una familia de la pequeña burguesía de Palma de Mallorca. En 1881 inició su carrera política en las filas del Partido Liberal de Sagasta, como diputado por Mallorca. En 1886 fue elegido vicepresidente del Congreso y en 1892, ministro de Ultramar. En 1895 volvió al gobierno como ministro de Gracia y Justicia y se convirtió en uno de los más destacados representantes del regeneracionismo tras la crisis de 1898. Planteó la necesidad de una serie de reformas radicales en el sistema político de la Restauración, caracterizado por la corrupción administrativa y el fraude electoral.

Tras la salida del Partido Liberal de Gamazo, su cuñado, y la muerte de este en 1901, Maura pasó a engrosar las listas liberales, que luego se integraron en el Partido Conservador de Francisco Silvela. En 1902, nombrado ministro de Gobernación, intentó eliminar el fraude electoral, pero no consiguió acabar con el caciquismo. Al retirarse Silvela, Maura se convirtió en el líder de los conservadores y en 1903, Alfonso XIII le encargó la presidencia del gobierno. En diciembre de 1904, un enfrentamiento con el rey dio lugar a su salida del gobierno. Volvió al poder en 1907 y llevó a cabo una amplia labor legislativa, en la que destacaron la ley electoral, ley de huelgas, la modernización de la Marina de guerra y el proyecto de reforma de la administración local que, por su carácter descentralizador, consiguió el apoyo de algunos sectores del catalanismo aunque finalmente no se lograra la aprobación de la ley.

El político conservador pretendía consolidar el dominio español en el norte de Marruecos cuando las potencias europeas competían por la conquista del continente africano. Maura intentó recuperar el prestigio de España en el concierto mundial. Su plan de desplegar una política expansionista en el norte de Marruecos chocó con la incipiente corriente antimilitarista en España. Promovió el acercamiento a Francia y Gran Bretaña como medio de asegurar los intereses españoles en Marruecos, pero su gobierno hubo de enfrentarse con graves problemas de orden público que culminaron durante la Semana Trágica de Barcelona (1909).

En julio de 1909 un mal preparado ejército español provocó el desastre del Barranco del Lobo en Marruecos que dejó a miles de soldados pudriéndose en las arenas del Rif. Maura se vio obligado a movilizar a los reservistas, lo que hizo saltar la chispa del descontento popular contra la nueva intentona colonial y la retórica patriótica de la derecha que mandaba a los soldados de la clase obrera a la guerra mientras que los hijos de los burgueses se libraban de ir a luchar a Marruecos pagando mil quinientas pesetas para librarse del servicio militar.

Al grito de «¡Tirad vuestros fusiles, que vayan los ricos; o todos o ninguno. Que vayan los frailes!» comenzaba la Semana Trágica de Barcelona en 1909. Los reservistas se fundían con las masas populares en una protesta pacífica que estalla en guerra cuando el ejército toma las calles y comienza a embarcar a prisioneros en el puerto. El torbellino popular se revuelve contra la Iglesia, arrasa conventos, templos y escuelas, levanta barricadas en las calles. La dura represión y la avalancha de detenciones y procesos sumarios levantaron una oleada de indignación contra el gobierno de Maura. El fusilamiento de Ferrer i Guàrdia, acusado de ser el principal instigador, provocó una durísima campaña contra Maura dentro y despertó en Europa la imagen de la España negra de la Contrarreforma.

La pérdida confianza de Alfonso XIII en el líder del Partido Conservador, la fuerte oposición republicana y socialista a la guerra de África y la represión de la Semana Trágica llevó a la caída del gobierno de Maura en octubre de 1909. Los grupos de izquierda mantuvieron su postura de rechazo a Maura, por lo que en 1913 éste abandonó la jefatura del partido cuando Alfonso XIII encargó formar un nuevo gobierno conservador a Eduardo Dato. Maura continuó siendo una figura de referencia dentro de la política española, por el prestigio que le daban su rectitud moral y su honestidad, por lo que volvió a ser llamado al gobierno en momentos especialmente complicados para la monarquía de Alfonso XIII, sin que pudiera llevar a cabo una acción de gobierno verdaderamente eficaz.

Antonio Maura defendió siempre la existencia de gobiernos fuertes para garantizar la defensa del sistema liberal y las libertades públicas. El mismo Primo de Rivera lo consideraba un ejemplo de gobernante honesto, lo que no impidió que Maura condenara el gobierno dictatorial de Primo de Rivera. Muchos de sus seguidores ocuparon altos cargos en los gobiernos de la dictadura.

EL REGENERACIONISTA Y LIBERAL JOSÉ CANALEJAS MÉNDEZ

José Canalejas Méndez (1854-1912) fue abogado y político regeneracionista y liberal. Fue presidente del Consejo de Ministros y murió asesinado en un atentado terrorista, siguiendo la estela de Juan Prim en 1870 y de Antonio Cánovas del Castillo en 1897, aunque no sería el último. Fue ministro de Gracia y Justicia durante el reinado de Alfonso XIII y elegido presidente del Congreso de los Diputados durante la Legislatura de 1906-1907.

Era simpatizante del Partido Demócrata Progresista, de ideas republicanas, pero en la Restauración abandonó estas ideas para incorporarse al Partido Liberal de Sagasta. En 1897 viajó a Cuba donde se alistó como voluntario y luchó como un soldado más, lo que le valió la concesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. Vuelto a España informó a Sagasta de la dramática situación en la isla del Caribe, pero Sagasta desoyó sus recomendaciones. Tras la pérdida de las colonias de ultramar en 1898, Canalejas fundó en 1902 fundó el Liberal-Demócrata, corriente izquierdista de ideas democráticas que postulaba la separación de la Iglesia y el Estado.

Al gobierno largo de Antonio Maura siguió el gobierno del liberal Segismundo Moret, que duró pocos meses, pues su aproximación a los republicanos abrió una crisis en el partido liberal que fue aprovechada por el Alfonso XIII para nombrar en febrero de 1910 a José Canalejas como nuevo presidente del gobierno. Según el rey, Moret había sido demasiado complaciente con los republicanos y consideraba que Canalejas, si bien de ideas avanzadas, era inteligente y activo y sabía imponer su autoridad.

José Canalejas presidió el Gobierno entre febrero de 1910 y noviembre de 1912. Tras el gobierno largo de Antonio Maura, el de Canalejas fue el segundo intento de «regeneración desde dentro» del régimen político de la Restauración. El asesinato de Canalejas por un anarquista en la Puerta del Sol de Madrid truncó su proyecto de democratización de la Monarquía de Alfonso XIII.

En el gobierno Canalejas moderó su radicalismo, intentó establecer relaciones con el Partido Conservador. El giro moderado de su política provocó las críticas de socialistas y republicanos. En su proyecto de «regeneración democrática» condecía un especial protagonismo al rey que no debía asumir un papel simbólico sino implicarse en el proyecto de reformas, lo que fue muy del agrado de Alfonso XIII. El programa defendía el intervencionismo liberal que veía en el Estado el agente modernizador del país. Su Gobierno tuvo que hacer frente la oposición republicano-socialista, que reclamaba la revisión del caso Ferrer, y a la del Partido Conservador, que rechazaba el proyecto de restricción de las actividades de las órdenes religiosas conocido como la Ley del Candado.

En cuanto a la cuestión social, Canalejas veía en el arbitraje y la negociación entre patronos y obreros la única forma de resolver los conflictos laborales. Así favoreció el papel mediador del Instituto de Reformas Sociales (IRS) creado en 1903, bajo el gobierno del conservador Francisco Silvela. Mejoró las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera: reguló los contratos de aprendizaje, para acabar con los niños obreros; prohibió el trabajo nocturno para las mujeres; y reformó los tribunales industriales. No logró ver aprobado su proyecto estrella, la ley de contratos colectivos de trabajo, por la encarnizada oposición de los otros partidos.

Canalejas se ocupó de dos de las más antiguas reivindicaciones de las clases populares:  la abolición de los impuestos indirectos conocidos como los consumos que gravaban los productos básicos, aumentando así su precio; y las desigualdades a la hora de hacer del servicio militar. En 1912 se estableció el servicio militar obligatorio, aunque sólo en tiempo de guerra, lo que suponía poner fin a la «redención en metálico» que permitía a las familias acomodadas que sus hijos no hicieran el servicio militar pagando una determinada cantidad de dinero.

Frente a las revueltas de la clase obrera, Canalejas intentó alternar el arbitraje con la represión. Tras la huelga general revolucionaria de 1911 que motivó la disolución de la CNT y el procesamiento de los dirigentes de UGT, Canalejas propuso al rey la conmutación de las penas de muerte, sabiendo las consecuencias que para Antonio Maura había tenido la dura represión de la Semana Trágica de Barcelona en 1909.

Canalejas tuvo éxito con el problema de Marruecos, al conseguir en mayo de 1911 asegurar el control de la «zona de influencia» española con la toma de Arcila, Larache y Alcazarquivir, en respuesta a la toma de Fez por los franceses, lo que le permitió negociar con Francia, contando con la mediación de Gran Bretaña, el establecimiento definitivo del protectorado español de Marruecos. A principios de noviembre de 1912 se había llegado al acuerdo definitivo con Francia sobre Marruecos, pero la firma del tratado prevista para finales de mes, no la pudo realizar Canalejas porque fue asesinado el día 12 por un anarquista en la Puerta del Sol de Madrid. La desaparición de Canalejas tuvo una gran importancia en la vida política española pues dejó sin liderazgo a uno de los partidos del turno, el liberal, que durante el resto del reinado de Alfonso XIII no fue capaz de reconstruir, resultando dividido en fracciones, lo que contribuyó a la crisis del régimen político de la Restauración.

PERSISTENCIA DEL CACIQUISMO DEL SIGLO XIX

La práctica electoral llevada a cabo durante gran parte del siglo XIX persiste a principios del siglo XX. Esta práctica electoral de intervenir en los resultados electorales a favor del candidato designado por los respectivos grupos oligárquicos, que alcanzó su culminación a finales del siglo XIX, cuando Joaquín Costa se propuso denunciar los males del sistema y pronunció la famosa conferencia Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España, en el Ateneo de Madrid, publicada en 1902.

Originariamente el nombre de cacique significaba ‘señor de vasallos en alguna provincia o pueblo de indios’, más tarde pasó a significar la ‘persona que en una colectividad o grupo ejerce un poder abusivo’. Los descubridores españoles llamaron señores, principales o reyes, a los jefes de las tribus o grupos sociales que encontraron. Pero al llegar al Perú se encontraron con que en el Imperio Inca existía una organización administrativa a nivel local al frente de la cual estaban los “curacas” o ‘señores principales’, ‘potentados’ o ‘gobernadores’, jefes locales de los grupos indígenas que estaban encargados de velar por el rendimiento del trabajo de sus súbditos y el control de la recogida de tributos. Fue el Inca Garcilaso de la Vega el que comenzó a llamarles caciques.

La práctica del caciquismo ya existía en el régimen absolutista y bajo el reinado de Isabel II. Pero fue con la instauración del sufragio universal masculino en 1890 cuando el caciquismo se convirtió en una práctica electoral generalizada que dominó todo el régimen político. Estas prácticas caciquiles desprestigiaron tanto el sistema político de la Restauración, que había establecido Antonio Cánovas del Castillo, que caciquismo y Restauración se convirtieron casi en sinónimos. El caciquismo introdujo un elemento antidemocrático en el sistema electoral de la Restauración, un elemento que burlaba la voluntad de los electores. El sistema funcionaba de arriba abajo.

