PANORAMA SOCIAL DE AMÉRICA LATINA 2008 – SÍNTESIS


«En América Latina no hay una lucha de buenos contra malos: hay izquierdas sin política económica y derechas sin oferta social.

Unos que reparten, pero no producen, y otros que producen, pero no reparten.»

[Joaquín Villalobos]

Donde no hay no se puede repartir.


La edición de 2008 del Panorama social de América Latina contiene el capítulo permanente sobre la dinámica de la pobreza en América Latina.

Las últimas estimaciones disponibles para los países de América Latina indican que en 2007 un 34,1% de la población se encontraba en situación de pobreza. La extrema pobreza o indigencia abarcaba a un 12,6% de la población. Así, el total de pobres alcanzaba los 184 millones de personas, de las cuales 68 millones eran indigentes. Continuó la tendencia descendente desde 2002, con caídas que significaron 37 millones menos de pobres y 29 millones menos de indigentes. Hasta 2007 América Latina se encontraba bien encaminada para cumplir con la primera meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La mayor parte de los avances registrados en el período 2002-2007 obedece a un incremento de los ingresos medios de los hogares más pobres, principalmente los ingresos del trabajo.

En el quinquenio 2003-2007 se registró el mayor crecimiento del PIB por habitante desde los años setenta en América Latina, que superó el 3% anual. Para 2008 se prevé un crecimiento aún positivo pero menor, debido a la reciente irrupción de la crisis financiera internacional.

En 2009 esta desaceleración tendrá efectos sobre la dinámica de la pobreza que posiblemente prolonguen el comportamiento menos favorable que ha comenzado en 2008 en comparación con el período 2003-2007, en que se registró un descenso significativo en la región. Si bien la incidencia relativa de la pobreza en 2008 habría seguido bajando, aunque a un ritmo menor que en años anteriores, lo cierto es que habría crecido levemente el número absoluto de pobres extremos o indigentes. Esto se debe principalmente a que, ya a mediados de 2008, fundamentalmente por el alza de los precios de los alimentos, aunque también del petróleo, la indigencia habría aumentado ligeramente, cerca de 0,43 puntos porcentuales.

En general también cabría esperar que el empleo agregado se estanque o incluso disminuya durante 2009 y que las remuneraciones reales se mantengan, en promedio, sin variaciones o disminuyan en alguna medida. En este contexto, es probable que la pobreza y la indigencia crezcan, lo cual, si bien en una magnitud leve, extendería el comportamiento negativo que ya se habría iniciado en 2008.

Entre los países más afectados estarían los países que dependen más de las remesas o tienen una conexión más directa con el mercado de los Estados Unidos, así como aquellos cuyas estructuras de exportaciones son menos diversificadas y se concentran en bienes cuyos mercados han sido más golpeados por la crisis.

Desdee 2002 las tasas de desocupación bajaron en la gran mayoría de las áreas urbanas de los países de la región.

La agenda social se centra en el tema de la violencia juvenil y familiar en América Latina. Las autoridades de gobierno consultadas en esta ocasión, a las que les cabe enfrentar los problemas de violencia juvenil, señalan que el principal problema de violencia que enfrentan es la delincuencia, las pandillas, la violencia callejera y el porte de armas que afecta a determinadas zonas urbanas de varios países de la región latinoamericana. Preocupa especialmente la articulación de las pandillas juveniles con el consumo de drogas, el narcotráfico y el tráfico de personas.

El alza del precio de los alimentos ha representado un factor relevante en el deterioro de las condiciones de vida de los más pobres, contrarrestando parcialmente los avances logrados en términos de crecimiento y distribución de los ingresos. Aun cuando este fenómeno ha disminuido en intensidad hacia fines de 2008, la situación exige mecanismos que permitan morigerar el impacto de las alzas de precios sobre los presupuestos de los hogares más pobres.

Hasta 2007, América Latina se encontraba bien encaminada para cumplir con la primera meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El porcentaje de personas indigentes en la región (12,6%) estaba a poco más de un punto porcentual de distancia de la meta, 11,3%. Ello implica que en el lapso transcurrido, que equivale a un 68% del tiempo total disponible para cumplir con la meta, ya se ha recorrido un 88% del camino previsto.