El sistema partía del convencimiento de que sería nefasta la imposición del número (masa) a la calidad (minorías), resultado de lo cual se desembocaría en un libre juego electoral. La Constitución de 1876 daba pie para entender las atribuciones del monarca de dos formas distintas. Según una, al rey se le concedía amplia y generosa potestad. Otra interpretación abrigaba la esperanza de una evolución institucional hacia una democracia acorde con los tiempos y modelos de otros países. La interpretación basada en el texto constitucional delegaba las responsabilidades más altas a la decisión real. La segunda interpretación, que estaba abierta a los cambios democráticos, chocaba con la realidad electoral del momento: un parlamentarismo sin opinión pública, unos partidos sin respaldo de mayorías populares, unas elecciones corrompidas por el caciquismo, un parlamentarismo sin legitimidad. Subsanar estas deficiencias democráticas suponía beneficiar a los grupos políticos excluidos de la alternancia de los partidos en el poder (el conservador y el liberal). Las clases dirigentes nada temían más que el ascenso al poder de los revolucionarios, de las masas empobrecidas y analfabetas a través de un sufragio universal libre y sin manipulaciones caciquiles. A finales de los años veinte del siglo XX, el filósofo José Ortega y Gasset escribía una serie de artículos en la prensa bajo el título de La rebelión de las masas, en los que avisaba del peligro de que la masa (el número) tomara las decisiones políticas que solo una minoría cualificada (la calidad) podía tomar por ella. Las minorías deberían hacerse responsables de la dirección de las masas.

Cuando las ‘familias políticas’ en el poder se dividían (bien dentro del Partido Conservador o bien dentro del otro partido clave del sistema, el Liberal), el monarca retiraba la confianza al presidente del gobierno y encargaba dicho cometido al jefe de la oposición. Este cambiaba automáticamente a los gobernadores civiles, cuya misión primordial era realmente fabricar una nueva mayoría. Jamás ningún encargado de formar gobierno fracasó en la tarea de conseguir una mayoría parlamentaria cómoda. Los mecanismos para fabricar mayorías eran múltiples: compra de votos, reparto de promesas, invitaciones (‘cuba abierta’), ‘partidas de porra’ (palizas), incluso rotura de urnas. La crítica del sistema caciquil se fue generalizando hasta convertirse en un tópico. Uno de los jefes del Partido Conservador, Antonio Maura, intentó cortar de raíz el caciquismo (1907-1909), pero fracasó ante una nutrida oposición parlamentaria. Sus pervivencias aun se dejaron sentir, si bien de una forma mucho menor, incluso durante la II República (1931-1936).

Un Parlamento de escasa representatividad (caciquismo electoral) y en manos de unas oligarquías poco responsables, exoneraba al monarca, que podía verse impulsado por el deber patriótico a tomar decisiones. Las atribuciones constitucionales del monarca estaban pensadas para casos de absoluta emergencia. Dejarle tanto poder constitucional al rey implicaba un riesgo a largo plazo. La alternativa era una paulatina reforma desde arriba, desde el poder. Los intentos de reforma del conservador Antonio Maura y del liberal José Canalejas quedaron truncados por la resistencia de los intereses creados y por haber sido emprendidos muy tarde, cuando el parlamentarismo liberal estaba en decadencia en Europa superado por la ola de autoritarismo.

LAS GUERRAS DE MARRUECOS

Tras el desastre del 98, el imperialismo español había visto reducido su ámbito de acción a África, especialmente a la zona norte de Marruecos. La necesidad de intervenciones militares en la zona fue constante y supuso un fuerte desgaste humano, económico y político. Solo razones de prestigio exterior explican la insistencia de España por permanecer en estos territorios a tan elevado precio.

Tras las conferencias de Berlín y Algeciras, donde las potencias colonialistas se repartieron el mundo colonizado, España y Francia ocupan el Magreb. Los españoles controlan el territorio rifeño salvo Tánger, que quedará como puerto franco, libre de impuestos. Para sacarse la espina de la pérdida de las colonias de ultramar en 1898, España se embarca en la guerra marroquí y se mete en un verdadero avispero, en un territorio de pocas posibilidades económicas y con unos habitantes muy combativos. Fue un error histórico.

La presencia española en el Magreb se reduce a la franja costera del Rif, área de influencia de las ciudades de Ceuta y Melilla (españolas desde el siglo XV y XVI), además de Ifni y Sáhara occidental, zonas muy pobres y conflictivas. Las dos primeras décadas del siglo XX, hasta el fin de la guerra con el desembarco de Alhucemas durante la dictadura de Primo de Rivera, Marruecos se va a convertir en la pesadilla del Ejército español. Los militares serán ahora el blanco de anarquistas, socialistas, republicanos y nacionalistas, especialmente los catalanes. Pero también de los regeneracionistas que ven con impotencia como España pierde sus últimos recursos en una guerra imposible, sangrienta y de gran crueldad, como la costumbre de cortar las cabezas a los prisioneros.

La Guerra de Marruecos provocó, además, revueltas sociales por la necesidad de enviar al frente marroquí soldados de origen humilde, hijos de obreros que no podían pagar la cuota exigida para elegir destino o para evitar ser movilizados.

La larga guerra de Marruecos se prolongó entre 1909 y 1927 con numerosos conflictos. La constitución en 1907 de la Sociedad Minas del Rif, como consecuencia de la firma de un acuerdo con El Roghi, caudillo local de la zona de Melilla, que permitía explotar las minas de la zona, pronto llevó a soldados españoles a Marruecos.

En 1898 España, perdido el imperio ultramarino (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), se volcó en Marruecos. Lo primero que se imponía era delimitar con precisión entre Francia y España las respectivas zonas de influencia, para evitar posibles roces suplementarios. Distintos acuerdos (1902, 1904) redujeron la zona de influencia española, hasta que en 1912 se fijaron las fronteras definitivas. Se estableció la figura de derecho internacional del Protectorado, que entró en vigencia a partir de 1927, en que se consiguió pacificar el territorio.

En 1909 los rifeños de la zona de Melilla desencadenaron la guerra. El conflicto tuvo dos frentes: uno social, con epicentro en Barcelona (Semana Trágica), y otro militar con el revés sufrido por las tropas españolas en el Barranco del Lobo. El momento culminante de la confrontación militar tuvo lugar en julio de 1921 con el llamado desastre de Annual, que abrió el camino hacia la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Ya en el poder, Primo de Rivera se decidió a acabar con la conflictiva situación marroquí con el desembarco de Alhucemas en 1925, que en 1927 daría fin a las largas guerras de Marruecos.

Canalejas consiguió en mayo de 1911 asegurar el control de la «zona de influencia» española y negociar con Francia, con la mediación de Gran Bretaña, el establecimiento definitivo del protectorado español de Marruecos. A partir de este momento, el Alfonso XIII empieza a centrarse e intervenir en la política española sobre Marruecos, interesándose sobre las explotaciones mineras en aquella región y manteniendo relación directa con las autoridades españolas en el norte de África, así como con Francia, al margen de los gobiernos. En 1911 visitó Melilla, acompañado de Canalejas, las minas del Rif, e intervino en la elaboración de los planes militares de ocupación del territorio marroquí, enviando al general Barrera para estudiar la viabilidad de la ocupación de Tetuán.

Uno de los militares que informó al rey de la situación en Marruecos fue el entonces teniente coronel Manuel Fernández Silvestre, el futuro jefe de las tropas españolas en el desastre de Annual, quien en un informe le dijo que era «un problema de transcendental importancia para nuestra personalidad como nación europea el dar cima a la empresa confiada a transformar un pueblo de las condiciones de Marruecos». Una idea sobre la «misión» de España en Marruecos que compartían el rey y la mayor parte de la clase política española.

Tras el reparto de la mayor parte de África, el territorio de lo que hoy es Marruecos era una de las pocas regiones por repartir en el continente. Las potencias se reunieron en la Conferencia de Algeciras en 1906 y allí se acordó el reparto de Marruecos entre Francia, que se quedó la mayor parte del territorio, y España que se apoderó de la montañosa franja norte del país, que se convirtió en protectorado en 1912.

Durante el reinado de Alfonso XIII, España sostuvo diferentes guerras en el Rif, región con zonas montañosas del noroeste de África, con costa en el Mediterráneo, región tradicionalmente aislada y desfavorecida. Sus habitantes son bereberes.

Muy pronto aparecieron los conflictos con los indígenas. Las cábilas del Rif se agruparon bajo el liderazgo de Abd-el-Krim. El ejército español, mal pertrechado y dirigido, sufrió importantes reveses. En 1909 el ejército español sufrió un desastre en el Barranco del Lobo. Antonio Maura tuvo que enviar tropas que recuperaron el Gurugú y las plazas de Nador y Zeluán. Los rifeños pidieron la paz en 1912.

A pesar de los incidentes antimilitaristas de la Semana Trágica de Barcelona (1909), los partidos dinásticos siguieron luchando en el avispero marroquí. Para Alfonso XIII la guerra colonial debería dar a España el lugar que le correspondía en el mundo. Pero era la oligarquía financiera la que más intereses tenía en mantener la aventura colonial de Marruecos: las minas de hierro allí encontradas y la construcción del ferrocarril compensaban las pérdidas de las colonias de ultramar en 1898. La guerra colonial era también de interés para el ejército, que podía vengar el honor perdido en la guerra de Cuba contra los Estados Unidos y rehabilitarse ante la sociedad con las hazañas bélicas en el Marruecos colonial.

«Pero la quimera africana, reforzada en 1912 con la consolidación del Protectorado, solo gustaba a la derecha y al rey, que azuzaron a los ya convencidos generales para extender el dominio español por las áridas tierras del Rif. Los catorce años de guerra modificarían la fisonomía del militar español, al reducir su horizonte mental al patriotismo bullicioso, la disciplina cuartelaria del ordeno y mando y el escarnio de la democracia. Alejados de la Península Ibérica, lanzados a la conquista de ascensos y medallas, los oficiales africanistas se convencerán de la superioridad de la milicia y de su misión histórica en la regeneración de España. Con el paso del tiempo en los cuarteles de Melilla fermentaría una fuerte ideología nacionalista que exaltaba la España del Imperio y la Castilla ancestral de la Reconquista y veía en el ejército la reencarnación de la patria. [...]

La cercanía de la muerte, el asedio de las enfermedades... alimentaban las ganas de vivir de los miles de soldados que aprovechaban la intermitencia de la contienda para perderse en la barahúnda del placer y la juerga con los ojos inflamados de sueño y vino. Más de sesenta y cinco mil soldados fueron enviados a morir o reverdecer las glorias de la patria en tierras marroquíes. Para aquellos jóvenes arrancados de los pueblos y la fábrica y llevados a la fuerza al matadero del Rif con el entusiasmo de un puñado de empresarios y la aquiescencia del rey, Marruecos no fue más que un campo de batalla, un burdel, una taberna y una tumba.» [García de Cortázar 2004: 239-240]

Una estampa de lo que fue la guerra de Marruecos nos la ofrece novelista Arturo Barea en sus tres novelas autobiográficas escritas en Inglaterra entre 1940 y 1945: La forja de un rebelde. I. La forja. II. La ruta. III. La llama. La segunda, La ruta, cuenta su experiencia militar en Marruecos durante la guerra contra los independentistas rifeños, donde llega a conocer y a contar algunas anécdotas sobre el entonces comandante Francisco Franco y el fundador de la Legión Española, Millán Astray.

La guerra de Marruecos provocó la división paulatina del Ejército entre el peninsular y el de África, los peninsulares y los africanistas. Los militares peninsulares no veían con buenos ojos que los oficiales que servían en la guerra de Marruecos fueran ascendidos más rápidamente que los peninsulares. Por ejemplo, Francisco Franco se había convertido en el general más joven de Europa con tan solo 33 años gracias a sus servicios en Marruecos (1926).

GUERRA DEL RIF Y DESASTRE DEL BARRANCO DEL LOBO (1909)

Desastre del Barranco del Lobo, derrota militar española contra las tropas del líder rifeño Abd-el-Krim, ocurrida el 27 de julio de 1909 en el despeñadero homónimo, situado en las estribaciones del macizo montañoso Gurugú (que domina la ciudad de Melilla), durante la guerra de Marruecos.

El Rif, región montañosa del norte de Marruecos y de lengua y cultura bereber, se consideraba «zona de influencia española» por el tratado firmado con Francia el 5 de octubre de 1904. El Rif pertenecía a la parte de Marruecos conocida como Bled es-Siba o País del Desgobierno, donde la autoridad política del sultán no había sido nunca efectiva. Los rifeños, por tanto, no se consideraban implicados por los acuerdos que pudiera haber alcanzado el poder central con las potencias europeas.

En 1907 se descubrió que en la cabila (territorio de tribus bereberes) albergaba riquezas mineras. La Compañía del Norte Africano, de nacionalidad española pero de capital francés, consiguió la explotación de las minas de plomo argentífero; y la Compañía Española de Minas del Rif, propiedad de la familia del conde de Romanones y de la casa Güell, las de hierro. La concesión también incluía el permiso para construir un tren minero que uniera los yacimientos con el puerto de Melilla.

La zona oriental, con centro en Melilla, comenzó a ser hostigada desde principios de julio de 1909 por los rifeños (tribus norteafricanas que ocupaban la región del Rif), quienes atacaron principalmente a los obreros que trabajaban en la construcción de un ferrocarril minero.

La entrada en combate en la zona conocida como Barranco del Lobo resultó un auténtico desastre para los españoles, ampliamente derrotados a manos de las fuerzas de Abd-el-Krim, el 27 de julio. La noticia conmocionó a toda España, pero especialmente a Barcelona, lugar de procedencia de la mayoría de los cerca de mil hombres muertos en el desigual encuentro bélico y donde se desencadenó indirectamente la denominada Semana Trágica de Barcelona y la derrota política del entonces presidente del gobierno Antonio Maura.

SEMANA TRÁGICA DE BARCELONA (1909)

En el protectorado de Marruecos la insurgencia ataca la plaza de Melilla y los obreros que están construyendo la vía férrea entre Melilla y las minas de la zona del Rif, dadas en concesión al grupo del conde de Romanones, Güell y el marqués de Comillas. Estas empresas presionaron en la zona para garantizar la seguridad de la actividad minera con operaciones policiales puntuales contra las cabilas que hostigaban a los trabajadores españoles. Estas escaramuzas terminaron en una guerra con numerosas bajas.

El pueblo español era consciente de que la acción militar estaba destinada solamente a defender los intereses particulares de algunos empresarios. Como decía la copla popular: «los obreros de la mina están muriendo a montones para defender las minas del conde de Romanones, que luego los asesina». En Barcelona, al ver que los barcos en que iban a transportar las tropas para Melilla eran del marqués de Comilla, con participación en la Compañía Española de Minas del Rif, y ante una movilización de reservistas para ser enviados al frente, los ánimos del pueblo se crispan. Los nuevos reclutas eran padres de familia de la clase obrera que no podían pagar las mil quinientas pesetas que exigía el Gobierno para librarse de ir al frente marroquí. Esta redención a metálico solo favorecía a los hijos de los ricos, responsables de la guerra. El reservista que iba al frente privaba a su familia de la persona que traía el sustento a casa.

«La situación explota cuando un grupo de bienintencionadas y acomodadas damas se presenta a repartir escapularios entre ellos. Los insultos degeneraron en un motín que se extendió por toda la ciudad y otras poblaciones. Empezaron a quemar iglesias. La policía se empleó a fondo en lo que se conoce como la Semana Trágica (1909).» [Ordóñez 2014]

Este acontecimiento puso de manifiesto el escaso apoyo social del régimen de la Restauración. La situación social y sindical de Barcelona, el núcleo más industrializado de España, era realmente explosiva en los primeros años del siglo XX. Además, se habían logrado niveles muy altos de concienciación y organización obrera. El anarquismo, especialmente contaba con muchos seguidores. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos de la guerra de Marruecos en el área próxima a Melilla, el gobierno presidido por Antonio Maura recurrió en el verano de 1909 al reclutamiento de reservistas, en su mayoría padres de familia integrados en sus puestos de trabajo. El embarque del contingente barcelonés, que tuvo lugar a partir del 11 de julio, provocó siete días más tarde importantes tumultos. El pueblo se opuso al envío de tropas a Marruecos, no estaba de acuerdo en que los más pobres tuvieran que ir a arriesgar su vida para defender las colonias españolas y durante una semana, Barcelona se convirtió en un campo de batalla con la quema de conventos e iglesias y asesinatos.

Las organizaciones obreras anarquistas y socialistas de Cataluña acordaron convocar para el 26 de julio una huelga general, que tuvo un amplio seguimiento. El gobierno recurrió al Ejército para acabar con la sedición, pese a la oposición del gobernador civil Ossorio y Gallardo. El gobierno de Antonio Maura decretó el estado de guerra. El 31 de julio, el gobierno desbarató la insurrección desplegando una contundente represión. La Semana Trágica se saldó con más de un millar de arrestados y 17 condenados a muerte, 5 de los cuales fueron ejecutados, entre ellos el pedagogo anarquista Francesc Ferrer i Guàrdia, fundador de la Escuela Moderna. La ejecución de Ferrer i Guàrdia desencadenó una campaña de condenas internacionales.

Se cargó la responsabilidad al nacionalismo catalán y al republicanismo anticlerical de Alejandro Lerroux. Por otro lado, se responsabilizó de la dureza de la represión a Antonio Maura. Las izquierdas españolas se unieron por primera vez formado un frente común (Bloque de Izquierdas), cuya presión obligó al joven Alfonso XIII a retirar la confianza al gobierno conservador presidido por Antonio Maura y a entregársela a Segismundo Moret. La actitud de Moret ante los sucesos de la Semana Trágica supuso la ruptura del Pacto de El Pardo, que desde 1885 había sido la base del bipartidismo y la alternancia política entre liberales y conservadores.

LA CONJUNCIÓN REPUBLICANO-SOCIALISTA

La Conjunción Republicano-Socialista fue la  alianza electoral entre los partidos republicanos y el Partido Socialista. La primera Conjunción Republicano-Socialista tuvo lugar en 1909. Como consecuencia de los sucesos producidos en Barcelona durante la Semana Trágica (1909), el Gobierno conservador de Antonio Maura inició una dura política de represión y suspendió las garantías constitucionales. Ante la dureza de la represión, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y buena parte de las organizaciones republicanas se unieron para defender la democracia. Para los socialistas, la unión con el resto de las fuerzas republicanas suponía dejar a un lado su política obrerista y acercarse a posturas más burgueses. Pero el reto del gobierno de Antonio Maura les obligó el 7 de noviembre de 1909 a formar una coalición, conocida como la Conjunción Republicano-Socialista, presidida por el novelista Benito Pérez-Galdós.

El PSOE fue fundado en Madrid el 2 de mayo de 1879, a los pocos años de iniciarse la Restauración. Su nacimiento se debe a la escisión del pequeño grupo obrero madrileño seguidor del marxismo (“grupo de los nueve”) respecto de la Federación Regional Española (FRE) de la I Internacional o Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), corriente mayoritaria de signo anarquista. En agosto de 1888 se funda en Barcelona la Unión General de Trabajadores (UGT), organización sindical obrera vinculada al socialismo marxista del PSOE, aunque se declara apolítica.

El PSOE comenzó su andadura histórica en solitario, sin alianzas con fuerzas burguesas y según la estrategia rigorista diseñada por Pablo Iglesias, el principal dirigente del partido y del sindicato hasta 1925. Este aislamiento perjudicó la popularidad del partido y en las elecciones obtenía débiles resultados. Con motivo de las duras medidas con las que el gobierno de Antonio Maura reprimió los disturbios de la Semana Trágica de Barcelona (1909), el PSOE dio un giro táctico y formó el 7 de noviembre de 1909 una coalición con los republicanos: la Conjunción Republicano-Socialista. En las elecciones del 12 de diciembre de 1909 la Conjunción Republicano-Socialista obtiene un relativo éxito que favorece su afianzamiento. Poco después, en las elecciones legislativas convocadas por José Canalejas para el 8 de mayo de 1910, Pablo Iglesias obtendrá su primer acta de diputado, la primera que consigue un socialista en España.

Los socialistas vascos asumieron rápidamente el compromiso con los republicanos. El País Vasco fue la zona de España en la que la colaboración fue más estrecha. Algunas de las figuras más relevantes del socialismo vizcaíno, como Indalecio Prieto, consiguieron que buena parte de la organización socialista vasca se volcase en el trabajo activo a favor de la Conjunción Republicano-Socialista. De alguna forma aquel primer movimiento fue el inicio de una moderación progresiva del socialismo vasco y el abandono del obrerismo y de las posturas de intransigencia política.

En el proceso de formación de la Conjunción Republicano-Socialista, los líderes del PSOE, con escasa formación ideológica, se resisten al cambio táctico, en contraste con una propensión de las bases del partido a colaborar con las bases y electorados republicanos.

Los republicanos, por su parte, tienen dificultades con su fraccionamiento y con el protagonismo de sus jefes. De esta forma se imposibilita la realización de un programa común que no se limitase a pedir el advenimiento de la república y que integrara a los liberales progresistas.

En 1912 el sector republicano más moderado, liderado por Melquíades Alvarez, forma el Partido Reformista. Melquíades fue un convencido republicano, aunque apoyó a Alfonso XIII y presidió el Congreso de los Diputados durante parte de su reinado.

En diciembre de 1919, el PSOE abandona la Conjunción Republicano-Socialista.

En 1921 el sector leninista del partido socialista se escinde del PSOE y funda el Partido Comunista de España (PCE).

En 1925 muere Pablo Iglesias. Bajo la dirección de Largo Caballero, el PSOE colabora con la Dictadura. Manuel Azaña funda Acción Republicana.

En 1926 se crea la Alianza Republicana, formada por Acción Republicana (Manuel Azaña) y el Partido Radical (PR) (Alejandro Lerroux).

LAS JUNTAS MILITARES DE DEFENSA

En junio de 1917 se legalizan las Juntas de Defensa, organizaciones corporativas militares. Nacidas en 1916, agrupaban a los jefes y oficiales con destino en la península (“peninsulares”) que reclamaban el aumento de sus salarios (su poder adquisitivo había disminuido a causa de la inflación provocada por la Gran Guerra) y que también protestaban por los rápidos ascensos por "méritos de guerra" que obtenían sus compañeros destinados en Marruecos (“africanistas”), que les permitían aumentar sus ingresos y progresar en el escalafón. El ejército peninsular exigía la abolición de los privilegios de los oficiales que prestaban sus servicios en Marruecos, los militares “africanos”. En la crisis de 1917 estas Juntas Militares de Defensa cobraron un especial protagonismo.

Los oficiales se organizaron para reforzar su influencia en el Estado y mejorar sus ingresos y para ejercer presión para alcanzar sus objetivos, que eran:

Oponerse al ascenso por méritos de guerra. Equiparar los sueldos de los soldados peninsulares a los de los militares “africanos”. Exigir que los Gobiernos y el pueblo tuvieran más respeto al Ejército.