Los avances a nivel regional son el resultado de tendencias heterogéneas en los distintos países. Cuatro de ellos, el Brasil, Chile, el Ecuador (datos de áreas urbanas) y México, han alcanzado la primera meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a los que se podría sumar Costa Rica, que presenta un 95% de avance. Otros cinco países, Colombia, El Salvador, Nicaragua, el Perú y la República Bolivariana de Venezuela, han avanzado a un ritmo similar o superior al esperado, con porcentajes de progreso de entre un 65% y un 90%.  Los demás países muestran un rezago en su marcha hacia la consecución de la meta. Las mayores brechas entre la situación actual y el umbral propuesto, en términos absolutos, se observan en Bolivia, Guatemala, Honduras y el Paraguay, donde bordean o superan los 12 puntos porcentuales.

La crisis financiera internacional y la consiguiente desaceleración de la economía mundial tendrían efectos sobre los niveles de pobreza, lo que siembra dudas sobre la factibilidad de alcanzar la meta fijada para 2015. Como se señaló, para 2009 cabría prever una elevación moderada de la pobreza y la indigencia. De cualquier manera, teniendo en cuenta el grado de avance logrado hacia 2007, la meta continúa pareciendo alcanzable para la gran mayoría de los países, aunque el resultado final dependerá, en definitiva, de la duración del período de bajo crecimiento y de la profundidad de las dificultades que acarree.

Evolución reciente de la desigualdad distributiva

América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Por lo tanto, avanzar hacia una mejor distribución de los ingresos y otros activos sigue siendo una de las tareas pendientes más importantes en el futuro.

La evolución de la estructura de la distribución del ingreso entre 2002 y 2007 muestra tres situaciones claramente diferenciadas. Nueve países, la Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, El Salvador, Nicaragua, Panamá, el Paraguay y la República Bolivariana de Venezuela, presentan una importante reducción de la brecha entre los grupos extremos de la distribución, tanto por el aumento de la participación en los ingresos de los grupos más pobres como por la pérdida de participación de los hogares situados en la parte más alta de la escala de distribución. Las disminuciones más importantes de ambos indicadores se presentaron en la República Bolivariana de Venezuela, donde alcanzaron un 36% y un 41%, respectivamente. También se lograron mejoras importantes en Bolivia, el Brasil y Nicaragua, de alrededor de un 30% en ambos indicadores (véase el gráfico 5). Un segundo grupo de países, constituido por Colombia, Costa Rica, el Ecuador, México, el Perú y el Uruguay, se caracteriza por un relativo estancamiento de su estructura distributiva. Aun cuando en la mayoría de ellos las brechas han tendido a reducirse, estas variaciones no han sido suficientemente significativas. A su vez, en Guatemala, Honduras y la República Dominicana aumentaron las brechas entre grupos extremos de la escala de distribución.

La evolución de los indicadores de desigualdad entre 2002 y 2007 corrobora una tendencia mayoritaria a la mejor distribución del ingreso. En los nueve países mencionados, todos los indicadores de desigualdad bajaron no menos de un 5%. Asimismo, es posible identificar a Guatemala y la República Dominicana como aquellos en los que la distribución tendió a deteriorarse significativamente en el período analizado.

Una comparación de plazo más largo revela que los niveles de desigualdad actuales son los menores registrados desde inicios de los años noventa. No obstante, estas cifras representan una reducción de apenas un 3% que de ninguna manera puede interpretarse como un cambio significativo de los patrones distributivos prevalecientes en la región.

Panorama del empleo regional: tendencias y problemas estructurales

El desempleo en América Latina sigue siendo elevado y, según los datos de las encuestas de hogares, se encuentra 2,4 puntos porcentuales por encima del nivel de 1990. Sin embargo, en el período 2002-2006, que se caracterizó por un crecimiento económico sostenido, las tasas de desempleo bajaron en la gran mayoría de las áreas urbanas de los países de la región, tras un aumento generalizado en la década anterior. La reducción más pronunciada se registró en la Argentina, Panamá, la República Bolivariana de Venezuela, el Uruguay y Colombia, países que habían registrado tasas de desempleo muy elevadas hasta 2002.