En junio de 1917 el coronel Márquez, basándose en un vago programa regeneracionista, pidió al Rey convocatoria de Cortes Generales, la desaparición del caciquismo y, en general, una renovación del mundo político e intentó un acercamiento a Maura. El miedo a un pronunciamiento militar, el fantasma contra el que había luchado Cánovas en los inicios de la Restauración, volvió a aparecer en el ambiente. Pocas semanas después, la escalada en la conflictividad social generó una sensación de inseguridad tan acusada entre los grupos en el poder, la burguesía y las clases medias que el Ejército, preocupado por la defensa del orden, abandonó sus veleidades reformistas.

El resultado de estas reivindicaciones fue la Ley del Ejército de junio de 1918 que trajo la subida de los sueldos y la regulación de los ascensos por una Junta de Clasificación que frenó los ascensos espectaculares por méritos de guerra como había sido el caso de Francisco Franco, que en 1926 se había convertido en el general más joven de Europa con tan solo 33 años.

Amparadas por el rey ejercieron como grupo de presión militar sobre el poder civil, interviniendo activamente en la vida política y contribuyendo así a la crisis del régimen de la Restauración. Reconvertidas en comisiones informativas fueron abolidas en noviembre de 1922, diez meses antes del golpe de Estado de Primo de Rivera que puso fin al periodo constitucional del reinado de Alfonso XIII.

LA CUESTIÓN REGIONAL – LA MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA

Canalejas se había mostrado siempre partidario del Estado centralista, pero cuando llegó a la presidencia del gobierno moderó su postura y se propuso satisfacer las demandas de la catalanista Lliga Regionalista mediante la creación de una nueva instancia regional que integrara a las cuatro diputaciones catalanas bajo el nombre de Mancomunidad de Cataluña y que estaría encabezada por uno de los líderes de la Lliga Enric Prat de la Riba.

Pero este proyecto se vio obstaculizado por un sector de su propio partido encabezado por Segismundo Moret, y apoyado por el diputado Niceto Alcalá Zamora. El proyecto fue aprobado el 5 de junio de 1912 por el Congreso de Diputados, pero cuando murió Canalejas aún no había sido ratificado por el Senado, por lo que no entró en vigor hasta diciembre de 1913, y la Mancomunidad de Cataluña no se constituiría hasta marzo de 1914.

En 1905 las elecciones municipales en Cataluña dieron el triunfo a la Lliga. La prensa lanzó críticas muy duras al régimen. La reacción de los oficiales de la guarnición de Barcelona fue contundente: destrozaron los locales de dos periódicos catalanes. Se suspendieron las garantías constitucionales y se exigió que los hechos fueran juzgados por tribunales militares. Los regionalistas de la Lliga advirtieron al Congreso que no debía confundir el separatismo con el regionalismo.

En marzo de 1906, ante la crítica al ejército, el Gobierno aprobó  la Ley de Jurisdicciones: las críticas al ejército son consideradas como críticas a la Patria y serán juzgadas por la jurisdicción militar. En esta ley se establecía que en el Código de Justicia Militar quedarían incluidos los delitos de injuria al Ejército. Esto rompía el principio fundamental del liberalismo: la unidad jurisdiccional. Como reacción se formó una nueva coalición, la Solidaritat Catalana, que consiguió una clara victoria electoral en 1907. La Ley de Jurisdicciones de 1906 trajo un reforzamiento del anticlericalismo y antimilitarismo  en la ciudad. La política autoritaria del gobierno de Maura no ayudó a calmar los ánimos.

La industrialización desde principios de siglo había fomentado el auge de los movimientos obreros, que culmina en 1907 con la creación de Solidaridad Obrera, organización anarquista, como respuesta a la nacionalista Solidaritat Catalana, creada por la burguesía de Cataluña.

La Liga Regionalista o Lliga Regionalista, era un partido político representante del nacionalismo catalán conservador durante la mayor parte de la Restauración. Fue fundada en Barcelona el 25 de abril de 1901, como resultado de la unión del Centre Nacional Català y la Unió Regionalista, con el objeto de presentarse a las elecciones de mayo de ese año para defender, desde la posición política de la burguesía conservadora, la autonomía hegemónica de Cataluña dentro del Estado español. Desapareció en 1936 después de haber cambiado su denominación en 1933, bajo la II República, por la de Lliga Catalana (Liga Catalana). Sus iniciales dirigentes más relevantes fueron Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó. Pronto se convirtió en uno de los partidos más influyentes, gracias a una estructura organizativa de la que carecían las restantes formaciones integradas en el sistema político del reinado de Alfonso XIII.

MOVIMIENTOS OBREROS Y CLASES SOCIALES

Los gobiernos de la Restauración, tanto en el siglo XIX como en el XX, consideraban el problema de los movimientos obreros bajo la óptica de orden público. El 4 de noviembre de 1918 el filósofo José Ortega y Gasset, en un artículo en el diario El Sol, titulado Idea de un programa mínimo, resumía los tres temas esenciales de una “política inminente”: reforma constitucional, descentralización, política social. En cuanto al problema de las reivindicaciones obreras, advertía el filósofo: «Hasta ahora, cuanto se ha hecho en materia social fue inspirado por una intención conservadora, en el peor sentido de este adjetivo. Desear que las cosas no se hagan de pronto, que lleguen paulatinas en lenta evolución, puede argüir delicadeza de temperamento y mansedumbre de humor. Para los conservadores, lejos de ser un ideal el socialismo, es la terrible amenaza que se cierno sobre la historia contemporánea. Hacer una ley social significa para ellos levantar un talud que contenga el socialismo. Si invertimos los términos, tenderemos una política social de signo contrario a la conservadora. Deseamos la socialización de la sociedad: esto supone le equiparación del obrero con las demás clases sociales, no solo en el orden jurídico, sino en el económico, en el moral y en el intelectual.» [José Ortega y Gasset: “Idea de un programa mínimo”, en Obras Completas. Madrid: Revista de Occidente, 1969, vol. X, p. 470-471]

Los anarquistas irrumpen en el siglo XX con la misma violencia que lo habían hecho en el siglo XIX: asesinatos de Dato y Canalejas, atentados al rey Alfonso XIII, al conservador Antonio Maura y al dictador Primo de Rivera. Durante la dictadura de Primo de Rivera, el movimiento anarquista estuvo sometido por el régimen, pero retoñaría con virulencia en los últimos años de la monarquía y jugaría un papel decisivo en la Segunda República en la victoria del Frente Popular en 1936, año en el que la anarcosindicalista Federación Nacional de Trabajadores (CNT), fundada en 1910, llegaría a tener 1.527.000 afiliados, por encima del sindicato rival fundado en 1888, la socialista Unión General de Trabajadores (UGT) con 1.444.474.

El estrato superior de la sociedad, durante el reinado de Alfonso XIII, lo seguía constituyendo la nobleza y una burguesía muy reforzada por la prosperidad económica durante el primer tercio de siglo: terratenientes, industriales, comerciantes, banqueros y especuladores o “nuevos ricos”, a la defensiva frente a un proletariado creciente, con gran fuerza y capacidad de organización.

Luego estaban las clases medias, integradas por grupos muy diferentes en cuanto a nivel económico y social: propietarios rurales, comerciantes, propietarios de medianas empresas, empleados de la administración, profesionales, militares y clérigos. Políticamente formaban un grupo un tanto ambiguo: su objetivo era reformar el Estado, acabando con el dominio de la oligarquía, pero temen todo movimiento revolucionario no burgués que ponga en peligro su seguridad.

El último estrato estaba formado por las clases trabajadoras, que viven en condiciones económicas muy precarias y sin acceso a la cultura y la educación. El proletariado obrero estaba concentrado en los núcleos industriales y mineros y, para mejorar su situación, comienzan a asociarse en sindicatos y organizarse para emprender acciones colectivas: las huelgas, el terrorismo y la acción directa mediante la violencia anarquista.

Las masas campesinas, el proletariado rural, eran más numerosas que las industriales y sufrían bajo un régimen de propiedad de la tierra anacrónico y tremendamente injusto. La propiedad estaba mal repartida. Los que más padecían la desigualdad social eran los jornaleros, campesinos sin tierra que, desde las leyes de desamortización del siglo XIX, trabajaban los latifundios por un mísero salario.

Estas clases trabajadoras comenzaron a organizarse y el movimiento obrero con sus constantes reivindicaciones adquirió un enorme crecimiento y fue en aumento durante las dos primeras décadas del siglo XX, con sucesos como las huelgas generales de jornaleros en 1903 y la Semana Trágica de Barcelona en 1909. 

El movimiento anarquista adquirió estructura organizativa y en 1910 se creó la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y con ella comenzó la gran expansión del anarcosindicalismo que tanto protagonismo iba adquirir más tarde durante la Segunda República (1931-1936) y la Guerra Civil (1936-1939). El sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT) agrupaba al proletariado industrial y urbano. En 1931 llegó a tener 280.000 afiliados. El sindicato anarquista Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) logró rápidamente un gran número de afiliados; en 1931 agrupaba a 800.000 trabajadores. El movimiento obrero católico no pudo competir con socialistas (UGT) y anarcosindicalistas (CNT).

La presión de los movimientos obreros logró que se promulgaran varias leyes que intentaban mejorar las condiciones de vida y la protección legal de los trabajadores. En 1903 se creó el Instituto de Reformas Sociales (IRS); en 1906, el Reglamento de Inspección del Trabajo para regular la cuestión de los accidentes laborales; en 1907, la Ley de Emigración; en 1908, el Instituto Nacional de Previsión para atender a las pensiones; y en 1909, la Ley de Huelga.

El gobierno del liberal José Canalejas pretendió llevar a cabo diversas reformas: diálogo con los sindicatos, limitación del poder eclesiástico, reforma del servicio militar, entre otras. Pero fue asesinado en 1912 y, con su muerte, se acentuó la dispersión política de los dos grandes partidos.

El 14 de noviembre de 1921 se funda el Partido Comunista de España (PCE), partido marxista formado a raíz de una escisión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de personas disconformes con la socialdemocracia. La intención inicial del PCE era sumarse a la III Internacional convocada por Lenin. Se caracterizó por su lucha contra la dictadura franquista, en la que era ilegal, y en su esfuerzo por el establecimiento de la democracia. Fue legalizado en 1977 por Adolfo Suárez, como una de las fuerzas necesarias para instaurar la democracia en España.

El crecimiento de la sociedad española en el primer tercio del XIX produjo un fuerte desequilibrio social, agudizado por el enriquecimiento de unos pocos con la Primera Guerra Mundial y el empobrecimiento de la población por la inflación y el encarecimiento de la vida. El egoísmo y estrechez de miras de la clase dirigente, las atrasadas estructuras de la propiedad y el escaso nivel económico y social de las masas contribuyeron a fomentar la violencia de los movimientos obreros, que se fueron radicalizando hasta explotar en el estallido de la guerra civil en 1936.

«Cada hora empuja hacia temperamentos anarquistas nuevos grupos sociales ayer pacíficos y dóciles. Fernando de los Ríos, el profesor y diputado socialista, me refería hace pocas semanas sus leales apuros cuando al recomendar a los obreros granadinos procedimientos de legalidad y esperanza en una política evolutiva, estos le decían: “¡Pero, don Fernando, no ve usted mismo cómo no hay ley para nosotros! Nos cierran los centros, nos persiguen en las fábricas, nos llevan esposados por los caminos, nos apalean las espaldas..., nos trata como a perros. ¿Qué va usted a esperar de la ley?” Y el prudente interlocutor sentía, al oír esto, vergüenza, ira, desesperanza... Ahora nos toca a nosotros pasar nuestra hora de canes. Formaremos jauría con los obreros y prepararemos nuestra gran fiesta venatoria. Nos unirán el asco y la indignación y haremos que suene de mar a mar el ladrido y el halalí. Andando el tiempo, las crónicas narrarán que en tiempos de Alfonso XIII, amigo de la caza, todos los españoles honestos tuvieron que volverse alanos y usar del colmillo.» [José Ortega y Gasset: “Sobre la Real Orden” (1920), en Obras Completas. Madrid: Revista de Occidente, 1969, t. X, p. 665-666 – Publicado en El sol, 7 de agosto de 1920]

CONGRESO FUNDACIONAL DE LA CNT EN 1910

El 1 de noviembre de 1910 se funda en Barcelona la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), unión confederal de sindicatos autónomos de ideología anarcosindicalista, adherida a la organización de carácter mundial Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT). Se la conoce por este motivo también con el nombre de CNT-AIT. Se creó a partir de grupos organizados en torno al sindicato Solidaridad Obrera y recogió el testigo del espíritu del movimiento anarquista español que se traza desde la creación de la Federación Regional Española (FRE), más tarde Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), organización que sucedió a la sección española de la Primera Internacional.

Durante el gobierno de Canalejas se produjo un gran incremento de las huelgas, motivado por el fortalecimiento y la expansión de las organizaciones obreras. El abandono del aislamiento por parte de los socialistas con la formación en noviembre de 1909 de la Conjunción Republicano-Socialista que llevó al Congreso de los Diputados a su secretario general Pablo Iglesias estimuló la rápida expansión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sobre todo de su sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), mientras que la corriente obrera mayoritaria anarcosindicalista se consolidó con el nacimiento en 1910 de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

La respuesta del gobierno de Canalejas fue alternar el arbitraje con la represión, como ocurrió con la huelga general revolucionaria de 1911 que motivó la disolución de la CNT y el procesamiento de los dirigentes de UGT. Aunque Canalejas fue indulgente proponiendo al rey la conmutación de las penas de muerte a los seis condenados por los sucesos de Cullera, a diferencia de lo que había hecho Antonio Maura tras la Semana Trágica de Barcelona.

LA ASAMBLEA DE PARLAMENTARIOS

Desde febrero de 1917 estaban cerradas las Cortes. Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista y de la burguesía catalana, solicitó la apertura de las Cortes para tratar el tema de las Juntas de Defensa, amenazando de, si el gobierno denegaba la solicitud, constituiría una Asamblea de Parlamentarios para crear un gobierno de concentración y así salvar la situación en la que se encontraba el país. El Gobierno desechó la petición de que se abrieran las Cortes y en julio se reunieron cincuenta y nueve diputados y senadores catalanes para intentar remediar la situación.

Los acuerdos de la Asamblea iban dirigidos a la disolución del régimen. Valoraban positivamente el movimiento de las Juntas Militares de Defensa; propugnaban la formación de un Gobierno nacional que convocase Cortes Constituyentes y se proclamaban partidarios de una transformación de la vida pública en un sentido democrático. Según Melquíades Álvarez, el líder reformista: "no acataremos más soberanía que la del pueblo". Su debilidad era su falta de verdadera representatividad y la heterogeneidad de los grupos que aglutinaba. Al igual que en el caso de las Juntas Militares, los acontecimientos en el campo sindical atemperaron mucho sus exigencias de reforma.

El Gobierno tachó la Asamblea de separatista y la disolvió. Ni las Juntas militares ni las derechas aceptaron colaborar con la Asamblea catalana por miedo a una revolución social que los sindicatos intentarían con la huelga general del 10 de agosto de 1917. Ante la falta de apoyos, la Asamblea se fue diluyendo en los meses siguientes.

HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA DE 1917

La Huelga general 1917 fue una huelga general revolucionaria que tuvo lugar el mes de agosto de 1917, provocada por el malestar social. Fue convocada por la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato socialista y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y apoyada en algunos lugares por el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), impresionados por los acontecimientos de la revolución bolchevique en Rusia. Los objetivos principales de la huelga era forzar la caída de la monarquía y organizar unas elecciones generales sinceras. La huelga fue liderada por el PSOE y la UGT, mientras que la burguesía republicana, atemorizada, no respondió y los campesinos estuvieron ausentes del estallido de violencia en las calles de Barcelona, Madrid, Vizcaya y Asturias. El ejército decapitó el movimiento revolucionario tras una semana de dura represión. La huelga no derribar a Alfonso XIII, pero evidenció la debilidad del régimen y su dependencia del ejército al tiempo que enterró el turno de partidos y enconó el problema social. Se abre la época dorada del sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT); el fracaso de la huelga general compromete a sus organizadores, el PSOE y su sindical obrera UGT, cuyos líderes son condenados a cadena perpetua.

En mayo de 1916, el Congreso de la Unión General de Trabajadores (UGT) había propuesto una huelga general para, con el apoyo de los partidos republicanos, exigir la salida del rey y la formación de un gobierno provisional. El sindicato socialista UGT y el anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) pidieron al Gobierno tratar asuntos concretos, como el abaratamiento de la subsistencia. La CNT anarquista planeaba hacer una huelga general para hacer frente al creciente deterioro de las condiciones de vida de las clases trabajadoras como consecuencia del impacto económico que estaba teniendo en España la Primera Guerra Mundial: inflación, crisis de subsistencias, deterioro de los salarios reales, aumento del desempleo, desabastecimientos. En mayo de 1916 el sindicato socialista UGT aprobó una resolución en favor de la convocatoria de una huelga general de protesta. Comenzaron los contactos entre los dos sindicatos. El resultado fue el histórico "Pacto de Zaragoza" firmado en 17 de julio de 1916 por ambas. El gobierno del conde de Romanones ordenó la detención de los firmantes del Pacto. Finalmente el 26 de noviembre CNT y UGT convocaron un huelga general de veinticuatro horas para el 18 de diciembre. La huelga contó con el apoyo de las clases medias y una simpatía generalizada en el país.

Tras el éxito de la huelga y la nula respuesta del Gobierno, los dos sindicatos obreros acordaron, en un Manifiesto conjunto del 27 de marzo de 1917, promover la huelga indefinida. La nueva huelga general, esta vez indefinida, tenía ahora un carácter revolucionario pues su objetivo ya no era solo exigir al gobierno medidas para paliar la crisis de subsistencias, sino que perseguía «una transformación completa de la estructura política y económica del país» (Largo Caballero). Este nuevo objetivo revolucionario de la huelga llevó a los socialistas a buscar el apoyo de los líderes de los partidos republicanos: Alejandro Lerroux y Melquiades Álvarez. El sindicato anarquista CNT comenzó a desconfiar de los contactos que habían mantenido los socialistas con los "políticos burgueses", que recordaba la conjunción republicano-socialista de 1910 que había llevado al Congreso de Diputados al fundador del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias, al Congreso.

Pese a la durísima actitud del Ejército, la huelga tardó en ser sofocada. El factor esencial fue la colaboración del Ejército con el Gobierno en la represión del movimiento huelguista. El balance oficial de la represión fueron 71 muertos (37 de ellos en Cataluña), 200 heridos y 2.000 detenidos.

Para facilitar la salida de la crisis, el rey sustituyó al conservador Eduardo Dato por el liberal Manuel García Prieto, al frente de un gobierno de concentración nacional en el que también entró el catalanista Cambó. Los miembros del Comité de Huelga fueron sometidos a un consejo de guerra y condenados a cadena perpetua el 29 de septiembre de 1917. Largo Caballero, Saborit, Besteiro y Anguiano fueron conducidos al penal de Cartagena, hasta que el PSOE los incluyó en sus listas de candidatos para las elecciones generales de febrero de 1918, resultando elegidos los cuatro, que junto a Pablo Iglesias e Indalecio Prieto formaron la minoría socialista del Congreso de los Diputados. La elección como diputados obligó al gobierno a concederles la amnistía el 8 de mayo de 1918.

Los cuatro miembros de Comité de Huelga en las Cortes comenzaron a tomar parte en los debates parlamentarios, poniendo de manifiesto los motivos que habían originado el conflicto: la crisis de subsistencias y la crisis de trabajo y la nula repuesta que habían encontrado en el Gobierno al que reprocharon la extrema dureza con que había reprimido la huelga.

En el XIII Congreso del sindicato socialista UGT en octubre de 1918, Indalecio Prieto afirmó que «la huelga fracasó en el momento en que el comité decretó que fuese pacífica», y que de no hacerse «revolucionariamente» habría sido mejor no hacerla.

«En 1917 intentan obreros y republicanos una revolucioncita. El desmandamiento militar de julio les había hecho creer que era el momento. ¿El momento de qué? ¿De batallar? No; al revés; el momento de tomar posesión del Poder público, que parecía yacer en medio del arrollo, como “res nullius”. Por esto, aquellos socialistas y republicanos no quisieron contar con nadie, no llamaron con palabras fervorosas y de elevada liberalidad al resto de la nación. Supusieron que casi todo el mundo deseaba lo mismo que ellos, y procedieron a dar el “grito” en tres o cuatro barrios de otras tantas poblaciones.» [José Ortega y Gasset: España invertebrada (1921), en Obras Completas. Madrid: Revista de Occidente, 1962, t. III, p. 83-84]

La repercusión más importante del movimiento sindical fue la influencia que su existencia y actividad tuvo en el desarrollo de los otros dos movimientos de oposición al régimen de la Restauración: las Juntas Militares y la Asamblea de Parlamentarios. Coincidiendo con la reunión de estos últimos en Barcelona estalló un conflicto en el sector ferroviario en Valencia que condujo a la huelga, hay quien dice que fomentada por provocadores, precisamente para hacer cundir la alarma entre los más conservadores de los allí reunidos. La rigidez de la Compañía ferroviaria, que contaba con el apoyo del gobierno, al negarse a readmitir a ciertos huelguistas, llevó a todo el sector a la huelga el 9 de agosto y obligó a los socialistas a convocar una huelga general, para la que aún no estaban preparados y que, en cierto modo, les vino impuesta por las circunstancias.

La huelga, en la que también participó la CNT, dio lugar a graves incidentes de orden público y el gobierno terminó recurriendo a la intervención del Ejército que, abandonando sus veleidades reformistas, contribuía ahora a sostener al Régimen.

Las luchas sindicales y el terrorismo se reproducirían poco después, y tendrían un papel importante en la caída del régimen de la Restauración. Pero esto no iba a ocurrir con la huelga general revolucionaria de 1917, que contribuyó a aglutinar en un sólido bloque en defensa del Régimen a aquellos sectores que en esos momentos más empeñados estaban en su caída. Las reivindicaciones de las Juntas de Defensa y de la Asamblea de Parlamentarios quedaron defraudadas por el efecto paralizador que el miedo tuvo sobre los reformistas. El régimen de la Restauración estaba cada vez más alejado de la España real, pero las divergencias entre sus opositores le permitieron continuar existiendo unos años más.

EL SURGIMIENTO DE LOS NACIONALISMOS PERIFÉRICOS

Galicia, el País Vasco y Cataluña empezaron a cuestionar el centralismo estatal y el ideológico de los intelectuales de la generación del 98 que equiparaban España a Castilla y veían en lo castellano la esencia de lo hispano. Desde la segunda mitad del siglo XIX, Galicia y Cataluña habían comenzado a recuperar su propia identidad cultural, rehabilitando su lengua propia y su literatura.

A finales del siglo XIX, los regionalismos catalán y vasco evolucionan hacia el nacionalismo. La primera organización política del catalanismo fue la Lliga Catalanista (1901). El primer catalanismo se organizó en torno a la burguesía que defendía la creciente industrialización y la economía de la región.