En un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se señala que, entre 1995 y 2006, en 11 países de la región la evolución de los salarios reales ha sido bastante insatisfactoria y ha tenido diferentes signos: en la Argentina, el Brasil, Panamá, el Paraguay y el Uruguay se registraron pérdidas de diversa magnitud, mientras que en Chile, Costa Rica, México, el Perú y la República Bolivariana de Venezuela hubo leves incrementos. Solo en Honduras el aumento de los salarios habría sido significativo en el período analizado (véase OIT, Evolución de los salarios en América Latina 1995-2006, Santiago de Chile, octubre de 2008).

Alrededor de 2006 un 37% de los ocupados a nivel nacional y un 44% de los ocupados urbanos declaraban ser afiliados que aportaban a los sistemas de previsión social, cifras que se mantuvieron prácticamente estables desde 2002. Estos promedios esconden grandes diferencias entre los países de la región: en Bolivia, el Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, el Paraguay y el Perú, un tercio o menos de los ocupados urbanos aportaban a los sistemas de seguridad social, mientras que en Chile y Costa Rica la cobertura era superior a dos tercios de los ocupados. Estos datos muestran claramente que los mercados laborales de la región no han logrado cumplir con el papel de puerta de entrada universal a los sistemas de protección social.

La baja cobertura de la protección social en los países de la región está muy condicionada por el grado de formalidad de los mercados de trabajo. Es necesario, por lo tanto, aplicar políticas que generen empleos formales para los trabajadores que tienen que soportar la carga de dependientes sin acceso a los sistemas de protección social. El distinto grado de madurez de los mercados de trabajo de los países de América Latina –que condiciona el número de trabajadores que contribuyen al financiamiento de un sistema contributivo de protección social– y la fase de su transición demográfica –que fija el nivel y la estructura de dependencia– determinan la naturaleza de los desafíos para el cumplimiento de esa tarea.

Alrededor de 2006, el 79% de los ingresos totales de los hogares latinoamericanos urbanos provenían de la participación de sus miembros en el mercado de trabajo.

La tasa de ocupación en América Latina aumentó entre 1990 y 2006, debido principalmente a que más mujeres ingresaron al mercado laboral. En ese período, las tasas de ocupación disminuyeron entre los hombres y aumentaron muy levemente entre los jóvenes. Esta última tendencia fue el resultado de dos fenómenos contrastantes: una menor cantidad de ocupados entre los hombres y un aumento de las tasas de ocupación entre las mujeres jóvenes. 

En América Latina y el Caribe, el porcentaje de trabajadores que viven con menos de un dólar por día disminuyó poco más de tres puntos porcentuales, pasando del 11,6% en 1997 al 8,0% en 2007.

En los países de América Latina amplios segmentos de trabajadores todavía no logran salir de la pobreza: en Chile y Honduras entre un 7% y un 63% de los ocupados respectivamente, vive en condiciones de pobreza y entre el 1% y el 40% vive en la indigencia. La tendencia regional entre 1990 y 2006 ha sido positiva, con una reducción del porcentaje de ocupados pobres del 39,7% al 29,5% y una disminución del porcentaje de ocupados indigentes del 17,5% al 11,4%. En la mayoría de los países disminuyó el porcentaje de trabajadores pobres a lo largo del período: destacan los casos de Chile, con un descenso de 18 puntos porcentuales, así como los del Brasil y México (ambos con reducciones de 14 puntos porcentuales). Las excepciones son, por una parte, la Argentina y el Uruguay, donde los aumentos de la pobreza entre los ocupados fueron leves y, por otra, las de Bolivia y el Paraguay, donde la pobreza entre los ocupados aumentó alrededor de cuatro puntos porcentuales.