En 1895, Sabino Arana, de ideología reaccionaria y racista, había fundado el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que impulsó el estudio del vasco, dio el nombre de Euzkadi al País Vasco y diseñó la bandera vasca, la ikurriña. Arana defendía los valores de la vida rural, la única que consideraba vasca, contra la creciente industrialización que atraía mano de obra de las regiones pobres peninsulares.

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)

Tras el asesinato de Canalejas, se produce la ruptura del bipartidismo político de los últimos treinta y cinco años que tan malos resultados había dado al país. Los conservadores se dividieron en distintas corrientes, lo mismo que los liberales, en enfrentamientos fratricidas e irreconciliables.

El año 1917 se convirtió en un año esencial para la descomposición del sistema político de la Restauración. La guerra trajo a España varios problemas: dividió y enfrentó a los españoles en dos bandos, aliadófilos y germanófilos, y produjo una gran alteración económica que trajo serias consecuencias para el país. En el verano de 1917 se produjo una crisis que debilitó definitivamente el régimen de la Restauración. Coincidieron tres revoluciones: la de los militares, la de la burguesía y la del proletariado.

La Primera Guerra Mundial se inició el 28 de julio de 1914 y a los dos días se publicó el Decreto de neutralidad y de no intervención. El gobierno conservador de Eduardo Dato decidió mantener a España neutral, porque en su opinión, compartida por la mayoría de la clase dirigente, carecía de motivos y de recursos para entrar en el conflicto. El rey Alfonso XIII también estuvo de acuerdo, aunque según confesó, le habría gustado que España entrara en la guerra del lado aliado y parece que acusaba a los políticos españoles de cobardes. Esta neutralidad hizo que surgiera una fuerte crisis en la familia real. La reina madre María Cristina de Habsburgo- Lorena era austriaca y en consecuencia simpatizaba con los Imperios centrales, mientras que la reina Victoria Eugenia era inglesa y apoyaba a los aliados.

Después de la Primera Guerra Mundial la situación política social y económica en el país era gravísima, de forma que Alfonso XIII tuvo que amenazar con dimitir para que el conservador Maura aceptara un gobierno de Unidad Nacional. La crisis política se fue agravando y la situación interior del país a nivel social se iba deteriorando a grandes pasos. A ello se le unió el desastre marroquí de Annual, en la que tuvo una desafortunada intervención Alfonso XIII y gran parte de responsabilidad en este desastre.

España era un país económicamente atrasado, con solo el País Vasco y Cataluña con una industria importante, un país que tras el Desastre del 98 y el posterior tratado con Alemania en 1899 se había quedado sin colonias, estaba moralmente destrozado, con el sistema de gobiernos del «turno» cuestionado, con un ejército que se encontraba anticuado, casi sin armada naval, y con el problema de Marruecos que desembocaron en crisis y huelgas como la Semana Trágica en 1909.

España era un Estado de segundo rango, que carecía de la potencia económica y militar suficiente como para presentarse como un aliado deseable a cualquiera de las grandes potencias europeas. El estado precario del ejército fue fundamental para decidir la neutralidad. Se acababa de meter en la aventura del protectorado del norte de Marruecos. Por otro lado, la armada había sido considerada una de las principales culpables de la derrota del 98 y había perdido dos escuadras enteras en esa guerra.

Después de 1917, tras la revolución rusa, estallan los conflictos sociales en España, debido a la cada vez mayor conciencia de clase de los obreros. El desarrollo y crecimiento de sindicatos y partidos de izquierda, sobre todo republicanos, ajenos al «turno» característico de la política del país, cobraba mayor importancia debido a episodios como la Semana Trágica de Barcelona de 1909 o el asalto de miembros del ejército a periódicos catalanes en 1905. Si España hubiera intervenido en la guerra y el desarrollo de la guerra no era favorable, se hubiera podido producir una revolución como la Revolución Bolchevique que afectó a Rusia.

Pero mucho más importante que el mero conflicto ideológico fueron las repercusiones económicas y sociales que la guerra tuvo en la Península. Su situación como país neutral permitió a España aprovecharse y comerciar con ambos bandos. Las potencias en conflicto tenían necesidad de artículos alimenticios de primera necesidad, tejidos destinados a los soldados, y metales y minerales estratégicos. Todo ello se lo proporcionó España en cantidades y condiciones desconocidas hasta entonces. La balanza comercial con el exterior pasó a ser ampliamente favorable, multiplicándose los beneficios fundamentalmente de sectores industriales y del comercio.

Los beneficios que esta situación generó no se repartieron de forma equitativa entre los diferentes grupos sociales. Los negocios derivados de la neutralidad durante la guerra mundial enriquecieron desmesuradamente a unos y hundieron en la miseria a la mayoría. Aumentó la demanda exterior y la balanza de pagos tenía un excedente. Esto provocó una aguda inflación y carestía que afectó de modo especial a las clases obreras. El aumento de la exportación causó una escasez de productos dentro del país, lo que encareció los precios, lo que afectó principalmente a las clases bajas. El rapidísimo enriquecimiento de unos pocos provocó el malestar y la indignación de la clase obrera, que comenzó a apoyar el sindicalismo más radical. La situación del país fue empeorando y se acentuaron aún más las diferencias entre las clases.

«La primera guerra mundial no solo dividió a los españoles en dos bandos espiritualmente beligerantes sino que también provocó una gran alteración económica con alzas de precios, desorganización del mercado interior y enriquecimientos súbitos. Madrid era entonces una ciudad cosmopolita y secreta, refugio de apartidas de medio continente y capital de espías, agentes furtivos, especuladores, arribistas y empresarios sin escrúpulos. En esa atmósfera de negocios y turbias inversiones, la burbuja de la prosperidad económica promovida por la neutralidad solo sirvió para redondear las fortunas de la burguesía, que no dejaba a los demás ni las migajas del gran botín del siglo, y disparar la conflictividad social. Bailes, fiestas, excursiones en automóvil..., la euforia de la burguesía contrastaba con la miseria de las familias obreras, que después de arrancar a duras penas al patrono un pequeño aumento de salario, contemplaban cómo el coste de la vida subía un cincuenta por ciento.

El ruido por la carestía de vida alcanzó también los cuarteles, donde las clases medias imitares se amotinaron contra los salarios menguantes, la roña del armamento, la sangría de la guerra de Marruecos y el tráfico de influencias en el escalafón, al que no era ajeno el mismo rey.» [García de Cortázar 2002: 241-242]

Hubo sectores agrarios, incluso industriales, que pasaron serias dificultades y, sobre todo, la exportación desmedida provocó en algunos casos un desabastecimiento que generó inflación. Productos de primera necesidad experimentaron un súbito encarecimiento, lo que produjo el lógico descontento entre las clases populares. La tensión social y sindical iba en aumento. 

«La derecha española fue germanófila en la guerra del 14 y lo volvió a ser en la de 1939. ¿Razones? Enemistad con Francia la laica, la de la separación de Iglesia y Estado. En muchas almas quedaba todavía el recuerdo de los impíos franceses de la guerra de la Independencia. Pero si la tradición volteriana francesa es cierta, lo difícil era considerar como defensores de la ortodoxia a los alemanes que estaban dirigidos, no por los católicos bávaros sino por los junkers prusianos, de protestantismo más que intenso. Ante este dilema, los católicos españoles entre los que había muchos sacerdotes, hicieron lo que los españoles –ejemplo Don Quijote– hacen a menudo cuando se encuentran ante una realidad que no está de acuerdo con sus esperanzas. Cambiarla. Y se inventaron que Guillermo II era secretamente católico, pero que no podía manifestarse como tal por respeto a su pueblo.» [Díaz Plaja 1973: 528-529]

«Tras la Gran Guerra comenzaron a difundirse los elementos que conforman la cultura cívica: exigencia de mayor representación, y de erradicación de la corrupción electoral y del clientelismo, avanzado proceso de secularización de la vida y pérdida en el ámbito urbano de los valores tradicionales de deferencia vinculados al poder de la Iglesia y de la aristocracia, aparición de los primeros partidos de masas [el carlista, el radical, el socialista, la Lliga o el PNV] y de grandes sindicatos [CNT y UGT], presencia pública de elites intelectuales. La Restauración por el contrario, sólo podía sostenerse en una sociedad predominantemente rural, con miles de núcleos aislados de población, con un limitado mercado nacional y, sobre todo, con reducidas y poco organizadas clase media urbana y clase obrera.» [Juliá 1999: 71-72]

Los acontecimientos del verano de 1917 pondrían al sistema de la Restauración contra las cuerdas. Tres grandes fuerzas (militares, parlamentarios y obreros) coincidieron en un pulso a un sistema político en el que no encuentran respuesta a sus necesidades.

EL DESASTRE DE ANNUAL EN 1921

El el 22 de julio de 1921 los marroquíes de la colonia española, dirigidos por Abd-el-Krim, atacaron las posiciones que defendían la ciudad de Melilla y las desbordaron. El ejército español sufrió una derrota humillante, con unas catorce mil bajas.

El 12 de febrero de 1920 el general Manuel Fernández Silvestre tomó posesión del cargo de Comandante General de Melilla. Este general bravucón, amigo de Alfonso XIII, salió al mando del ejército de Melilla con la idea de llegar hasta la bahía de Alhucemas, centro de operaciones de las tribus rifeñas más belicosas. En enero de 1921 empezó el avance para acabar con la escasa resistencia existente, sin dar conocimiento de su maniobra al jefe militar español en Marruecos, general Berenguer, que ante el ataque de los rifeños se tiene que refugiar en Annual. En mayo de 1921, el grueso del ejército español estaba en el campamento base instalado en la localidad de Annual. Desde allí Silvestre esperaba realizar el avance final sobre Alhucemas, pero sufre una terrible derrota en su pretensión por alcanzar la bahía de Alhucemas a toda costa, sin haber tomado las mas mínimas precauciones para defender y reforzar la retaguardia. Los rebeldes de Abd-el-Krim frenaron su avance a medio camino, en la ratonera de Annual, y lo obligaron a batir sus tropas en retirada. El viaje de regreso a Melilla fue una cacería, los soldados caen por disparos o mueren por extenuación y sed.

El líder de la insurgencia era un funcionario de Melilla al servicio de España, Abd-el-Krim, oriundo de un poblado cercano al peñón de Alhucemas, ocupado por España desde 1673. Era hijo de un “moro pensionado”, que recibía “pensión” de Madrid.

«Alfonso XIII acababa de jalear en un telegrama al general Manuel Fernández Silvestre que llevaba las tropas al matadero: «¡Olé tus cojones! ¡Vivan los hombres! Haz como yo te digo y no ganas ningún caso del ministro de la Guerra, que es un imbécil». Silvestre murió. Fue una de las  8.668 bajas. En doce días, España pierde el territorio conquistado en doce años. Una España indignada pide responsabilidades, se señala a Alfonso XIII, y se abre una investigación militar que saca a flote numerosas miserias. Se descubre que las tropas estaban mal instruidas, con escaso armamento, muy viejo y que fallaba muy a menudo. Mandos corruptos se quedaron con parte del presupuesto asignado a carreteras, blocaos y fortines.