Situación de los jóvenes y de las mujeres con respecto al empleo

La recomendación de la Cumbre Mundial de 2005 de incluir una meta relacionada con el empleo en el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio supone su reconocimiento como uno de los principales mecanismos para acceder al bienestar y superar la pobreza y las carencias relacionadas con esta. Además, al enfatizar la importancia del monitoreo de los indicadores relacionados con el empleo, sobre todo en los jóvenes y las mujeres, se pone de relieve la relevancia de ambos grupos en el aporte económico y productivo a la sociedad, así como su situación de desventaja respecto del empleo. Tanto los jóvenes como las mujeres son grupos especialmente vulnerables a las dificultades de inserción en el mercado laboral y a diversas formas de discriminación en ese ámbito, lo que conduce a su inserción en ocupaciones de baja calidad y bajos ingresos.

Participación laboral de los jóvenes y las mujeres

La participación de los jóvenes de entre 15 y 29 años en el mercado de trabajo aumentó moderada pero sistemáticamente entre 1990 y 2006, de un 59,4% a un 62,8%. Esto conjugó dos grandes tendencias: una leve disminución de la participación de los hombres jóvenes y un marcado aumento de la participación juvenil femenina, principalmente a partir de los 20 años. La primera de estas obedecería principalmente a la expansión de los sistemas educativos y a la mayor retención de los estudiantes más jóvenes; la segunda refuerza la tendencia de crecimiento paulatino de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, que en el período referido pasó del 40,7% al 53,2% en el conjunto de la región.  Además, las tasas de desempleo de los jóvenes suelen ser elevadas y aumentar considerablemente en tiempos de crisis, lo que coincide con su movilización hacia el mercado de trabajo para complementar ingresos familiares (véase el gráfico 15.A). En 2006 la tasa de desempleo juvenil se situaba en torno al 12,9%.

Cabe señalar que los jóvenes más pobres son los más afectados por el desempleo.  Alrededor de 2005, entre los jóvenes pertenecientes al quintil más pobre de ingresos per cápita, el promedio de la tasa de desempleo era de algo más del 24%, tasa que disminuía paulatinamente hasta llegar al 6,6% entre los jóvenes del quintil más rico. Otra de las disparidades más notorias entre los jóvenes en cuanto a niveles de desempleo es la asociada al sexo. Claramente, aún predominan criterios de género en la selección de quienes ocuparán un puesto de trabajo, lo que afecta a las mujeres a lo largo de todo el ciclo de vida productivo: en 2006, la tasa general de desempleo femenino (9,4%) era un 56% más elevada que la masculina. Las altas tasas de desempleo juvenil responden, en buena medida, a los aún mayores niveles de desempleo que registran las mujeres jóvenes.

VIOLENCIA JUVENIL Y FAMILIAR EN AMÉRICA LATINA

En las últimas décadas, el tema de la violencia juvenil en América Latina ha adquirido creciente relevancia en el debate público, en las agendas de los gobiernos y en los foros y las conferencias internacionales. La violencia creció en la mayor parte de la región en los últimos años; los jóvenes se encuentran claramente sobrerrepresentados en la incidencia y gravedad de esta tendencia, como víctimas y perpetradores. En muchos países latinoamericanos, los jóvenes cometen delitos violentos a edades cada vez más tempranas y mueren cada vez más tempranamente por efecto de esos delitos. Ante este panorama, urge contar con políticas que aborden las causas que llevan a esta escalada de violencia juvenil.

Aun cuando resulta muy difícil medir todas las formas de violencia, las tasas de ortalidad juvenil por causas violentas constituyen un indicador disponible. Al respecto, las ifras muestran que la incidencia de la violencia entre las causas de muerte de los jóvenes atinoamericanos está aumentando y tiene un marcado sesgo de género, ya que las tasas de mortalidad por homicidio, accidente de tránsito y suicidio de los hombres jóvenes duplican ampliamente las de las mujeres.