Los impresentables militares braman cuando se decide negociar el pago de un rescate por los 326 supervivientes de los 560 cautivos que habían hecho las huestes de Abd-el-Krim. Ellos preferían arrancárselos al moro por la fuerza. El industrial vasco Horacio Echevarrieta pagará cuatro millones de pesetas. Cuentan que cuando el criticado Alfonso de Borbón fue informado del precio del rescate, dijo: «¡Qué cara es ahora la carne de gallina!» [Ordóñez 2014]

«La guerra de Marruecos, una aventura obstinada que más de media España no quiso, acabó revolviéndose contra los partidos monárquicos, el propio rey, de quien se especulaba que había animado al general Silvestre en su delirio africano, y los mandos del ejército. Republicanos, socialistas y liberales exigieron el castigo de los temerarios, pero no encontraron demasiado eco entre los conservadores, partidarios de minimizar las responsabilidades.» [García de Cortázar 2002: 245]

Ante la presión de la opinión pública, que exigía depurar responsabilidades, se encargó al general de división Juan Picasso la redacción de un informe sobre el desastre de Annual y el abandono de las posiciones. El Informe Picasso se encontró con todo tipo de trabas por parte de las empresa mineras como del Gobierno, que veía que había que proteger la imagen del monarca, ya deteriorada y en entredicho por algunas ligeras palabras del monarca que sonaban a injerencias en el asunto militar y podrían haber influido en la derrota del general Silvestre.

Cuando el informe compilado iba a ser dado a conocer y era clamorosa la demanda de justicia, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado y exige tomar las riendas del Gobierno, a lo que Alfonso XIII accede, sancionando así la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Los responsables del desastre de Annual se iba así de rositas y jamás serían juzgados.

La incapacidad de reacción y fragmentación del régimen, la división y falta de decisión en los sectores ajenos al sistema, los graves conflictos sociales que desembocaban en terrorismo, las tensiones en el ejército, el miedo en las clases medias, todo parecía facilitar el camino a un “cirujano de hierro” que sacase al país del atolladero. La burguesía desorientada, desoyendo las voces de los intelectuales, solo esperaba el cuartelazo de un ejército que no estaba dispuesto a aguantar el banquillo de acusación de los civiles.

En 1923, el golpe de Estado del general Primo de Rivera enterraba el decadente sistema de la Restauración con el consentimiento del rey y la burguesía catalana, junto con la pasividad del conjunto de la sociedad española.

CRISIS DEL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN (1902-1923)

Durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931) se intentaron algunas soluciones para vencer las dificultades con que tropezaba la organización de la sociedad española. La primera fue la aplicación correcta del régimen parlamentario, tal como estaba regulado en la Constitución de 1876 y como Antonio Cánovas, autor, no había querido desarrollar. El artífice de esta política de reformas fue la del conservador Antonio Maura. Su gran idea fue la reforma de la administración local con el objeto de descuajar el caciquismo y dar cabida a los deseos autonomistas de Cataluña. Pero los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona (1909) determinaron el fracaso del intento de reforma. Más tarde, el liberal José Canalejas preconizó algunos avances, pero su asesinato y la declaración de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) dieron al traste con aquella esperanzadora experiencia reformista.

Tras el desastre colonial de 1898, surgen actitudes reformistas incubadas ya con anterioridad al desastre, el deseo de cambio ya era un clamor. Pero el régimen político era incapaz de una renovación a fondo, debido a su incapacidad para integrar a las nuevas fuerzas emergentes, al hilo del proceso de modernización de la realidad española.

Los gobiernos de turno intentaron reformas controladas por el sistema (Maura, Canalejas), pero fracasadas por no llevar a cabo los planteamientos regeneracionistas y no asumir el nuevo talante democrático que imponía la irrupción de las masas en la vida pública. A esto hay que añadir la crisis interna del sistema tras la desaparición de los líderes históricos de la Restauración: Cánovas en 1897 y Sagasta en 1903.

Los conservadores encontraron en Antonio Maura a un líder indiscutible, pero tras la Semana Trágica de julio de 1909, se sentaron las bases para una escisión entre los partidarios de Dato, los mauristas, además de otras facciones más autoritarias y oportunistas que se agruparon en el “ciervismo”. Entre los liberales se impuso como líder José Canalejas, pero su asesinato a manos de un anarquista el 12 de noviembre de 1912 fragmentaría al partido entre los liberales ortodoxos de Romanones y los liberal-demócratas de García Prieto.

Hasta 1917 se mantuvo el turno bipartidista, y en el Congreso predominó la mayoría monárquica de los partidos dinásticos: el conservador de Antonio Maura y el liberal de José Canalejas. Pero fueron en aumento los diputados que representaban a nuevas corrientes del país, en del republicanismo y del catalanismo.

La crisis del 17 no derribó al régimen, pero lo dejó bastante tocado. De 1917 a 1923 se sucedieron en el poder catorce gobiernos, entre ellos varios de coalición o salvación nacional, que a pesar de incluir en sus filas a prestigiosos reformistas, como Alba o incluso Cambó, tampoco fueron eficaces. La multiplicación hasta casi el infinitivo de los grupúsculos y familias, incluso la necesidad de tener que recurrir a gobiernos de coalición eran una buena prueba de que ni siquiera el sacrosanto turno resistía la crisis.

Todo el periodo está caracterizado por una gran inestabilidad política. Se suceden los gobiernos de corta duración y hay gran cantidad de presidentes del Consejo. Hasta 1923 habrá un total de 16 presidentes del Consejo, algunos de los cuales repetirán cargo varias veces.

Hasta 1912 dominan el panorama político las figuras de Antonio Maura, líder de los conservadores, pero procedente de los liberales, y José Canalejas, líder del partido liberal. Antonio Maura fue presidente del gobierno en cinco ocasiones y José Canalejas desempeñó la presidencia del gobierno del 9 de febrero de 1910 al 12 de noviembre de 1912. Maura era un católico practicante, convencido de la coincidencia entre la moral pública y privada. Era enemigo del caciquismo y comprometido con “la revolución desde arriba” para lograr la pureza efectiva en el sistema electoral.

Estas dos figuras sustituyeron a los dos políticos más representativos del periodo anterior: Antonio Cánovas del Castillo, presidente del gobierno en reiteradas ocasiones (desde diciembre de 1874 hasta 1895), artífice del sistema político de la Restauración y figura señera del conservadurismo español, y Práxedes Mateo Sagasta, presidente del gobierno en ocho ocasiones, entre 1870 y 1902, líder de una de las dos formaciones políticas principales del último periodo del siglo XIX, el Partido Liberal.

El gobierno del conservador Antonio Maura (entre enero de 1907 y octubre de 1909) duró casi tres años y por eso se le llamó “gobierno largo” ya que en la época los gobiernos solían durar mucho menos y también para diferenciarlo del gobierno que presidió Maura entre diciembre de 1903 y de 1904 y que solo duró un año. Durante el gobierno largo Maura aplicó su programa político que definió como revolución desde arriba pero no lo pudo completar como consecuencia de su caída a finales de 1909 tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona y la posterior represión, que tuvo entre sus víctimas al pedagogo y activista anarquista Francisco Ferrer Guardia.

Antonio Maura intenta una regeneración del sistema por medio de una nueva Ley de Administración Local que acabe con los fraudes del sistema caciquil y pueda crear un verdadero cuerpo electoral. Intenta solucionar el problema regionalista catalán mediante un acuerdo con Cambó, líder de la agrupación de los partidos de Cataluña. Su proyecto no prosperó por la oposición de los elementos no integrados en el sistema político: republicanos, socialistas, anarquistas y laicistas. Al final los acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona (1909) y la dura represión por parte del Gobierno provocó una campaña de protestas, también en el extranjero, lo que llevó a la caída del gobierno de Maura y el surgimiento del antimaurismo.

«Don Antonio Maura, en medio de no pocos aciertos, cometió el error de “pronunciarse”. Fue un “pronunciado” de levita. Creyó que existía una masa de españoles, la más importante en número y calidad, apartada de la vida pública por asco hacia los usos políticos. Presumió que esta “masa neutra”, ardiendo en convicciones idénticas a las suyas, gustaba del rígido gesto autoritario, profesaba el más fervoroso y tradicional catolicismo y se deleitaba con la prosa churrigueresca de nuestro siglo XVII. Bastaba con dar el “grito” para que aquel torso de España despertara a la vida pública. A lo sumo, convendría hostigar un poco su inveterada inercia, haciendo obligatorio el sufragio. Y ¿los demás, los que no coincidían de antemano con él? ¡Ah! Esos no existían, y si existían, eran unos precitos. En vez de atraerlos, persuadirlos o corregirlos, lo urgente era excluirlos, eliminarlos, distanciarlos, trazando una mágica línea entre los buenos y los malos. De aquí el famoso “Nosotros somos nosotros”. En su época culminante, D. Antonio Maura no ha hecho el menor ademán para convencer al que no estuviese ya convencido.» [José Ortega y Gasset: España invertebrada (1921), en Obras Completas. Madrid: Revista de Occidente, 1962, t. III, p. 84]

Al gobierno largo de Antonio Maura sucedió el gobierno del liberal Segismundo Moret, que duró pocos meses. Su aproximación a los republicanos abrió una crisis en el Partido Liberal lo que llegó al rey a intervenir y nombrar en febrero de 1910 a José Canalejas como nuevo presidente del gobierno. Moret había comenzado a negociar con el líder republicano Alejandro Lerroux y con el reformista Melquiades Álvarez, sus aliados para derribar a Antonio Maura, lo que provocó el descontento entre el resto de líderes liberales que se sintieron relegados y que hicieron llegar su inquietud al rey. En febrero de 1910 el rey nombró nuevo presidente del gobierno a José Canalejas, de quien consideraba que «tiene ideas avanzadas pero es inteligente y activo; sabrá imponer su autoridad». Se abría así una nueva etapa política.

El gobierno liberal de José Canalejas (1910-1912), tras el gobierno largo de Antonio Maura, fue el segundo intento de «regeneración desde dentro» del régimen político de la Restauración. Canalejas recoge el impulso de la política renovadora de Maura iniciando el proyecto de la creación de la Mancomunidad Catalana, suprimió algunos impuestos y eliminó la posibilidad de no prestar el servicio militar pagando una determinada cantidad de dinero. Uno de los problemas fundamentales del momento era el crecimiento del movimiento obrero.

En diciembre de 1910, Canalejas promueva la llamada Ley del candado, una ley que prohibía durante dos años el establecimiento de nuevas congregaciones religiosas. La ley prohibía la entrada de nuevas órdenes religiosas procedentes de Francia y Portugal, donde cada vez tenían más dificultades. Con esta ley, Canalejas, de orientación liberal progresista, pretendía mitigar la confesionalidad católica consagrada en la Constitución de 1876 al tiempo que frenar el creciente anticlericalismo de amplias capas sociales, reforzando el carácter laico del Estado. Ante la negativa papal a negociar el Concordato de 1851, optó por limitar unilateralmente la actividad de las órdenes religiosas.

Canalejas llevó a cabo la negociación con Francia sobre Marruecos. A principios de noviembre de 1912 se había llegado al acuerdo definitivo con Francia sobre Marruecos, pero la firma del tratado prevista para finales de mes, no la pudo realizar Canalejas porque fue asesinado el día 12 por un anarquista en la Puerta del Sol de Madrid. El asesinato de Canalejas truncó su proyecto de democratización de la Monarquía de Alfonso XIII y dejó sin liderazgo a uno de los partidos del turno, el liberal, que durante el resto del reinado de Alfonso XIII se fue dividiendo en fracciones, lo que contribuyó a la crisis del régimen político de la Restauración.

A partir del asesinato de Canalejas desaparece todo intento de renovación del viejo sistema político y los dos partidos que se alternaban en el gobierno pasan a ser liderados por políticos de poco talento, como Eduardo Dato y el conde de Romanones, que continúan con el turnismo o alternancia en el poder de los dos partidos, pero no hacen frente a los problemas que verdaderamente acuciaban a la sociedad.