Si bien los sesgos de género en las cifras de violencia juvenil son evidentes, la violencia que afecta a las mujeres jóvenes del continente se torna invisible, pues no se refleja en las estadísticas vitales y la sociedad se resiste a hablar abiertamente del tema. La violencia contra la mujer representa una carga importante para la salud pública y conlleva riesgos asociados a enfermedades de transmisión sexual. Alrededor de una de cada tres mujeres en América Latina ha sido víctima de violencia física, psicológica o sexual por parte de familiares. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en 2002 entre un 10% y un 36% de las mujeres latinoamericanas habían sido objeto de violencia física o sexual, y que entre el 70% y el 80% de las víctimas de violencia sexual son niñas. En casi la mitad de estos casos los agresores viven con las víctimas y en las tres cuartas partes de los casos son familiares directos de las niñas y los niños que sufren el abuso.

Agenda internacional

En la agenda internacional sobre temas sociales se destaca la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuyo tema central fue “Cohesión social y políticas sociales para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica”, realizada en Chile en 2007, y en la que se aprobó la Declaración de Santiago, que incluye importantes acuerdos de los gobiernos de Iberoamérica sobre cohesión social, acceso universal a los servicios básicos y equidad de género y de protección para jóvenes y grupos vulnerables.

Los países de la región se ven enfrentados al desafío de frenar el impacto de la reciente crisis financiera internacional y sus efectos recesivos a nivel mundial, así como sus repercusiones en el empleo y la pobreza.

El gasto público cumple una función social clave como mecanismo redistributivo y compensador de déficits en el bienestar de los hogares, así como también de dinamizador de algunos sectores de la economía interna (construcción, insumos escolares, insumos médicos, entre otros).

Actualmente, el gasto se destina en primer lugar al área de la seguridad social, seguida por la educación y, en menor medida, la salud. La mayoría de los países cuenta con sistemas de protección social de baja cobertura y calidad de sus prestaciones, financiados en gran parte con contribuciones. Además, existen pocas políticas contracíclicas eficaces de gasto público social que financien la compensación de riesgos sociales ante situaciones de contracción de la actividad económica.

Con todo, la progresividad del gasto social ha aumentado en la medida en que se ha expandido la cobertura de servicios públicos a zonas geográficas más deprimidas o alejadas. Al mismo tiempo, se han desarrollado diversos programas de asistencia social, que atienden en forma creciente a poblaciones tradicionalmente excluidas. El impacto redistributivo del gasto social (complemento de ingresos) es muy significativo en los estratos de menores ingresos, que llegan a absorber alrededor de la mitad de los recursos disponibles. Estos estratos se benefician mayormente de la educación pública y de la asistencia social y, en menor medida, del acceso a la salud pública.

En cambio, el gasto en seguridad social es altamente regresivo, dado su carácter eminentemente contributivo. En el marco del impacto de la crisis financiera y la desaceleración del crecimiento económico es previsible, a corto plazo, que a nivel regional haya un leve estancamiento del crecimiento del gasto público social (como porcentaje del PIB) y que pierda prioridad macroeconómica, aunque probablemente siga creciendo en términos absolutos. Como es natural, esto dependerá de las proyecciones que haga cada país de sus ingresos fiscales futuros, de su nivel de superávit o déficit actual, de las estimaciones sobre la duración de la crisis y la recesión internacionales, y de la forma de elaborar los presupuestos (sobre la base de los ingresos pasados o la proyección de los futuros).

El gasto público social puede ver reducida su prioridad fiscal si se reorientan parte de los recursos públicos con fines sociales a la inversión en infraestructura, para mantener activo el sector de la construcción. En ese caso, es probable que se vean afectadas las funciones sociales históricamente más sensibles al ciclo económico, como el sector de la salud y, en menor medida, el de la educación. En tiempos de contracción económica, es precisamente el gasto de inversión en estos sectores –así como en el de la vivienda y los servicios básicos– el que suele disminuir.

[Síntesis del Panorama social de América Latina 2008 preparado conjuntamente por la División de Desarrollo Social y la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con la participación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, que contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Fuente: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/34732/PSE2008-SintesisLanzamiento.pdf]