Se agudiza la crisis en varios frentes. La crisis militar provocada por la aparición de las Juntas de Defensa o sindicato militar, que defendía los intereses económicos de los militares peninsulares ante el aumento de los precios y los corporativismos en cuanto a los criterios de ascensos. El Gobierno intenta disolver las Juntas, pero las legaliza temiendo un golpe militar, lo que significó conceder cierta autonomía a los militares frente al poder político. Los regionalistas catalanes exigen una autonomía para Cataluña y convocan una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona al margen del Gobierno que se negaba a convocar a las Cortes. El rey tuvo que comprometerse a aceptar dos ministros de la Lliga catalana, lo que no acabó con el problema. La crisis social empieza con la huelga de ferroviarios en Valencia, extendiéndose por otras regiones y apoyada por todos los sectores no integrados en el sistema político: socialistas, reformistas, republicanos, sindicatos socialistas (UGT) y anarquistas (CNT). La represión por parte del Gobierno acabó con el movimiento.

LOS GOBIERNOS DE CONCENTRACIÓN (1917-1923)

A partir de 1917, España entró en una fase de agudización de los problemas: La inestabilidad política, el auge del movimiento obrero y la lucha sindical y, nuevamente, los fracasos coloniales en Marruecos hicieron inviable el sistema bipartidista de la Restauración. El régimen de los turnos instaurado con la Restauración no estaba preparado para afrontar los nuevos retos y a partir de 1917 ante la profunda crisis el desgaste del sistema es evidente.

El 1 de noviembre de 1917, por primera vez en la historia de la Restauración, se formó un «gobierno de concentración» de conservadores, de liberales y de la Lliga presidido por el liberal Manuel García Prieto. Afuera quedaban las facciones del conservador Dato y del liberal Santiago Alba. El gobierno convocó las elecciones de febrero de 1918 que deberían ser «limpias», pero el caciquismo electoral de siempre siguió funcionando poniendo en evidencia la división de los partidos dinásticos. Dada su fragmentación estas Cortes resultaron ingobernables porque ningún grupo disponía de una mayoría clara.

El «gobierno de concentración» duró muy pocos meses. Una huelga de funcionarios acabó con el gobierno y el rey reunió a todos los jefes de facción liberales y conservadores para que buscaran una salida, amenazándoles con abdicar si no aceptaban la formación de un «gobierno de concentración» donde estuvieran todos ellos presidido por Antonio Maura. Así nació el Gobierno Nacional que incluyó a todos los jefes de las facciones dinásticas. Pero este gobierno no logró aprobar los presupuestos del Estado, que estaban siendo prorrogados desde 1914, por lo que Maura presentó la dimisión al rey en noviembre de 1918.

Tras el fracaso de los dos «gobiernos de concentración» volvió la alternancia de los partidos dinásticos (turnismo): conservadores y liberales. En los dos años y medio siguientes se llegaron a suceder hasta siete gobiernos. «Pocas veces se habrá dado el caso de una clase política tan convencida de la necesidad de drásticas reformas en las leyes y en las prácticas políticas y tan incapaz de llevarlas a cabo. Los políticos de la Restauración habían diagnosticado mil veces que el caciquismo era el mal, pero no sabían cómo gobernar prescindiendo de sus cacicatos». [Santos Juliá]

Los gobiernos de concentración eran un intento desesperado de salvar el tradicional turno de los partidos e impedir que los partidos no monárquicos (“los no dinásticos”) adquirieran más poder. Pero estos gobiernos fueron efímeros e incapaces de lograr suficiente consenso y autoridad ante el país.

Antonio Maura vuelve a entrar en la escena política e intenta democratizar el sistema, cambian la Constitución, limitando los poderes de la Corona, reconociendo las autonomías, pero no logra el suficiente consenso para llevar a cabo su proyecto de reformas. El clima de revuelta social provocado por los conflictos laborales y los atentados anarquistas, así como el pistolerismo empresarial, agravado todo por el temor a que cundiera el ejemplo de la revolución bolchevique en Rusia (1917), provoca una reacción conservadora.

Barcelona se erige en cabeza de la España conflictiva con los anarquistas dejando a oscuras la ciudad, obligando al cierre de fábricas y ganando batallas laborales contra los patronos intransigentes. La Federación Patronal de Cataluña se defiende financiando bandas de pistoleros a sueldo, apoyadas por el gobierno y los catalanistas. Los capitalistas catalanes sueñan con aniquilar el sindicalismo revolucionario. Caen acribillados patronos, guardias, políticos, sindicalistas, obreros. En 1921 es asesinado el jefe de gobierno, Eduardo Dato por autorizar la ley de fugas. Dos años después cae tiroteado Salvador Seguí, el anarcosindicalista más influyente.

Entre 1917 y 1923 se sucedieron trece gobiernos: cuatro liberales, ocho conservadores y uno de concentración. Esta inestabilidad demostraba claramente la crisis del sistema. Tras veintitrés crisis de Gobierno entre 1917 a 1923, era imposible mantener los fundamentos de la Restauración: la alternancia en el poder de los dos partidos dinásticos, la manipulación electoral y el caciquismo.

En el verano de 1921, las tropas españolas se embarcaron en una acción mal planificada dirigida por el general Fernández Silvestre. En este ejército destacaban los Regulares, tropas indígenas, y la Legión, fundada por Francisco Franco y Millán Astray a imagen de la Legión extranjera francesa. Los choques que las cábilas rifeñas concluyeron con una retirada desordenada y la masacre de las tropas españolas. El Desastre de Annual costó más de trece mil muertos, entre ellos el general Fernández  Silvestre.

El desastre de Annual provocó una terrible impresión en una opinión pública contraria a la guerra. Hubo grandes protestas en el país y los republicanos y socialistas se apresuraron a reclamar el abandono de Marruecos y a exigir responsabilidades por el desastre. La presión de la opinión pública llevó a la formación de una comisión militar de investigación de los acontecimientos. El informe final fue redactado por el General de División Juan Picasso, es el Expediente Picasso. Pese a las trabas que le pusieron las compañías mineras y altos cargos del gobierno y el ejército, el expediente ponía en evidencia enormes irregularidades, corrupción e ineficacia en el ejército español destinado en África.

Las consecuencias del desastre de Annual fueron muy profundas, entre ellas un aumento del desprestigio del Ejército y de las Juntas de Defensa. La crisis política que provocó esta derrota fue una de las más importantes de las muchas que socavaron los cimientos de la monarquía liberal de Alfonso XIII. El expediente no llegó a suponer responsabilidades políticas ni criminales. Se responsabilizó al mismo rey de los hechos. El régimen se salvó de momento gracias a un golpe de Estado. Antes de que la comisión del Congreso encargada de su estudio fuera a emitir su dictamen el 1 de octubre de 1923, el 13 de septiembre el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado y exige que se le dé el Gobierno, a lo que Alfonso XIII accede. Da comienzo así la dictadura militar del general Primo de Rivera (1923-1930).

En 1923, el régimen de la Restauración estaba muy debilitado y era incapaz de solucionar los tres problemas clave: el de Marruecos, la radicalización de los movimientos obreros (auge del anarquismo) y el regionalismo, cuya problemática era más aguda en Cataluña que en otras regiones.

El Gobierno de Concentración Liberal no ofrecía en septiembre de 1923 ninguna esperanza de renovación. Como dice Javier Tusell: «El mayor defecto de la la Concentración Liberal fue posiblemente el haber vivido en una especie de campana neumática que le aislaba de la opinión pública y evitaba que se diera cuenta de hasta qué punto estaba bordeando el golpe de estado.»

En estas condiciones, en septiembre de 1923, el capital general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado, suspende la Constitución y abre una etapa de dictadura que durará hasta su dimisión en 1930.

SISTEMA ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS HASTA 1923

En 1890, un Gobierno liberal, presidido por el liberal Sagasta, sustituye el sufragio censitario, limitado a propietarios y personas que demuestren unas determinadas "capacidades", por el derecho a voto de todos los ciudadanos varones mayores de 25 años. La ley electoral de 1890 solo cambió la extensión del sufragio multiplicándolo, en términos absolutos por seis, hasta alcanzar el 24 por ciento de la población. La aprobación del voto femenino no llegaría hasta 1931 durante la 2ª República. Se aplicó por primera vez en las elecciones de 1932. El franquismo suprimió las elecciones libres pero siguió manteniendo el censo electoral, restringido para la celebración de los referendos de consolidación del régimen de 1947 y 1966. La llegada de la democracia con la Ley de Reforma Política de 1977 cambió completamente el sistema electoral y, con ello, los órganos que lo gestionan. 

Según Antonio Cánovas del Castillo, el muñidor de la Restauración borbónica, la Corona no solo debía ser la representación por excelencia de la soberanía, sino también la principal fuente de su ejercicio. Cánovas quería alejar a los militares de la escena política y evitar que un solo grupo monopolizara el poder recurriendo a pronunciamientos y revoluciones, como bajo el reinado de Isabel II. Para ello el monarca debía constituirse en el árbitro de la alternancia de los partidos en el gobierno: uno conservador (Cánovas) y otro liberal (Sagasta).

Al finalizar el siglo XIX, el consenso respecto al régimen, entre los grupos políticos era muy amplio. Ambos partidos se alternaron regularmente en el poder y siguieron siendo partidos de notables a lo largo de toda la Restauración.

El resto de partidos estaba contra el sistema, pero seguía participando en las instituciones representativas: los republicanos del Sexenio Democrático (1868-1874), con gran arraigo social en la clase media y la clase trabajadora urbana, y el Partido Socialista Obrero Español, fundado en 1879 y escasamente desarrollado. Ambos partidos de oposición al régimen canovista tenían una influencia política muy reducida en el primer tercio del siglo XX.

Quedaban completamente al margen del sistema los anarquistas que rechazaban toda participación en el juego político de los demás partidos y combatían toda forma de Estado como fuente de la opresión. Tenían arraigo sobre todo en el sur, en el campo, y en las nuevas zonas industriales, sobre todo en Cataluña.

Lo aparición de nuevos partidos republicanos, los nacionalismos periféricos, el desarrollo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la reorganización de los anarquistas en el sindicato Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), fundado en 1910, no logran romper el control bipartidista de los partidos dinásticos sobre las elecciones. El sistema político de la Restauración se mantuvo inmutable, si bien no estable, durante las primeras décadas del siglo XX, hasta que fue suspendido por el golpe militar del general Primo de Rivera en 1923.

A Cánovas y a los partidos dinásticos parece que no les preocupaba mucho la pasividad perezosa de la mayoría y la manipulación caciquil de las elecciones. Ninguno de los dos partidos que se alternaban en el poder tenía el sincero deseo de mejorar el sistema representativo. Ni siquiera el partido liberal, que votó a favor de la ley de sufragio universal más bien por motivos tácticos debidos a las divisiones internas. Un político tan democrático como Canalejas tampoco se atrevió a llevar a cabo su intención de movilizar la opinión pública. Castelar defendió el sufragio universal, aunque siguió haciendo uso del fraude electoral. Joaquín Costa denunció abiertamente el caciquismo, sin embargo no era gran entusiasta de las elecciones ni del Parlamento. Para Alejandro Lerroux, republicano y populista, las elecciones no eran el centro de su atención. Total que las elecciones no eran un valor primordial ni para los partidos del gobierno ni para los de la oposición.

Los historiadores han dado varias explicaciones a este desinterés de los políticos por la reforma de un sistema político como el de la Restauración que no era auténticamente representativo. Se preguntan si los resultados electorales reflejaban el apoyo de grupos de la población al sistema político, una aceptación benevolente por parte de las instituciones, o si más bien eran la consecuencia de la represión que los medios oficiales ejercían sobre la opinión pública y del control por parte de las oligarquías.

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